Ciertamente, con los jubilados no se ha cometido una injusticia, sino la injusticia misma. ¿Se está por saldar esta deuda histórica? De ninguna manera. Veamos:

Sólo cobrarán el total de las deudas pendientes aquellos que ya tengan sentencia firme (alrededor de cincuenta mil jubilados). Sin embargo, recibirán al contado sólo el 50% y el resto en doce cuotas trimestrales. Esto insume tres años, a lo que hay que sumar que el pago no será instantáneo para todos, sino que se irán liquidando paulatinamente, según un cronograma.

A aquellos que no tienen aún sentencia firme (alrededor de 380 mil demandas) se les va a pagar sólo cuatro años de retroactivo. La mayoría de los juicios tienen reclamos por siete años, por lo que los jubilados tendrán que soportar una quita sobre sus derechos de cerca del cuarenta por ciento.

En ambos casos, se procede además a reactualizar los haberes. El Gobierno afirma que eso significará un incremento promedio del 40 por ciento. Pero lo que no dice es que el índice de actualización que tomará como base del haber inicial entre los años 1995 y 2009 (a partir de ahí se aplica el ajuste por movilidad jubilatoria) será la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales (RIPTE), elaborada por el Ministerio de Trabajo y no el índice que había fijado la Corte Suprema en sus fallos —el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, ISBIC. En el total de esos años, el ISBIC es más del doble de RIPTE. De esta forma, la actualización terminará siendo sustancialmente menor a la establecida en los fallos. Otro recorte en lo que cobrarán.

En lo que respecta a aquellos que no han iniciado juicios, pero que están en condiciones de hacerlo, aproximadamente 1.800.000 personas, deberán renunciar a ello si quieren recibir el reajuste de sus haberes. Esto es un requisito general para todos los casos: se juega con el chantaje de que los ancianos, desesperados por recibir algo, renuncien a lo que legítimamente les corresponde.

Por si todo esto fuera poco, en todas las circunstancias los pagos estarán sujetos a descuentos del impuesto a las ganancias. Otro hecho injustificable.

Pero la cosa no termina ahí. Se acaban las moratorias para aquellos que, producto de haber sido empleados en negro, o sufrido desempleo, no cumplen los años de aporte. A partir de ahora percibirán una pensión universal para adultos mayores que será del 80% de la ya miserable jubilación mínima: a valores de hoy, apenas 3.967 pesos.

Y un punto que no debe olvidarse si se habla de reparación histórica es que para el resto de los jubilados, más de cuatro millones, que incluyen mayoritariamente todos los que cobran la jubilación mínima, no habrá un solo peso de aumento, más allá de las movilidades ya establecidas de marzo y septiembre. Seguirán sometidos a vivir en la miseria o depender de la solidaridad intergeneracional de sus familias.

Es obvio que el objetivo del Gobierno es cerrar los juicios, con una enorme quita que caerá sobre los hombros de la clase pasiva. Y busca esconderlo jugando con la desesperación de los que necesitan cobrar algo en efectivo.

Pero el problema no termina ahí. Otra cuestión terriblemente reaccionaria surge cuando analizamos la forma de financiamiento de estos pagos. Se habla de recurrir a los fondos del blanqueo de capitales. Pero ese monto es un stock que se recibe por única vez, mientras el reajuste de haberes jubilatorios es un flujo que hay que pagar mes a mes (en concreto, a partir de 2017, 75 mil millones de pesos a valores actuales). Si sumamos los 250 mil millones que implica el monto total aproximado de los pagos de retroactivos, es evidente que no alcanza. Por eso, el Gobierno plantea recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se habla de utilizar las utilidades de rentas de ese fondo (aproximadamente 75 mil millones de pesos) y, si no alcanza, recurrir a la venta de las acciones en poder de este fondo (que a valor actual suman 60 mil millones de pesos).

En concreto: se va a descapitalizar el FGS. Si a esto le sumamos que el flujo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también está sufriendo una poda por la pérdida del 15% de coparticipación de impuestos que recibía hasta ahora, la situación futura del financiamiento del sistema previsional se tornará insostenible.

