Que haya más presupuesto para que no ver gendarmes persiguiendo narcos en ojotas o mejorar la logística para que funcionen los celulares de los funcionarios y no solamente los de los fugados, como sucedió, no soluciona el problema. Porque las cúpulas de las fuerzas de seguridad no están preparadas para combatir los negocios capitalistas (como lo es el narcotráfico), sino para perseguir a los que luchan y espiar opositores.

Crear una Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como propone Macri (también Daniel Scioli o Sergio Massa), es una utopía que ya fracasó en Estados Unidos y Latinoamérica.

En 2015 se reunió la Unidad de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Montevideo y emitió un documento que sostiene “el fracaso de la guerra contra las drogas”; plantea la necesidad de “un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones” y consigna: “Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico”.

Ernesto Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, aseguró opinar desde la experiencia de su propio país, al señalar que “a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de trescientos millones de consumidores de drogas que aún las siguen consumiendo”. Calificó de “fracaso las políticas represivas con los débiles, campesinos y consumidores”. Puso de ejemplo a “Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y comercialización de cannabis bajo el control del Estado” (Página 12, 2/9/2015).

Con ello, se está reconociendo que la guerra contra las drogas es contra los consumidores y las víctimas del narcotráfico, no contra los capos narcos. En Argentina, por ejemplo, el 50% de las causas federales son entabladas contra jóvenes por tenencia de marihuana y solamente el 1% tiene a un narco por acusado. Esto muestra que la política punitiva, represiva y prohibicionista lleva a las mafias más violencia y muertes. Sin embargo, el documento de Unasur no se pronuncia por una política global para enfrentar el negocio narco. Que sería precisamente terminar con el prohibicionismo y la ilegalidad.

Izquierda Socialista plantea la legalización de toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo del conjunto de las sustancias psicoactivas. Porque la ilegalidad y el prohibicionismo, además de perseguir a los consumidores, asegura superganancias a las mafias y las bandas que lucran con esa situación de ilegalidad y a políticas represivas que han sido un fracaso.

El narcotráfico es un negocio capitalista muy rentable. Mueve anualmente seiscientos mil millones de dólares. La mayor parte de esas colosales ganancias se debe justamente a su condición de ilegalidad y se utiliza, en parte, para comprar favores de políticos, policías y jueces. Por eso, en Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, nunca cae ningún gran capitalista mafioso de la droga. El imperialismo es parte fundamental del problema, ya que lo usó para sus fines intervencionistas en los países semicoloniales, vía la DEA o personal militar directo.

El fracaso del prohibicionismo se mostró con la ley seca (ilegalización del consumo de alcohol) a principio del siglo pasado en Estados Unidos, cuya implementación promovió el tráfico ilegal y las bandas criminales, la cual posteriormente se tuvo que derogar.

Legalizar las drogas no es para fomentar su consumo, por el contrario, los regímenes más estrictos, como el yanqui, son donde más se consume. Es para combatir a las mafias y sus crímenes, reducir el consumo y disminuir las muertes y las hospitalizaciones por las adicciones.

Por un lado, hay muchos de nuestros votantes que, haciéndose eco de la campaña del Gobierno, “Hay que evitar que gane la derecha de Macri”, se preguntan si no hay que apoyar a Daniel Scioli, aunque sea con la nariz tapada. A esos compañeros los invitamos a reflexionar.

El Gobierno nacional, con Cristina Kirchner y La Cámpora vino usando el fantasma de la derecha para hacer pasar con su doble discurso un “modelo” de ajuste y corrupción. Ajuste que se expresó en salarios por debajo de la inflación, en el impuesto al salario (ganancias) —que definió como “progresivo”—, en el pacto con la burocracia sindical oficial, en los acuerdos secretos con Chevron, Barrick y Monsanto y en los pagos de la deuda externa con el verso del desendeudamiento.

El kirchnerismo, mientras decía que defendía los derechos humanos, ponía a César Milani como jefe del Ejército y criminalizaba la protesta social. Esta política, lejos está de ser “progresista” o “nacional y popular”. Millones se expresaron contra este modelo de pobreza y corrupción (caso Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Hotesur) el pasado 25 de octubre. Scioli representa esa continuidad. Hoy es la “nueva” cara del peronismo K, pero ya ha sido parte del Gobierno nacional todos estos años.

