En el desglose que hace el BCRA, los egresos netos por turismo y viajes y pasajes alcanzaron los u$s3.700 millones entre enero y junio, mientras que las compras netas de billetes para atesoramiento totalizaron en ese período unos 2.800 millones. La AFIP informó ventas para ahorro por u$s2.856 millones en los primeros seis meses de 2015. En base a las cifras del reporte del Central, la “demanda adicional” de de divisas por parte de los minoristas por ahorro y viajes al exterior sumó u$s3.100 millones en el primer semestre de 2015, con un crecimiento de 92,2% interanual.

Estos u$s6.500 millones efectivizados por el público responden a un ostensible atraso cambiario. En la ponderación de los particulares el dólar se exhibe como un activo “barato”, eficaz para escudarse de una futura devaluación. También la experiencia de las últimas décadas posiciona a la divisa norteamericana como una alternativa para cubrirse de la inflación, si bien al concluir el primer semestre el dólar oficial subía un 12% interanual (de 8,13 a 9,09 pesos en el mercado mayorista) y el “blue” apenas 10,3% (de 12,15 a 13,40 pesos), tasas que fueron menos que la mitad de la inflación real acumulada en 12 meses.

En el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, los particulares procuran captar la mayor cantidad de dólares que la AFIP les autoriza, al punto de arrasar con las divisas que ingresan al país por el intercambio de mercancías con el mundo. Las transacciones de bienes son la principal fuente de ingresos en el mercado cambiario y en el detalle del Central representaron en el primer semestre un 27% menos que las divisas destinadas a cubrir la demanda minorista y que en su mayor proporción salieron del sistema, ya sea al quedar sin registrar en cajas de seguridad, en el “colchón” o por consumos fuera del país.

El BCRA determinó que las transferencias netas por mercancías, es decir, la diferencia entre el cobro de exportaciones y el pago de importaciones cursados a través del mercado de cambios, totalizaron unos u$s5.100 millones en la primera mitad de 2015, unos u$s331 millones o 6,9% más que en el mismo lapso de 2014. Estos datos contrastan con el magro saldo comercial argentino del primer semestre informado por el INDEC, que alcanzó los u$s1.231,4 millones, el monto más bajo para el período desde el 2001.

Más dólar “ahorro”, más fuga de capitales

La autoridad monetaria informó que en el primer semestre de este año salieron del sistema financiero argentino unos u$s3.046 millones, casi el doble que en el mismo lapso del año anterior. Esta fuga de capitales está emparentada con el incremento constante de divisas efectivizadas para atesoramiento, ya que nueve de cada diez de esos dólares son retirados de los bancos, y también a la salida neta de divisas por turismo, debido a que el encarecimiento de los precios internos en términos relativos desalienta la llegada de turistas extranjeros y hace a los argentinos más proclives a vacacionar en el exterior.

De esta forma, en 2015 los ítem turismo y ahorro se “comen” los dólares del superávit comercial y a la vez alimentan una fuga de capitales que en el año electoral será la más grande desde que se estableció el “cepo” cambiario el 31 de octubre de 2011, motorizada por la venta de billetes autorizada por la AFIP, que salen del registro financiero y terminan en cajas de seguridad o directamente fuera del país por gastos en el extranjero.

Los pesos que se cursan al consumo contribuyeron en los últimos meses a la recuperación en la venta de bienes durables, aquellos que una vez adquiridos pueden ser reutilizados muchas veces y por un tiempo prolongado. Las ventas de autos y viviendas rebotan desde sus niveles más bajos en los últimos cuatro años, la construcción se recupera lentamente, al igual que el ritmo de fabricación de vehículos, en un deslucido fin de ciclo económico luego de 12 años de gobierno kirchnerista, pero lejos de los escenarios de colapso recurrentes durante el último medio siglo.

Desde el punto de vista cambiario, esta política trae consecuencias indeseadas. El dólar en la Argentina es un activo escaso por el “cepo” y bastante estático en cuanto a su precio. Mantener el ritmo de apreciación del dólar por debajo del promedio de la economía implica, por ejemplo, un subsidio a importaciones de las terminales automotrices, como lo es al turismo en el exterior a través del dólar “tarjeta”. Esta salida de divisas de la economía doméstica es suplantada en el corto plazo con mayor endeudamiento en el Banco Central y en el Tesoro nacional.

El BCRA contabiliza en sus reservas internacionales el equivalente en yuanes a casi u$s4.800 millones por los seis tramos del “swap” con el Banco Central chino activados desde octubre de 2014. La deuda pública en moneda extranjera al cierre de 2014 fue de unos u$s75.125 millones, con un aumento de 9,2% ó u$s6.333 millones respecto de los u$s68.792 millones del final de 2013. Si se analiza la deuda pública total (nominada en moneda extranjera y doméstica, interna y externa), subió el año pasado un 9,4% ó u$s19.000 millones, de 202.630 millones a 221.700 millones de dólares.

