Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.

Los requisitos para incorporar divisas procedentes de actividades irregulares se redujeron a la mínima expresión: no se solicitaron precisiones sobre el origen de los fondos ni cuándo se obtuvieron. Sólo hubo que firmar una planilla para declarar que el dinero no provino de actividades ilícitas. Ni siquiera un control tan laxo, con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos, tentó a los furtivos tenedores de dólares.

Los ahorristas deben optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), destinado a los sectores de la construcción e inmobiliario, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), con vencimiento en 2016 y una tasa de interés del 4% anual. Con la rígida restricción cambiaria mediante, los actores económicos no creyeron que iban a recuperar las divisas o que podían estar exentos de una inminente inspección de la AFIP.

Desde cualquier punto de vista, el blanqueo no alcanza sus objetivos de impulsar el agonizante mercado inmobiliario, reforzar temporariamente las reservas del Banco Central, mejorar la performance de recaudación a partir de 2014 y crear un instrumento financiero en reemplazo del dólar como moneda de cambio y atesoramiento. Por el contrario, causa un inoportuno “costo político” para el Gobierno y deja la sensación de un nuevo maltrato a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones con el fisco.

La indiferencia que produjo el blanqueo expuso la falta de una conducción firme de la política económica, cuyas decisiones están dispersas en un racimo de dependencias (Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, ministerios de Industria y Agricultura) y organismos descentralizados (AFIP, Banco Central), bajo la tutela presidencial.

Para otorgarles algo de credibilidad a los funcionarios del Palacio de Hacienda, la sociedad urge otros blanqueos más importantes, que el Gobierno se esfuerza en aplazar: un índice de precios al consumidor verdadero y datos reales de crecimiento económico, pobreza e indigencia. O un blanqueo que involucre la reducción del empleo y la producción “en negro”, que representan cerca del 40% de la actividad económica y dejan en situación vulnerable a buena parte de la población ante eventuales crisis.

La pérdida de reservas en este trimestre de vigencia del blanqueo no se revirtió: fue de u$s2.310 millones (a u$s34.846 millones), por los cuantiosos vencimientos de deuda de septiembre afrontados con dólares del Banco Central. Hacia fin de año, la posible evolución de los activos de la entidad no genera ningún optimismo: sólo este mes habrá que cancelar intereses de Boden 2015 (u$s204 millones el 3 de octubre) y de Bonar X (u$s224 millones, el 17). Mientras, la entidad emisora está obligada a vender más dólares que los que compra en el mercado mayorista, para abastecer la demanda para importaciones, cancelación de créditos privados y turismo en el exterior, que no llega a cubrirse con las liquidaciones de los exportadores.

La polémica iniciativa toma cuerpo en un momento en que la salida de dólares de la economía formal se hace sentir con fuerza, como muestran, por ejemplo, la caída de reservas del BCRA o la reducción del superávit comercial. El certificado para “exteriorizar” divisas asoma en el enunciado oficial como una solución para todos los males que en el último año y medio le quitaron impulso a la actividad local. Entre sus atribuciones se menciona que:

Reactivará la economía. Su circulación dinamizará el mercado inmobiliario, atrofiado por el “cepo” al dólar. Servirá para la compra de terrenos, lotes o parcelas -urbanas y rurales-, galpones, locales, oficinas, cocheras, viviendas construidas o por construir, refacción, ampliación y mejora de inmuebles e, incluso, la compra de materiales, con el efecto de “derrame” que implica la construcción. El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno espera que sea un medio de pago que se extienda a supermercados y otros negocios.

Promoverá la inversión. Como el Gobierno amplió el alcance del instrumento para que pueda ser obtenido con dólares declarados y no sólo aquellos fruto de la “fuga”, en los despachos oficiales presumen que podrá seducir a las empresas y grandes inversores para que “cambien” sus dólares legalmente a un tipo de cambio 50% más alto que el del circuito formal, a través del mercado secundario de los Cedines, para ser aplicados en proyectos productivos.

