El Gobierno se garantizó antes de las elecciones la aprobación del Presupuesto 2014 y la ley de emergencia económica. El resultado de los comicios pudo ser analizado desde los despachos oficiales con la perspectiva del “vaso medio lleno”: el Frente para la Victoria conserva la mayoría en ambas cámaras del Congreso y todavía mantiene un núcleo duro de un tercio de los votantes. En el mismo aspecto puede interpretarse que continuará la aversión al cambio y el estilo heterodoxo y desarticulado para abordar los conflictos de la economía.

Sin embargo, ya no es ajena para el Gobierno la urgencia de conseguir dólares. El intrascendente blanqueo de capitales a través de los CEDIN y BAADE ideado por Guillermo Moreno cedió el paso a otras alternativas, más amigables con el mercado financiero que con el discurso kirchnerista. Por ejemplo, el acuerdo con cinco empresas con demandas ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que liberará créditos por unos u$s3.000 millones, o el cuestionado acuerdo con Chevron para desarrollar el megacampo de Vaca Muerta.

Este auxilio financiero tiene sabor a poco y apenas estira los tiempos para alentar la teoría según la cual el Poder Ejecutivo puede mantener el esquema económico sin variantes hasta la entrega del mando presidencial a otra administración.

El deterioro de variables acota el espacio para insistir con las improvisaciones. Las reservas internacionales del Banco Central se contrajeron casi u$s10.000 millones sólo en 2013. Es un monto es similar a los u$s9.534 millones que el presidente Kirchner le pagó al FMI en enero de 2006 para cancelar la totalidad de la deuda con ese organismo y es muy superior a los cerca de u$s7 mil millones que todavía se le deben al Club de París, entidad que reúne a un grupo de bancos centrales que entregaron al país créditos comerciales que quedaron incumplidos desde 2001.

Esta dinámica sirve para advertir que muchas cosas pueden suceder en dos años. Basta recordar que dos años atrás llegaba la restricción cambiaria. En ese período, el dólar subió de $4,24 a los $9,92 que se pagaron en el mercado libre este martes, un 133% más. En el mismo lapso, los activos líquidos del BCRA disminuyeron u$s13.989 millones (de 47.523 millones a 33.534 millones) o 29,4%, a un ritmo cercano a u$s600 millones por mes.

Durante los 24 meses de vigencia del “cepo” cambiario, las reservas líquidas del BCRA -compuestas por divisas, oro, colocaciones realizables en divisas y convenios multilaterales de crédito, entre otros- pasaron de constituir el 48,5% del activo de la entidad al 29,9%, mientras que se incrementaron en la hoja de balance los adelantos transitorios al Tesoro y los títulos públicos.

¿Por qué se van los dólares?

El arrastre del agro y derivados, y en menor proporción de la minería, permiten todavía que se sostenga el superávit comercial de bienes y servicios -y el ingreso genuino de dólares-, contra la salida de divisas por turismo, energía y rubros industriales, que manifiestan la dimensión de los desequilibrios por un tipo de cambio cada vez menos competitivo. Luego, la cuenta corriente se tiñe de rojo cuando se contabilizan el pago de deuda pública y privada y la remisión de utilidades y dividendos.

La importación de energía este año ascenderá a unos u$s13.000 millones, con un crecimiento del 30% anual, y el déficit sectorial se acercará a los 6.000 millones de dólares. Según datos aportados por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, la producción de crudo cae ininterrumpidamente año tras año desde 1998. Entre 2002 y 2012 retrocedió 24,8% (de 44,1 a 33,2 millones de metros cúbicos) en contraste con el notable crecimiento del PBI argentino en esa década. La producción de gas decreció desde un máximo histórico de 52.385 millones de metros cúbicos en 2004 a 44.124 millones en 2012 (-15,8%).

El déficit de la balanza turística, incentivado por el pago de paquetes en el exterior y pasajes a una tasa de cambio actual de $7,07 ($5,89 más 20% de recargo a cuenta de anticipo de impuestos), superará al de la energía este año, debido a esta distorsión cambiaria que hace más barato a los argentinos viajar fuera del país y dificulta el arribo de turismo internacional.

