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6 meses de Macri: shock externo, gradualismo interno

El 10 de junio se cumplen los primeros seis meses de la nueva gestión, período de transición delicado en el que el Gobierno actuó con más profundidad o “shock” en el frente externo y optó por iniciativas más gradualistas fronteras adentro.

La liberación del mercado cambiario, la reducción de retenciones a las exportaciones, el pago a los holdouts, la emisión de deuda en dólares y el recientemente anunciado blanqueo de capitales, entre otras medidas, apuntaron a un fluido ingreso de dólares al país. En un breve período se dejó de discutir el nivel de reservas y la cotización de la divisa y se despejaron todas las dudas sobre las necesidades de financiamiento.

El intenso flujo de dólares soslayó la preocupación por los activos del Banco Central, mientras que el tipo de cambio, en torno a 14 pesos, se aquietó tanto que ya empiezan a escucharse advertencias sobre un retorno del atraso cambiario, impensado cuando se eliminó el “cepo” en diciembre.

En los últimos meses el mundo volvió a ayudar a la Argentina. El aumento de los precios internacionales de los granos y derivados industriales fue sorpresivo y su aporte a la economía todavía no llega a ponderarse. Los precios de la soja aumentaron 30% en cinco meses. La harina de soja subió 58% y el maíz, un 15 por ciento. También fue positiva la evolución del aceite de soja (+5,6%) y el trigo (+3,2%). Estas producciones concentran casi la mitad de las exportaciones nacionales.

Por otro lado, la dificultad de la Reserva Federal de los EEUU para subir las tasas de interés en el corto plazo y el cambio de gobierno en Brasil, que podría coincidir con el piso de su crisis económica, también despejan obstáculos en los planos financiero y comercial, respectivamente.

Desde el punto de vista interno –el de los pesos- el panorama es diferente y más sombrío. La administración de Cristina Kirchner legó un déficit fiscal superior al 7% del PBI que en este duro presente parece irreductible. El desprolijo “sinceramiento” tarifario está aún a mitad de camino: demasiado alto para que la población pueda asumir el costo sin sufrimiento y demasiado bajo para adecuar el precio de los servicios públicos domésticos al nivel que cuestan y pagan en la región.

A partir de 2011 el empleo fue sostenido principalmente por el sector público y es un eslabón débil de la economía de 2016. Los indicadores oficiales de pobreza fueron ocultos durante el último tramo de gobierno kirchnerista. Sin embargo, las mediciones privadas muestran que un tercio de la población tiene problemas para satisfacer sus necesidades básicas.

Atento a esto, el Ejecutivo impulsó el plan para el pago de la deuda a jubilados, amplió asignaciones y extendió la tarifa social a 1,5 millones de usuarios de gas y a 3,3 millones de usuarios de energía eléctrica.

La inflación tocó en mayo un techo de 40% anualizado. Numerosas familias, cuyos ingresos no llegan aumentar al mismo ritmo, pasan a ser pobres, o indigentes si no consiguen acceder siquiera a la canasta básica de alimentos. El ascenso de la inflación obligó al Banco Central a subir las tasas de referencia a niveles no vistos desde 2002, con el objetivo de aspirar pesos y reducir lo más posible la presión sobre precios y dólar.

Éste es un bálsamo de corto plazo: la deuda del BCRA aumentó 71% desde el 10 de diciembre y superó a la Base Monetaria. El monto acumulado en Letras y Notas asciende a $594.471,1 millones. Al tipo de cambio actual son casi USD 43.000 millones, un 8,2% de un PBI de USD 520.000 millones –en una estimación optimista- y más que el déficit fiscal de un año entero.

Los vencimientos semanales de estos bonos son cada vez más voluminosos y los rendimientos tan elevados que atentan contra el futuro crecimiento económico y la recomposición del crédito en pesos.

Una definición a trazo grueso es que en lo inmediato sobran los dólares y faltan los pesos, por la altísima carestía de los precios internos, la absorción del BCRA y el rojo de las cuentas públicas nacionales y provinciales. Es una profunda diferencia entre el gobierno nuevo y el anterior, al que los dólares se le escapaban de las manos y que inyectaba pesos en exceso para incentivar el consumo.