Aliviará las tensiones cambiarias. La circulación fluida de los certificados, gracias su condición de endosables sin límites, facilitará que los ahorristas se retiren del dólar “blue” para interesarse en esta singular experiencia inversora, que posibilitará la dolarización de carteras en forma legal.

Será refugio de valor. El papel podrá integrar las carteras de los Fondos Comunes de Inversión. El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, confió a Página 12 que se convertirá en un instrumento de ahorro: “Muchos van a ver que el Cedin representa un equivalente en dólares, un sucedáneo seguro, transparente y líquido, que va a ser muy demandado por inversores para operaciones inmobiliarias, o bien como inversión”.

Servirá para recomponer reservas. Como es un certificado endosable, impulsará el ingreso de dólares a las arcas del Banco Central mientras continúe en circulación, y esto puede extenderse en el tiempo más allá de los 90 días de vigencia del blanqueo. Funcionarios del Palacio de Hacienda estimaban entre 2 mil y 4 mil millones de dólares el monto de capitales que podrían volver al sistema.

Otorgará beneficios impositivos. Quien blanquee sus fondos no declarados no sufrirá penalidades ni tendrá que actualizar el pago de tributos. Además, el Cedin no paga impuesto a las transacciones financieras ni impuesto al cheque. El diputado Carlos Heller recordó que “este programa perdona la evasión fiscal”, aunque aclaró que no exime operaciones de “lavado de dinero u otras causas ilícitas”. A su vez, el fisco mejora su perfil recaudador para el año entrante con los fondos ahora declarados y reintroducidos al sistema financiero.

Reinstalará el dólar para atesoramiento. Con el Cedin, el Gobierno reconoce que el precio del dólar paralelo tiene entidad. Controlar el “blue” con la venta de bonos en dólares fue muy eficaz, pero generó un alto costo fiscal, e ignorar su existencia no sirvió de nada. Por eso se inclina por crear un instrumento con el que apuesta a desactivarlo, al tentar a la demanda con la promesa de acceder al billete físico de forma legal, al precio del dólar libre. El ex ministro de Economía Martín Lousteau definió al certificado como “una suerte de desdoblamiento cambiario, porque por un lado vamos a tener el dólar oficial y por el otro un dólar que es el que va a estar implícito en la cotización de los Cedin”.

Los interrogantes continúan abiertos y la confianza que los actores financieros puedan tener en el certificado será fundamental para disiparlos. Para que el plan tenga éxito, el Banco Central enfrenta una paradoja: si quiere que le ingresen muchos dólares, deberá primero dar muestras de celeridad en la devolución de los billetes cuando alguien quiera hacer efectivo su Cedin “aplicable”.

¿Qué sucedió? En primer lugar, el miércoles trascendió un acuerdo del Banco Central, con los bancos y las tarjetas de crédito, por el cual estas últimas disponen una “autorregulación” para poner un tope trimestral entre 50 y 100 dólares por tarjeta para extracciones en países vecinos y otro tope mensual de u$s800 para extracciones en el resto del mundo. La interpretación de los cambistas, en un mercado tan acotado y especulativo, fue inmediata: aumentará la demanda del dólar “blue”, a falta de otras ventanillas dispuestas a ofrecerlo de manera formal. Por otra parte, era muy probable que esos dólares que ingresaban al país “vía Colonia” fueran revendidos en el mercado negro para ganar la diferencia ($6,65 del dólar “turista” contra $8,95 del “blue”). Esta usina de billetes para la oferta desaparecerá. Mientras, queda demostrado que los controles obligan a más controles.

En horas se diluyó buena parte del accionar coordinado de distintos organismos oficiales para instar a la baja al díscolo billete verde. Desde el 8 de mayo, cuando marcó un máximo de cierre de $10,45, subieron las tasas interbancarias al retirarse el Banco Nación de esta operatoria, se vendieron importantes volúmenes de bonos en dólares –algunos analistas lo atribuyen a la ANSeS- para “planchar” el dólar “contado con liquidación” y Guillermo Moreno se reunió con importantes referentes del sector financiero para inducir a los cambistas informales a bajar la cotización “blue”.

