Día a día, la mirada centralista y conservadora de algunos especialistas y funcionarios nacionales no dejan de expresar la intención del Gobierno Nacional de avanzar sobre la “Ley Corta”, señalando que las provincias debieran delegar la  política energética en la Nación, cuestionándose también a las empresas provinciales.

Hay que estar muy atentos porque, disfrazado de cuestiones estratégicas, funcionales u operativas, el mensaje expresa la clara voluntad de despojar a las provincias de las potestades que les otorgan la Constitución y la Ley Corta.

Los argumentos de algunos de ellos son tan frágiles como temerarios. La primera reflexión que se me ocurre con relación a la delegación de la política energética  en manos de los ejecutivos nacionales es que proponen y replican la receta que ha venido fracasando a lo largo de toda nuestra historia, ya que los ejecutivos nacionales no han lucido muy virtuosos al momento de plasmar políticas energéticas.

En segundo lugar resulta alarmante la falta de apertura que se tiene para pensar el desarrollo energético del país, a lo que agregaría una enorme subestimación hacia la capacidad de gestión y el criterio de las provincias. Les resulta imposible pensar un diseño ensamblado entre el Ejecutivo nacional, las provincias productoras, las empresas provinciales de energía e YPF. Debiéramos tomar nota de países como Canadá y Rusia, que son ejemplos en los que se da exitosamente una política coordinada, con fuerte protagonismo regional.

Otro de los argumentos que se enuncian para justificar  su postura centralista es la preocupación que existe por la seguridad del abastecimiento energético, y lo amenazante e incompatible que resultan las provincias productoras con relación a ese objetivo. Les recomiendo que no ametrallen la Ley Corta,  que se queden tranquilos, que las provincias productoras no son emiratos, y tienen plena conciencia republicana.

Pero no tan solo las provincias como legítimas dueñas de los recursos incomodan a quienes formulan éstos planteos. También están lanzados en una fuerte ofensiva contra las empresas provinciales de energía, a quienes descalifican cuestionando su rol y utilidad con términos peyorativos, y hasta irrespetuosos. Debieran saber que estas empresas son importantes herramientas que generan valor agregado a la condición de dueños de los recursos que ostentan las provincias, y abren un canal de participación y protagonismo en el marco de la actividad, que evidentemente molestan, principalmente a YPF y al Gobierno Nacional.
 
Resulta imperioso recuperar el orden y los roles. YPF  es solo una herramienta en el desafío de desarrollar Vaca Muerta, la Secretaría de Energía de la Nación tiene que recuperar el protagonismo y articular el vínculo Nación – Provincias a través del Congreso, para definir los precios del petróleo y el gas en las cuencas productoras, la política cambiaria, el comercio exterior en materia energética,  la remisión de utilidades, las facilidades aduaneras de manera previsible y de largo plazo, para permitir inversiones asociadas a YPF o a cientos de empresas del mundo interesadas, seducidas por la segunda reserva mundial de shale, pero que están demandando con urgencia un escenario armónico, sustentable y previsible.

De lo contrario, si YPF se erigiese como único y excluyente protagonista, terminaría complicando el desarrollo de Vaca Muerta.