Se recupera la venta de autos

Comprar un vehículo en la Argentina es una forma de dolarizarse, dado que en más de un 70% las unidades ensambladas en el país están integradas por piezas importadas, y aquellas que vienen de Brasil o más allá del Mercosur tienen escasa participación de autopartes nacionales. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), cada vehículo fabricado en el país insumió el año pasado un promedio u$s14.300 por piezas importadas al tipo de cambio oficial.

El incremento de precios de los 0 kilómetro por encima de la inflación es interpretado como una manera de ahorrar a través de la adquisición de un bien. Entre enero de 2014 y enero de 2015, el incremento promedio de precios de los autos nuevos se ubicó en torno al 50%, con una inflación debajo del 40%, según cálculos privados. Con el correr de los meses, ese aumento se trasladó paulatinamente a las unidades usadas.

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) informó que en junio se patentaron 56.315 unidades, un 5,6% más que en el mismo mes de 2014, lo que implicó el primer progreso en un año y medio en ese rubro. De todos modos, al comparar los primeros cinco meses del año se mantiene la caída en un 17% interanual, producto del impacto negativo de la aplicación del impuesto a los autos de alta gama a partir de diciembre de 2013.

A su vez, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en mayo se concretaron 134.802 operaciones de compraventa de vehículos usados, con un incremento interanual del 5,4% y una mejora de 0,6% en el acumulado de los cinco primeros meses del año.

La revitalización del mercado se replica en la producción. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) indicó que el mes pasado se ensamblaron 6,3% más unidades que en junio de 2014. Además, el sexto mes del año se produjeron más de 50 mil vehículos, el número más elevado en el semestre. Lejos está la industria automotriz de una recuperación plena: la producción entre enero y junio fue 12,4% inferior a la del mismo período del año pasado, mientras que las exportaciones cayeron un 22% interanual, pero la incipiente reversión de las últimas semanas no deja de ser un dato alentador.

Inversión en ladrillos

Siguiendo las directrices oficiales de inyectar pesos y atrasar el tipo de cambio, la carrera inflacionaria impulsa las inversiones en la construcción, rubro que permite vender en dólares las viviendas edificadas con costos en pesos, a excepción de los terrenos, que se siguen comercializando preferentemente en divisas.

La actividad de la construcción registró durante mayo un alza del 7,2% en relación a igual mes del año pasado, según el INDEC, que registró una mejora de 6% acumulado para los cinco primeros meses de 2015. Como dato complementario, el despacho de cemento registró en junio de este año un nuevo récord para ese mes, al superar el millón de toneladas, según informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Se trata de un incremento interanual del 19,1% respecto de junio de 2014, ante el avance de la obra pública, más activa en un año electoral, y también por la dinámica del plan de créditos Pro.Cre.Ar, con tasas inferiores a la inflación real.

Las operaciones de compraventa de inmuebles crecieron 7,9% en mayo respecto del mismo mes de 2014 en el ámbito porteño, en su tercer mes consecutivo de evolución interanual. En la provincia de Buenos Aires el repunte de las ventas de propiedades fue de 18,4% interanual en mayo y en los primeros cinco meses de 2015 acumuló un avance de 26,5 por ciento. Este mercado sigue muy reducido en comparación a las operaciones que se registraban antes de las restricciones al dólar que impuso el Gobierno a fines de 2011, aunque su evolución muestra mejores expectativas por el recambio presidencial y precios en dólares más accesibles, pues los aumentos salariales en el último año (por encima del 20%) también aventajaron a la suba del dólar, tanto oficial como paralelo, en torno al 12% anual.

En este caso, el atraso cambiario impulsa un aumento de precios en los departamentos nuevos por la incidencia del incremento de los costos en pesos. En el ámbito de Capital Federal, el valor promedio del metro cuadrado fue en abril de u$s2.571 según un relevamiento de la UADE, con un ascenso del 7,3% contra igual mes de 2014. Ese encarecimiento no se observó en el valor de las propiedades usadas cotizadas en dólares, que bajaron un 3,2% en un año, a 2.111 dólares en promedio.

Después de la devaluación del peso impulsada por el Banco Central en enero de 2014, que significó la mayor apreciación del dólar oficial desde la salida de la convertibilidad, la AFIP y el Banco Central dispusieron la apertura parcial del “cepo” cambiario, que prácticamente mantenía paralizadas las ventas al público desde el 31 de octubre de 2011. En el transcurso de un año se efectivizaron unos u$s3.899,4 millones, y si se toman en cuenta las operaciones validadas, este monto se extendió a u$s4.373,4 millones: u$s3.705 millones en concepto de ahorro y u$s668,4 millones por viajes al exterior.