En cuanto a la industria, su rojo comercial puede contemplarse como una variable más en un sector que contribuye generosamente a la actividad económica, además de crear empleo y valor agregado, sin que por ello deban ignorarse datos preocupantes en materia cambiaria. El rubro autopartista se encamina a un déficit comercial de u$s9.000 millones este año, de la mano de las ventas récord de unidades 0 kilómetro en el mercado interno.

Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.

Los requisitos para incorporar divisas procedentes de actividades irregulares se redujeron a la mínima expresión: no se solicitaron precisiones sobre el origen de los fondos ni cuándo se obtuvieron. Sólo hubo que firmar una planilla para declarar que el dinero no provino de actividades ilícitas. Ni siquiera un control tan laxo, con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos, tentó a los furtivos tenedores de dólares.

Los ahorristas deben optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), destinado a los sectores de la construcción e inmobiliario, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), con vencimiento en 2016 y una tasa de interés del 4% anual. Con la rígida restricción cambiaria mediante, los actores económicos no creyeron que iban a recuperar las divisas o que podían estar exentos de una inminente inspección de la AFIP.

Desde cualquier punto de vista, el blanqueo no alcanza sus objetivos de impulsar el agonizante mercado inmobiliario, reforzar temporariamente las reservas del Banco Central, mejorar la performance de recaudación a partir de 2014 y crear un instrumento financiero en reemplazo del dólar como moneda de cambio y atesoramiento. Por el contrario, causa un inoportuno “costo político” para el Gobierno y deja la sensación de un nuevo maltrato a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones con el fisco.

La indiferencia que produjo el blanqueo expuso la falta de una conducción firme de la política económica, cuyas decisiones están dispersas en un racimo de dependencias (Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, ministerios de Industria y Agricultura) y organismos descentralizados (AFIP, Banco Central), bajo la tutela presidencial.

Para otorgarles algo de credibilidad a los funcionarios del Palacio de Hacienda, la sociedad urge otros blanqueos más importantes, que el Gobierno se esfuerza en aplazar: un índice de precios al consumidor verdadero y datos reales de crecimiento económico, pobreza e indigencia. O un blanqueo que involucre la reducción del empleo y la producción “en negro”, que representan cerca del 40% de la actividad económica y dejan en situación vulnerable a buena parte de la población ante eventuales crisis.

La pérdida de reservas en este trimestre de vigencia del blanqueo no se revirtió: fue de u$s2.310 millones (a u$s34.846 millones), por los cuantiosos vencimientos de deuda de septiembre afrontados con dólares del Banco Central. Hacia fin de año, la posible evolución de los activos de la entidad no genera ningún optimismo: sólo este mes habrá que cancelar intereses de Boden 2015 (u$s204 millones el 3 de octubre) y de Bonar X (u$s224 millones, el 17). Mientras, la entidad emisora está obligada a vender más dólares que los que compra en el mercado mayorista, para abastecer la demanda para importaciones, cancelación de créditos privados y turismo en el exterior, que no llega a cubrirse con las liquidaciones de los exportadores.

El cambio del régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios altera la única política de transparencia pública que se había mantenido en los últimos años, si bien la ley, sancionada en 1999 en las ocaso de la gestión de Carlos Menem, nunca contó en 14 años con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa desidia del poder político que se mantuvo en los sucesivos gobiernos facilitó que ahora esa institución haya sido suprimida.

La Oficina Anticorrupción pasa a tener un rol de simple acopiadora de datos, virtualmente privada de funciones para actuar contra estos delitos cometidos en el ámbito público, como una suerte de escribanía o dependencia administrativa. No es así el caso de la AFIP, que concentrará la información reservada de los bienes de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los datos de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados.

