El proyecto que consta de 15 artículos, entre otras cuestiones, ratifica la voluntad de pago del país y remueve como agente de pago al Bank of New York Mellon reemplazándolo por Nación Fideicomisos SA. Propone a los bonistas canjear sus títulos por nuevos pagaderos en Argentina y sujetos a ley de este país, pero deja abierta la opción de que elijan otro agente de pago. En cuanto a los holdouts, ofrece pagarles lo mismo que a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 si aceptan canjear ahora, haciendo los depósitos correspondientes en la misma cuenta de Nación Fideicomisos.

Al manifestar la intención de cambiar la sede de pago, el gobierno nacional confirma el estado de cesación de pago –léase default- y eliminaría las especulaciones sobre un posible arreglo una vez que venza la cláusula RUFO, que hasta aquí era la causa exteriorizada del no cumplimiento de la sentencia de Griesa.

De ser sancionada esta ley en los términos en que fue enviado al poder legislativo nacional generaría diversas consecuencias que podemos considerar desde cinco aspectos diferentes.

En primer lugar, en relación con los tenedores de bonos con ley en Nueva York, es importante tener en cuenta que muchos de ellos se ven imposibilitados de aceptar el nuevo canje. Esto es porque según sus propios estatutos no pueden ser poseedores de bonos sujetos a ley argentina o cuyo pago se realice en este país. Aún si consideraran posible el cambio de sede de pago, no pueden acceder o solicitar el mismo por cuestiones atinentes a su objeto. Por ende, a aquellos que no quieran o no puedan aceptar el canje, y el estado de cesación de pagos continúe, ¿se les responsabilizará del mismo por no aceptar esta novedosa opción?

En segundo término, en referencia a la posibilidad que el proyecto otorga a los bonistas de elegir un nuevo agente de pago en reemplazo del Bank of New York Mellon, suena improbable que alguna entidad internacional acepte un posible ofrecimiento, sabiendo que sería considerado un incumplimiento a la sentencia de Griesa, ratificada por la Cámara de apelaciones.

En cuanto a la oferta para el 7,6% de tenedores de bonos que no ingresaron al canje en los años 2005 y 2010 –holdouts-, parece difícil suponer que los fondos buitre que hoy tienen una sentencia a su favor, acepten una quita del 65% sobre los términos de esa sentencia firme. Para quienes aún no tienen una sentencia favorable pero sí expedientes iniciados, parecería adecuado pensar que preferirán esperar el final de la situación actual para decidir su accionar.

La cuarta cuestión a tener en cuenta es que la sanción y posterior entrada en vigencia de la ley implicaría un desacato a la orden judicial. Así ya lo manifestó el Juez interviniente en una audiencia solicitada por los fondos buitre. “Esa propuesta es inválida e ilegal, y constituye una violación de las órdenes de este tribunal”, sostuvo Griesa, que atribuyó el mismo calificativo a toda entidad financiera que intente “colaborar” para llevarla a cabo. Si bien las consecuencias prácticas del desacato parecerían de compleja aplicación, éste no puede considerarse un incentivo a la búsqueda de inversiones.

Finalmente, y no menos importante, en el hipotético caso que todo lo anterior fuere omitido o minimizado y se sancionara la ley, el problema de fondo no se habría solucionado. Esto es, la sentencia a favor de los fondos buitre seguiría vigente, y éstos sin dudas comenzarán una nueva etapa de batallas jurídicas –y pedidos de embargos sobre activos argentinos- en pos de hacerse del cobro de crédito.

En conclusión, la intención del ejecutivo no parecería la más adecuada para encontrar una solución definitiva para el problema judicial con los fondos buitre. 

Al inicio de la semana, el Juez Griesa designó como special master a Daniel Pollack, para que éste conduzca y lidere la negociación de cierre entre las partes del expediente. Por su parte, el país solicitó al Juez la restitución del stay para poder negociar en forma equitativa y proporcional con los fondos buitre. También estaba implícita la intención de Argentina de poder cumplir con el pago de los servicios de deuda con vencimiento el 30 de junio, más allá del plazo de 30 días de gracia para cancelar antes de caer en default por incumplimiento de pago.

