“El fin de la etapa pujante de las exportaciones argentinas fue acompañado por una mayor dependencia de la canasta de exportables en torno a los productos agropecuarios. Productos cuyos precios, además de ser altamente volátiles, actualmente transitan una etapa de declive”, subrayó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un reporte.

Durante 2014 las exportaciones cayeron 12% a u$s71.935 millones, mientras que las importaciones se redujeron 11%, a 65.249 millones de dólares. El volumen comerciado total fue de u$s137.184 millones contra u$s155.316 millones de 2013. Según la información oficial, este año se pronuncia la retracción comercial: en el primer cuatrimestre el saldo positivo fue apenas u$s420 millones, un 57% inferior al que se obtuvo en el mismo período de 2014, con una pareja caída interanual de exportaciones (-17%) e importaciones (-15%) en cuanto a montos. Las compras y las ventas suman además 17 meses consecutivos con datos negativos.

Un análisis del IERAL de la Fundación Mediterránea refiere que “la política económica actual se concentra en mantener relativamente estable la cotización del dólar -aumenta muy levemente-, que contribuye a anclar la inflación, y favorece la sensación de ‘no estar tan mal’. El costo de esta política es el deterioro de la rentabilidad exportadora, que termina impactando sobre las economías regionales”.

Dicho atraso cambiario y la disposición del “cepo” desalientan inversiones que impiden una mejora en la calidad y la cantidad de la producción doméstica. En ese caso, los controles sobre la importación son perjudiciales también para el desarrollo exportador. Un estudio del Banco Ciudad aporta que “la frontera de producción argentina ha ido contrayéndose a lo largo de los últimos dos años. Sucede que la capacidad de producción de una economía depende, entre otros factores, de la inversión en bienes de capital, la dotación de recursos humanos y su calidad, además de la productividad total de los factores productivos -eficiencia-, todos ellos elementos que vienen mostrando un franco retroceso”.

Asimismo, un análisis de Invecq Consultora Económica indica que “el tipo de cambio real, como precio relativo entre bienes transables locales y bienes transables extranjeros, es esencial para tomar decisiones de inversión que implican grandes volúmenes de capital, tiempos de realización y la incertidumbre endógena de apuntar a un mercado extranjero”, por cuanto su elevada volatilidad “impide a los agentes establecer expectativas claras hacia el futuro y, en lugar de incentivar inversiones productivas, incentiva un comportamiento cortoplacista y especulativo”.

El atraso cambiario es más dañino para las exportaciones regionales. Ejemplo de ello es la extendida protesta de productores frutícolas del Alto Valle del Río Negro. “En contextos de deterioro de los términos de intercambio, problemas de demanda externa y de política externa nacional, suele recordarse a la diversificación de exportaciones –sobre todo a partir de productos de alto valor agregado- como una posible estrategia para ‘hacerle frente’ a la escasez y volatilidad de ingresos por exportaciones y, consecuentemente, a sus efectos nocivos sobre la producción, el empleo y la inversión”, describe el IARAF. Añade que “en este proceso no todas las jurisdicciones han logrado avanzar de manera uniforme” y recuerda que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires y Córdoba “son las jurisdicciones con canastas de exportaciones más diversificadas y con mayor presencia de exportables de alto valor agregado”. Por el contrario, “Catamarca y San Juan son las más retrasadas en estos aspectos, lo que las expone con mayor vulnerabilidad a shocks externos”.

En ese contexto, la consultora Analytica señala que se acortan los plazos para mantener el esquema económico presente, “sin posibilidades de contar con un shock de términos de intercambio como en el que tuvo a principios de la década pasada y de recuperar competitividad a través de un fuerte ajuste del tipo de cambio”, debido a que “con un piso alto de inflación y con la pobreza en torno al 25% de la población, no hay mucho margen político para una mega devaluación”. Con esas limitaciones, Analytica considera que el próximo Gobierno “tendrá que afrontar un déficit creciente en la cuenta corriente con lo cual la apertura financiera será una necesidad más que una elección”.