El ente recaudador pasa a tener una función central al manejar los listados de los funcionarios y candidatos a ocupar cargos y define quiénes deberán presentar declaraciones juradas a ser publicadas en forma sintética y quiénes no. El organismo que conduce Ricardo Echegaray va a ejercer un mayor control, con la presión extra que significa sobre los demás poderes del Estado, en medio de la disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema por el proyecto oficial de “democratización” de la Justicia.

La normativa establece dos tipos de formularios: las declaraciones juradas públicas, que serán iguales a las que se presentan ante la AFIP con fines impositivos, lo que significa que se brindarán montos globales por inmuebles o automotores, pero no el detalle sobre cada unidad, ni cuándo fueron adquiridos estos bienes ni el origen de los fondos para esas transacciones. Por otro lado, habrá un “anexo reservado”, al que sólo se podrá acceder en caso de una denuncia judicial, difícil de radicar sin aquellos datos precisos. Una muestra de ello es que se eliminan los formularios públicos que existían bajo el amparo de la ley de Ética Pública, para restringir el cotejo con la información presente. Los datos para determinar incompatibilidades o conflictos de intereses también quedan vedados por la nueva reglamentación, que no prevé la inclusión de información sobre empleos anteriores y su eventual injerencia en el actual desempeño público.

Hasta ahora había sido pública la información detallada sobre bienes muebles e inmuebles. De una propiedad, se identificaba la ubicación, superficie, reformas, valor fiscal y de adquisición; en el caso de ganancias, el origen de los fondos. Hoy, la reglamentación dispone informar la valuación total de los bienes, sin discriminación ni particularidad, sesgo que obstruye cualquier tipo de investigación sobre enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, si el funcionario tiene acciones un una empresa, figura el título “acciones”, pero no se asienta el nombre de la firma. Se suprime información esencial para una denuncia: ni siquiera el anexo reservado proveerá detalles sobre ingresos –por ejemplo, si cobra algún tipo de salario, renta u honorarios por tareas en el ámbito privado-, inversiones en sociedades de las cuales es parte, créditos ni las deudas contraídas.

Además, la reglamentación dejó dentro del anexo reservado toda la información referida a cónyuges e hijos menores, con lo cual se simplifica el ocultamiento de bienes que hayan sido registrados a nombre de terceros. Asimismo, ya no habrá que informar ni siquiera en forma reservada sobre acciones o participación en sociedades de cónyuges o convivientes, ni sus ingresos detallados, deudas o créditos.

El costo político de la corrupción

La corrupción se percibe con más fuerza cuando la situación económica es menos favorable. Tal fue el caso de la ley “Banelco”, cuando el líder camionero Hugo Moyano denunció que el gobierno de Fernando de la Rúa pagó sobornos en el Senado para la aprobación de la Reforma Laboral en 2000. Aquel escándalo significó el comienzo del declive político del presidente de la Alianza.

La reglamentación de la ley sobre declaraciones juradas coincide con una etapa de cuestionamiento social sobre el comportamiento ético de quienes se desempeñan en las instituciones públicas. Una encuesta de Transparencia Internacional señala que el 72% de los argentinos cree que la corrupción creció desde 2011, mientras que el 74% piensa que es insuficiente la lucha del Gobierno contra este tipo de delitos.

Por otro lado, el blanqueo de capitales impulsado por el Ejecutivo para atraer dólares de origen dudoso a través del CEDIN y el BAADE justifica esta percepción acerca de la renuencia oficial a investigar los patrimonios que crecieron a la sombra de prebendas obtenidas por el ejercicio de la función pública.

La pregunta es por qué no se actuó antes, con mecanismos efectivos y legales como los utilizados en las últimas jornadas financieras: ventas en pesos de bonos en dólares en poder de organismos oficiales que desinflaron el precio del dólar “contado con liquidación”, un alza significativa en las tasas de interés –al retirarse la provisión de pesos del Banco Nación por préstamos interbancarios-, y un recorte de la brecha al permitir una mayor apreciación del dólar oficial.