Si bien son numerosos los factores que inciden en el ingreso y egreso de divisas a las arcas del Banco Central, este monto de demanda minorista representó un 13,6% del total de reservas que contabilizaba la entidad al 27 de enero del año pasado (u$s28.704 millones) y el 12,4% de estos activos internacionales informados hasta el lunes, de 31.276 millones de dólares. Fue un importante sacrificio de fondos líquidos para descomprimir la oferta minorista.

El incremento de la inflación en torno al 38% en los últimos doce meses, según datos de consultoras, superior al aumento promedio de los salarios fijado por paritarias (un 29,7%, según el Ministerio de Trabajo), erosionó el excedente de pesos en manos del público y ayudó a enfriar la demanda por la divisa en el mercado formal.

No obstante, el ostensible atraso cambiario resultado de un aumento del dólar oficial muy por debajo de la inflación pulverizó una eventual pérdida de capacidad de ahorro en dólares de los asalariados. En el promedio de casas de cambio y bancos del microcentro porteño, la divisa para la venta subió apenas un 8,2% desde el 24 de enero del año pasado hasta este lunes, de 8,02 a 8,68 pesos. En proporción similar, el dólar mayorista o interbancario, referencia para todos los circuitos del mercado y tipo de cambio para las operaciones de comercio exterior, avanzó apenas un 7,7%, desde 8,01 a 8,6275 pesos. En la plaza mayorista es el Banco Central el que determina las cotizaciones, a través de las operaciones de regulación de liquidez propias de un régimen cambiario de flotación administrada.

De esta forma, las ventas para turismo y ahorro se estabilizaron bien por encima de los u$s400 millones mensuales, mientras que nueve de cada diez de esos dólares fueron retirados de los bancos. Esto quiere decir que los particulares están dispuestos a pagar el recargo del 20% sobre la compra de dólares para tenencia, como anticipo del Impuesto a las Ganancias, a cambio de “fugar” sus billetes del sistema financiero.

La apertura parcial de la venta de divisas al público reportó un triunfo al Gobierno, al haber contribuido a limitar la evolución alcista del dólar paralelo. En el mercado “blue” avanzó apenas 16,7% desde los $11,70 del viernes 24 de enero de 2014 a los $13,66 del lunes. La brecha entre el dólar oficial y el informal en torno al 60% fue aprovechada por muchos ahorristas, que se hicieron de un “plus” en su sueldo de bolsillo, al adquirir divisas en la plaza formal y venderlas en la informal.

Las autoridades dan vía libre a esta operatoria para conseguir el objetivo de “desinflar” los precios en el mercado negro a través de una oferta más abundante y la competencia de un dólar oficial a todas luces percibido como barato. Esta victoria es costosa, pues además de la pérdida de reservas exige el mencionado atraso cambiario, eficaz en lo inmediato, pero que alimenta la expectativa de otra fuerte devaluación en próximos meses.

El juez Thomas Griesa fue mucho menos explícito: instó a los representantes de la Argentina y los holdouts a seguir negociando; ignoró el reclamo del Gobierno y ratificó al mediador Daniel Pollack. Afirmó que “esta semana la República Argentina no pagó los intereses a los bonistas de deuda reestructurada y, por lo tanto, no violó la cláusula pari passu“, de tratamiento igualitario entre los acreedores. No mencionó un default.

El ministro de Economía Áxel Kicillof dijo que es “una pavada atómica” hablar de un incumplimiento soberano, aunque acusó al magistrado por abrir la posibilidad de “ganancias multimillonarias” a los fondos litigantes por la activación de los Credit Default Swap. “Ante esta posible estafa millonaria, el Ministerio de Economía ha notificado a la Comisión Nacional de Valores esta situación y ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre”, expresó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

En medio de este pantano judicial, los precios de los activos argentinos se sacudieron con volatilidad extrema, pero lejos estuvieron de incorporar el alto grado de desorientación e incertidumbre que manifestaron hasta los funcionarios involucrados en las negociaciones. Al contrario, el índice Merval subió 5,9% en la semana. YPF es una de las compañías que más podría perjudicarse con un default, por su necesidad de crédito externo para desarrollar Vaca Muerta y su dependencia de las divisas para importar combustible. Sin embargo, su precio en pesos subió 2,4% en la semana. Desde el viernes 25 de julio, Grupo Galicia trepó 6,8% en la Bolsa porteña. Banco Francés ganó 7,1% y Banco Macro, un 5,9%, aún cuando estas entidades también serían grandes perdedoras por un default, debido a los títulos públicos que contabilizan en cartera.