Votar por Scioli es no sólo para que siga esta política, sino para que se profundice, con una mayor devaluación, tarifazos, despidos y suspensiones. O con más represión, con los Berni. O con corruptos como Alberto Barbieri, el actual rector de la Universidad de Buenos Aires, que Scioli llevaría de ministro de Educación.

¡Claro que estamos en contra de los políticos de centroderecha como Mauricio Macri! Pero en todos estos años fueron los trabajadores y la izquierda quienes enfrentaron al PRO, mientras el Frente para la Victoria le votaba las leyes fundamentales a Macri en la ciudad.

Por otro lado, están aquellos que ya castigaron al Gobierno votando a Cambiemos (Macri-Unión Cívica Radical-Elisa Carrió), al decir: “Lo más importante es que se vaya este Gobierno sea como sea”. Incluso, muchos trabajadores que en forma “vergonzante” votaron al PRO para que se vaya este Gobierno, nos dicen: “¡Cómo puede ser que la izquierda llame a votar en blanco, cuando hay una oportunidad histórica de sacarse de encima al kirchnerismo!”.

Coincidimos en que hay que batallar por otra alternativa al peronismo K. Pero bajo ningún punto de vista la salida puede ser el PRO. Macri es sinónimo de los talleres clandestinos, del crecimiento de las villas, de la corrupción con los Niembro, del abandono de la educación y la salud pública, del Fino Palacios y de los negocios inmobiliarios. Muchos, a pesar de esto, lo votarán, porque consideran que es la única vía para que no gane Scioli. Pero no se trata de votar a Macri sólo para sacar a los K. El tema es que Macri no es ninguna salida para el pueblo trabajador. Justamente por eso construimos el Frente de Izquierda como alternativa política ante los partidos patronales.

¿Acaso Macri va a dar un aumento de salario igual a la canasta familiar? ¿O el 82% móvil para los jubilados? ¿O anular el impuesto al salario? ¿O prohibir los despidos y las suspensiones? ¿O terminar con el saqueo de Barrick, Chevron o Monsanto? Claramente no. Entonces, ¿por qué los trabajadores y los jóvenes lo tendrían que votar?

Siempre se incentivó a que hay que votar a tal para sacar a cual. Así se fomentó el voto a Carlos Menem contra el alfonsinismo en 1989, o a la Alianza contra el menemismo diez años después. Ya sabemos en qué terminaron esas experiencias, o con el voto al mal menor.

Lo dijimos en la campaña electoral. Gane quien gane, gana el ajuste y pierden los trabajadores. Lo mismo decimos ahora ante el ballotage. Pueden tener diferencias parciales entre ellos, pero tanto Scioli como Macri vienen gobernando para los de arriba, le quieren pagar a los fondos buitre y se preparan para descargar la mayor crisis capitalista contra el pueblo trabajador.

No hay que esperar un próximo gobierno de Scioli o Macri para saber a quiénes van a beneficiar. Ya están gobernando para los de arriba, los grandes empresarios, los banqueros, los ricos y las multinacionales.

Por eso no sirve votar por ninguno de ellos. Cada voto que saquen lo van a usar para aplicar un mayor ajuste, con tarifazos y más despidos, diciendo que tienen el apoyo popular.

Como dijo el Pollo Sobrero en el acto de cierre del Frente de Izquierda: “No llamaremos a votar a nuestros verdugos”. Sabemos que el futuro inmediato nos encontrará en las calles luchando contra los planes de ajuste que, con absoluta certeza, pondrán en marcha tanto Scioli como Macri después de las elecciones. Por eso no hay que votar por ninguno de ellos en el ballotage, sino votar en blanco o anular el voto.

El “no” ha sido una gran victoria política del pueblo griego. Dijo “no” a nuevos acuerdos para seguir los ajustes. Hubo muchas presiones hacia el “sí”. Varias encuestas agrandaban el “sí”. La realidad está a la vista. Nuevamente, el pueblo griego expresó en las urnas y en las calles su larga resistencia contra los recortes y los memorandos de la Troika. Ratificó su lucha de más de 30 huelgas generales y su giro a izquierda para buscar una salida a la miseria, al desempleo masivo y al saqueo del país por parte del FMI y de la Unión Europea.

