Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.

Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.

Y por último, pero quizás esto sea lo más importante en todo el hemisferio occidental, en México empezó a circular el paquete de Iniciativas de Ley y Reformas a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por la ALDF ante el Congreso de la Unión sobre el mismo tema. En el corto plazo es poco probable que la segunda iniciativa fructifique, pero cada día es más factible que la primera sí tenga éxito. Por eso conviene comentar sus principales características.

El título es abigarrado, leguleyo y confuso: Iniciativa de Ley y Reformas en materia de principio de oportunidad y sistema de información para la reducción de riesgo y daños. Prevé una serie de cambios a la legislación penal del DF basadas en la aplicación del principio de oportunidad establecido en el artículo 21 de la Constitución. Dicha ley, en teoría, establecerá tres prioridades de persecución de delitos por el Ministerio Público en el DF. La 0, que sólo se perseguirá una vez que se haya reducido la incidencia de las prioridades 1 y 2, incluye la marihuana o, como dice de nuevo en el lenguaje incomprensible de los abogados mexicanos, las conductas tipificadas de los artículos 475, 476 y 478 de la Ley General de Salud (LGS) “cuando se realice exclusivamente con la cannabis”, salvo en el caso de que se trate de suministro a menores de edad, en cuyo caso la persecución del delito seguirá siendo de la máxima prioridad.

Si entiendo bien, y no es necesariamente el caso, esto quiere decir que se podrá poseer hasta mil veces la dosis máxima permitida en la LGS en materia de marihuana, a saber 5 gr. En suma, se trata de asignar distintos niveles de prioridad al trabajo policial y de procuración de justicia, localizando la acción estatal en la persecución de delitos dolosos y no en la criminalización del uso y portación de cannabis, así como la creación de un régimen legal para el uso terapéutico de la marihuana.

Nadie puede asegurar que esta ley sea aprobada tal cual por la ALDF, que no sea rechazada algún día por la SCJN al atribuirse el DF facultades que no tiene o que realmente equivalga a una legalización por lo menos del consumo de la marihuana en la Ciudad de México. Pero sí parece ser un primer paso de gran trascendencia.