¿Cuál fue entonces la información que los operadores trasladaron a los precios? Probablemente, la respuesta esté en el tipo de cambio. En dólares, YPF perdió en la semana un 4,8%, según la cotización del su ADR en Nueva York. Los bancos argentinos mostraron fuertes ganancias semanales en Wall Street, aunque inferiores a las del Merval: Grupo Galicia, un 5,6%; Banco Francés, un 5%, y Banco Macro, 0,3 por ciento. A estos porcentajes hay que ponderarlos en un contexto global bajista, entre el 27 de julio y el 1° de agosto, el índice Dow Jones de Industriales acumuló una pérdida de 2,8% y el promedio S&P500, de 2,7 por ciento.

El dólar “contado con liquidación” o financiero, que se calcula al dividir el precio de acciones y bonos en pesos por su cotización en dólares en el exterior, subió 5,6% desde los $9,68 del viernes 25 de julio a los $10,22 del 1° de agosto. Ese incremento superó holgadamente el 0,7%, que en ese lapso ganaron el dólar informal (de $10,70 a $10,80) y el oficial ($8,1775 a $8,2375 en el mercado mayorista). Siempre expuestos a bruscas oscilaciones, los precios de las acciones, sin embargo, anticiparon un dólar que se apreciará a mayor ritmo.

“Hay dos variables que están rezagadas a mi entender. Una es básicamente cómo se está devaluando. El ritmo devaluatorio mensual es menos del 1%, con una inflación del 2,5% mensual como piso. Otra variable rezagada es la tasa de interés, que mensualmente es un punto negativa: estamos hablando de más de 10 puntos anuales de tasa pasiva para los ahorristas”, opinó el ex director del Banco Central Carlos Pérez. En diálogo con Pablo Wende por radio El Mundo, Pérez definió un escenario de default en el que “básicamente va ha haber problemas con las reservas internacionales y presión en el mercado de cambios. Si bien la presión va a existir, vas a tener el ajuste por cantidad, una disminución de las reservas internacionales, y el ajuste por precio, un ritmo devaluatorio más elevado. Lo importante es que lo puedas gobernar desde la política económica y no que lo haga el mercado, que es mucho más anárquico”.

En cierto modo, las acciones se acoplaron a esta expectativa, por encima de los fundamentos propios de las compañías y de una economía recesiva en el plano local, con elevada inflación y el déficit fiscal, ahora amenazada por una eventual cesación de pagos. “Es muy importante hacer un diagnóstico del estado de situación en el que se encuentra la economía argentina. El objetivo de reactivarla –lo lamento- es incumplible. El objetivo que debiera trazarse el Gobierno es la estabilización económica, tratar de minimizar los riesgos de índole cambiaria”, agregó Carlos Pérez.

Indicio de que en el Banco Central evalúan un diagnóstico parecido es que la semana pasada, la autoridad monetaria convalidó un incremento de 6 centavos para el dólar en el mercado mayorista, el salto más grande en cuatro meses, después de los 7,5 centavos que subió entre el 14 y el 21 de marzo (de $7,903 a $7,978).

La tasa de inflación en el primer semestre fue de 15% según el IPC Nacional Urbano del INDEC, y de 21,1% acumulado según el índice Congreso, que promedia una serie de informes privados y oficiales de algunos distritos. El 27 de enero, cuando se flexibilizaron las ventas de dólares para ahorro después de la devaluación, la divisa al público promediaba a $8,02 en bancos y casas de cambio. En seis meses subió apenas 3,2%, hasta los $8,28 que promedia hoy. El dólar informal se pactaba el 27 de enero a $12,15: subió 5,3% desde la apertura parcial del “cepo”, hasta los $12,80 del viernes. Esta evolución deja en claro que en los últimos meses, el dólar se estuvo moviendo mucho más lento que los precios de los bienes y servicios.

Las consecuencias nocivas de estimar un crecimiento económico exagerado se advirtieron luego de que el Gobierno reconociera que el PBI aumentó en 2008 sólo 3,1%, en contraste de la medición que entonces difundió el INDEC y que alcanzó un robusto 6,8 por ciento. Luego de que el ente estadístico revisara los cálculos de actividad entre 2005 y 2013, se admitió que la Argentina desembolsó indebidamente casi u$s2.000 millones en concepto de Cupón atado al PBI, que se hizo efectivo en 2009 en base al resultado del año anterior y que según las condiciones de emisión establecía un piso de crecimiento de 3,3% para gatillar el pago. En el mismo sentido, sorprendió al mercado el anuncio del INDEC en marzo pasado, cuando recortó a 3% el crecimiento medido para 2013, contra el 4,9% que el ente informó en febrero, con lo que desactivó el pago del Cupón previsto para diciembre de este año.

Según el INDEC, el PBI de 2013 promedió $3,3498 billones a precios de mercado. Si se divide este monto por el tipo de cambio oficial promedio para el período ($5,476) se obtiene un PBI récord de 611.732 millones de dólares.