Quedó expuesto que son los grandes inversores y empresas los que motorizan la demanda del “blue” y lo llevan a trepar a grandes saltos, de la mano de la tónica especulativa con la que negocian los cambistas informales. Ante la posibilidad de hacerse de divisas de manera legal y a un valor más conveniente, a través del “contado con liqui”, estos compradores salieron del circuito paralelo e incluso estuvieron dispuestos a vender divisas a $10 para redolarizarse con cierto margen de ganancia por la operatoria financiera.

De todos modos, el panorama no es para festejos en el Banco Central, cuyas reservas continuaron en descenso, desde los u$s39.280 millones del 8 de mayo, hasta los u$s38.612 millones‏ actuales. En el año, la autoridad monetaria restó u$s4.678 millones a sus activos líquidos, un 10,8 por ciento. Según la consultora Empiria, que dirige el ex gerente general de la entidad Hernán Lacunza, “la merma en la cotización del oro (cerca de un 20% en el año, implican unos u$s650 millones de menores reservas respecto al cierre de 2012), los pagos de deuda del Tesoro a bonistas (en torno a los u$s900 millones) y a organismos internacionales (u$s350 millones), y la salida de depósitos en dólares (u$s1.100 millones) explican un 70% de la variación negativa de las reservas”. Estas condiciones se mantienen intactas: entre otros pagos, en septiembre habrá que cancelar u$s2.070 millones por el vencimiento del Bonar VII.

De esta forma, las reservas del Banco Central no lograron recomponerse aún en el período de mayor liquidación de exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso, que coincide con el segundo trimestre del año. Ya se liquidaron más de u$s10.300 millones en los primeros cinco meses de 2013, pero con esta tendencia, la pérdida de activos podría duplicar este año los u$s3.300 millones resignados en 2012 y superar los u$s5.900 millones de 2011, año que transcurrió en su mayoría sin restricciones cambiarias que moderaran la fuga de capitales.

Todo indica que la “sensación bajista” que se impuso en el mercado marginal del dólar seguirá firme en el corto plazo. Esta semana se puso en marcha el congelamiento de precios sobre 500 productos masivos y se retiraron otros 9.500 del control establecido el 1° de febrero. El Gobierno no puede consentir un dólar que sube mes a mes, presiona sobre los precios minoristas y resta fuerza al paliativo que implica el acuerdo con las cadenas comerciales. El dólar en retirada, en cambio, ayudará a que el consumo concentre el flujo de los pesos excedentes y lo derrame en otros rubros de la economía.

En el mismo sentido, el lanzamiento de dos bonos con destino a inversión en energía e infraestructura (BAADE) y una cédula hipotecaria (CEDIN), que permitirán blanquear fondos no declarados, sólo podrá salvarse de la intrascendencia con un dólar “planchado”. Una vez reglamentado, este plan, que tiene como fin ayudar a reactivar la economía y reforzar las reservas, estará vigente por tres meses, a pocas semanas de las elecciones.

Distinto escenario asoma después de octubre, cuando el fuerte ritmo de emisión de moneda para financiar el gasto público (en torno al 35% anual), y la inyección récord de pesos en los bolsillos de los argentinos -por el pago de aguinaldos, el cobro de incrementos salariales pautados en paritarias y el aumento en asignaciones y jubilaciones-, comience a circular con velocidad y en alguna proporción se vuelque a la compra de dólares en el mercado paralelo.

La controvertida propuesta del CEDIN y el BAADE traslucía la preocupación por la falta de divisas y el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, con una convocatoria para capitales de origen dudoso, justificada por la sequía de inversiones, como ocurre en el rubro petrolero. Atrás quedaba la presión para pesificar la economía, incorporaba la emisión de nueva deuda y reconocía la tensión generada por el tipo de cambio atrasado, discusión vigente en medios independientes, palpable en una economía de crecimiento anémico, pero ausente en la agenda del Gobierno.

