La presión sobre reservas llevó al dólar a 13 pesos

La indefinición del diálogo con los holdouts en Nueva York renovó la tensión en el mercado cambiario, pero el voltaje político de este litigio opacó a otros indicadores que cobran mayor influencia en el precio del billete y las expectativas de su evolución hacia fin de año.

El dólar alcanzó los 13 pesos en el mercado informal, con un incremento diario de 2,4%, para acumular un 29,5% en el año. Con mínimas transacciones, los operadores de este circuito subieron el precio a un nivel que no tocaba desde el 23 de enero, cuando cerró en un récord de $13,10, que entonces se “desinfló” rápidamente. El dólar paralelo aventaja al oficial, que en el mercado mayorista acumula una suba de 25,5%, desde $6,523 de fin de diciembre a $8,185 de hoy.

Las pocas operaciones del segmento marginal no justificaron semejante salto de precios. Más bien fue la intención de los agentes de esta plaza fijarle un piso al billete ofrecido, en medio de la incertidumbre política y económica por un potencial default.

No obstante, el dólar libre se encuentra aún debajo del rango de precios que se deduce de la división de la Base Monetaria por las reservas internacionales, en u$s29.013 millones según cifras provisorias del BCRA. Con un circulante y depósitos a la vista que, según la entidad, totalizaron $391.644,3 millones al 15 de julio último, el dólar de “convertibilidad” ronda los 13,50 pesos. Este dólar implícito o de “cobertura”, como se lo llama en la jerga financiera, ascendía a $11,90 al cierre de 2013, cuando el “blue” se pagaba a 10,04 pesos.

En el mercado cambiario tienen en cuenta las dificultades del Banco Central para sumar reservas, aún con importantes saldos netos compradores en el mercado mayorista, que este mes ya acumulan 1.470 millones de dólares. Por el pago de deuda y la factura energética, las reservas ceden u$s242 millones en julio, el último mes con volúmenes importantes en cuanto a liquidación de exportaciones del agro.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que el sector liquidó u$s640 millones la semana pasada, mientras que desde comienzos de año rindió u$s15.636 millones por ventas de granos y derivados al exterior, un 5,3% más que en similar lapso de 2013, aún en un contexto de declive de precios internacionales.

La tonelada de soja vale hoy u$s454,30 en los contratos para agosto, un 9,6% menos que un año atrás, mientras que las posiciones más negociadas, para noviembre, rondan los 406,97 dólares. Esta baja en las cotizaciones, en un rubro que representa más de un tercio de las exportaciones locales, es una señal de debilidad para las reservas en el segundo semestre del año.

Sucede que a falta de dólares financieros, el principal ingreso de divisas se registra por el comercio exterior. El superávit comercial del primer semestre del año fue de sólo u$s3.685 millones, un 28,4% menos que en el mismo período del año pasado. Este deterioro significó el saldo positivo más bajo para el período enero-junio en once años de administración kirchnerista, producto de la merma de las exportaciones por una menor demanda de autos por parte de Brasil y términos de intercambio erosionados por la inflación. En 2013, la balanza comercial arrojó un superávit de u$s8.004 millones (36,9% menos que en 2012) y es improbable que este año pueda alcanzar un saldo favorable similar.

Pagos de deuda

Este lunes se produjo el pago inicial al Club de París por u$s642 millones al contado, según el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía Axel Kicillof con las autoridades de la entidad el 29 de mayo. En el Palacio de Hacienda lo ponderaron como “un hito en materia de acuerdos con esta institución, puesto que el país consiguió un esquema de financiación de la deuda impaga que, además de constituirse como un mecanismo para potenciar las inversiones (…), no cuenta con la tutela del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, no condiciona las decisiones soberanas”.

Sin embargo, en el detalle del informe oficial se conoció que la deuda refinanciada ascendió a u$s9.690 millones, incluyendo intereses y punitorios, un 95,6% por encima del capital adeudado en 2001 (u$s4.955 millones), casi el doble. El Ministerio de Economía aceptó pagar u$s1.102 millones de intereses y u$s3.633 millones de punitorios. Este último ítem más que duplica los u$s1.650 millones que el juez Griesa ordenó pagar a los holdouts por todo concepto.