El dato de PBI del cuarto trimestre de 2013, el más elevado del año pasado, puede servir para anticipar el curso que tomará la actividad económica en 2014. Éste promedió los $3,6263 billones a precios de mercado, según se desprende del informe de cuentas nacionales del Ministerio de Economía. Medido en dólares, a un tipo de cambio oficial promedio de $6,06 para el período, alcanzó unos 598.400 millones.

Un ejercicio teórico que incorpore la inflación oficial en el primer trimestre de este año (+10%) y el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC (-1,2% acumulado entre enero y marzo frente al último trimestre de 2013), resulta en un PBI estimado de $3,941 billones para el primer trimestre de 2014, según precios de mercado. Dividido este total por el tipo de cambio oficial promedio del período enero-marzo ($7,62) se obtienen unos u$s517.194 millones, un 15,5% o u$s94.538 millones menos que el PBI promedio de 2013.

Este efecto nominal, generado por la abrupta devaluación de enero, también refleja una baja del 13% o u$s81 mil millones entre el primer trimestre de 2014 y el último de 2013, que por supuesto no se produjo en términos reales con esa magnitud, pero sirve para demostrar en teoría cómo un tipo de cambio artificialmente bajo es útil para obtener cifras de PBI mejores que las reales, mientras que las devaluaciones exageran la pérdida productiva.

También es distorsivo tomar una inflación inferior a la real, debido a que entre los datos para estimar el Producto, el INDEC utiliza el Índice de Precios Implícitos (IPI), con el que deflacta el total facturado por diversos sectores y establece el incremento de la producción en cantidades. Al subestimarse los precios implícitos, se sobrestima la expansión en términos reales, en particular de los servicios, como actividades turísticas o financieras, que son más difíciles de cuantificar.

En mayo del año pasado, la presidente Cristina Kirchner había advertido desde un atril en Casa Rosada que “los que quieren ganar plata a costa de la devaluación y del pueblo, van a tener que esperar a otro Gobierno”. Ocho meses después, la acuciante realidad generada por la virtual ausencia de una política económica integral –visible con mayor crudeza en el salto del dólar paralelo y la pérdida de activos en las arcas del BCRA- refuta esa declaración de principios. El déficit fiscal financiado con pesos emitidos sin respaldo, la utilización de los dólares del Central para pagar deuda e importaciones de energía y la obcecada omisión de la inflación a través de estadísticas adulteradas llevaron al colapso de la retórica oficial.

La actual cotización de $7,14 en las pizarras de casas de cambio y bancos para operaciones autorizadas por la AFIP, y de $7,12 en el mercado mayorista, donde operan bancos, casas de cambio y empresas, pulverizó la referencia de $6,33 que había fijado el Gobierno como promedio para todo el año en la elaboración del Presupuesto 2014.

Desde que Axel Kicillof se hizo cargo de la conducción de la política económica, hace apenas dos meses, la suba del dólar oficial fue de 18,1%, desde los $6,04 a los $7,12 en el mercado mayorista. Con la perspectiva de la última década, si se observa el valor del dólar oficial en enero de 2003 ($3,363), la apreciación hasta diciembre de 2012 ($4,9173) fue de 46,2 por ciento. Desde el 2 de enero de 2013 ($4,9228) a hoy ($7,12), el salto del dólar oficial fue de 44,6 por ciento. Es decir que la administración kirchnerista se vio obligada a devaluar en un año casi lo mismo que en los diez años anteriores, en una determinación que pude explicarse por las presión hasta ahora reprimida de la inflación sobre la tasa de cambio y que también debe interpretarse como una medida de supervivencia política, a 23 meses de un recambio presidencial en 2015.

También pesó demasiado el costo de sostener el crecimiento económico de 2013 con los dólares de la entidad que ahora preside Juan Carlos Fábrega. La importación de insumos y piezas para amplios sectores industriales, deficitarios en términos de comercio exterior, así como el ingreso de productos premium al tipo de cambio oficial, para incentivar el consumo interno en el año electoral, fueron grandes causas de la salida de divisas del país. Por añadidura, el virtual subsidio al turismo en el exterior a pesar de la imposición de una tasa para los gastos con tarjeta fue otro despilfarro de divisas que, está claro, no sobraban en la economía doméstica.

Los analistas económicos coinciden en que la devaluación como medida aislada será más perjudicial, en un marco de incertidumbre sobre el futuro económico. Faltan alternativas de ahorro e inversión que reemplacen al dólar como opción para escaparle a la escalada de precios minoristas. En ese aspecto, el rezago de las tasas de interés respecto de la inflación no contribuye a frenar la vertiginosa circulación de pesos excedentes, que se vuelcan al circuito paralelo.

