Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

Siempre me pareció que la cifra de Calderón era exagerada, simulada o simplemente falsa. Pero no me había puesto a investigar ni siquiera mínimamente su grado de veracidad, o en su caso las razones de esas cifras de resultar ciertas.

La UNAM tituló, en 2012, a 1,037 ingenieros de 18 carreras. Del sistema Tec de Monterrey, en todos sus campus con más de 90 mil estudiantes, ese mismo año se recibieron 3,133. Del IPN se titularon 4,567. Del ITAM 63. De la Ibero 274 ingenieros. De la UANL se titularon 1,372. De la UdeG, 1,054. En Veracruz, de la UV, 1,061. En Puebla, de la BUAP, se titularon 666. Es decir, de las instituciones públicas y privadas más grandes del país, sólo egresan alrededor de 13 mil ingenieros. De ser cierta la cifra, de las otras instituciones de educación superior se tendrían que titular casi 87 mil ingenieros al año, y simplemente no dan las cuentas.

La ANUIES publica la cifra en su Anuario Estadístico de Población Escolar en la Educación Superior de alrededor de 45 mil ingenieros titulados en 2012. Ya es una cifra significativamente menor a la de Calderón. Pero esta cifra aglutina subconjuntos que no necesariamente corresponden a la definición de ingeniería en la India, Alemania o Brasil. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, existe la carrera en ingeniería en negocios y gestión empresarial; en la Universidad Tecnológica de Querétaro existe la carrera en ingeniería en innovación y desarrollo empresarial; y en la Universidad Iberoamericana la carrera en ingeniería de negocios.

Muchas de las empresas extranjeras que vienen a México ya desde ahora, por un lado, se sorprenden de la calidad, la seriedad, el profesionalismo y la dedicación de los buenos ingenieros mexicanos, es decir, de aquellos egresados de buenas universidades o facultades de ingeniería. Es muy difícil saber cuántos son. Pero también hay muchas empresas que vienen a México y que se quejan de la insuficiente preparación y del número exiguo de ingenieros titulados contratables para puestos que serían ocupados por ingenieros de los países de origen de dichas empresas. No sé cuántos ingenieros de verdad, es decir, competitivos, bien formados y susceptibles de ocupar puestos en el sector público o privado, nacional o extranjero, produzcamos en México cada año. Sí sé, de acuerdo con la ANUIES, cuántos producen las instituciones públicas y privadas de calidad: la cifra que ya dimos. No excluyo que haya otras instituciones igualmente buenas pero carentes del prestigio de las citadas, que titulen a un número adicional de ingenieros, pero entre 13 mil de las instituciones más importantes y los 100 mil de Felipe Calderón hay una gran diferencia.

En mi versión, el problema radica en las consecuencias para el año entrante y en su caso para 2015, de una evolución aleatoria de las cuentas del gobierno. Ya he apuntado en estas líneas hace unas semanas que per se no me preocupa en exceso un año de déficit, ni me parece que 4,1%, en sí mismo, represente un nivel de endeudamiento excesivo para un solo año. Señalé que sólo me preguntaba si un déficit anunciado de esa magnitud no reflejaba en el fondo un relativo pesimismo del gobierno sobre el crecimiento del año entrante. Es decir que sólo recurriría a un gasto tan superior a los ingresos previstos si realmente pensara que en ausencia de un esquema contracíclico de esas dimensiones la economía seguiría estancada en 2014, o generando una expansión reducida. Pero este es sólo el primer motivo de mi escepticismo.

El segundo quizás sea más significativo. El déficit que resulte del comportamiento económico y del ejercicio del gasto a finales del año que viene dependerá de varios factores hoy vaticinados pero con una precisión que nunca puede ser milimétrica. Cuando el gobierno dice que el déficit total -los requerimientos financieros del sector público- será de 4,1%, está incluyendo en esa estimación otras estimaciones: el crecimiento de la economía, el precio del petróleo, el impacto de nuevos impuestos como el IVA en la frontera, quizás el único de la miscelánea fiscal que realmente incida en la recaudación. El gobierno puede tener razón en sus previsiones, o no. Siempre se incluye un colchón que subestima el precio del petróleo, y por tanto ese no es necesariamente el elemento más alarmante. El de la previsión del crecimiento sí.

En las cuentas de Hacienda, el crecimiento del PIB previsto para el año entrante es de 3,9%. Si el desempeño de la economía mexicana es superior, sin duda se recaudará más, e incluso el déficit puede ser menor. Lo mismo sucedería si llegara a dispararse el precio del petróleo, por una crisis en Venezuela, en Siria, o por un mayor enojo de los saudíes con Barack Obama. Pero lo contrario también es factible, que la economía mexicana crezca menos. De ser el caso, el gobierno recaudará menos; y salvo si esto se conjuga con factores venturosos impredecibles, el déficit será mayor.