La única solución es el incremento de la masa de aportantes, pero eso no está en ningún discurso oficial. Hoy aportan al sistema 9,7 millones de trabajadores, en una relación insostenible de 2 a 1 con la masa de jubilados. Pero en la Argentina hay otros cinco millones sometidos al régimen de trabajo en negro. Si se los blanqueara, la suma de aportes patronales más retenciones alcanzaría para volver sustentable el sistema, más aún si se eliminan las llamadas “sumas no remunerativas”, léase: porciones del salario que no se incluyen en el descuento jubilatorio —y que son avaladas y fomentadas por el propio Ministerio de Trabajo en las negociaciones convencionales.

Claro que nada de esto se lo propone el actual Gobierno. Al contrario, su programa de “primer empleo” se basa en más exenciones a las patronales (y, por lo tanto, más desfinanciación al sistema).

Resumamos: los jubilados terminarán perdiendo parte de lo que legítimamente ya les pertenecía. Así y todo, el sistema quedará en crisis. ¿Cuál será la perspectiva? La pista la da una frase terrorífica en el discurso presidencial: “Necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo”. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple: se pondrán en marcha los mecanismos para reformar, en un plazo de tres años, el conjunto del sistema de jubilaciones y pensiones, una vez que se ha desfinanciado y, así, demostrado su insustentabilidad. Ya sabemos qué significa esto por la experiencia mundial: volver a un esquema meritocrático y privatizado y, por sobre todas las cosas, subir la edad jubilatoria. En síntesis: será la clase pasiva quien terminará pagando, otra vez, los platos rotos.

La base del sistema es la creación de un índice de ajuste, llamado “unidad de vivienda” (UVI), que se acordará diariamente según la inflación, medida a su vez por otro indicador (el Coeficiente de Estabilización de Referencia, CER). Una UVI vale 14,053 pesos y mil equivalen al costo (promedio) de un metro cuadrado construido. Los créditos se calcularán e indexarán en esta unidad. A la vez, la UVI también servirá para indexar instrumentos de inversión financiera (como plazos fijos, por ejemplo). De esta manera, la tasa de interés de un crédito podrá bajar sustancialmente (se calcula que alrededor del 5% anual), y a partir de ahí se incrementaría o no según el movimiento de las UVI, atado, como dijimos, a la inflación.

El sistema no es un invento argentino. De hecho copia las unidades de fomento (UFI) chilenas, donde el crédito hipotecario ha crecido hasta representar el 17% del PBI. El planteo del Gobierno es incrementar lo que hoy es una oferta casi inexistente: el crédito hipotecario en nuestro país apenas alcanzó el primer semestre de 2015 el 0,95% del PBI.

Dos preguntas están en juego: ¿servirá efectivamente este sistema para resolver un déficit de vivienda que oscila entre 2,5 y tres millones de viviendas? ¿El sistema será sustentable en el mediano plazo?

El primer indicio de respuesta lo podemos tener cuando observamos los requisitos para acceder a estos créditos: para obtener un préstamo de un millón de pesos, se requiere un ingreso mínimo de 26.855 pesos y la cuota inicial arranca en 8.056 pesos. Ciertamente, antes el ingreso mínimo requerido era directamente prohibitivo (68.609 pesos) y la cuota también (20.583). Pero aún un crédito por la mitad de ese valor (quinientos mil pesos) demanda ingresos mínimos de 13.427 pesos y cuotas de 4.028. Los ingresos mínimos y las cuotas iniciales bajan, ciertamente, pero sigue quedando la duda sobre la accesibilidad masiva. Se abre una línea de créditos hipotecarios accesibles para una clase media-media alta, cosa que antes no existía. Pero de ninguna manera esto siquiera empieza a resolver la situación de la inmensa mayoría de la población con problemas habitacionales, que pertenece al universo de los pobres por ingresos. Recordemos que el reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina señaló que hay 13 millones de argentinos con ingresos por debajo de los 7.877,15 pesos.