También continúan contabilizándose como reservas unos u$s539 millones depositados para el pago de intereses de bonos Discount en dólares con legislación de Nueva York, bloqueados por Griesa y que serán depositados en cuanto una decisión judicial en los EEUU lo habilite. Sin estos fondos, las reservas se ubicarían en u$s28.472 millones, con un precio implícito para el dólar de 13,75 pesos.

Ya compromete al próximo gobierno la deuda en dólares

El acuerdo con el Club de París anunciado el jueves implica un avance en el reconocimiento de parte de los pasivos que la Argentina estuvo eludiendo desde la declaración del default en diciembre de 2001. También muestra el camino de creciente endeudamiento en dólares que tomará la economía argentina, obligado por la pérdida de reservas y el retroceso de la actividad económica. En esta misma línea hay que incluir la compensación a Repsol por la estatización de acciones de YPF, con nueva emisión de títulos, y no debe dejarse de lado la deuda con los bonistas que no aceptaron los canjes y que tarde o temprano se deberá contabilizar.

Axel Kicillof admitió que sincerar las cuentas con los acreedores es imprescindible para resucitar el crédito externo, objetivo para el cual hay que contar con el respaldo de las naciones que integran el Club de París. “Una vez que se comience a pagar la deuda, esos países abren las agencias, esas ventanillas, para prestarles a empresas de esos países para invertir en la Argentina”, dijo el ministro de Economía, al tanto de la magnitud de la necesidad de divisas que ya no da margen para afrontar vencimientos con reservas del BCRA.

El origen de esta colección de pasivos, contraídos por sucesivos gobiernos y acumulados como capas geológicas, tiene estrecha relación con el déficit de las cuentas públicas. Aún con el millonario aporte del BCRA y la ANSeS, en el primer trimestre de 2014 el Tesoro Nacional no pudo evitar un déficit primario -previo al pago de deuda- de $1.259,1 millones, rojo que no se producía desde el primer trimestre de 2002, pues aún con cierre negativo en los ejercicios de 2012 y 2013, el período enero-marzo había resultado superavitario. “Dado que la recesión ha comenzado a afectar los ingresos fiscales, esta tendencia de deterioro fiscal se espera que continúe ante la falta de medidas claras para contener el gasto que, por ahora, se limitaron a la reducción de salarios de los empleados públicos y, sobre todo, de las jubilaciones medidas en moneda constante”, explicó Daniel Artana, economista Jefe de la fundación FIEL.

Al contemplar el pago de intereses de la deuda pública, el déficit financiero del trimestre fue de $15.180 millones, un 167% superior al rojo de $5.684,5 millones acumulado entre enero y marzo de 2013, cifras más negativas que lo previsto. “En el primer trimestre del 2014 se dio continuidad a la tendencia que se mantiene sin interrupción desde mediados del 2013, caracterizada por un gasto público que crece a mayor ritmo que los ingresos”, indicó un estudio del IARAF.

Los $17.380 millones que se computaron en los ingresos como “rentas de propiedad”, es decir el auxilio del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, atenuaron el preocupante déficit. “Las rentas de la propiedad han ido adquiriendo con el paso de los años mayor relevancia como componente de los ingresos. Concretamente, en el primer trimestre del 2014 representaron un 8% del total”, subrayó el análisis del IARAF, que estima en $45 mil millones el giro de fondos de estos organismos al Tesoro hasta fin de año. “A partir de la colocación de bonos de YPF y del reciente acuerdo alcanzado con el Club de París, volvería a la mesa la alternativa de obtener nuevo financiamiento externo, y con ello poder lograr que un mayor componente de la emisión de pesos cuente con respaldo genuino”, completa el estudio.

El peso de la deuda

Según el último informe oficial disponible, actualizado al tercer trimestre de 2013, la deuda pública en moneda extranjera ascendía a unos 124.200 millones de dólares. Si se le suman los u$s3.600 millones extra que se le reconocieron al Club de París sobre la deuda original -cifrada en u$s6.100 millones-, los u$s5.300 millones de los bonos entregados a Repsol por la estatización de YPF, los u$s500 millones en Bonar 2017 y Boden 2015 entregados para desactivar demandas en el CIADI, y otros u$s11.600 millones en manos de bonistas que no ingresaron al canje, los pasivos del sector público en divisas aumentan u$s21.000 millones o 17%, a 145 mil millones de dólares.