Fracasó el “sí” de la Troika y la derecha griega. También la nefasta política del estalinista KKE (Partido Comunista griego), que llamó al voto nulo y, sumado al blanco, apenas llegó al 5,7 %. La Troika ha sido nuevamente derrotada. Desde ya, la crisis es muy aguda. Cada día hay idas y vueltas. Este mismo artículo puede quedar desactualizado al llegar a los lectores. Pero lo que no se va a desactualizar es el dilema planteado en Grecia: seguir atados a los acuerdos con la Troika para seguir pagando una deuda fraudulenta o dejar de pagar para volcar esos fondos para las necesidades del pueblo.

La deuda externa griega es tan impagable que el propio FMI salió, días antes del referendo, a proponer una quita del 30 % y un “período de gracia” de los acreedores de 20 años. ¿Se hizo de izquierda el FMI? No, apela a una nueva maniobra, que ya aplicó en otros países. La deuda se transforma en “bonos” a renegociar y la “quita” va condicionada a un “nuevo rescate” (una “ayuda” de unos 52 mil millones de euros) para seguir con los recortes al pueblo griego. O sea, una “nueva deuda” para seguir saqueando.

A este tipo de mecanismos se le dice “reestructuración” de la deuda. Por eso, llama la atención que esa sea también la propuesta del gobierno de Syriza y de muchos que se dicen de izquierda o progresistas, como el economista Thomas Piketty, quien declaró que “la única solución para Atenas será reestructurar la deuda”.

Esa receta ya se aplicó en nuestro país a partir del 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y su resultado fue negativo para el pueblo argentino. En vez de bajar la deuda, aumentó. Se la llamó “desendeudamiento”. En el 2001, en el momento más grave de la crisis, la deuda era de 144.453 millones de dólares y del 50 % del PBI. En el 2009, luego del supuesto “desendeudamiento”, subió a 147.119 millones y seguía en el 50 % del PBI. Y ahora, en el 2015, sigue la deuda, la pobreza y el saqueo de Argentina por las multinacionales. La alternativa a la crisis no es reestructurar la deuda, sino dejar de pagarla. Una estafa no se paga.

La única salida que le queda al pueblo y a la juventud griega es aprovechar el triunfo del “no” para seguir la movilización que exija al gobierno de Syriza volver al mandato que le dio el pueblo trabajador y la juventud en las elecciones de enero del 2015 para terminar con los memorandos y los recortes sociales pactados con la Troika. Para ello, es muy importante que esa bandera la tomen los sectores de la izquierda de Syriza, que se han pronunciado contra todo pacto con la Troika, por la suspensión del pago de deuda y por la nacionalización de la banca. Y que, unidos a sindicatos y a otros sectores de la izquierda revolucionaria griega, convoquen a movilizar por estos objetivos.

Al decir que “no fue suicidio”, Cristina Kirchner está reconociendo que en su Gobierno hay mafias impunes que nunca desmanteló y que usó en estos años para perseguir a cualquier opositor, sea un fiscal, voz crítica o luchador social, para sostener un “modelo” de corrupción, entrega y autoritarismo al servicio de los grandes negociados. La mentira de la “década ganada” llegó a su fin.

La sospechosa muerte se da en el marco de una fuerte pelea por el control de la Justicia por parte del gobierno K, que lleva meses queriendo imponer jueces y fiscales a dedo para salvarse de futuras condenas por corrupción (Boudou, Lázaro Báez, lavado de dinero, Hotesur). En este choque entró de lleno la denuncia de Nisman contra la jefa de Estado y el canciller Tímerman y el desencadenamiento de su muerte.

El PJ se reunió para darle el “apoyo a la Presidente” y volvió a agitar la teoría del “complot”. Dicen que al Gobierno “le tiraron un muerto” para desestabilizarlo. Un argumento para encubrir un modelo de mafias, saqueo y corrupción; sembrar miedo y amedrentar a los trabajadores para que no salgan a luchar por salario y contra los despidos, a riesgo de ser acusados de desestabilizadores y de hacerle `el juego a la derecha. No lo podemos permitir.