En esta dificultosa transición el Gobierno debe aplicar un ajuste sobre las cuentas públicas, con recesión y alta inflación, y a la vez mantener del lado positivo las expectativas. El endeudamiento es la llave para conseguirlo en términos que sean aceptables sin un mayor deterioro social: en dólares a través de la emisión de deuda pública y en pesos -en forma indirecta- a través de las LEBAC del BCRA que recuperan de la plaza los fondos girados a Tesoro.

El gobierno de Macri prevé que la llegada de la reactivación económica será cuestión de meses. Aunque no se perciba en forma nítida en el tan invocado segundo semestre, podrá ser en 2017. Es una apuesta fuerte, en la que el mandatario está dispuesto a jugarse la porción más grande de su capital político.

10 tópicos de la economía que viene

El gobierno de Mauricio Macri usó los primeros meses para encarar problemas enquistados por las políticas de la pasada administración. El levantamiento del “cepo”, suba de tarifas y combustibles, el pago a los holdouts y los futuros de dólar se anotan en esta agenda. Si bien ese proceso va a continuar, pues revertir el estancamiento de actividad, la pobreza, el déficit fiscal y la inflación elevada demandará mucho tiempo y esfuerzo, otras medidas ya muestran el carácter propio de la estrategia económica oficial.

El “sinceramiento fiscal” anunciado la última semana, junto con el reajuste de haberes y el pago de sentencias a favor de los jubilados, van en esa dirección. La ley de promoción para las PyME, fundamentales generadoras de empleo, también es una muestra de lo que hoy se considera prioritario. El foco está puesto en dinamizar la economía y las bases para lograrlo pueden resumirse en diez tópicos:

1) Fuerte flujo de divisas financieras. Este año la banca extranjera aportó al BCRA unos USD 5.000 millones, mientras que para el pago a los holdouts se emitieron bonos por USD 16.500 millones. Con emisiones privadas y provinciales, y la ampliación de la colocación de BONAR 2020 y 2024 aportan en conjunto un volumen de dólares suficiente como para cumplir los compromisos financieros de los próximos dos años y despejar una de las principales amenazas para la gobernabilidad en el frente económico.

2) Protagonismo exportador. En diciembre, a la par de la salida del “cepo”, el Gobierno anunció la eliminación del 5% de derechos de exportación que tributaban los rubros industriales. Además aplicó una rebaja de cinco puntos, hasta el 30%, para las retenciones a la soja y derivados y eliminó las cargas sobre el trigo, el maíz, la carne, pesca y las economías regionales. Las cámaras exportadoras de cereales y derivados industriales, que representan un tercio de las ventas externas, informaron que las liquidaciones del sector hasta el 20 de mayo alcanzaron los USD 9.946,7 millones, un 33,3% más que en el mismo período del año pasado.

3) Mejores precios internacionales. En el caso del agro e industrias afines, hubo una importante recomposición de cotizaciones para el sector más superavitario del comercio exterior. Por ejemplo, desde que comenzó 2016 la soja recuperó casi 25% de su valor, después de las importantes caídas experimentadas en 2014 y 2015, y se ubica en USD 400 la tonelada. El avance del crudo a USD 50 el barril también mejoró el perfil de la producción y exportación de energía, un rubro estratégico para el crecimiento y urgido de rentabilidad.

“La reciente recuperación de los precios de las commodities no está impulsada principalmente por una demanda genuina como en el pasado sino por factores exógenos como el mal clima para los granos -muy especialmente en la Argentina- o el recobrado protagonismo del cartel petrolero de la OPEP vía curiosa conexión Arabia Saudita-Rusia, a la que Irán todavía se opone. Sobre esto se han montado, según es usual, los fondos de inversión del rubro”, indicó Juan Llach, del IAE Business School de la Universidad Austral.

4) Estímulos para la actividad. El ajuste del comienzo de la gestión, resumido en aumento de tarifas, aceleración inflacionaria y devaluación, ahondó el descontento social, en un marco de leve caída de la actividad y pobreza creciente. El Gobierno entendió que debía actuar rápido para moderar el impacto y tomó medidas como el pago de la deuda a jubilados, la ampliación de asignaciones y la extensión de la tarifa social para el gas (1.600.000 usuarios) y electricidad (3.250.000 usuarios).