En los últimos días, muchos analistas empezaron a preguntarse si se estaba a las puertas de un giro en la gestión, que involucre un diagnóstico certero y medidas para evitar un mayor deterioro del esquema económico o “modelo”. En un interesante contrapunto vía Twitter, el economista Rodrigo Álvarez, de Ecolatina, escribió: “Suben tasas de interés, bajan blue, cierran paritarias (<25%), descongelan precios con una lista corta, popular y moderada. Están reaccionando!”. Miguel Kiguel, de Econviews, le respondió: “Correcto. Y ahora se endeudan en dólares, reconocen recesión en el mercado inmobiliario y ayudan a dolarizarlo”.

Hernán Lacunza, de Empiria, opinó que “desendeudarse es bueno (con superávit, no con reservas)”, pero cuestionó: “¿Endeudarse con evasores porque nadie te presta?”. Y agregó: “Sin esa deuda ¿no harían obra pública y sí fútbol? Entonces tienen mal rankeados los gastos”. “Ahora, ¿no se decía que era ineficiente desendeudarse?”, intervino Ricardo Delgado (Ecolatina). “Aunque digan que es para obra pública, la plata es fungible. El BAADE parece y huele a deuda. Es deuda”, terció Kiguel. “Sí, pero es deuda con asignación especifica. Mucho más digerible. No van a financiar gasto corriente con este mecanismo”, replicó Álvarez.

Del modelo de tipo de cambio alto, crecimiento con baja inflación, superávit comercial y fiscal, caída del desempleo, récord de consumo y un contexto externo favorable, pocas condiciones quedan hoy en pie. Siguen elevados los precios internacionales y se mantiene el superávit comercial forzado por los controles. El empleo privado dejó de crecer y reapareció el déficit fiscal, mientras que el consumo empezó a ceder ante la inflación. Las producciones regionales se resintieron por el atraso del tipo de cambio.

Al trazar un panorama breve de la década kirchnerista, la intervención del INDEC en enero de 2007 fue una bisagra. Cuando las estadísticas empezaron a dar señales de alerta, como con la inflación, se decidió adulterarlas. Así, el aumento de precios internos arrastró consigo la ventaja de la tasa de cambio. Sólo se ocultó el problema de la mirada pública por un tiempo.

El Gobierno nacional gastó en los últimos seis años a un ritmo superior a la recaudación. El deterioro fiscal obligó a buscar alternativas de financiamiento en la ANSeS (en 2008, tras el rechazo legislativo a las retenciones móviles) y en el Banco Central (en 2012, con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad). La mayor emisión de pesos, simultánea a la caída de reservas y una creciente salida de capitales, profundizó el atraso cambiario y la inflación. La opción que se tomó fue restringir la compra de dólares y “pesificar” de facto la economía, hasta llegar a un callejón del que es imposible salir mientras se postergan las iniciativas de fondo.

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen subrayó que “Argentina es una economía bi-monetaria” desde que en 1981 el Banco Central autorizó los depósitos en moneda extranjera. Las nuevas emisiones respaldadas en dólares sin declarar que anunció el equipo económico retoman este concepto. La pregunta cuya respuesta se revelará en los próximos meses es si se avecina un modelo diferente o si se reiterará la vieja sentencia política de “cambiar algo para que nada cambie”, con la elección legislativa a la vista.

“¿La heterodoxia qué es? Un libro nuevo que se escribe, muchas veces sobre la marcha, con medidas creativas y con la mira puesta en el corazón del modelo que es favorecer a los sectores populares”, sostuvo Axel Kicillof en el Senado, al defender el proyecto de blanqueo de capitales. Sus palabras sonaron como el anuncio de una receta teñida de pragmatismo extremo.

Los primeros cuestionamientos parten del sentido común: como contrapartida a un eventual financiamiento de sectores estratégicos, los dólares declarados van a integrarse a un movimiento especulativo en un mercado secundario, agilizan la introducción al sistema de dinero procedente del delito común -no sólo tributario-, institucionalizan una vía para la evasión futura durante los meses que esté vigente la amnistía impositiva, además de contradecir el argumento oficial a favor de la pesificación y en contra del atesoramiento de dólares, que hasta una semana atrás era criminalizado en el relato.