Junto con el endeudamiento del país en moneda extranjera por este “blanqueo” forzoso, hay que empezar a mirar el perfil de vencimientos del final del kirchnerismo y el que heredará el próximo gobierno.  Los u$s9.700 millones acordados con el Club de París -más que los u$s9.530 millones que se le pagaron al FMI en efectivo en 2006- deberán desembolsarse en su totalidad en los próximos cinco años, por cuanto los pagos se concentrarán en el próximo gobierno, que concluye el 10 de diciembre de 2019. En cuanto a los u$s5.317 millones emitidos para compensar a Repsol, unos u$s3.300 millones en concepto de capital e intereses se cancelarán antes de 2020.

Sobre los u$s11.600 millones en bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, no puede establecerse un período de pago, aunque podrá incidir la definición de la Corte de los EEUU el próximo 12 de junio en el marco de la presentación que hicieron los holdouts contra la Argentina y, sobre todo, la caducidad el 31 de diciembre de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derechos sobre ofertas futuras) que obliga al país a ofrecer a los bonistas que rechazaron la reestructuración las mismas condiciones de pago de quienes sí aceptaron. Esta regulación impidió llegar a un acuerdo extrajudicial con dichos acreedores.

En el período de seis años a transcurrir entre 2014 y 2019 incluido, los vencimientos de capital e intereses en divisas que deberá afrontar el Estado suman unos u$s53.500 millones, sin contabilizar a los holdouts y eventuales pagos del Cupón atado al PBI. Esta suma duplica las actuales reservas internacionales del BCRA y sirve para comprender la urgencia de divisas que atravesará el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner y también el gobierno que la suceda.

El mercado financiero se adelanta a la economía real

El primer trimestre del año dejó un cúmulo de datos financieros mixtos, que analizados en detalle permiten anticipar un panorama más auspicioso para la Argentina en el segundo trimestre del año y aún hacia el cierre de 2014, sin que esta evaluación oculte que la actividad económica sigue en “señal de ajuste”.

El mercado cambiario genera noticias inquietantes, aunque analizar los indicadores argentinos desde la perspectiva del dólar puede decir más del pasado que del futuro. Hacerlo en base a la evolución de la cotización de los activos, en cambio, ayuda a anticipar el curso que tomará la economía, si bien esta perspectiva está sujeta a la volatilidad de las expectativas de los agentes bursátiles.

Del lado negativo del balance, las reservas del Banco Central perdieron un preocupante 12% en el primer trimestre del año y quedaron debajo de los u$s27.000 millones, según datos definitivos de la entidad al 27 de marzo. Los u$s3.660 millones que se evaporaron del activo representan el monto más elevado desde los u$s6.528 millones del primer trimestre de 2006, cuando se efectuó la cancelación total de la deuda con el FMI. Claro que entonces las reservas se encontraban en una firme progresión alcista que permitió recuperar el terreno perdido en apenas 10 meses, mientras que hoy un escenario optimista se confirmaría con frenar la sangría de divisas hasta diciembre.

El piso para las reservas puede estar cerca, después de que se redujeran prácticamente a la mitad (-48,8%) desde el récord de enero de 2011 (u$s52.654 millones). Las liquidaciones de exportaciones del agro en el segundo trimestre, más los u$s3.500 millones que eventualmente no se destinarán al pago del Cupón PBI, ayudarán a compensar la salida de divisas por importaciones de energía y del rubro industrial. También lo harán los dólares que ingresarán por la colocación de obligaciones negociables de YPF y préstamos del BID y el Banco Mundial, entre otros conceptos.

El giro de política económica del Gobierno fue contundente e incluyó el acuerdo con Repsol, las tratativas con el Club de París, la aceptación de pago a empresas litigantes ante el CIADI, el acercamiento al FMI y el sinceramiento de las estadísticas oficiales. Si bien la mejora del perfil financiero de la Argentina no necesariamente se advertirá a la vez en la economía real, golpeada por el estancamiento, la inflación, la devaluación y el ajuste –que aún recae sobre el sector privado más que en el público-, puede anticipar un panorama favorable en próximos meses.

Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio, destaca que “es la primera vez que el ajuste lo hace el Gobierno saliente” y no una administración que recién llega al poder. Este cambio refuerza las apuestas bursátiles por un repunte a partir de 2015 en la actividad en general y en los activos locales en particular. Para Jorge Fedio, experto de Clave Bursátil, “la Bolsa festejó que algo de caja queda y, mucho más, que comienzan a visualizarse cambios que lucen serios. Son por los que la Bolsa apuesta: cambios en este Gobierno para que termine lo mejor posible y también cambios para los que pretendan tomar el gobierno después de Cristina”.

Entre enero y marzo, las acciones del Merval subieron 18,2% en promedio, el doble que el dólar libre (+7,6%). Le ganaron a la inflación y se aproximaron al incremento del dólar oficial (+22,7%), fortalecido éste por la devaluación de enero, la mayor en doce años. En tres meses, Grupo Galicia acumuló un alza de 29,7% en pesos -en el Merval- y de 17,8% en dólares -en Wall Street-. Telecom ganó 20,2 y 10,6 por ciento, respectivamente, y Tenaris subió 16,3% en pesos y 1,3% en dólares. Germán Fermo, titular de MacroFinance y director de la Maestría en Finanzas de la Universidad Di Tella, anticipó “un rally voluptuoso para la Argentina, que creo que en estos días lo empezamos a ver”.

YPF, la compañía más grande del país, avanzó un magro 6,4% en el Merval y cayó 4% en Nueva York. No obstante, habrá que seguir de cerca este papel, que desde ahora pasa a tener la mayor ponderación del panel líder, pues la captación de dólares para inversiones en Vaca Muerta, el incremento del precio de los combustibles y el decidido respaldo oficial con el que cuenta por su participación estatal van a darle un importante impulso a la empresa que preside Miguel Galuccio, que asume el rol protagónico en la batalla contra el déficit energético.

Otro ítem que dará aire a las cuentas públicas es el precio de la soja, en su nivel más alto en seis meses y medio, a u$s537 por tonelada para los contratos a mayo. De la mano de una esperada cosecha récord en la campaña que finaliza en junio, la oleaginosa y sus derivados hacen un doble aporte: ingresan dólares por exportaciones a las arcas del BCRA y contribuyen al fisco con las retenciones.

Los títulos públicos soportaron el arrastre negativo por la improbabilidad de pago del Cupón PBI este año: el precio en dólares del Bonar X subió 5,8% en marzo, igual que el Global 17, mientras que el Boden 2015 cedió un mínimo 1,4% mensual. Al riesgo país argentino, es decir la sobretasa que pagan los títulos soberanos nacionales en comparación a sus pares de los EEUU, le falta recorrido bajista: está cerca de sus nivel más bajo del año, en 800 puntos básicos, aunque aún es el más elevado de la región detrás de Venezuela.

Contraindicaciones de la receta ortodoxa

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC reflejó la semana pasada un incremento del PBI del 4,9% para todo 2013, satisfactorio para cualquier país, pero un problema para la Argentina. En primer lugar, porque es improbable que la producción anual de bienes y servicios haya crecido más de un 3% respecto del año anterior, puesto que una cifra no puede esconder una bajo nivel real de la actividad. En segundo término, de no haber una corrección bajista para este porcentaje, la Argentina deberá desembolsar unos u$s4.000 millones en concepto de los cupones atados al PBI, opciones cuya cláusula de pago se gatilla cuando la actividad aumenta más de 3,2% anual.

En tal caso, los argentinos pagarán un alto costo por una inflación falseada, ya que al subestimar el aumento de los precios se sobreestima el nivel de producción de varios rubros relevados en el EMAE, por lo tanto se “crece más” en términos nominales. Así, hacer efectivos los cupones demandará el próximo diciembre un 15% de las actuales reservas internacionales del Banco Central, en un presente en el que la salida de dólares -que implicó una caída del 30% en el nivel de activos en 2013- continúa, en particular por el peso de la factura energética, cuyo déficit no se revertirá en el corto plazo.