El “contado con liqui” es el dólar de referencia para las operaciones de compra de acciones y bonos argentinos que se venden en el exterior para hacerse de divisas extranjeras. Esta cotización oscila en forma pareja con la del dólar libre y al caer con fuerza ofrece a los inversores y empresas un conducto para dolarizarse a través de una operación formal, alternativa que reduce el apetito por comprar billetes en el circuito marginal.

También el miércoles, la Presidente realizó anuncios que marcaron claramente las directrices de la política económica hasta las elecciones. El pulso del año electoral se sintió con fuerza cuando Cristina Kirchner presentó el plan “Mirá para cuidar”, para que las agrupaciones se “desplieguen por el territorio”. Más allá del recurso improvisado para abordar un problema que tiene origen estructural y que requiere de medidas fiscales y monetarias, quedó claro que no habrá cambios de política. Al congelamiento de precios y la disposición de un techo paritario del 24% se le suma ahora una fiscalización a través de “movimientos políticos y juveniles” en los propios comercios.

En el mismo acto la mandataria anunció un aumento del 35% en la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. La medida, elogiable por su importante efecto redistributivo en favor de los sectores sociales más postergados, confirmó a su vez que el elevado ritmo de emisión monetaria para financiar el gasto público no tendrá pausa antes de las elecciones.

Otra señal sobre el devenir de la economía llegó desde el Senado. El proyecto de ley para el blanqueo de capitales a través de la emisión del bono BAADE y el certificado CEDIN avanzó con 39 votos a favor y 28 en contra y un debate de nueve horas y esta semana lo tratará Diputados. Se pudo escuchar al justicialista Carlos Reutemann, quien cuestionó que la iniciativa deje la puerta abierta para aquel que “trae bolsos de dinero inexplicablemente conseguido y le dan un diploma verde que paga intereses”. Los rechazos desde todo el espectro político, excepto el Frente para la Victoria, alimentaron más dudas sobre la eficacia y aceptación que pueda tener la propuesta.

Con su verborragia habitual, el senador Aníbal Fernández aportó un poco de sinceridad en medio de tantos discursos de barricada y sinceró el pensamiento del oficialismo: “Antes que devaluar, es preferible tener un manejo cuidadoso respecto de la divisa y tener una alternativa para que dineros negros, clandestinos, ociosos, regresen para poder participar de la vida económica de la Argentina”. El ex ministro reforzó la línea dialéctica de la que el Gobierno no piensa apartarse: antes de autorizar una suba abrupta del dólar, que pueda beneficiar a los tenedores de divisas y afecte aún más a los pesificados, se apelará a cualquier iniciativa al alcance de la mano, aún con alto costo político.

Sin embargo, el “suave deslizamiento” del dólar oficial ya no es el mismo desde que el mercado paralelo mostró signos de hacer su propio camino y empujar la brecha con el oficial a límites imprevisibles. En los últimos meses, el Banco Central está convalidando un incremento más acelerado del precio oficial de la divisa norteamericana, hoy a $5,27. En la comparación interanual ganó un 17,6% (desde los $4,48 de mayo de 2012), por encima del 14,4% que sumó en todo 2012. Y si se mide su apreciación en las últimas cuatro semanas y se la proyecta a doce meses, alcanza el 23%, a tono con la inflación real de este año, en un reconocimiento implícito del Gobierno de que el atraso cambiario existe.

Los primeros cuestionamientos parten del sentido común: como contrapartida a un eventual financiamiento de sectores estratégicos, los dólares declarados van a integrarse a un movimiento especulativo en un mercado secundario, agilizan la introducción al sistema de dinero procedente del delito común -no sólo tributario-, institucionalizan una vía para la evasión futura durante los meses que esté vigente la amnistía impositiva, además de contradecir el argumento oficial a favor de la pesificación y en contra del atesoramiento de dólares, que hasta una semana atrás era criminalizado en el relato.

