El país sigue conmocionado por la muerte (suicidio o asesinato) del fiscal Nisman. Millones de trabajadores y jóvenes no creyeron en la primera versión oficial del suicido, y ahora miran hacia el principal sospechoso, el actual Gobierno, luego que Cristina hablara de “asesinato”. Nos sumamos a ese repudio popular exigiendo en primer lugar investigación y castigo a los responsables de la muerte de Nisman.
Al decir que “no fue suicidio”, Cristina Kirchner está reconociendo que en su Gobierno hay mafias impunes que nunca desmanteló y que usó en estos años para perseguir a cualquier opositor, sea un fiscal, voz crítica o luchador social, para sostener un “modelo” de corrupción, entrega y autoritarismo al servicio de los grandes negociados. La mentira de la “década ganada” llegó a su fin.
La sospechosa muerte se da en el marco de una fuerte pelea por el control de la Justicia por parte del gobierno K, que lleva meses queriendo imponer jueces y fiscales a dedo para salvarse de futuras condenas por corrupción (Boudou, Lázaro Báez, lavado de dinero, Hotesur). En este choque entró de lleno la denuncia de Nisman contra la jefa de Estado y el canciller Tímerman y el desencadenamiento de su muerte.
El PJ se reunió para darle el “apoyo a la Presidente” y volvió a agitar la teoría del “complot”. Dicen que al Gobierno “le tiraron un muerto” para desestabilizarlo. Un argumento para encubrir un modelo de mafias, saqueo y corrupción; sembrar miedo y amedrentar a los trabajadores para que no salgan a luchar por salario y contra los despidos, a riesgo de ser acusados de desestabilizadores y de hacerle `el juego a la derecha. No lo podemos permitir.
El gobierno K se jacta de ser progresista. Pero no lo es. Ahora enviará una ley para “disolver” la ex SIDE que vino manejando oscuramente durante sus once años de gobierno. Una cortina de humo para crear otra SIDE K, comandada por el genocida Milani, el represor Berni y Aníbal Fernández y, posiblemente, con militantes de La Cámpora. Disuelve la ex SIDE pero no abre sus archivos ni disuelve los demás servicios de inteligencia, empezando por el del Ejército que maneja Milani con un alto presupuesto. Mantiene el Proyecto X para espiar a los luchadores y la izquierda. Criminaliza la protesta social (hay más de 5 mil luchadores procesados). Y acusa falsamente y sin pruebas a los ferroviarios del Sarmiento y al “Pollo” Sobrero de sabotear los trenes, mientras Randazzo hace campaña sobre la masacre de Once. Un avasallamiento a elementales derechos democráticos como el de peticionar libremente. ¿Por qué el Gobierno no hace cumplir los fallos que obligan a reincorporar a los trabajadores de Lear?
Muchos dicen con razón: “Si esto le pasó a un fiscal qué queda para nosotros”. El oficialismo es responsable directo o indirecto, porque bajo un supuesto discurso “nac & pop” asumió cada vez más formas corruptas, autoritarias y represoras y por eso criminaliza la protesta contra todo aquel que quiere reclamar o denunciar su política.Todo está bajo sospecha, en especial, la actuación del Gobierno y de sus funcionarios de seguridad.
No se puede seguir con esta situación de impunidad, saqueo y corrupción. Es necesario que se disuelvan todos los servicios de inteligencia, incluido el del Ejército, que se abran todos los archivos y que se destituya a Milani. Rechazamos que haya una nueva SIDE. Denunciamos el Proyecto X y reclamamos el inmediato desprocesamiento a los luchadores populares.