“Con un paquete económico ambicioso, pero todavía difuso –señaló Hernán Hirsch, director de FyE Consult- el Gobierno de Macri busca recuperar la iniciativa política y económica con el objetivo de estimular el nivel de actividad”. Agregó que “este paquete expansivo a impulsar en el segundo semestre del año se suma al reordenamiento macroeconómico realizado en la primera mitad del año, y a la reciente reducción de tasa de interés dispuesta por el BCRA”.

5) Tipo de cambio estabilizado. El importante ingreso de divisas puede ser mayor si tiene éxito el nuevo blanqueo de capitales. Este flujo motivó una caída de la cotización del dólar a valores de enero e inesperada con el actual nivel de inflación. No obstante, hay economistas que advierten sobre un eventual atraso cambiario si este panorama no varía en las próximas semanas.

El economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, afirmó que “esta apreciación cambiaria (del peso argentino) significativa se va a ir diluyendo en la segunda mitad del año”, debido a que “un dólar quieto ayuda a bajar la inflación, pero a la vez un dólar quieto puede profundizar una pérdida de competitividad cambiaria. Por eso es un dilema que tiene hoy el Banco Central”.

6) Gradualismo fiscal. El flanco más débil de la economía doméstica es el déficit de las cuentas públicas, que el año pasado superó el 7% del PBI. El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay apeló a una disminución gradual de este desequilibrio e incluso muchas de las medidas anunciadas en las últimas semanas implican un sacrificio de recursos antes que un ahorro, como transferencias a provincias o reducciones de impuestos.

“Si la inflación es el mal de todos los males, habrá que trabajar más detenidamente sobre el déficit fiscal, porque allí se encuentra el combustible para un fuego que este año será difícil de apagar, porque cruzaría los 5 puntos del PIB”, explicó el economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

7) Combate a la inflación. Pasado el shock de tarifas y devaluación, el Banco Central tomó la iniciativa con la absorción monetaria para poner un límite a la aceleración de precios. La agresiva política de tasas, que se aproximaron al 40% anual, contribuyó a este objetivo, pero sus consecuencias recesivas fueron el encarecimiento del crédito y la colocación de los pesos en instrumentos financieros en lugar de inversiones en proyectos de escala real o consumo de bienes y servicios.

8) Más endeudamiento. Mientras que el Tesoro asumió el trabajo de promover el ingreso de dólares, la tarea de lidiar con los pesos excedentes quedó en manos del Banco Central. En el primer caso, aumentó el endeudamiento en dólares, con una tasa entre 7 y 8 por ciento anual, que es alta en la comparación internacional. En el segundo, la entidad que conduce Federico Sturzenegger acrecentó desde el 10 de diciembre un 64% la deuda en Letras y Notas (LEBAC y NOBAC), hasta los $569.012 millones, un monto comparable a la Base Monetaria, de 583.884 millones de pesos.

9) Pragmatismo. El blanqueo de capitales demuestra que el Gobierno priorizará la utilidad de una decisión política o económica a los postulados ideológicos. Si bien hay penalidades, la amnistía fiscal entraña un beneficio para los que no declararon sus fondos y es criticable como lo fue el blanqueo que impulsó Cristina Kirchner en 2013, pero la necesidad fiscal para financiar el pago de los juicios previsionales se impuso a los cuestionamientos.

Otro rasgo de pragmatismo del actual gobierno es su capacidad para admitir errores y tratar de subsanarlos, como demostraron las correcciones en el esquema tarifario del gas para las provincias patagónicas, entes oficiales, PyME y comercios.

10) Potencial bursátil. Se espera que las acciones y los títulos soberanos recuperarán el interés inversor, pues es natural que la Bolsa sea receptora de la afluencia de capitales nacionales y extranjeros, especialmente si la economía vuelve a crecer. A la par, el recorte de tasas que deberá aplicar tarde o temprano el BCRA canalizará hacia activos financieros un importante volumen de pesos que hoy está concentrado en las LEBAC y deberá encontrar alternativas más rentables.

Déficit fiscal: la gran materia pendiente

La noticia sobresaliente del pago en efectivo a los holdouts, que permitió a la Argentina salir en forma definitiva del default después de 14 años, acaparó la atención de los analistas económicos. Días antes la exitosa colocación de nueva deuda en dólares por USD 16.500 millones, aún con una elevada tasa promedio de 7,2% anual, abonó el sendero de renovado optimismo que transita la gestión de Mauricio Macri, con el destacado protagonismo del ministro Alfonso Prat Gay.

