La detención de la señora Milagro Sala fue dispuesta por un juez, no por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Por lo tanto, las denuncias sobre censura al Gobierno provincial carecen de todo asidero. Ha resurgido, además, a propósito de este caso, una de las más infortunadas frases que se acuñaron en los últimos tiempos: “la criminalización de la protesta”.

La protesta, en tanto una de las manifestaciones de la libertad de expresión, es absolutamente libre. Por lo menos para quienes postulamos una sociedad abierta en el marco del Estado constitucional de derecho. Para quienes nos gobernaron en los pasados doce años, nutridos de otras vertientes ideológicas, es legítimo, en cambio, que los canales de difusión de las protestas sean restringidos por el Estado. De ahí la preocupación por homogeneizar los medios de comunicación, emplear la censura indirecta (pautas publicitarias disciplinadas) y recurrir a todo tipo de hostigamientos dirigidos a quienes no se plegaban al monocorde discurso oficial.

Pero una cosa es la libertad de expresar ideas e informaciones y otra violar derechos de terceros. Quienes impiden la circulación se adueñan de espacios públicos o dañan bienes con el fin de dar visibilidad a sus reclamos, no están —y no deben estar— protegidos por los jueces, porque si así fuera, se estaría cercenando, entre otros, el principio de igualdad ante la ley. Continuar leyendo →