En primer lugar, si bien tanto Allende como Maduro fueron electos, uno lo fue sin cuestionamiento por parte de los candidatos derrotados, al grado de que por no haber obtenido el 50% del voto, Allende fue electo por el Congreso chileno gracias a los sufragios de la democracia cristiana. No es que el margen de victoria de Maduro sea menor o mayor que el de Allende; la otra mitad de la sociedad venezolana cuestionó a tal grado la elección que desconoce a Maduro.

Pero sobre todo Maduro no es Allende porque El Chicho, aunque pudo haber gobernado mal, lo hizo de manera democrática. No cerró medios masivos de comunicación; no reprimió a estudiantes; no encarceló a los líderes de la oposición demócrata cristiana o del Partido Nacional; no cambió la Constitución, ni la Suprema Corte, ni buscó reformar a las instituciones. La gestión de Maduro difícilmente ha sido democrática, como tampoco lo fue la de Chávez. Ambos -Chávez y Maduro- han expropiado, comprado y censurado medios de comunicación, detenido a dirigentes de la oposición, manipulado las instituciones y, en general, han incurrido en una conducta gubernamental todo menos que democrática. Sólo la ceguera ideológica y la ignorancia histórica pueden comparar a un demócrata martirizado con un payaso.

Otra diferencia radical reside en las características de cada oposición. En Chile, buena parte de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional y del Ejército eran efectivamente fascistas. Tan golpistas fueron… que dieron un golpe de Estado. Algunos dirán que eso mismo sucedió en Venezuela hace 12 años. Pero justamente: hace 12 años.

Difícilmente se puede equiparar a Leopoldo López o a Henrique Capriles o a María Corina Machado con Augusto Pinochet o muchos otros fascistas de verdad de aquella época. Uno puede discrepar o avalar las estrategias de cada uno. Pero sus credenciales democráticas, al día de hoy están intactas. El que está en la cárcel es López, no Maduro.

La última vertiente de la analogía absurda es la de Estados Unidos. Nixon y Kissinger empezaron a conspirar contra el gobierno de Allende antes de que fuera gobierno. Quizás Bush lo hizo también en 2002; pero hace cinco años que ya no es presidente de Estados Unidos y no hay absolutamente ningún indicio de que Obama haya tenido o tenga la menor intención de conspirar para derrocar al pobre Maduro. A menos de que en la estulticia extrema de un sector de la izquierda mexicana, opinar sobre lo que sucede en Venezuela equivalga a intervenir en lo que sucede en Venezuela. En eso nuestra izquierda se identifica con nuestro gobierno priísta: decir algo es intervenir, y como no queremos intervenir, no decimos nada. Sólo en una cabeza asaltada por el trasnochado nacionalismo revolucionario cabe la idea que la comunidad internacional no debe pronunciarse sobre lo que acontece en Venezuela o en Ucrania o en Cuba o en Siria, aunque supongo que sí en Chile cuando Pinochet, en Sudáfrica bajo el apartheid, en Argentina bajo Videla, o en México bajo… el PRI (de antes, por supuesto).

Nadie sabe cómo va a terminar lo de Venezuela, salvo que va a terminar mal. Hay como evitarlo: una intervención colectiva, defensora de la democracia representativa, en un país que suscribió la Carta Democrática Interamericana y, en su momento, el Pacto de San José. Como por distintas razones, ningún país de América Latina le quiere entrar al toro, o bien esa desdichada nación seguirá a la deriva, u otros empezarán a actuar, por sus razones. No conspirando, no subvirtiendo, no asesinando, sino simplemente cancelando visas y congelando cuentas. Que para las élites venezolanas, viejas y nuevas, es el peor de los mundos posibles: no ir de compras a Miami por el día.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.