La distorsión de precios relativos generada por el atraso cambiario tuvo su origen con la crisis del campo de 2008 y perduró con una exasperante sobrevida por el establecimiento del “cepo” cambiario. Mantener rezagado al dólar implicó reconocerles menos pesos a los productores agrarios por sus exportaciones, ya gravadas con retenciones, a la vez que se otorgó un incentivo para las importaciones de los sectores fabriles, como variante para financiar con recursos de un sector superavitario a otro que es un insustituible creador de empleo, pero que no puede evitar ser deficitario hasta que se desarrolle y tome vuelo competitivo en el mercado global.

Ahora más que nunca el Gobierno dependerá de las exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso, principal fuente de dólares para la economía. Con una tasa de cambio que se actualiza de forma vertiginosa, en el Palacio de Hacienda esperan que los productores se apuren a liquidar exportaciones de la soja que quedó almacenada desde la última cosecha, en un momento delicado en el frente externo, puesto que las perspectivas sobre la evolución de los precios internacionales de los granos no son las mejores para los meses venideros.

Textualmente, Perón expresó: “Se ha tratado de un convenio colectivo de alto nivel en el que se han comprometido las fuerzas del trabajo, los empresarios y el Estado. Su estabilidad representa el equilibrio indispensable para dominar el flagelo moderno, la inflación, provocada por un desacuerdo permanente que ocasiona una carrera desenfrenada entre precios y salarios, en el que los primeros suben por el ascensor y los salarios por la escalera, según una aserción popularizada por la experiencia largamente vivida”. Entre diversos puntos, aquel Pacto Social estableció un congelamiento de precios, dispuso un alza general de salarios y acordó la suspensión de la negociación colectiva por dos años, con el compromiso de cesar los conflictos laborales.

Cuatro décadas después queda la impresión que pocas cosas se modificaron en la Argentina en materia económica: otra vez debatimos sobre la distribución del ingreso, la carestía de precios, el déficit fiscal, la necesidad de cambios estructurales en la industria para hacerla competitiva y la captación de una parte de la renta agrícola para financiar el desarrollo de otros rubros productivos. Como en 1974, la inflación, la suba del dólar y el peso del déficit energético representan un lastre para la actividad económica.

Desde hace ocho años que el alza de precios está cómoda en dos dígitos y se acelera a un ritmo que atenta contra la mecánica de las paritarias. Aunque la Argentina está lejos de una hiperinflación, las negociaciones salariales anuales quedaron perimidas y varios gremios plantearon realizarlas dos veces al año, con periodicidad trimestral o con una “cláusula gatillo” para que se apliquen aumentos estipulados después de determinado incremento de precios.

Una recomposición salarial por debajo de la inflación real es un ajuste –por más que en los despachos oficiales rehúyan del término- y una señal disuasiva frente al recalentamiento de los precios minoristas pues, con el costo social que implica y el efecto nocivo para la actividad, la pérdida de poder de compra se convierte en uno de los pocos factores que moderan las expectativas inflacionarias. Las estimaciones privadas registran una inflación acumulada en 2013 en torno al 27%, superior al Índice de Salarios del INDEC que suma desde diciembre de 2012 a noviembre de 2013 un incremento promedio de 26% para empleados públicos, privados e informales. El año pasado, las negociaciones paritarias concluyeron con una suba promedio de sólo 24 por ciento.

Un informe del Banco Ciudad señala que “la de noviembre (de 2013) resultó la quinta caída mensual consecutiva de los salarios reales del sector privado registrado y, considerando la aceleración inflacionaria de diciembre, el año pasado habría finalizado con una contracción del poder de compra de este segmento cercana al 2 por ciento”. El informe de la entidad concluye que sería el segundo año con caída real del salario, tras haber disminuido casi un 1% en 2012.

Los economistas se refieren al “anclaje de expectativas inflacionarias” como el manejo de distintas variables que tienden a atenuar la escalada de precios. Es curioso que después de un período en el que se profundizaron los controles, congelamientos y acuerdos con cadenas comerciales y proveedores, la inflación no se redujo: avanzó más fuerte. En este caso, el “ancla” para acotar la inflación no funcionó. El déficit del Gobierno lo obliga en 2014 a ser promotor de inflación, a través de un encarecimiento del transporte público y los combustibles. Uno de los objetivos del congelamiento de tarifas había sido el de la contención de precios.

El Gobierno renunció en los últimos meses a otro precio que actuaba como “ancla”: el del dólar oficial, que trepó 32,5% en 2013, su máximo aumento desde 2002. Muchos precios internos se fijan con el dólar como referencia, pero una tasa de cambio artificialmente baja incentiva la fuga de capitales. La salida de divisas de 2011 no sólo inspiró el “cepo” cambiario, también tentó a restringir importaciones, otro recurso útil para poner límite a las remarcaciones. Si la falta de una política integral contra inflación no se puede reemplazar con atraso cambiario, menos aún con devaluación.