El ministro de Economía Hernán Lorenzino reconoció que este “estímulo para transformar recursos ociosos, no declarados” en inversiones productivas en energía y construcción apunta a captar fondos “que están en una caja de seguridad, que no tienen ninguna rentabilidad, o en el colchón, con lo que esto implica en términos de seguridad. O peor aún, en un paraíso fiscal”. Esta última afirmación sugiere que no será muy exhaustivo el sondeo sobre el origen del dinero. El proyecto de ley aclara en su artículo 9° que los sujetos que efectúen la exteriorización no estarán obligados a informar a la AFIP “la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas”.

Que el dólar marginal se retobara y saltase por encima de los 10 pesos, el doble que el oficial, fue la sentencia de muerte de la pesificación, que durante un año y medio desplazó a una gran parte de los ahorristas al mercado negro. Los dos dígitos para el dólar gatillaron el lanzamiento de estos instrumentos, cuyo fondeo vapulea cualquier postulado ético. Se pide apenas una declaración jurada sobre la procedencia de los billetes y se otorga el premio de la exención impositiva con tal que aquellos denostados dólares vuelvan al sistema.

El proyecto oficial todavía está abierto a lo que disponga su reglamentación, aunque por las definiciones de los funcionarios de Economía en el Congreso, su aplicación dará entidad al precio del dólar “blue”, como ocurre con los CEDIN para reactivar el mercado inmobiliario, pues, al decir de la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, “tendrán mercado secundario y descuento, de acuerdo a la oferta y la demanda entre privados“, del mismo modo que la oferta y demanda entre privados fija la cotización en el circuito paralelo o el financiero (“contado con liqui”), sin intervención del BCRA.

Ese mercado secundario permitirá la compra de los títulos con pesos, con lo que aparece una alternativa para acceder a dólares físicos de forma legal. Esta vía podría ser efectiva para desactivar el mercado “blue”, aunque no lo hará con el precio que el mercado libre asigna a este dólar. El viceministro de Economía Axel Kicillof sinceró el giro en la percepción oficial: defendió a los “pequeños ahorristas” de dólares y pidió no “endilgarles un delito” por ese patrimonio.

Lejos de las soluciones

La propuesta oficial no va al fondo de los problemas que atraviesa la economía. El “cepo” cambiario seguirá vigente para los ahorristas y quienes quieran viajar al exterior, aunque ahora se vislumbra una nueva vía para dolarizarse con estos títulos. La inflación y el tipo de cambio atrasado mantendrán la presión sobre la dinámica económica en cuanto persista la emisión de pesos en torno al 40% anual para financiar el déficit fiscal.

El CEDIN, como quedó claro por el contrapunto entre el senador Gerardo Morales y el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, no será útil para la compra de materiales para la construcción ni fideicomisos, debido a la complicada definición de un tipo de cambio para estas operatorias en pesos con un título nominado en dólares. Por el contrario, puede facilitar la compra “dolarizada” de propiedades, con la capacidad ilimitada de endoso para operaciones encadenadas, aunque abre la puerta a ventas simuladas para que alguna de las partes se haga de dólares “cash” y blanqueados. Basta la colaboración de un “socio” dispuesto a prestar su propiedad para certificar el movimiento de dinero.

En cuanto a la sequía de fondos para infraestructura, el BAADE –bono en dólares con una duración de cuatro años y rendimiento anual del 4%- tendrá la difícil misión de aportar parte de los u$s7 mil millones que YPF necesita este año para financiar su Plan Quinquenal por 37.200 millones de dólares. La senadora Laura Montero (UCR), una de las voces más críticas al proyecto, consideró que este título está pensado “para gente cuyo costo de oportunidad sea ir a la cárcel”, ante la anuencia brindada a regularizar dinero que puede ser espurio. Por ahora, la capitulación de principios supera con creces a los beneficios materiales que promete el blanqueo.

El plenario de los cinco referentes del área económica para anunciar los dos nuevos instrumentos financieros (el BAADE y el CEDIN, al que se sumará un Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico) significó una fuerte señal de compromiso oficial en respaldo de las medidas ante la opinión pública, pero desnudó a la vez que el esquema económico o “modelo” está agotado tal como se lo presentó hasta ahora y que el plan pesificador pasó al archivo.

