Se trata de un cambio importante y positivo. No sé cuántos seamos, pero algunos estamos totalmente a favor de la reforma energética de Peña Nieto, y a la vez a que se someta a una consulta popular vinculante. La discusión jurídica sobre la misma tendrá lugar en los meses que vienen y en caso de no haber un acuerdo político, será zanjada por la Suprema Corte. Pero si se llegara a un entendimiento entre por lo menos una parte de la izquierda y el gobierno sobre los puntos torales, representaría un gran avance para todo el mundo.

Algunos buenos amigos legisladores priístas me han comentado que independientemente de lo que diga el nuevo artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, tercer párrafo, la Constitución no puede ser modificada por la vía de la consulta popular. La razón que esgrimen es que el artículo 135, sólo prevé una vía para cambiar el documento de 1917, a saber, “por el voto de las dos terceras partes [del Congreso de la Unión] y por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Pero esta interpretación presupone otra, no necesariamente correcta.

El nuevo artículo 35, fracción VIII, segundo párrafo dice así: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales…”. El Congreso se vería obligado a modificar la Constitución o las leyes por mandato de la consulta, aunque la consulta en sí misma no modifique ni la Constitución ni las leyes. Agradezco a Guadalupe Acosta Naranjo esta aclaración. Ahora bien, ¿por qué puede uno pensar que las nuevas disposiciones del artículo 35 se aplican a reformas constitucionales? Por la redacción del tercer párrafo de la misma fracción del mismo artículo: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

Si la Constitución estipula qué partes de sí misma no pueden ser objeto de consulta, por definición todas las demás sí pueden serlo. Si insistiera el gobierno y el PRI en rechazar la consulta sobre energía, su único argumento sería por “ingresos y gastos del Estado”. Como Pemex paga impuestos -y muchos-, y como gasta dinero -y mucho-, y pertenece al Estado, podría en una interpretación muy laxa de estas palabras entenderse que la consulta no fuera aplicable.

Pero esta interpretación, además de ser marrullera y éticamente dese-chable -casi todo en la vida tiene implicaciones fiscales-, abre la puerta a un escenario aún peor. Como lo explicó hace unos días en “Es la hora de opinar”, Carlos Elizondo, si el artículo 35 no se aplica a la Constitución, entonces por fuerza se aplica a las leyes secundarias, ya que no tendría sentido una reforma que no se aplicara a nada. En ese caso se podría recurrir a la consulta popular para cambiar todas las leyes secundarias que en teoría aprobará pronto el Congreso en materia energética. Se trataría de una verdadera pesadilla para el Congreso, para los inversionistas, y sobre todo para el país. Prefiero una consulta sobre la Constitución y que la reforma de EPN pase la prueba del añejo: la de las urnas.

Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

Siempre me pareció que la cifra de Calderón era exagerada, simulada o simplemente falsa. Pero no me había puesto a investigar ni siquiera mínimamente su grado de veracidad, o en su caso las razones de esas cifras de resultar ciertas.

La UNAM tituló, en 2012, a 1,037 ingenieros de 18 carreras. Del sistema Tec de Monterrey, en todos sus campus con más de 90 mil estudiantes, ese mismo año se recibieron 3,133. Del IPN se titularon 4,567. Del ITAM 63. De la Ibero 274 ingenieros. De la UANL se titularon 1,372. De la UdeG, 1,054. En Veracruz, de la UV, 1,061. En Puebla, de la BUAP, se titularon 666. Es decir, de las instituciones públicas y privadas más grandes del país, sólo egresan alrededor de 13 mil ingenieros. De ser cierta la cifra, de las otras instituciones de educación superior se tendrían que titular casi 87 mil ingenieros al año, y simplemente no dan las cuentas.