Respondido (por la negativa) el primer interrogante, nos queda el segundo: ¿servirá al menos para garantizar que la clase media acceda a la propiedad de su vivienda con un sistema crediticio razonable? Porque el sistema se apoya sobre cuotas, que aun siendo relativamente bajas (en comparación con los valores astronómicos anteriores), son variables. El quid de la cuestión está en cuánto crece la inflación y, más exactamente, la relación entre el crecimiento de la inflación y el de los salarios. Cualquier mecanismo de cuotas variables en una situación con alta inflación corre el riesgo de hacernos repetir épocas nefastas, como la de la famosa Circular 1050 de principios de la década del ochenta, donde miles no pudieron pagar las cuotas indexadas y perdieron todo.

No es el único elemento de volatilidad a tener en cuenta. Todo también dependerá de futuras expectativas devaluatorias y del valor de la tasa de interés. Porque el fondeo de los bancos para que la oferta de estos créditos se masifique dependerá de cuántos inversores aceptan instrumentos financieros que se indexen por UVI. Y esto compite, hoy, con las tasas del 38% anual de las lebacs (¿a fin de año competirá con la expectativa de un dólar en alza?).

En síntesis: el crédito hipotecario con real acceso al conjunto de los sectores populares es una gran asignatura pendiente de la Argentina. Difícilmente este sistema alcance a resolverlo. El motivo no es sólo de diseño del instrumento. Sucede que la economía argentina ya lleva cuatro décadas con un sistema financiero acostumbrado a superganancias producto de diferentes operaciones especulativas. A veces el dólar “mata” a la tasa, a veces a la inversa. De vez en cuando otros instrumentos (dólar futuro, algún bono) se ponen de moda. Pero todas ellas “matan” al crédito que realmente sirve (y el hipotecario es el más importante), el que resuelve necesidades populares y, a la vuelta del círculo, genera inversión productiva y empleo.

Las adjetivaciones sobre esa operación fueron superabundantes: “quita histórica”, “solución definitiva al problema del endeudamiento externo de nuestro país”, etcétera. Esto fue acompañado con una afirmación que, a poco de andar, se demostró absolutamente falsa: aquellos acreedores que no aceptaban ingresar al canje se quedaban afuera “definitivamente”, “nunca más iban a cobrar”. Más allá de las exageraciones -la “quita histórica”, cuando se hicieron las cuentas, no resultó ser tal- y de que los bonistas que ingresaron a ese canje realizaron muy buenos negocios, la afirmación más fuerte que se sostenía entonces era que la Argentina entraba en una era de “desendeudamiento”. La deuda externa, eterna espada de Damocles sobre nuestra economía desde los años de la dictadura militar, dejaría de ser un factor determinante.

Mucha agua ha corrido bajo el puente. Los holdouts de ese primer canje casi al día siguiente de efectivizado éste, comenzaron a ser buscados por operadores no oficiales del Gobierno para organizar un “segundo canje” que los incluyera. Mientras tanto, la administración kirchnerista mostraba diversos números, que obviamente no incluía esa deuda no normalizada, ni toda otra serie de acreencias pendientes: con esos valores se “demostraba” la tesis del desendeudamiento. Finalmente llegó el segundo canje, en 2010, bastante más desprolijo que el primero en cuanto a las “grises” de los cruces de información entre el gobierno y los privados interesados. Los bonistas que “nunca más iban a cobrar”, recibieron su parte.

Quedaba un resto, los holdouts del segundo canje. Nuevamente, el Gobierno juró y perjuró que el tema estaba terminado y “nunca más iban a cobrar”. El tema se complicó y judicializó al extremo, dando lugar en los últimos años a los pasos de comedia de los fallos de Griesa y a las adjetivaciones del gobierno sobre los buitres. Pero hay un hecho nodal: no era cierto que el problema de la deuda externa argentina se hubiera “terminado”.

El propio Kicillof lo reconoció cuando, a poco de asumir su cargo a fines de 2013, inició un periplo para “normalizar” los pagos pendientes. Así se le abonó a Repsol por sus reclamos sobre YPF, al Ciadi por fallos desfavorables pendientes y al Club de París por viejas deudas “impagas”. En todos los casos, esos arreglos incluyeron el reconocimiento por la Argentina de montos que “no figuraban” oficialmente como formando parte de la totalidad de nuestro endeudamiento.