A cambio, los funcionarios mostraron una flexibilidad difícil de consentir para convocar a los capitales dolarizados sin declarar e incluso al ingreso de fondos de origen dudoso que estén exteriorizados, a cambio de reconocerlos en el sistema financiero local bajo declaración jurada, con el premio de una exención impositiva y una tasa de interés de 4% anual, como en el caso del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), con vencimiento en 2016, para financiar inversiones de YPF.

Estos instrumentos financieros, que estarían a disposición desde junio, permitirán el blanqueo de dólares, pero no de pesos, lo que constituye un incentivo a la adquisición de dólares en el mercado paralelo, para después calificar en el plan oficial. Este punto demuestra que el Gobierno está convalidando esa tasa de cambio de $10 por dólar con tal de que ingresen –o regresen- al sistema, pues los certificados reconocen el pago en moneda dura y no la pesificación de esas divisas al tipo de cambio oficial.

Por eso no fue extraño el nuevo salto del dólar paralelo a $10,50: quienes tengan pesos en negro aprovecharán la oportunidad de la prebenda impositiva, pero tendrán que comprar los dólares primero para acceder al circuito legal. Con la misma lógica, castiga la tenencia de pesos y las inversiones en moneda local de quienes confiaron en el éxito de la voluntad pesificadora del Gobierno. Un plazo fijo en pesos rindió en el último año un 15% anual; un bono de YPF, 19%, mientras que el que se mantuvo en dólares billete ganó 106%, según la evolución del “blue”. Un plazo fijo en dólares rindió un 0,5% anual y un bono en dólares de los que ya están en el mercado ofreció un rendimiento cercano al 14% anual.

En otro aspecto, el blanqueo es un beneficio sólo para grandes capitales, es decir quienes tienen mucho que ocultar, como para asumir el costo de desprenderse de los billetes a cambio del perdón legal. Si bien el titular de la AFIP enfatizó que no podrán participar funcionarios, ex funcionarios y sus familiares, así como individuos con causas en la Justicia, queda claro que cualquier testaferro puede hacerlo, libre de una incómoda indagatoria sobre el origen de los fondos, pues esta es una de las condiciones básicas de la operatoria anunciada.

El dólar venció al peso

Según los cálculos oficiales, los argentinos acumulan unos u$s200 mil millones en activos externos, de los cuales se estima que unos u$s160 mil millones son líquidos. De estos últimos, se estima que entre 40 y 70 mil millones de dólares están en cajas de seguridad dentro del país o directamente en el “colchón”.

A cambio de una mínima proporción de estos fondos, el Gobierno renuncia a su objetivo de pesificar la economía y también a su postulado de desendeudamiento, pero reincide en su finalidad de financiarse con ahorro interno, a la espera del fallo en el juicio iniciado por los holdouts en Nueva York, cuando una decisión adversa atrofiaría más el acceso al crédito internacional.

Respecto del otro instrumento lanzado, el Certificado de Depósito de Inversión Inmobiliaria (CEDIN), quedan dudas sobre su poder reactivador en el sector de la construcción y la aceptación que tenga entre los vendedores. Por eso fue oportuna la aclaración del viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien aseguró que quienes acepten los certificados tendrán a disposición inmediata los dólares que representan esos títulos cuando los presenten en el banco. También aclaró que se prevé que se podrán adquirir en un futuro en pesos, a través de un mercado secundario, con una obvia quita –tal como ocurre con los bonos en dólares-, lo que abrirá una nueva vía para hacerse de dólares legales por fuera del mercado “blue”.

En cualquier sentido, este blanqueo de capitales demuestra que el mercado marginal del dólar no es tan insignificante como se diagnosticó desde los despachos oficiales y que la urgencia por los dólares impone el pragmatismo sobre la moralidad de las iniciativas. En el medio, queda la sensación de la derrota del peso a manos del lavado de dinero.