El frente internacional es por lejos más generoso en indicadores positivos para la Argentina que el ámbito local. El Gobierno tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento externo para este año y gana aire para enfrentar el presente recesivo de la actividad.

Fronteras adentro, la suba inflacionaria es el dato económico más fuerte para los ciudadanos y, por lo tanto, un dato de peso para la política. El propio Gobierno admitió, a través de los índices alternativos de la Ciudad de Buenos Aires y San Luis, un incremento de precios minoristas en marzo de 3,3 y 3 por ciento respectivamente. En el acumulado de 12 meses, la inflación según estos registros fue de 35% en Capital y 37,7% en el distrito puntano. A la vez, para abril los estudios privados ponen un piso de 6% de aumento solo para el corriente mes.

De los factores que dan impulso a la inflación en la Argentina en los últimos meses -alza de las tarifas, devaluación del peso y emisión monetaria-, es esta última la más compleja de controlar, pues no puede mitigarse mientras persista el acuciante déficit fiscal que exige al Banco Central financiar al Tesoro nacional con copiosos fajos de billetes recién impresos.

Y el déficit no cede. Es una materia pendiente y seguramente la más difícil de aprobar para la gestión de Macri, pero, a la vez, la “madre de los problemas” que pusieron en jaque a la economía argentina. Demandará una profunda reestructuración del sector público que probablemente implicará un recorte de puestos de trabajo mayor al ya aplicado desde diciembre. En un marco de debilidad de la economía doméstica, con restringida oferta de empleo privado, un ajuste más profundo en las dependencias del Estado (nacional, provinciales y municipales) traería consecuencias sociales desastrosas y un costo político que el Gobierno entiende que hoy no está en condiciones de afrontar.

El rojo primario (previo al pago de vencimientos de deuda) del primer trimestre fue de $49.644,8 millones, unos $5.407,9 millones o 12,2% más que en el mismo período del año pasado ($44.236 millones). Es una tasa de aumento inferior a la de la inflación del período, que a primera vista permite concluir que se están manejando los fondos públicos con más responsabilidad.

Pero este resultado se alcanzó gracias a las cifras moderadas en enero y febrero, pues el resultado de marzo deshizo el camino de prudencia fiscal esbozado en el arranque de 2016 y abrió un gran interrogante. Queda la sensación de que en el primer bimestre del año se difirieron pagos para mostrar números más alentadores en los reportes de Base Caja de la nueva administración.

En el tercer mes del año el rojo primario fue de 31.719,5 millones de pesos. A diferencia de lo que ocurría durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Ministerio de Hacienda y Finanzas no computa en su haber el ítem de rentas de la propiedad, es decir, el auxilio financiero del Banco Central y la ANSeS, entre otros organismos descentralizados.

En esa comparación, el desequilibrio de marzo no se redujo, sino que acompañó la marcha inflacionaria: fue 35,1% más grande que en marzo de 2015, cuando el déficit primario sin rentas de propiedad ascendió a 23.478,3 millones de pesos.

Por otra parte, en marzo el ítem que más aumentó fue el déficit de las empresas públicas, un 115% mayor que en el mismo mes de 2015, a 10.067 millones de pesos. En la comparación del primer trimestre, también fue el que más creció, un 43,1%, hasta los 17.922,3 millones, unos 5.399,5 millones más que entre enero y marzo de 2015.

Oportuno letargo del dólar

Comenzó el segundo trimestre del año, en el que se incrementan los ingresos de divisas a la economía por el crucial aporte de las exportaciones de la agroindustria, concentradas en este período. Esa garantía de dólares es un alivio para las arcas del Banco Central, que tendrá que afrontar en el corto plazo el compromiso de pago a los holdouts, que prácticamente absorberá las eventuales emisiones de deuda en moneda extranjera que evalúa el Gobierno.

A la par, el potente impulso para la inflación consecuente del ajuste de tarifas de servicios públicos requiere de cierta calma cambiaria, pues una profundización de la devaluación alterará aún más el delicado estado de ánimo social y las expectativas sobre el futuro de la economía. Además, un dólar con presión alcista sería un obstáculo extra para la libertad de maniobra de la política económica, imprescindible en un primer tramo de mandato. Por eso es probable que se haya esperado a abril, estacionalmente un mes de moderada inflación, para aplicar el fuerte aumento del transporte, gas y agua corriente, al que se adosó un nuevo incremento de los combustibles.