El gobierno K se jacta de ser progresista. Pero no lo es. Ahora enviará una ley para “disolver” la ex SIDE que vino manejando oscuramente durante sus once años de gobierno. Una cortina de humo para crear otra SIDE K, comandada por el genocida Milani, el represor Berni y Aníbal Fernández y, posiblemente, con militantes de La Cámpora. Disuelve la ex SIDE pero no abre sus archivos ni disuelve los demás servicios de inteligencia, empezando por el del Ejército que maneja Milani con un alto presupuesto. Mantiene el Proyecto X para espiar a los luchadores y la izquierda. Criminaliza la protesta social (hay más de 5 mil luchadores procesados). Y acusa falsamente y sin pruebas a los ferroviarios del Sarmiento y al “Pollo” Sobrero de sabotear los trenes, mientras Randazzo hace campaña sobre la masacre de Once. Un avasallamiento a elementales derechos democráticos como el de peticionar libremente. ¿Por qué el Gobierno no hace cumplir los fallos que obligan a reincorporar a los trabajadores de Lear?

Muchos dicen con razón: “Si esto le pasó a un fiscal qué queda para nosotros”. El oficialismo es responsable directo o indirecto, porque bajo un supuesto discurso “nac & pop” asumió cada vez más formas corruptas, autoritarias y represoras y por eso criminaliza la protesta contra todo aquel que quiere reclamar o denunciar su política.Todo está bajo sospecha, en especial, la actuación del Gobierno y de sus funcionarios de seguridad.

No se puede seguir con esta situación de impunidad, saqueo y corrupción. Es necesario que se disuelvan todos los servicios de inteligencia, incluido el del Ejército,  que se abran todos los archivos y que se destituya a Milani. Rechazamos que haya una nueva SIDE. Denunciamos el Proyecto X y reclamamos el inmediato desprocesamiento a los luchadores populares.

La iniciativa fue impulsada por Cristina, la “pagadora serial”, contando con el apoyo del grueso de la oposición patronal: los diputados de Macri (PRO), de Sergio Massa (Frente Renovador), todo el arco del PJ disidente y los radicales de Raúl Alfonsín. Elisa Carrió, quien se presenta como el gran baluarte de la anticorrupción, se abstuvo. Es decir, se negó a votar en contra de uno de los mayores actos de corrupción y entrega.

Para justificarse, Cristina alude que se está haciendo cargo de lo que hicieron gobiernos anteriores. ¡No! La presidenta, al igual que antes lo hicieron los radicales, el menemismo y la Alianza, da crédito a una de las mayores estafas perpetradas por la sangrienta dictadura de Videla-Martínez de Hoz. Del mismo modo, mantiene en pie gran parte de las leyes financieras y de inversión extranjera pergeñadas por la dictadura.

Mientras el gobierno habla contra el “colonialismo” y las “corporaciones”, el dinero se va de contado para los banqueros internacionales responsables de la crisis capitalista mundial. La prioridad de estos políticos es pagar una deuda ilegítima y fraudulenta que ya se pagó varias veces, en vez de priorizar los salarios, jubilaciones, el trabajo, la salud, educación, viviendas y obras para el pueblo trabajador.

El Presupuesto 2014 presentado por el gobierno dispone un crecimiento del 73% de los fondos destinados a la deuda, mostrando la rabiosa “voluntad de pago” del gobierno. Mientras tanto, se hipotecan las demandas populares más sentidas. Por ejemplo, por cada peso que se pague de asignación universal por hijo (AUH), los intereses de la deuda se llevarán $4,60.

La semana pasada el gobierno desembolsó 2.070 millones de dólares por los pagos del Bonar VII, 50 veces más de lo que se destinó a los inundados de La Plata, Provincia de Buenos Aires y Capital.