La ANUIES publica la cifra en su Anuario Estadístico de Población Escolar en la Educación Superior de alrededor de 45 mil ingenieros titulados en 2012. Ya es una cifra significativamente menor a la de Calderón. Pero esta cifra aglutina subconjuntos que no necesariamente corresponden a la definición de ingeniería en la India, Alemania o Brasil. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, existe la carrera en ingeniería en negocios y gestión empresarial; en la Universidad Tecnológica de Querétaro existe la carrera en ingeniería en innovación y desarrollo empresarial; y en la Universidad Iberoamericana la carrera en ingeniería de negocios.

Muchas de las empresas extranjeras que vienen a México ya desde ahora, por un lado, se sorprenden de la calidad, la seriedad, el profesionalismo y la dedicación de los buenos ingenieros mexicanos, es decir, de aquellos egresados de buenas universidades o facultades de ingeniería. Es muy difícil saber cuántos son. Pero también hay muchas empresas que vienen a México y que se quejan de la insuficiente preparación y del número exiguo de ingenieros titulados contratables para puestos que serían ocupados por ingenieros de los países de origen de dichas empresas. No sé cuántos ingenieros de verdad, es decir, competitivos, bien formados y susceptibles de ocupar puestos en el sector público o privado, nacional o extranjero, produzcamos en México cada año. Sí sé, de acuerdo con la ANUIES, cuántos producen las instituciones públicas y privadas de calidad: la cifra que ya dimos. No excluyo que haya otras instituciones igualmente buenas pero carentes del prestigio de las citadas, que titulen a un número adicional de ingenieros, pero entre 13 mil de las instituciones más importantes y los 100 mil de Felipe Calderón hay una gran diferencia.

Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

Lo esencial de la reforma político-electoral estriba, para mí, en la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, absurdamente acotada por los prejuicios del PRI a propósito de trásfugas o renegados; en el principio del INE, más allá de sus detalles, que pueden adolecer de todos los vicios que se han descrito con elocuencia en estas páginas; y de la legislación secundaria de las cartas ciudadanas constitucionales del año pasado, que si bien no forman stricto sensu parte del paquete actual, sí constituyen avances muy importantes: consulta popular y candidaturas independientes (todavía pendiente).

De haber sido requerido para expresar mi opinión, le hubiera sugerido al PAN plantarse en la segunda vuelta en su proyecto, o al menos en una versión intermedia que, en vista del compromiso de EPN con la reforma energética, tal vez sí hubiera salido. No es lo de menos pero los partidarios de esta reforma debemos darnos por bien servidos, incluso sin segunda vuelta. Ante todo, si el nexo entre ambas reformas, a saber, la consulta sobre PEMEX en el 2015, se celebra sin cortapisas. Votaré a favor, pero quienes se oponen deben tener el derecho de votar en contra.

Falta que los priístas no hagan trampas: ni con la consulta, ni con las candidaturas independientes, ni metiéndole más limitaciones a la reelección, que debió haber sido inmediata. El prurito de que no se legisla para el bien propio es en parte cierto y en parte falso. Hasta donde recuerdo, todos los cambios en América Latina desde mediados de los años ochenta, que permitieron la reelección presidencial -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua-, para bien o para mal, se aplicaron a los presidentes salientes. No legislaron pero sí firmaron.

Lo esencial de la reforma energética, en mi opinión, son obviamente las licencias y/o concesiones o como se les quiera llamar. Creo que el PRD y Ernesto Cordero tienen razón: licencias=concesiones. Y qué bueno. Sin eso, la reforma quedaba trunca. Del mismo modo, la salida del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX, sin ser suficiente, es un paso hacia la gestión de una empresa como cualquier otra, con la excepción de que el accionista único o mayoritario es el Estado. Ya veremos si todo esto funciona. Pero por lo menos ahora sí ya hay algo sustantivo que puede o no funcionar. Es un gran cambio, frente al pasado inmediato, y sobre todo frente al pasado desde principios de los años noventa. Bienvenido.