Esto nos lleva entonces a tres reflexiones: el monto total de endeudamiento público fue siempre sustancialmente mayor al que se reconocía y publicitaba, cuando se afirmaba que la relación deuda/PBI de nuestro país había descendido fuertemente. No se incorporaba a los bonistas que habían quedado afuera de los canjes, aunque esa deuda existía y el propio gobierno negociaba cómo pagarla, no se tenían en cuenta los intereses caídos por la deuda con el Club de París -que en la negociación final casi duplicaban el capital-, y tampoco los fallos pendientes con el Ciadi -aunque luego se aceptaba pagarlos. Y, artilugio contable mediante, no se reconocía ni siquiera el valor presente de los cupones PBI, bajo la excusa de que se trataba de “activos contingentes”, aunque todo el mundo sabe que iban a tener que abonarse algún día.

Pero vamos a la segunda reflexión: el monto total de la deuda, aún con esas trampas e incluso tomando el dudoso indicador deuda/PBI, comenzó a crecer en los últimos tres años, dejando hasta aritméticamente atrás la afirmación del “desendeudamiento”.

Y finalmente, mi tercera y última reflexión: lo verdaderamente importante para la Argentina no es justamente el ratio deuda/PBI, sino la capacidad efectiva de pago de nuestro país. Y acá se acaban todas las discusiones. Con la fragilidad de nuestro superávit comercial, la fuga de capitales, el monto de nuestro endeudamiento sigue siendo una pesadísima e impagable carga para nuestra economía.

Pasados diez años del primer canje, el kirchnerismo se caracterizó por ser el gobierno que más deuda externa pagó en efectivo en toda la historia argentina. Y su perspectiva, con Scioli o el candidato que sea, es seguir pagando y endeudándose. La oposición de los Macri y Massa, más allá de los matices sobre los “ritmos”, no difiere con el gobierno en este punto. De hecho votaron conjuntamente en su momento la aprobación parlamentaria de ambos canjes. Desde el Frente de Izquierda volvemos a afirmar, en soledad, lo que sostuvimos ante la crisis de la hiperinflación de 1989 o en diciembre de 2001: no hay ninguna plan económico viable para desarrollar la economía de nuestro país a favor de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo si no se empieza por no pagar esta hipoteca histórica, ilegal, inmoral pero sobre todo impagable, que se recrea y crece como bola de nieve que es la deuda externa. No reconocer esto llevará, inexorablemente y más temprano que tarde, a nuevas debacles.

El dato sobresaliente lo dio el Frente de Izquierda en la Provincia de Buenos Aires, donde con el 3,95% ya logramos la cantidad de votos necesarios para entrar en el reparto de cargos en octubre, posibilitando que Néstor Pitrola sea diputado nacional. Y en muchos distritos del conurbano superamos largamente el promedio provincial: Avellaneda (5,42%); 5,32 en Morón; 5,17 en Ituzaingó; 4,87 en Lanús; 4,60 en Lomas o Quilmes con el 4,71%. Con los casi 80.000 sufragios en Ciudad de Buenos Aires, estaríamos obteniendo legisladores de la Ciudad y peleando por una banca en el Congreso Nacional. En Córdoba, los 105 mil votos logrados por la lista encabezada por nuestra diputada Liliana Olivero nos ponen en carrera también para pelear su entrada al Parlamento Nacional. Hubo, además, otros distritos donde el Frente de Izquierda realizó excelentes elecciones como el 11% obtenido en Salta, el 9,5% de Bariloche, casi el 9% en Jujuy, 8 % en Santa Cruz y 6,6 % en Neuquén.

El voto al Frente de Izquierda se palpaba previamente. Pero las encuestas no lo reflejaban. Sin embargo, el domingo a la noche la incógnita se develó. La enorme votación es un premio a la unidad de la izquierda alcanzada entre el Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista. El voto también estuvo dado por sus propuestas, opuestas a las de los partidos patronales y de la centroizquierda. Denunciando que no hay “década ganada” ni “modelo nacional y popular” con salarios y jubilaciones de pobreza, con un represor en el ejército, el pacto con Chevron y la impunidad para los Jaime y Lázaro Báez. Por eso fueron muy comentados nuestros spots de campaña reclamando la derogación del impuesto al salario, contra la precarización laboral y por el 82% móvil para los jubilados. Denunciando que el gobierno roba plata de la ANSES para pagar la deuda externa. También planteamos en un spot con Rubén “Pollo” Sobrero que hay que reestatizar los ferrocarriles y ponerlos a funcionar bajo gestión y administración de trabajadores y usuarios para evitar nuevas masacres como las de Once y Castelar.