Con un Tesoro que contabiliza déficit primario por segundo año consecutivo y no accede al mercado de deuda, en el Ministerio de Economía se enfrentan al dilema de recortar el gasto público o generar más inflación, es decir transferir el costo del ajuste a toda la ciudadanía, porque al cubrirse el rojo fiscal con la emisión de pesos sin respaldo se traslada a precios esa sobreoferta de moneda, como se observa tanto en la proliferación de billetes de cien pesos como en su menguado poder adquisitivo.

Aquel período, en el que Roque Fernández reemplazó a Domingo Cavallo como ministro de Economía, perdió el envión de crecimiento posterior al “efecto Tequila” (+8,1% en 1997 y +3,9% en 1998) en un escenario negativo para los países emergentes por el default en Rusia. La apreciación cambiaria de la convertibilidad continuó aún durante la recesión que comenzó en 1999 (-3,4%) y se extendió a 2000 (-0,8%) y 2001 (-4,4%), cuando el derrumbe del gobierno de la Alianza, con una deuda insostenible, obligó a una fortísima devaluación de 67% en el mandato de Eduardo Duhalde, que impactó en la caída de 10,9% del PBI en 2002.

Pasó más de una década y muchas circunstancias de la realidad económica y social mejoraron en forma nítida durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, aunque la obstinación del Gobierno para ignorar la persistente inflación y la actual dinámica de atraso cambiario, entre múltiples distorsiones, revivió a partir de 2011 el concepto de “piloto automático”: mantener la actividad en una meseta y postergar las medidas que generen costos a riesgo de deteriorar más las variables económicas.

Así como Menem perdió las esperanzas de una re-reelección después de la derrota legislativa de 1997, la continuidad de un gobierno kirchnerista a partir de 2015 parece improbable y este condicionamiento político es otra vez un obstáculo para que la iniciativa de rectificar el rumbo provenga del propio Gobierno. La dirigencia prefiere que la pérdida de rédito político por las reformas sea afrontada por un sucesor.

A diferencia de los años ’90, la Argentina tiene cerrado el acceso al financiamiento externo. A cambio, el piloto automático de hoy obtiene recursos del Banco Central, cuyas reservas récord por encima de u$s52 mil millones retrocedieron a la zona de u$s35 mil millones en menos de tres años. La entidad asumió desde 2012 un peligroso doble rol de financista del Estado para pagar deuda en dólares y solventar parte del gasto público con emisión de pesos, cursados como adelantos transitorios y giro de utilidades.

Los números del proyecto de Presupuesto 2014 anticipan el desembolso de unos u$s12 mil millones (rentas de la propiedad) entre capital e intereses de títulos públicos, pago del Cupón atado al PBI y vencimientos con organismos internacionales que saldrán de las reservas del BCRA en lugar de las arcas del Tesoro, que es el deudor original.

El presupuesto para el año próximo tendrá que atravesar un debate parlamentario más duro que en otras oportunidades. Muchas de sus estimaciones no son creíbles: prevé un dólar oficial promedio de $6,33, cuando ese será probablemente un piso de cotización, mientras que anticipa un crecimiento del gasto público del orden del 17%, porcentaje que encubriría un ajuste significativo si se toma en cuenta una inflación real que supera en 2013 el 20% anual. En ese aspecto, el incremento del índice de precios al consumidor delineado por el ministro Hernán Lorenzino es apenas de 10% para 2014.

Otros cálculos son excesivamente optimistas: un crecimiento del PBI de 6,2% o un superávit comercial por encima de los 10 mil millones de dólares. Entre los números realistas figura el de la recaudación esperada, un 27,1% superior a la de 2013 y consistente con la inflación, y otro concreto y certero: el del monto establecido para cancelar deuda.

Si bien la ley de convertibilidad fue derogada, el respaldo en dólares de los pesos en circulación disminuye con tónica preocupante. Esta relación es observada de cerca por los actores del mercado financiero, porque en la historia reciente a la sequía de dólares siempre siguió una devaluación que dejó en una situación mucho más vulnerable a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen ahorros y cobran en pesos. El presente de esos argentinos está lejos de la cobertura que ofrecen inversiones sofisticadas como acciones o títulos dolarizados, y aún del hábito de atesorar divisas “en el colchón” o adquirir bienes durables como refugio de valor, adoptado por buena parte de la clase media.

Esta suerte de “retención cambiaria” significa un aporte superior al que el Banco Central registra por utilidades y adelantos transitorios que le gira al Tesoro, y puede ser una de las razones que explica por qué el Gobierno no se apura en depreciar más el peso.