El ministro de Economía Hernán Lorenzino reconoció que este “estímulo para transformar recursos ociosos, no declarados” en inversiones productivas en energía y construcción apunta a captar fondos “que están en una caja de seguridad, que no tienen ninguna rentabilidad, o en el colchón, con lo que esto implica en términos de seguridad. O peor aún, en un paraíso fiscal”. Esta última afirmación sugiere que no será muy exhaustivo el sondeo sobre el origen del dinero. El proyecto de ley aclara en su artículo 9° que los sujetos que efectúen la exteriorización no estarán obligados a informar a la AFIP “la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas”.

Que el dólar marginal se retobara y saltase por encima de los 10 pesos, el doble que el oficial, fue la sentencia de muerte de la pesificación, que durante un año y medio desplazó a una gran parte de los ahorristas al mercado negro. Los dos dígitos para el dólar gatillaron el lanzamiento de estos instrumentos, cuyo fondeo vapulea cualquier postulado ético. Se pide apenas una declaración jurada sobre la procedencia de los billetes y se otorga el premio de la exención impositiva con tal que aquellos denostados dólares vuelvan al sistema.

El proyecto oficial todavía está abierto a lo que disponga su reglamentación, aunque por las definiciones de los funcionarios de Economía en el Congreso, su aplicación dará entidad al precio del dólar “blue”, como ocurre con los CEDIN para reactivar el mercado inmobiliario, pues, al decir de la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, “tendrán mercado secundario y descuento, de acuerdo a la oferta y la demanda entre privados“, del mismo modo que la oferta y demanda entre privados fija la cotización en el circuito paralelo o el financiero (“contado con liqui”), sin intervención del BCRA.

Ese mercado secundario permitirá la compra de los títulos con pesos, con lo que aparece una alternativa para acceder a dólares físicos de forma legal. Esta vía podría ser efectiva para desactivar el mercado “blue”, aunque no lo hará con el precio que el mercado libre asigna a este dólar. El viceministro de Economía Axel Kicillof sinceró el giro en la percepción oficial: defendió a los “pequeños ahorristas” de dólares y pidió no “endilgarles un delito” por ese patrimonio.

Lejos de las soluciones

La propuesta oficial no va al fondo de los problemas que atraviesa la economía. El “cepo” cambiario seguirá vigente para los ahorristas y quienes quieran viajar al exterior, aunque ahora se vislumbra una nueva vía para dolarizarse con estos títulos. La inflación y el tipo de cambio atrasado mantendrán la presión sobre la dinámica económica en cuanto persista la emisión de pesos en torno al 40% anual para financiar el déficit fiscal.

El CEDIN, como quedó claro por el contrapunto entre el senador Gerardo Morales y el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, no será útil para la compra de materiales para la construcción ni fideicomisos, debido a la complicada definición de un tipo de cambio para estas operatorias en pesos con un título nominado en dólares. Por el contrario, puede facilitar la compra “dolarizada” de propiedades, con la capacidad ilimitada de endoso para operaciones encadenadas, aunque abre la puerta a ventas simuladas para que alguna de las partes se haga de dólares “cash” y blanqueados. Basta la colaboración de un “socio” dispuesto a prestar su propiedad para certificar el movimiento de dinero.

En cuanto a la sequía de fondos para infraestructura, el BAADE –bono en dólares con una duración de cuatro años y rendimiento anual del 4%- tendrá la difícil misión de aportar parte de los u$s7 mil millones que YPF necesita este año para financiar su Plan Quinquenal por 37.200 millones de dólares. La senadora Laura Montero (UCR), una de las voces más críticas al proyecto, consideró que este título está pensado “para gente cuyo costo de oportunidad sea ir a la cárcel”, ante la anuencia brindada a regularizar dinero que puede ser espurio. Por ahora, la capitulación de principios supera con creces a los beneficios materiales que promete el blanqueo.