El gobierno de los “pagadores seriales” asumió con una deuda de 144.000 millones de dólares, durante su gestión pagó 173.000 millones y, después de proclamar que nos estábamos desendeudando, hoy debemos, según cifras oficiales, 197.464 millones de dólares. Si a esto le sumamos la deuda que no ingresó en el canje -que ahora, vía la reapertura, se va a reconocer-, los pagos futuros del Cupón PBI -que se paga cada vez que la Argentina crece 3% o más- y los pagos pendientes al Club de París, llega a 240.000 millones de dólares. Y con los juicios perdidos por el país ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial al que recurren empresas transnacionales contra la Argentina) y las deudas externas de las provincias (que tienen garantía del Estado nacional), llegamos al astronómico número de más de 300.000 millones de dólares. Es decir, no hay salida por la senda que propone el gobierno.

En 1982 se debían 45.000 millones de dólares y desde entonces a la fecha se pagaron, según Alejandro Olmos (hijo), 390.000 millones (nueve veces la cifra inicial) y, sin embargo, la deuda cada vez crece más.

Esta política genera, además, una deuda interna colosal: el vaciamiento de los fondos del Anses y el Banco Central para cumplir con los compromisos externos, hipotecando el futuro de millones de argentinos.

El problema de la deuda externa no es una cuestión meramente económica o técnica. Se trata, por el contrario, de la cadena central de nuestra dependencia política. No hay salida para la Argentina mientras sigamos tirando nuestros recursos al barril sin fondo de una deuda externa ilegítima, inmoral e impagable. No hay “canje” ni renegociación que nos salve. La única salida es dejar de pagar y llamar a conformar un frente de países latinoamericanos para enfrentar cualquier intento de represalia. Poniendo todo ese dinero a resolver las urgentes necesidades populares.

Ninguno de estos planteos se escuchó estos días en el Congreso. Hoy más que nunca, hace falta que la izquierda esté presente. Por eso llamamos a apoyar al Frente de Izquierda para pelear, entre otras medidas, para que la plata vaya al pueblo trabajador, no para la deuda mafiosa y usurera.

No hay década ganada, ni “modelo nacional y popular”, con un represor como Milani al mando del ejército, con Chevron sacándonos hasta la última gota de petróleo y gas o con el verso de que se puede comer con 6 pesos por día, mientras la mayoría de los salarios y jubilaciones son de pobreza.

O cuando corruptos como Ricardo Jaime -responsable de las masacres ferroviarias- está en libertad. El kirchnerismo puede perder hasta la “madre de las batallas”: provincia de Buenos Aires. ¡Pero, ojo! Sergio Massa no es alternativa para los trabajadores y jóvenes. Se presenta como “nuevo”, pero estuvo con Menem, Duhalde, Cristina y ahora pactó con Macri. Lleva en sus listas a Felipe Solá, empresarios de la Unión Industrial que hace poco estuvieron con Cristina (De Mendiguren), burócratas sindicales como Barrionuevo y Daer, Graciela Camaño (ministra de Duhalde) y personajes del viejo PJ.

Para captar el voto de trabajadores, Massa propone elevar el mínimo no imponible del impuesto al salario (Ganancias), pero no eliminarlo. Mientras tanto, en Tigre tiene a sus empleados municipales contratados y cobrando miseria. Habla contra la inflación, pero siendo jefe de Gabinete de Cristina avaló la intervención del INDEC. Su propuesta contra la inseguridad -su “plato fuerte”- no es más que un bluff. Polemizó con Berni sobre el “robo de su casa”, pero hace días ambos coincidieron en que en Tigre viven grandes narcotraficantes contra quienes ninguno de ellos (ni el gobierno nacional ni el massismo) hace nada.

Sergio Massa quiere combatir la inseguridad con camaritas. Pero todos sabemos que eso es insuficiente si no se ataca a este “modelo” de pobreza -caldo de cultivo de violencia e inseguridad- y a las cúpulas policiales, judiciales y políticos patronales que dan protección a las mafias del narcotráfico, desarmaderos, juego clandestino y crimen organizado.