Sin embargo, es necesario evaluar como acertadas varias medidas que tomó el Gobierno en las últimas semanas, forzado por las circunstancias luego de que las reservas cayeran u$s2.815 millones en enero, se recalentara la inflación y se confirmara el déficit fiscal de 2013. Estas decisiones oficiales –devaluación, suba de tasas, nuevo IPC Nacional-, aunque todavía insuficientes para rectificar todos los desequilibrios que acumula la macroeconomía, permiten anticipar cómo será el desarrollo de la actividad este año, en un escenario que asoma muy diferente al que habían delineado el oficialismo -el presupuesto nacional establecía un crecimiento del PBI de 6,2% en 2014- y las consultoras privadas antes de este golpe de timón.

El incremento de las tasas de interés a niveles de inflación real y la devaluación del peso no son medidas espasmódicas de un solo mes, sino que es probable que estas variables sean regulados día a día por el Banco Central, cuando lo exija el desempeño económico.

Las tasas de referencia altas, hoy en torno al 30% según se desprende de las última licitación de Letras y Notas del Banco Central, anticipan un consumo más restringido, el recorte de los plazos para financiarse en cuotas, y a la vez menos crédito –o más caro- para empresas, con impacto en los ya insuficientes niveles de inversión. Por otro lado, ayudarán a contener la inflación y la escalada del dólar en todos sus segmentos, al “secar” la plaza del exceso de pesos circulante, con el consiguiente costo “cuasi fiscal” al momento de renovar o cancelar los vencimientos de dichas obligaciones.

La inflación, que los analistas privados calculan por encima del 30% para el acumulado de 2014, también desalentará el consumo, un puntal del programa económico que defendió el Gobierno hasta el año pasado, e indirectamente servirá para enfriar un poco la demanda de dólares: los ahorristas cada vez tienen menos resto para comprar divisas, como muestra el monitoreo que realiza la AFIP sobre ventas de dólares para ahorro, cuyo promedio diario en febrero (u$s9,3 millones) se redujo un 50% respecto de enero (u$s19 millones).

De los “precios cuidados” a los “dólares cuidados”

Un dólar oficial más caro significa una reducción en el ingreso al país de insumos, piezas y productos terminados. Se resentirá la actividad fabril y se añadirá presión sobre los precios, mientras que se pondrá coto a la salida de divisas por esta vía y por turismo en el exterior. También mejorará la competitividad de los productores de bienes transables por un tipo de cambio más favorable.

En el frente externo no puede omitirse la trascendencia de Brasil, principal destino comercial de los productos argentinos y mayor proveedor de nuestro país. El socio del Mercosur transitará el año del Mundial cerca de la recesión y con déficit de cuenta corriente, que afectarán la demanda de bienes nacionales. A favor jugarán las exportaciones de granos y derivados, principal fuente de ingreso de dólares. La soja se sostiene en u$s500 por tonelada y se espera una cosecha récord para la campaña 2013/2014, que se liquidará entre marzo y julio.

Eventuales acuerdos con Repsol, “holdouts” y el Club de París tienen un lugar prioritario en la agenda del ministro de Economía, Axel Kicillof. La postergada solución de estas controversias es tan necesaria como costosa, pues abrirán las puertas de los mercados internacionales para obtener financiamiento, a la vez que incrementarán significativamente la deuda pública en dólares en el mediano y largo plazo.

Así como el Gobierno evitó una recesión en 2013 con un voluminoso sacrificio de dólares, este año deberá asumir el estancamiento económico como un amargo remedio contra la inflación y la pérdida de divisas que amenazan el tramo final de la gestión de Cristina Kirchner.

La deuda también crece respecto del PBI

Esta semana, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública ascendió a u$s196.143 millones al cierre del primer semestre de 2013. Este monto significa que en términos interanuales, las acreencias netas del Estado Nacional equivalen al 43,6% del PBI de Argentina, desde el 41,5% que representaban en junio de 2012. En un año, la deuda argentina aumentó u$s13.402 millones, desde los u$s182.741 millones de junio del año pasado.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.