El dólar cerró el viernes a 15 pesos para la venta en el promedio minorista: apenas cotizó 3% más caro que el dólar paralelo el 16 de diciembre, a $14,57 en el último día de vigencia del “cepo” cambiario, aún cuando la inflación del último trimestre superó el 12 por ciento.

Entre enero y marzo el billete norteamericano subió 11,3%, coherente con la escalada general de precios. Sin embargo, el mercado cambiario parece encontrar un equilibrio parcial para los próximos meses, pues en marzo retrocedió 6,2% al público (de 15,88 a 14,89 pesos) y bajó 6,8% en el mercado mayorista (de 15,80 a 14,72 pesos), donde se cursan las operaciones de comercio exterior, bancos y empresas.

El propio Banco Central, que definió a la utilización de las tasas de interés como principal instrumento de su política monetaria, señaló en un comunicado que “la relajación de tasas de interés tendrá lugar únicamente cuando la tasa de inflación muestre un nivel y una velocidad de descenso compatibles con los objetivos de la institución”. Y al ser la evolución de la inflación una variable difícil de contener en lo inmediato, por las medidas oficiales de “sinceramiento” de los servicios públicos y la masa de pesos excedentes heredada de 2015, es de prever un horizonte financiero con elevada inflación, tasas reales positivas y un dólar momentáneamente en pausa por el efecto de una oferta ampliamente abastecida por el agro y el fuerte el incentivo a las colocaciones a plazo.

Para el economista Gustavo Ber, “la tasa del 38% en la Lebac a 35 días -que prorroga el BCRA- continúa actuando no sólo como un ‘imán’ para la demanda inversora en busca de aprovechar dicho devengamiento, sino que también está permitiendo mantener anestesiado al dólar a corto plazo”.

Desde Invecq Consultora Económica explicaron que “a pesar de que el dólar se encuentra en caída desde principios de marzo, el Central ha preferido mantener el ajuste para consolidar una tendencia descendiente en la variación de precios. La política fiscal, por su parte, mostró que los ingresos continuaron creciendo por encima de los gastos en febrero, consolidando una nueva tendencia”.

Una progresiva reducción del déficit fiscal es fundamental para que el esfuerzo del BCRA tenga éxito, no solo en aquietar al dólar, si no en combatir la inflación. Por lo tanto, las oscilaciones marginales para la cotización de la divisa norteamericana previstas hasta julio no están garantizadas hacia el cierre del año.

“Si, tal como anunció, el Banco Central mantuviera el actual set de políticas monetarias y cambiarias contractivas y redujera la tasa de inflación a niveles del 1,8% mensual o menos en algún momento del segundo semestre, creemos que tal reducción se verificará en un contexto de apreciación real cambiaria y tasas de interés reales marcadamente positivas”, apuntó un reporte de FyE Consult.

Un informe de la consultora Ledesma advirtió que “mientras no se avance de forma decidida y sustentablemente en los procesos de consolidación fiscal nacional y de las jurisdicciones provinciales, las metas monetarias exigentes sólo podrán ser alcanzadas a costa de fuertes apreciaciones nominales y reales y, consecuentemente, mayores presiones recesivas”.

Una señal favorable en ese sentido la exhibieron los números fiscales del primer bimestre de 2016. Un análisis de Ariel Barraud y Gonzalo Torres, economistas del IARAF, indicó que “en los dos primeros meses del año se lleva acumulado un déficit primario de $11.047 millones (cabe recordar que en enero se obtuvo superávit primario) y un déficit fiscal de $22.734 millones, que en comparación con el primer bimestre de 2015 muestra una gradual mejora”, cuando el rojo sumó 29.612 millones de pesos. Si bien las cuentas públicas aún se mantienen deficitarias por montos relevantes, el IARAF destaca que “el déficit fiscal del primer bimestre de 2016 equivale a un 6,8% del Gasto total, mientras que en 2015 este indicador era del 11,2%”.