Primera: pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al artículo 28 constitucional. De confirmarse la primera vía, probablemente sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.

Segunda: tendrá que haber una reforma político electoral antes que la energética, ya que el paso del tiempo ha demostrado, sorpresivamente para mí, que todo el PAN y buena parte del PRD en el Congreso se han mantenido firmes. Sin una serie de cambios políticos (reelección), electorales (anulación, algún tipo de INE, chequera única) sus votos al gobierno para ningún tipo de reforma energética, ni siquiera para la del propio PAN. Lo cual, confieso, me da buena espina, porque siendo partidario de una reforma energética de fondo, también lo soy de los cambios político electorales. No creo que exista la más remota posibilidad de conseguir los segundos si se le entregan al gobierno antes los votos a la primera.

Tercera: difícilmente podrá excluirse del conjunto de reformas político electorales la legislación secundaria de las modificaciones constitucionales de agosto de 2012, relativas a candidaturas independientes, iniciativa popular y referéndum. Aunque el gobierno y el PRI (que conviene recordarlo: aprobó las reformas de 2012) quisieran excluir la iniciativa popular, ni el PRD ni el PAN están dispuestos a aceptar esta hipótesis. Se entiende por qué el gobierno la busca: cree que sin legislación secundaria, no habrá referéndum en 2015 sobre la reforma energética que se aprobaría ahora o a principios del año entrante. Pero además de que es improbable convencer al PAN de que abandone al PRD en esta materia, eso no impediría el referéndum. Se antoja difícil que la Suprema Corte le dé la razón a una argucia jurídica mezquina, por encima de la evidente intención del Constituyente permanente de agosto de 2012 en lo relativo a estas figuras.

Cuarta: resulta difícil imaginar un escenario en el que no se celebre en algún momento, pero a más tardar en julio de 2015, un referéndum sobre la reforma energética constitucional. La izquierda sí conseguirá las firmas, la reforma constitucional ciudadana de 2012 es una realidad y es demasiado peligrosa para el gobierno y para quien pretenda impedir ese referéndum sobre un asunto de esta envergadura, con tecnicismos leguleyos de clásica estirpe priísta.

La pregunta pertinente es ésta: ¿no le conviene más al país celebrar el referéndum antes, para que si ganamos los que queremos que se abra Pemex, logremos los efectos deseados desde ahora, y si perdemos lo sepamos de una vez? ¿O conviene más esperar año y medio a sabiendas, como ya se ha dicho por varios colegas en estas páginas, que nadie va a invertir un centavo en plataformas de aguas profundas o en fracking, mientras exista el riesgo de que exista una reversión en el 2015?

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

Por otro lado, todo sugiere que EPN no se resigna, ni mucho menos acepta de buena gana aceptar el principio de simultaneidad y paridad que propone ya todo el PAN pero que originalmente fue idea de sus senadores, de que no habrá reforma energética constitucional sin reforma política de fondo antes o al mismo tiempo. Por último, parece obvio que una estrategia política inteligente y exitosa durante el primer semestre del gobierno, con una expectativa de crecimiento económico relativamente elevado para todo el año (3.6% fue el vaticinio en enero), no puede funcionar a cabalidad en un entorno económico interno y externo muy diferente. No conozco a ningún analista económico privado que piense sinceramente que vamos a crecer a más de 1.5% este año, y muchos temen que al final no lleguemos ni al 1%.

Si todo esto es cierto, se antoja indispensable y deseable un golpe de timón que permita evitar en el futuro los errores que llevaron a la actual situación y sobre todo trazar un rumbo y una estrategia consonantes con la nueva situación económica y la nueva situación política. ¿En qué puede consistir? Resignarse al fin del pacto por México, que ya dio de sí y con creces. Al empecinarse el gobierno en rescatar a “los Chuchos”, rescatará sólo un membrete. Mientras que si opta por una alianza integral y de largo plazo con el PAN, puede lograr la aprobación de reformas que son anatemas para la izquierda -Pemex, IVA, educación a fondo, nuevo régimen político-, y restablecimiento del orden público mediante el uso prudente, legal y legítimo de la fuerza contra grupos cuyo financiamiento, entrenamiento, mando y control provienen de fuentes vinculadas a distintos sectores de la izquierda en su conjunto.