La solicitud del Estado argentino generó una rápida respuesta por parte del fondo NML. Así, en menos de 24 horas, contestó e informó al juzgado -en un minucioso escrito- que la reinstalación de la medida suspensiva sólo agravaría la situación y ayudaría al país a incumplir la sentencia de Griesa. No obstante ello, en este escrito, el fondo manifestó su intención de negociar con Argentina sobre la forma de cancelación del monto establecido en la orden judicial. Inclusive, dejó en claro que si la negociación entre las partes estuviera avanzada para fin de julio, estaría dispuesto el fondo a autorizar el pago de deuda de bonos reestructurados a Argentina, para que éste no caiga en default. Para ello, deberá el país prestar garantía de pago al fondo, por si luego del pago a los bonistas aludido, la negociación con el fondo fracasara. Pareciera que el fondo NML circunscribió la negociación de cierre con Argentina a la forma de cancelación del monto adeudado, que según la propia liquidación del fondo buitre ascendería a US$1.650 millones al 30 de junio de 2014.

El jueves 26 el Juez Griesa decidió no otorgar la solicitud de stay en virtud de considerarla inapropiada. En su escrito de rechazo manifestó que la sentencia sobre la cláusula de tratamiento igualitario (pari passu) entra en vigencia recién cuando Argentina hace cancelaciones de los bonos reestructurados, y recordó a las partes que ha designado al Pollack, ante quién también deberían tratar y consensuar los temas atinentes a la cancelación de pagos adeudados.

A la tarde del mismo día, Argentina tomó la decisión y notificó que en cumplimiento de las obligaciones asumidas en las reestructuraciones de los años 2005 y 2010, había decidido pagar los servicios de deuda con vencimiento el 30 de junio. El pago de la Casa Rosada significó el depósito de US$832 millones, de los cuales US$539 millones fueron depositados en cuentas del Bank of New York (BoNY) en Buenos Aires. Según las propias palabras del gobierno argentino, con este pago “la Argentina ratifica su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento para honrar sus deudas”.

El aviso de este pago inesperado generó que los abogados del fondo presentaran pocos minutos después en el juzgado un escrito solicitando a Griesa una reunión entre las partes, ya que consideran que el pago en cuestión es violatorio de la sentencia –firme- del magistrado. El fondo, además de solicitar el embargo de los fondos, notificó al agente de pago (BoNY) que proceder al envío de fondos a los bonistas, sería desacatar la orden judicial.

Por ello, el Juez Thomas Griesa citó a audiencia a todas las partes, la que se llevó a cabo al mediodía del viernes. En la misma, ordenó al agente de pago devolver el dinero al país, al considerar que el pago realizado es ilegal por incumplir con su sentencia, y no debe ser realizado. Finalmente, el Juez dejó clara su intención y deseo que las partes lleguen a un acuerdo.

Podemos afirmar sin lugar a dudas que se trató de una semana por demás movida para las partes intervinientes, de la que se pueden obtener ciertas conclusiones.

En primer lugar, no hay dudas que la sentencia se encuentra firme, no se restablecerá efecto suspensivo alguno, y el fondo buitre –obviamente- pretende el cumplimiento de la misma. En segundo término, si bien Argentina entrará en mora el 1° de julio, tiene hasta el 30 de julio para negociar con los fondos buitre el cumplimiento de la sentencia sin caer en default con los bonistas de deuda reestructurada. Asimismo, el objetivo de haber intentado pagar a los bonistas reestructurados a fin de la semana pasado podría ser considerado un paso positivo para alejar el fantasma de la cláusula RUFO (“acreedor más favorecido”) ya que de cumplir en el plazo de gracia con la sentencia judicial, quedaría aún más claro que no se trata de un “pago voluntario”. Finalmente, el escenario de incumplimiento y default es el peor para todas las partes.