Dura transición entre dos modelos

Hay que atravesar el desierto. A la economía argentina le faltan dólares para crecer, ya no los tiene en reservas, el déficit fiscal sigue consumiendo pesos, el aporte exportador de la agroindustria se debilitó por el lado de los precios, y todavía no retorna la confianza, ese activo intangible y crucial en el mundo financiero que habilita el flujo de fondos para el desarrollo de los países. Con la vuelta de la confianza llegarán del exterior los dólares para inversión y también los que están en manos de ahorristas fuera del sistema financiero, que suman casi la mitad del PBI argentino.

El gobierno de Mauricio Macri trazó un camino casi en línea recta, necesariamente previsible. Fue una señal. Primero se levantó el “cepo” cambiario y se devaluó fuerte el peso. Para contener la inmediata demanda, exacerbada después de cuatro años de represión cambiaria, se apeló a un crédito puente con bancos internacionales por USD 5.000 millones con los que se estuvo soportando la coyuntural caída de reservas.

Luego llegó el acuerdo con los holdouts. El fin del histórico default destrabará el financiamiento en el mercado global de capitales. Junto con la cosecha gruesa, proveedora de dólares comerciales en el segundo trimestre del año, estos aspectos mejoran el panorama general de la economía para 2016.

Alfonso Prat Gay adelantó que se emitirán títulos públicos con una tasa en torno al 7,5% anual en dólares, otra vez bajo jurisdicción de Nueva York, para recaudar casi USD 12.000 millones. “Si se extienden los acuerdos al resto de los bonistas, esto daría una emisión de USD 11.684 millones en bonos. Esto es lo que necesitamos emitir para cerrar definitivamente este problema”, afirmó el ministro de Hacienda.

Frente a una actividad económica que no crece, se cubren con déficit fiscal profundas carencias estructurales que un ajuste liso y llano dejaría mucho más expuestas: lo que en la Argentina identificamos como crisis, con explosión social mediante. El Estado fue casi exclusivo empleador en el último lustro, y mantuvo el escaso ingreso de amplias porciones de la sociedad con proliferación de subsidios. El rojo fiscal es hoy la enfermedad de la economía argentina y a él contribuyeron la deficiente administración de los recursos y, por supuesto, la corrupción.

El nuevo Gobierno sopesa seguramente cómo aplicar el recorte del gasto y estima poder hacerlo a la par de una moderada expansión de la actividad. Ésta necesitará de dólares y la emisión de deuda es la vía más directa para lograrlo. La relación entre deuda en moneda extranjera y PBI en la Argentina es relativamente baja en comparación a otros países, quizás el legado más favorable que dejaron los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Por lo tanto, se avistan dos escenarios. Uno de corto plazo, el de la dura transición entre dos “modelos” (económicos y también políticos) con inflación por encima del 30% anual, debilidad en las reservas, escasez de divisas comerciales, leve recesión, desempleo en alza y estertores devaluatorios que sacuden con violencia la cotización del dólar.

“La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos de que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años e ir bajando el déficit fiscal, que debe llegar a cero al final del cuarto año”, afirmó Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa el martes pasado.

El segundo escenario, próximo a 2017, contará con más dólares, producto del crédito internacional, aunque todavía con el costo de tasas altas en la comparación regional. Mitigará la volatilidad en la cotización de la divisa, desacelerará la inflación y el déficit de las cuentas públicas, y tendrá como objetivo una recuperación gradual de los frágiles indicadores económicos. El retorno de la confianza y la credibilidad en los gestores de la política argentina, tanto de los inversores externos como de los ahorristas locales, definirá el éxito de esta alternativa.

Por ahora no hay fundamentos para crecer

Un viejo axioma de los operadores bursátiles sostiene que el mercado se adelanta a los acontecimientos de la economía real. Este comportamiento por lo general lleva a bruscas sobrerreacciones, tanto a la baja en momentos de pánico como al alza en la euforia, pues la irracionalidad no es ajena al movimiento de los precios de los activos, más allá de los análisis técnicos y fundamentales.

El derrumbe de los indicadores bursátiles en el mundo puede estar exagerado por esta conducta de manada. En el adverso inicio de año, todos venden a la par y arrastran a la baja incluso a los títulos de las compañías más consolidadas. Pero la tendencia es una señal contundente que no debe ser ignorada: la desaceleración de la economía en China, el desplome de los precios del petróleo, la contracción de la actividad en Brasil, la devaluación generalizada de las monedas emergentes contra el dólar o la soja cerca de los USD 300 por tonelada son datos concatenados y que de un modo u otro ponen límites a la proyección de la economía argentina para 2016.