Los candidatos de lucha que llevó el Frente de Izquierda fueron clave, también, para arrastrar el voto. Además de Altamira, Pitrola, Liliana Olivero, Christian Castillo, Juan Carlos Giordano y quien firma esta nota, se sumaron centenares de luchadores que estuvieron encabezando luchas y son parte del sindicalismo combativo, militantes por los derechos humanos, contra la megaminería, jóvenes que se oponen a las prácticas aparatistas y clientelares de La Cámpora y referentes barriales que vienen del peronismo. Insistimos en la campaña e insistimos ahora: “La izquierda tiene que estar en el congreso”.

Se necesitan diputados de los trabajadores que apoyen las luchas, que lleven al Congreso los reclamos obreros y populares, que presenten proyectos de ley con propuestas de fondo y, en definitiva, que postulen otro “modelo” económico al servicio del pueblo trabajador. Postulando una alternativa política de los trabajadores y la izquierda, contra las distintas variantes del PJ, la UCR, el PRO y la centroizquierda.

Llamamos a los votantes que optaron por otras fuerzas de izquierda -que lamentablemente no pasaron el piso, quedando afuera de la competencia electoral en octubre, lo cual repudiamos- como el MST o el MAS, a que voten en octubre a la única alternativa de izquierda representada en el FIT. A quienes lo hicieron por Zamora, a no perder el voto, optando esta vez por la única izquierda que puede entrar al Congreso. Y a todos aquellos que nos acompañaron, a que lo sigan haciendo, para que juntos podamos dar pelea por estos desafíos. Los de octubre y los que vendrán después.

Sigue entonces, y se multiplica, el festín de la bicicleta financiera. La de siempre, encabezada por los acreedores externos, seguida por los que arman ganancias rápidas aprovechando las herramientas que les brinda el propio gobierno -el mercado secundario de Cedines será una más, que se sumará al contado con “liqui” y las mil y una formas de hacerse legalmente de dólares y fugarlos. Mientras tanto, “no hay plata” para obras de infraestructura, llegándose a catástrofes como las inundaciones de La Plata, estamos al borde la bancarrota energética, los jubilados siguen cobrando pensiones de miseria y se ha llegado a dos masacres ferroviarias, como las de Once y Castelar, porque los subsidios van directo a los bolsillos de las patronales del tren (Roggio y Ferrovías, entre otras).

Pero mientras el gobierno busca, desesperadamente, conseguir dólares con el blanqueo aunque sea pagando un elevado costo político, por otro lado deja ir millones tras millones para cumplir de contado con los pagos de una deuda externa cuyo monto ha alcanzado niveles inéditos.

El endeudamiento del Estado argentino sigue creciendo. Según los propios datos reconocidos por el gobierno, ya alcanzó 197.464 millones de dólares a fines de 2012. 18.500 millones más que el año anterior. Casi 60.000 millones más que después del canje de 2005. “Extraño” para un gobierno que habla de “desendeudamiento”.

Por más maniobras que haga el equipo económico bajo la batuta de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, no se puede tapar el sol con las manos: la deuda sigue creciendo cual bola de nieve. Sumemos al número oficial la deuda pendiente con los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 (11.200 millones de dólares), los intereses impagos al Club de París (2.700 millones), los 34 juicios pendientes de pago en el Ciadi (13.600 millones), el  “activos contingente” del Cupón PBI (16.925 millones) y ya estamos en 242.000 millones. Sumémosle las deudas externas provinciales (de las que el Estado nacional es garante) y los más de 50.000 millones de deuda externa privada (que la experiencia histórica señala que, ante la crisis, siempre termina siendo “estatizada”) y el valor “real” de lo que debemos orilla peligrosamente los 300.000 millones de dólares.