Seguir con el pacto es entrar al ámbito tradicional de la simulación, que sin duda se tragarán algunos ingenuos corresponsales extranjeros y uno que otro tonto útil nacional. Darle santo sepulcro y pasar a la etapa siguiente no es un camino exento de riesgos pero es mucho más prometedor que cualquier otro.

Nunca entendí el empecinamiento de EPN de invocar al general Lázaro Cárdenas. Es cierto que la redacción del párrafo sexto del artículo 27 versión de 1940 es distinta a la de 1960: la segunda afirma que “no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, mientras que el primero sólo dice que no se “expedirán concesiones”; efectivamente la redacción de 2013 vuelve a la de 1940; se limita a decir que “no se expedirán concesiones”, enviando a la ley reglamentaria los detalles, tal y como sucede en la versión del 40 y del 60.

Pero la utilidad y el éxito de buscar al general Cárdenas para justificar la vuelta a 1940 en el 2013, corrigiendo así el cambio de 1960, dependen de dos consideraciones abstractas y una muy personal. En primer lugar, ¿qué pasó durante esos 20 años? ¿cuántos contratos hubo durante el lapso cuando se permitieron? ¿de qué magnitud fueron? ¿qué importancia revistieron en la producción total de hidrocarburos en el país? ¿le entraron las famosas 7 hermanas? ¿resultó atractivo el esquema para los gigantes de la industria petrolera mundial?

Segunda consideración abstracta, ¿qué dijo, qué pensó y qué quiso decir (Rubén Aguilar dixit) el general Cárdenas en 1960 ante la reforma constitucional de López Mateos? ¿le pareció bien o mal la supresión de las concesiones y de los contratos? ¿o hubiera preferido que siguiera vigente la posibilidad de que Pemex firmara contratos de utilidades o producción compartidas con empresas privadas?

La consideración personal ha sido ya subrayada por muchos, quizás con más claridad por Juan Ignacio Zavala en su artículo de ayer en Milenio. Intentar arrebatarle a Cuauhtémoc Cárdenas la facultad de interpretar o “decir la ley” del pensamiento de su padre parece, en el mejor de los casos, una tentativa fútil y, en el peor, un error con consecuencias. No digo que el ingeniero tenga el monopolio de la interpretación de los dichos del general; creo poder decir, conociéndolo desde hace un cuarto de siglo, que cree poseer una autoridad mayor que la de cualquiera para ese propósito. Quizás ese tiro le salió por la culata al gobierno.

De ahí quizás provenga la hábil y maligna poison pill de Cuauhtémoc, incluida en su propuesta de reforma esta semana: someter la eventual aprobación del cambio constitucional de EPN a un referéndum vinculante, coincidiendo con las elecciones federales de 2015. Gracias a las modificaciones constitucionales sobre participación ciudadana aprobadas hace un año, existe la posibilidad de someter ciertos cambios constitucionales a referéndum. Para ello se requiere un número de firmas equivalente al 2% del padrón, es decir, al día de hoy, más o menos 1.6 millones. No importa si la respuesta de la sociedad mexicana al referéndum de 2015 fuera un rotundo sí; de aquí a entonces se antoja difícil, si no imposible, que alguien quiera firmar un contrato con Pemex de cualquier índole, mientras penda la espada de Damocles del referéndum a dos años de distancia. Quizás esto contribuya en parte a que el bono Perpetuo de Petróleos Mexicanos de 6 5/8 % se encuentre hoy a un punto por arriba de par, habiendo llegado a 106 en enero de este año.