En ese contexto, el índice Merval de acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires, que quedó en 10.020 puntos este viernes, acumula una pérdida de 29,3% desde el 20 de noviembre del año pasado, cuando alcanzó su máximo histórico de 14.173 puntos medido en pesos. Medida en dólares, la pérdida es 33%, desde los 970 puntos de noviembre a los 726 puntos hoy. Aquella rueda de negocios fue la última antes del ballotage del 22 de noviembre, que consagró presidente a Mauricio Macri, el candidato de Cambiemos que puso fin a 12 años y medio de gobierno del Frente para la Victoria. Aunque parezca una paradoja, el triunfo electoral del dirigente al que los agentes financieros ponderaron como más afín para el despegue bursátil cortó con la corriente alcista, sostenida en buena medida por la expectativa de cambio. Confirmado el nuevo ciclo político se pasó a una extendida toma de ganancias.

Sin embargo, la búsqueda de posiciones dolarizadas a la espera de una inminente devaluación, que se concretó luego del anuncio de la eliminación del “cepo” cambiario el 16 de diciembre, afectó a la Bolsa, aunque no benefició a los inversores, pues el salto del tipo de cambio fue inferior al previsto: el dólar paralelo, que cerró a $14,57 el último día con “cepo”, se puede adquirir hoy en bancos a 13,72 pesos.

El fuerte recorte de las cotizaciones en Bolsa disipa las apuestas por una economía en expansión este año. La baja responde también a lo que se espera en el exterior: el Dow Jones de Wall Street cayó 10% desde fines noviembre, con dudas sobre la solidez de la actividad norteamericana. La acción de YPF en Nueva York se sumergió en un canal bajista que consumió el 30% de su valor en dólares en los últimos tres meses. La petrolera estatal es la empresa más grande del país y una referencia para los fondos de inversión que quieren ingresar a la Argentina.

En el plano local, las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central en poco más de un mes tienden a la normalización de una economía minada por las incontables distorsiones que generaron los controles oficiales aplicados arbitrariamente por el gobierno anterior. Por ello, el panorama planteado por el ministro Alfonso de Prat Gay la semana pasada tuvo mucho tinte político y poco contenido técnico para prever el futuro cercano de nuestra economía.

Prat Gay resumió su objetivo en alcanzar “una convergencia gradual hacia la normalidad, atendiendo fundamentalmente a los que menos tienen, poniendo el foco en el crecimiento y ordenando el desorden que nos dejaron”. Pronosticó que la actividad tendrá un modesto crecimiento de entre 0,5 y 1 por ciento en 2016 y estimó que entre 2017 y 2019 la tasa de expansión será del orden de 4,5 por ciento. Ambas menciones dispensan optimismo si se asume  el dificultoso panorama global y los problemas domésticos. “Estos son los objetivos que nos planteamos y no es un programa”, aclaró en su extensa conferencia de prensa.

Entre otros puntos, el ministro admitió que el Gobierno impulsará la reducción “gradual” del déficit fiscal primario que demandará todo el período presidencial de Macri, para caer del actual 5,8% del PBI a un 0,3% en 2019. En el mismo sentido anticipó una disminución de la inflación del 27% anual de 2015 al 5% hacia el fin del mandato.

El ministro recordó que “el crecimiento per cápita en los últimos cuatro años ha sido casi cero” y confió en que para el segundo semestre del año “van a estar liberadas plenamente las fuerzas de creatividad, de productividad, las fuerzas del trabajo que estaban contenidas durante estos años, como para que la economía argentina crezca”. Apuntó que en el corto plazo será posible “reducir el déficit y la inflación al mismo tiempo que la economía crece”, aunque evitó consignar un desafío mayor: crecer en un mundo que se está desacelerando en forma brusca y desordenada.

El “contado con liqui” es récord por la dolarización

Los inversores ampliaron la cobertura antes del recambio presidencial: mientras el dólar implícito en las cotizaciones financieras superó los $15 la última semana, el dólar libre siguió poco demandado y cerró en 14,81 pesos.  La semana pasada mostró una inusual calma en el mercado paralelo, donde la divisa concluyó en las “cuevas” de la City lejos de los valores máximos de octubre sobre los 16 pesos. También llamó la atención la cantidad de billetes flamantes de USD 100 en el circuito informal, que algunos atribuyen a la reaparición de “manos amigas” que reforzaron la oferta de efectivo para aplacar una suba indeseada del “blue” antes del 10 de diciembre.