Textualmente, Perón expresó: “Se ha tratado de un convenio colectivo de alto nivel en el que se han comprometido las fuerzas del trabajo, los empresarios y el Estado. Su estabilidad representa el equilibrio indispensable para dominar el flagelo moderno, la inflación, provocada por un desacuerdo permanente que ocasiona una carrera desenfrenada entre precios y salarios, en el que los primeros suben por el ascensor y los salarios por la escalera, según una aserción popularizada por la experiencia largamente vivida”. Entre diversos puntos, aquel Pacto Social estableció un congelamiento de precios, dispuso un alza general de salarios y acordó la suspensión de la negociación colectiva por dos años, con el compromiso de cesar los conflictos laborales.

Cuatro décadas después queda la impresión que pocas cosas se modificaron en la Argentina en materia económica: otra vez debatimos sobre la distribución del ingreso, la carestía de precios, el déficit fiscal, la necesidad de cambios estructurales en la industria para hacerla competitiva y la captación de una parte de la renta agrícola para financiar el desarrollo de otros rubros productivos. Como en 1974, la inflación, la suba del dólar y el peso del déficit energético representan un lastre para la actividad económica.

Desde hace ocho años que el alza de precios está cómoda en dos dígitos y se acelera a un ritmo que atenta contra la mecánica de las paritarias. Aunque la Argentina está lejos de una hiperinflación, las negociaciones salariales anuales quedaron perimidas y varios gremios plantearon realizarlas dos veces al año, con periodicidad trimestral o con una “cláusula gatillo” para que se apliquen aumentos estipulados después de determinado incremento de precios.

Una recomposición salarial por debajo de la inflación real es un ajuste –por más que en los despachos oficiales rehúyan del término- y una señal disuasiva frente al recalentamiento de los precios minoristas pues, con el costo social que implica y el efecto nocivo para la actividad, la pérdida de poder de compra se convierte en uno de los pocos factores que moderan las expectativas inflacionarias. Las estimaciones privadas registran una inflación acumulada en 2013 en torno al 27%, superior al Índice de Salarios del INDEC que suma desde diciembre de 2012 a noviembre de 2013 un incremento promedio de 26% para empleados públicos, privados e informales. El año pasado, las negociaciones paritarias concluyeron con una suba promedio de sólo 24 por ciento.

Un informe del Banco Ciudad señala que “la de noviembre (de 2013) resultó la quinta caída mensual consecutiva de los salarios reales del sector privado registrado y, considerando la aceleración inflacionaria de diciembre, el año pasado habría finalizado con una contracción del poder de compra de este segmento cercana al 2 por ciento”. El informe de la entidad concluye que sería el segundo año con caída real del salario, tras haber disminuido casi un 1% en 2012.

Los economistas se refieren al “anclaje de expectativas inflacionarias” como el manejo de distintas variables que tienden a atenuar la escalada de precios. Es curioso que después de un período en el que se profundizaron los controles, congelamientos y acuerdos con cadenas comerciales y proveedores, la inflación no se redujo: avanzó más fuerte. En este caso, el “ancla” para acotar la inflación no funcionó. El déficit del Gobierno lo obliga en 2014 a ser promotor de inflación, a través de un encarecimiento del transporte público y los combustibles. Uno de los objetivos del congelamiento de tarifas había sido el de la contención de precios.

El Gobierno renunció en los últimos meses a otro precio que actuaba como “ancla”: el del dólar oficial, que trepó 32,5% en 2013, su máximo aumento desde 2002. Muchos precios internos se fijan con el dólar como referencia, pero una tasa de cambio artificialmente baja incentiva la fuga de capitales. La salida de divisas de 2011 no sólo inspiró el “cepo” cambiario, también tentó a restringir importaciones, otro recurso útil para poner límite a las remarcaciones. Si la falta de una política integral contra inflación no se puede reemplazar con atraso cambiario, menos aún con devaluación.

Con un Tesoro que contabiliza déficit primario por segundo año consecutivo y no accede al mercado de deuda, en el Ministerio de Economía se enfrentan al dilema de recortar el gasto público o generar más inflación, es decir transferir el costo del ajuste a toda la ciudadanía, porque al cubrirse el rojo fiscal con la emisión de pesos sin respaldo se traslada a precios esa sobreoferta de moneda, como se observa tanto en la proliferación de billetes de cien pesos como en su menguado poder adquisitivo.