La previsión de crecimiento del 2013, desde finales del año pasado -pero ya bajo la supervisión de las actuales autoridades hacendarias- fue de 3,8%. Sabemos que no existe hoy ninguna estimación de más de 1,5%, y que lo más probable es que la expansión de la economía mexicana sea inferior a 1%, es decir, la cuarta parte de lo esperado. Con independencia de los motivos de tal error, uno puede preguntarse si no sucederá lo mismo en 2014. Es decir, que nuestra economía se expanda a una tasa de 2% o 2,5%, pero de ninguna manera la que prevé Hacienda. De ser así, el déficit resultaría mucho más elevado, de 5 y quizás hasta 6% del PIB. Eso sí sería un peligro para México.

Después de los maestros de la CNTE, de los sectores más vociferantes de la clase media, de buena parte del empresariado, y de toda la izquierda energética unida (que así, siempre será vencida), el gobierno de EPN corre el riesgo de antagonizar a los mercados. Si todo esto viniera a cambio de reformas de gran envergadura, valdría la pena. Sin embargo, la tendencia parece ser provocar mega-oposiciones a mini-reformas. A la larga, es insostenible.

La ecuación es muy sencilla. Para que México crezca al 5% por año, es indispensable, aunque quizás no suficiente, que invierta alrededor de la cuarta parte de su producto anual. Andamos, con ciertas variaciones anuales, en alrededor de 20 o 21 %; nos faltan por lo menos 5 puntos porcentuales adicionales de inversión. Como el sector público difícilmente lo puede hacer, debido a la restricción fiscal, y como el sector privado mexicano ha ido invirtiendo cada año más en el extranjero y menos proporcionalmente en México, todo sugiere que buena parte de estos 5 puntos adicionales tendrá que provenir de la IED. Ya hemos comentado en estas páginas cómo el porcentaje de IED sobre PIB en México ha disminuido en los últimos lustros. Su año pico fue en 1995 cuando alcanzó poco más del 3% (aunque en parte se debió a la contracción draconiana de la economía). Se mantuvo en esos niveles o ligeramente por debajo hasta el año 2001 (2.8%) y a partir de entonces ha seguido descendiendo al grado que el año pasado se hundió a 1.1%, la cifra más baja desde 1981 (ligeramente distorsionada por la desinversión de Grupo Santander México a través de una salida en bolsa de Nueva York). Pero resulta más interesante  comparar esta evolución e insuficiencias mexicanas con las cifras de otros países latinoamericanos para estos mismos años.

El rey, por supuesto, es Chile, que para el periodo 1996-2012 ha oscilado entre un mínimo de 6.1% en 2000 y un máximo de 11.3% en 2012. En segundo lugar viene Perú con cifras elevadas aunque inferiores: un mínimo de 1.5% en 2000, y un máximo de 6.2% tanto en 1996 como en 2012. Colombia y Costa Rica también arrojan resultados impresionantes, Costa Rica llegando a 5 puntos el año pasado y nunca encontrándose debajo de 2.6%. Nótese la comparación: si México recibiera 5% del PIB en Inversión Extranjera Directa cada año, este año ingresarían al país casi 60 mil millones de dólares (sin la compra de Modelo no llegaremos a 20 mil millones). Colombia, por su parte, con todo y guerra, pasó de 3.2% en 1996 a 2.4% en el 2000, al 7% en 2005, en el 2012, 4.3%, cuatro veces más que México.

El caso de Brasil es contradictorio. Empezó este periodo con 1.3% en 1996, en un momento cuando apenas empezaban a verse los efectos de las reformas impulsadas por el presidente Fernando Henrique Cardoso. En 2000 subió a su punto más elevado -5.1%- debido a la recuperación tras la crisis de 1999 y a los siete años de Cardoso. Para 2005, sin embargo, cayó a 1.75%, para repuntar a 2.9% en 2011 y a 3.4% en 2012, o sea el triple que México ese mismo año.

Lo que esta rápida comparación superficial nos muestra es que bajo determinadas condiciones, que no son todas extrapolables a México (Chile y Costa Rica son países pequeños, pero Colombia y Perú son medianos), es factible elevar el monto de la IED en un país en relación a su PIB. Pero nunca hay situaciones irreversibles, el esfuerzo tiene que ser duradero y tiende a ser arduo y doloroso. Nadie debe engañarse sobre la magnitud del reto que enfrentamos en esta materia en los próximos años.