Esta distorsión no es gratuita. Mientras un dólar oficial atrasado perjudica a la industria y el campo -al desincentivar la producción y la exportación de estos sectores reconociéndoles menos pesos por cada dólar que ingresan- estimula las importaciones a un tipo de cambio “subsidiado”, al punto de tener que aplicar rígidos controles a las mercaderías extranjeras para no perder el superávit comercial.

En el primer trimestre del año, el precio promedio del dólar “blue” fue $7,66, contra un dólar oficial que promedió los 5 pesos. La brecha entre ambas cotizaciones fue de $2,66 entre enero y marzo de 2012.

En cuanto a las exportaciones, los ingresos totales por retenciones aduaneras informadas por la AFIP en el primer trimestre fueron 9.782 millones de pesos. En este caso, la “retención cambiaria” ascendió a $46.220 millones, casi cinco veces más, al multiplicar una diferencia de tasa de cambio de $2,66 por dólar por u$s17.376 millones exportados en el período.

Al analizar las importaciones, las retenciones aportaron entre enero y marzo unos 5.097 millones de pesos. La diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue tiene ahora un efecto inverso: es el Estado el que deja de percibir $2,66 por cada dólar que vende al importador, como una subvención a las compras externas. Por ello se resignaron $42.735 millones, por importaciones totales de u$s16.066 millones en el período.

Cuando se suman los resultados obtenidos se observa que las retenciones aduaneras sumaron $14.880 millones ($9.782 millones por exportaciones más $5.097 millones por importaciones) en el primer trimestre, mientras que las retenciones por tasa de cambio fueron de $3.485 millones ($46.220 millones menos $42.735 millones). En ese sentido, la diferencia cambiaria establecida por el BCRA generó un aporte que equivale al 23,4% de lo percibido por la AFIP en concepto de derechos por exportaciones e importaciones (retenciones aduaneras).

Pero hay un punto central que debe tomarse en cuenta en este cálculo: las compras de combustibles, lubricantes y energía del primer trimestre absorbieron divisas por u$s2.090 millones y estas operaciones fueron realizadas casi en su totalidad por el propio Gobierno. Por este monto importado, el Estado no gana ni pierde por efecto cambiario, pues el BCRA es el que le vende los dólares más baratos a las petroleras, que también son estatales.

Si restamos estos u$s2.090 millones al total de importaciones del lapso enero-marzo de 2013 (u$s16.066 millones), resultan u$s13.976 millones, con lo cual, el BCRA perdió de percibir en realidad $37.176 millones, al venderle los dólares a los importadores privados a un promedio de 5 pesos. Así, la retención cambiaria ($46.220 millones menos $37.176 millones) alcanzó $9.044 millones, que representaron un 60,8% de lo recaudado por las retenciones aduaneras. De ampliarse más la brecha cambiaria, los pesos obtenidos por tipo de cambio igualarán a los recaudados por la AFIP a través del comercio exterior.

Estos $9.044 millones captados por el BCRA equivalen a un 4,8% del total de impuestos recaudados por la AFIP en el primer trimestre ($186.849 millones), una contribución que es muy bienvenida cuando el Gobierno intenta recuperar el superávit primario perdido el año pasado.

Si se anualizan estos poco más de 9 mil millones trimestrales, se obtienen unos 36 mil millones de pesos. Para estimar la importancia de este monto vale decir que compensa la suma del déficit primario de 2012 ($4.373 millones) y los adelantos transitorios al Tesoro del Banco Central ($9.486,8 millones) y la ANSeS ($17.447,2 millones) realizados el año pasado. Asimismo, cubriría en gran parte un déficit fiscal (resultado tras el pago de deuda) de 55.563,4 millones, como el que hubo en 2012.

El peso del déficit energético

En los últimos años, el atraso cambiario fue creciendo a la par de las compras de energía en el exterior, que convirtieron al Estado nacional – a través de YPF y Enarsa- en el principal importador de la Argentina. Y aquí juega un rol fundamental el tipo de cambio, porque un dólar más barato significa menos desembolso de pesos por parte de las estatales para adquirir en el Banco Central los dólares para importar.

En el caso de que el Gobierno decidiera apurar la depreciación del peso, para reducir la brecha entre el tipo de cambio formal y el paralelo, el efecto debería ser prácticamente nulo, pues lo que se deja de percibir por tasa de cambio ingresaría por el incremento de la retención aduanera. Pero al contemplar las importaciones energéticas sí se evidencia que el atraso cambiario significa un beneficio mayor para el Estado.

También una tasa de cambio en estos niveles es más favorable debido a que una proporción importante de las retenciones aduaneras se reparte con las provincias, a través del fondo coparticipable de la soja, mientras que el ahorro proporcionado por asumir un dólar más bajo genera un beneficio para el Estado nacional que no se coparticipa y contribuye -desde un punto de vista fiscal- a concentrar más el poder en el Gobierno central.