Muchos podrán creer que Massa es un “voto útil” para castigar al gobierno. ¡A no equivocarse! Tampoco lo son Binner y la UCR (que lleva a Stolbizer-Alfonsín). Son una nueva Alianza como la de De la Rúa y el Frepaso que nos llevó al fracaso en el 2001. Lo mismo “Pino” Solanas, quien se unió con Carrió y la UCR, mostrando que la centroizquierda no tiene nada de “progresista”. Todos gobernaron o gobiernan para las multinacionales y usureros de la deuda. El único voto útil para los trabajadores y demás sectores populares está en el FIT, que levanta propuestas de fondo y lleva candidatos de lucha.

El Frente propone un aumento salarial igual a la canasta familiar ($7.500). La eliminación total del impuesto al salario. El 82% móvil y contra el trabajo en negro. Por precios máximos y eliminación del IVA de la canasta familiar para frenar la inflación. Contra el pago de la deuda externa para volcar esos fondos a salario, trabajo, salud, educación, transporte y viviendas. Por la reestatización de los ferrocarriles y de todas las privatizadas bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Y una YPF 100% estatal.

Por eso nuestras listas (además de Jorge Altamira, Néstor Pitrola, José Castillo, Christian Castillo o mi candidatura) están integradas por quienes cotidianamente llevan adelante estas peleas, como Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer, ferroviarios del Sarmiento junto al “Pollo” Sobrero.

Marcela Almeida, ex coordinadora del IPC-Indec desplazada por la intervención de Guillermo Moreno. Juliana García, hija de desaparecidos y luchadora por los derechos humanos. Graciela Calderón, docente y secretaria adjunta del Suteba Matanza, recuperado de manos de la burocracia kirchnerista.

Para que estas propuestas y candidatos estén presentes en las elecciones de octubre y poder conquistar bancas de izquierda, el FIT tiene planteado el primer desafío: superar el piso proscriptivo de las internas (PASO) este 11 de agosto. Un filtro antidemocrático para que la izquierda no llegue al Congreso. ¡Pero la izquierda tiene que estar! Para eso, acompañanos ahora con tu voto.

Hoy, los salarios y jubilaciones son de pobreza (el promedio de ingreso de los trabajadores es de 3.500 a 4.000 pesos, mientras la canasta familiar supera los 7.000 y el 80% de nuestros padres y abuelos cobra la mínima de 2.165 pesos). Se mantiene el robo al salario (Ganancias) implementado por Machinea. Cristina Kirchner se vanagloria diciendo que creó “cuatro millones de puestos de trabajo”, pero un 40% está en negro y precarizado. El modelo de “inclusión y distribución de la riqueza” siempre consistió en una feroz inflación que devora los ingresos populares. El gobierno que expropió a las AFJP usó la plata de los jubilados para pagar la deuda externa y se niega a implementar el 82% móvil. Mientras, no se hicieron las obras que hubieran evitado las muertes por las inundaciones.

No es cierto que haya una “reindustrialización” del país: sólo se puso en producción parte de la capacidad ociosa del período previo a 2001. Quienes más ganaron en estos años fueron los bancos. Se acentuó la concentración y extranjerización de la economía: de las 220 empresas que más facturaron en 2007, 128 son extranjeras. En 1997 eran 104. Siguen las privatizaciones y los pagos de la deuda externa. El kirchnerismo inauguró la megaminería en beneficio de la Barrick, subsidió a las automotrices como General Motors, pactó con Monsanto y sigue entregando el petróleo y el gas. Pese a la expropiación parcial del 51% de las acciones de YPF, el 83% del negocio petrolero continúa en manos de las multinacionales.

A su vez, la presidenta dijo “que no devaluó”, pero llevó el dólar de $2,90 en 2003, alos $5,20 actuales y a casi diez el “blue”. El kirchnerismo -que iba a dar “pluralidad de voces” con la Ley de Medios- creó un multimedios K que controla el 80% de la prensa. El gobierno de los “derechos humanos” terminó en el escándalo Bonafini-Schoklender, el Proyecto X, la Ley Antiterrorista y en la criminalización de la protesta social. No es cierto que Videla murió en la cárcel por obra de este gobierno, sino por la lucha popular.