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

Por otro lado, todo sugiere que EPN no se resigna, ni mucho menos acepta de buena gana aceptar el principio de simultaneidad y paridad que propone ya todo el PAN pero que originalmente fue idea de sus senadores, de que no habrá reforma energética constitucional sin reforma política de fondo antes o al mismo tiempo. Por último, parece obvio que una estrategia política inteligente y exitosa durante el primer semestre del gobierno, con una expectativa de crecimiento económico relativamente elevado para todo el año (3.6% fue el vaticinio en enero), no puede funcionar a cabalidad en un entorno económico interno y externo muy diferente. No conozco a ningún analista económico privado que piense sinceramente que vamos a crecer a más de 1.5% este año, y muchos temen que al final no lleguemos ni al 1%.

Si todo esto es cierto, se antoja indispensable y deseable un golpe de timón que permita evitar en el futuro los errores que llevaron a la actual situación y sobre todo trazar un rumbo y una estrategia consonantes con la nueva situación económica y la nueva situación política. ¿En qué puede consistir? Resignarse al fin del pacto por México, que ya dio de sí y con creces. Al empecinarse el gobierno en rescatar a “los Chuchos”, rescatará sólo un membrete. Mientras que si opta por una alianza integral y de largo plazo con el PAN, puede lograr la aprobación de reformas que son anatemas para la izquierda -Pemex, IVA, educación a fondo, nuevo régimen político-, y restablecimiento del orden público mediante el uso prudente, legal y legítimo de la fuerza contra grupos cuyo financiamiento, entrenamiento, mando y control provienen de fuentes vinculadas a distintos sectores de la izquierda en su conjunto.

Seguir con el pacto es entrar al ámbito tradicional de la simulación, que sin duda se tragarán algunos ingenuos corresponsales extranjeros y uno que otro tonto útil nacional. Darle santo sepulcro y pasar a la etapa siguiente no es un camino exento de riesgos pero es mucho más prometedor que cualquier otro.

Abundan las explicaciones, desde la segmentación por sector socioeconómico de la audiencia, hasta la prohibición de cierto tipo de anuncios en tv abierta, e incluyendo la proliferación de monopolios. Basta prender la televisión en el canal 1626 de Sky en HD para darse cuenta de los anuncios que se presentan en CNN de Estados Unidos (no internacional): Lipitor, Cialis, Crestor, Celebrex, Viagra, Lyrica, Nexium, etcétera. Es decir, la industria farmacéutica constituye una parte significativa de la publicidad televisiva de EEUU, y en otros países donde hay publicidad del mismo tipo. Lo lógico sería que esas mismas empresas anunciaran sus productos en la televisión mexicana. No es el caso.

Ninguno de los productos mencionados se promociona en la tele en México. No sólo no se pueden anunciar los medicamentos de uso controlado y los que contienen barbitúricos o que fungen como ansiolíticos o antidepresivos (Tafil, Lexotán, Prozac o por supuesto opiáceos contra el dolor); tampoco los medicamentos que son simples analgésicos, antihistamínicos o para curar males estomacales sencillos. La razón supuesta reside en la proverbial propensión mexicana a la automedicación. Se piensa -y tal vez con cierta razón aunque puede ser leyenda urbana- que el mexicano se autorreceta con singular alegría. Además, sabemos que el control de las sustancias, salvo las que están sujetas a una regulación más rigurosa, es bastante porosa: aunque ahora se exige receta para adquirir antibióticos, todo mundo tiene su farmacia de cabecera donde compra desde penicilina hasta ciproxina sin receta. Por tanto, se ha concluido que la publicidad de medicinas en la televisión, en vista de la automedicación y de la mediocridad del control, conduciría a un estallido del uso incontrolado de todo tipo de medicamentos.

Ahora bien, en México, país de milagros recurrentes, hay productos que sí se anuncian porque no son medicinas, pero no pagan IVA porque sí son medicinas. Estos constituyen un pequeño paliativo para la exigüidad del pastel publicitario farmacéutico. Hay muchos, pero me quedo con un simple ejemplo, porque es sin duda el más conocido: Genomma Lab. Rodrigo Herrera, empresario audaz, talentoso y de gran éxito, vende varias mercancías que no pagan IVA, es decir que son medicamentos, y las anuncia en la televisión.

Ejemplos de algunos productos de Genomma Lab que no pagan IVA: Bengue, Ultra Bengue (para el dolor muscular); Dalay (para la ansiedad); MaEvans intervención capilar (distinto al shampoo: éste sí hace crecer el pelo); M Force cápsulas (para un mejor desempeño en la cama); Cicatricure (no todas, sólo una, que esa sí desvanece cualquier cicatriz de nip tuck, cesárea o de ingreso al paraíso); Shot B, Shot B diabético complejo B (para mayor energía en la vida). Al contener todos estos productos un mínimo ingrediente médico activo, califican como medicamentos y no pagan IVA. Pero sí se anuncian. Dejo al lector la tarea de corroborarlo.