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La deuda también crece respecto del PBI

Esta semana, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública ascendió a u$s196.143 millones al cierre del primer semestre de 2013. Este monto significa que en términos interanuales, las acreencias netas del Estado Nacional equivalen al 43,6% del PBI de Argentina, desde el 41,5% que representaban en junio de 2012. En un año, la deuda argentina aumentó u$s13.402 millones, desde los u$s182.741 millones de junio del año pasado.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.

El Gobierno, decidido a dominar la agenda

Aunque el pasado 11 de agosto la Presidente afirmó que el Frente para la Victoria realizó una “elección excelente” en las primarias abiertas y obligatorias, es claro que el resultado de la votación impactó en un oficialismo que parecía inconmovible e impermeable a las críticas desde aquel histórico 54% obtenido en octubre de 2011.

A dos meses de las elecciones legislativas que sellarán su futuro político, Cristina Kirchner demostró otra vez su rápida capacidad de reacción para tomar la iniciativa e imponer los temas de debate para toda la dirigencia.

La incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias tiene un importante alcance para los sectores asalariados formales del escalafón medio, hasta los $15 mil de salario bruto, que integran una parte de la base de votantes del kirchnerismo, con un costo fiscal de sólo $2.581 millones, inferior al 1% del total anual de la recaudación, gracias a la compensación que aporta el gravamen sobre acciones y dividendos de las empresas.

Con esta mejora se inyectarán casi 4.500 millones de pesos anuales al consumo. La suba del piso de Ganancias fue una de las demandas más reiteradas por los sindicatos y también por los pequeños contribuyentes que observaban cómo sus ingresos se reducían en términos reales por el doble efecto de la inflación y la creciente percepción de impuestos, que licuaban los aumentos obtenidos en las negociaciones paritarias.

De todos modos, la inflación sigue y afecta a toda la población, sin distinción alguna, en especial a los pobres, que no reciben un beneficio directo por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Si el aporte fiscal de su reducción se va a financiar con emisión sin respaldo, la consecuente inflación lo va a transformar en regresivo -recursos de los sectores de menos ingresos e informales que se destinan a sectores medios- en lugar de progresivo, tal como fue concebido -que aporten más los que más ganan-. A la vez, este gravamen, sin una actualización automática en base a datos estadísticos creíbles sobre inflación, continúa sometido al humor del Poder Ejecutivo, e incluso a la arbitrariedad de sus necesidades electorales, cuando debería ser el Congreso el que lo actualice como una facultad indelegable.

A favor del Gobierno suma el hecho de que el cambio en Ganancias y la ley que grava activos financieros para solventarlo surgieron del diálogo político y social, en el que participaron funcionarios, empresarios y sindicalistas.

Con los mismos reflejos, la jefa de Estado anunció el lunes la reapertura del canje de deuda luego de conocerse el fallo adverso en segunda instancia en la Justicia norteamericana en la causa iniciada contra el país por los bonistas que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones de deuda. El objetivo es evitar el pago a los llamados “fondos buitre”, ganar tiempo hasta el 2015 -cuando vence la cláusula que impide mejorar la oferta- y eludir tanto un embargo como un eventual default con los acreedores que ya aceptaron  los dos canjes anteriores.

Esta iniciativa, que tiene todavía un resultado muy incierto, también recibió el apoyo de muchos referentes políticos y económicos, aunque desnudó la improvisación que asoma detrás de decisiones trascendentes y que tendrán largo efecto en el tiempo.

En ambos casos –Ganancias y holdouts-, Cristina dejó sentado que va a apostar todo su capital político para mejorar la performance del oficialismo en las elecciones legislativas. Queda sin definir si semejante reacción llega a tiempo o si ya es demasiado tarde para torcer la tendencia del voto en octubre.