Con la reforma política y las internas abiertas -PASO- se intenta proscribir a la izquierda. El “cambio” originario en la Corte llevó a la “democratización” de la justicia para poner jueces afines que le brinden impunidad y lo salven de la corrupción. El verso de la “transparencia” llevó a la enorme corrupción oficial y al lavado de dinero (Lázaro Báez, Jaime, Cicconne-Boudou). Del “tren bala” se pasó a la masacre de Once, provocada por el triángulo corrupto entre el gobierno, TBA y los burócratas sindicales. El “desendeudamiento” derivó en una deuda que es una bomba de tiempo.

La “década ganada” fue para los de arriba. Se ve mucho más ahora con la crisis mundial -que se suma a la que trae el “modelo”-, donde sus consecuencias se seguirán descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Para que las décadas venideras sean “ganadas” por los trabajadores y el pueblo, hace falta imponer otro “modelo” que cambie la estructura semicolonial del país: terminando con el robo al salario, las privatizaciones, los pagos de la deuda, el saqueo del oro, el petróleo y el gas, y nacionalizando la banca y el comercio exterior, entre otras medidas de fondo. Esas medidas estamos proponiendo desde el Frente de Izquierda.

Hacen falta cambios de fondo para democratizar de verdad a la justicia. Por eso hay que debatir cuáles son las medidas necesarias para ello. Cristina Kirchner dijo: “se pueden elegir presidentes, gobernadores, diputados y senadores, ¿por qué no elegir a los jueces?”. Pero con su propuesta, los jueces no van a ser elegidos por el voto popular, salvo algunos miembros del antidemocrático Consejo de la Magistratura. Desde la izquierda proponemos echar a los jueces que vienen de la dictadura, que los magistrados sean elegidos por el voto popular, poner fin a sus cargos vitalicios con cargos revocables, que ganen el equivalente al valor de la canasta familiar y que se implemente el juicio por jurado.

A pesar que la Constitución Nacional prevé el juicio por jurado en tres de sus artículos (24, 75 inciso 12 y 118), en Argentina nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque pondría en tela de juicio la llamada “la corporación judicial”, siempre amparada bajo la sombra del oficialismo de turno.

El juicio por jurado se aplica en Estados Unidos y otros países. Muchas veces se ve en películas norteamericanas a trabajadores o amas de casas pronunciándose sobre si un criminal es culpable o no. La más famosa fue “Doce hombres en pugna” (1957) con Henry Fonda.

¿Cómo funciona el juicio por jurado? Se eligen por sorteo doce ciudadanos que lo integrarán, el cual se debe expedir sobre si el hecho que se juzga realmente existió y si el acusado es culpable o inocente. Si el jurado decide que el acusado es inocente, por ejemplo, el juez no puede declararlo culpable y viceversa.

Son millones de personas las que anualmente participan como jurados en aquel país, teniendo que ser ciudadanos norteamericanos, residentes de la jurisdicción del tribunal, tener 18 o más años de edad, hablar inglés y no estar condenados por un delito grave. Personas que reciben una remuneración mientras duren las audiencias del fallo, que oscilan entre los cinco días promedio.

Especialistas en derecho señalan que el juicio por jurado “nació como medio para frenar el absolutismo de los reinos en los juicios penales, y hoy constituye el medio para frenar el absolutismo de los poderes democráticos” (según el jurista Guillermo Erbetta). Esto sería mucho más democrático que el proceso judicial actual. Así se le sacaría el poder de decisión a los Oyarbide y tantos otros jueces patronales y corruptos. Si se le diera la posibilidad a un jurado con representantes del pueblo de poder juzgar a los Schiavi, Jaime, Cirigliano en la masacre de Once… ¿usted cree que estos delincuentes aún estarían libres? Otro tanto ocurriría si pudieran dictar sentencia sobre el corrupto Boudou, Lázaro Báez o los responsables de las muertes por las inundaciones. ¡Un jurado así seguramente le hubiera dado perpetua a Pedraza!

Pero con estos jueces patronales, todo queda en la impunidad o a mitad de camino.

Estas propuestas deberían ser parte de un cambio de fondo, imponiendo leyes que dejen de proteger a los poderosos y hagan cumplir los derechos básicos de millones de trabajadores y demás sectores populares.