El gobierno alega que para el 82% móvil no hay plata o anuncia obras que se presupuestan pero nunca se construyen porque la plata va para otro lado. Desde el Frente de Izquierda decimos rotundamente que hay plata para resolver los graves problemas sociales si evitamos, obviamente, que se siga yendo por el barril sin fondo mencionado. No hay salida para la Argentina si no repudiamos, de una vez por todas, esa deuda externa ilegítima, inmoral e impagable que, contraída durante la dictadura, creció y se multiplicó durante todas las administraciones posteriores, incluyendo al kirchnerismo. Recuperar el nivel de nuestras reservas, aplicar los fondos del Anses para sus verdaderos beneficiarios, sanear el presupuesto nacional y que haya efectivamente fondos para trabajo, vivienda, salud y educación no se resuelve con Cedines, Baades ni impidiendo a alguien ir a comprar cien dólares legalmente. Requiere, como primera medida soberana, de la suspensión de los pagos de la deuda externa. El Frente de Izquierda eleva su voz en esta campaña electoral con ese planteo y aspira a hacerlo escuchar en el Parlamento Nacional.

Lorenzino puso de manifiesto que los índices del “INDEK” son tan truchos que ni siquiera los puede defender públicamente. ¡Ni siquiera se acordaba cuánto había sido el número dibujado el año pasado!

El ministro -acostumbrado a entrevistas con periodistas amigos o a las conferencias de prensa sin preguntas- se sorprendió porque imaginaba un reportaje donde se podría explayar sobre las supuestas “bondades” del modelo kirchnerista.

El “ataque de pánico” que sufrió podría haber sido aún mayor si lo hubieran interrogado acerca de por qué el gobierno usa el dinero el dinero del Anses (plata que legítimamente pertenece a los jubilados) para pagar vencimientos de deuda a los mismos banqueros internacionales que se benefician con los salvatajes de los gobiernos de la Unión Europea, mientras la inmensa mayoría de nuestros abuelos cobra la jubilación mínima, se cajonean sus juicios por mala liquidación de haberes y el gobierno continúa con las apelaciones para no pagarles.

Ante semejante papelón, lo único que le cabe a Lorenzino es efectivamente “irse” como ministro, no sólo por “inútil” y autoritario, sino principalmente por aplicar junto a Boudou, De Vido, Moreno, Kicilloff y Cristina Kirchner un “modelo” inflacionario que carcome salarios y jubilaciones. Un modelo corrupto que le permite a sus testaferros y empresarios amigos como Lázaro Báez sacar millones de plata sucia a paraísos fiscales, mientras no se hacen las obras para las inundaciones que hubieran evitado decenas de muertes. Un modelo que nada tiene que ver con la “inclusión” ni la “distribución de la riqueza” -como pregona la presidenta-, sino que está al servicio de las superganancias de patronales como la Barrick Gold, las automotrices extranjeras, Techint, los banqueros y un largo etcétera.

Este papelón debe servir también para seguir denunciando los índices mentirosos que salen de la mafiosa patota de Guillermo Moreno que intervino el organismo, destruyendo no sólo los indicadores de precios, sino también el conjunto de los índices sociales. Por eso, para el gobierno en Argentina hay muy poca pobreza y casi no existe la indigencia (que es lo que hubiese querido Lorenzino que le preguntaran en el reportaje). Basta con recorrer cualquier barrio popular para develar semejante mentira. Es más importante que nunca dar cuenta de esto hoy, cuando el gobierno -con la complicidad del FMI- se apresta a aprobar un nuevo “índice nacional de precios” que busca tapar definitivamente el vaciamiento del organismo. Volver a tener un Indec confiable, con estadísticas serias y con la restitución a sus puestos de trabajo de los técnicos desplazados por la intervención es una tarea impostergable para que se reconozcan los verdaderos números, tanto de la inflación, como de la cantidad de pobres e indigentes que este gobierno kirchnerista sigue generando. Una razón más para seguir apoyando todos los meses los abrazos al Indec que convocan sus trabajadores cada vez que se da a conocer el índice general de precios, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista desde que comenzó la intervención al organismo en febrero de 2007.