A pesar de las fuertes restricciones para adquirir divisas para atesoramiento, debido al supuesto colapso de la página de la AFIP para validar operaciones, el dólar libre llegó a perforar un piso de $14,50 el martes de la semana pasada. Sin embargo las señal que despertó la somnolencia de la plaza fue el pronunciado salto de las cotizaciones derivadas de negocios bursátiles: el “contado con liquidación” y el dólar Bolsa o MEP (Medio Electrónico de Pagos).

El dólar financiero surge de dividir el precio en pesos de los activos por sus cotizaciones en el exterior y es utilizado por inversores institucionales, empresas y grandes ahorristas, como vía legal para hacerse de divisas en el exterior.

El ”contado con liqui” se disparó 3% o 44 centavos el viernes, a $15,16 en el promedio de acciones y bonos, un máximo histórico, que durante la rueda llegó a posicionarse sobre los 15,30 pesos. Por caso, la acción de YPF al cierre de los negocios en la Bolsa de Buenos Aires se pagó a $265, con una cotización de USD 17,31 a la misma hora en Nueva York, que arrojó un tipo de cambio implícito de 15,31 pesos. En la última semana el “liqui” saltó más de 6 por ciento. Asimismo, con el desplome del título de YPF en Wall Street este lunes, en USD 16,54, es probable que el “liqui” suba aún más esta semana, luego de los feriados del 7 y 8 de diciembre en el mercado local.

El analista financiero Jorge Compagnucci explicó que “esta fue la noticia financiera del día: el ‘contado con liquidación’ voló a un récord histórico de $15,29 en promedio con máximos de $15,66” como en el caso puntual de Telecom. El experto de Fénix Report subrayó que la última vez que el “liqui” superó al dólar “blue” fue cuando comenzó el “cepo” cambiario, hacia noviembre de 2011, y que el precedente anterior fue en noviembre de 2001, a pocas semanas de un salto del dólar oficial del 300%, desatada la devaluación post-convertibilidad de la última gran crisis de la economía local.

Esta dolarización es una operación legal utilizada para la “fuga” de capitales, pues se trata de negocios con fondos declarados, que no representan una pérdida de reservas para el BCRA, dado que es una exteriorización de activos y no de divisas. Para el “contado con liqui” se adquieren con pesos acciones o bonos argentinos en el mercado bursátil local y se los venden en dólares en el exterior, donde quedan depositadas las divisas. El dólar MEP, en cambio, es un negocio entre privados que se realiza en el ámbito de la Bolsa de Buenos Aires, por el cual un inversor adquiere con dólares títulos públicos, a una cotización que el viernes promedio los 14,71 pesos.

El apuro por dolarizar carteras se relaciona con la idea de que la salida del “cepo” cambiario con el nuevo Gobierno no será inmediata y requerirá un consistente ingreso de divisas para que exista un margen de flexibilización. Por otra parte, el tipo de cambio implícito sobre los 15 pesos es síntoma del piso que el mercado advierte para el dólar en el inicio del próximo ciclo político y económico.

Por otra parte, los rumores acerca de la posible implementación de un nuevo blanqueo de capitales debido a la urgencia por recomponer stocks en el Banco Central generaron el reciente reposicionamiento: hacerse de divisas en el exterior con la venta de títulos, para ingresarlas en el corto plazo a una tasa de cambio más alta, junto con una eventual ventaja impositiva.

Los datos duros indican que el próximo Presidente y su equipo económico no tendrán un sereno 2016, pues deberán atacar el explosivo déficit fiscal sin causar mayores daños a una debilitada actividad económica. A la vez el riesgo de espiralización inflacionaria está latente: faltan dólares y hay un desborde de pesos en poder del público. Por eso los inversores anticipan que con este panorama hoy es una apuesta ganadora estar líquidos en dólares.

El rojo fiscal que hereda Macri se duplicó en 10 días

El Ministerio de Economía dio a conocer esta semana las cifras de fiscales de octubre, con un déficit que alcanza proporciones para el asombro. Además, a una semana de entregar el poder la presidente Cristina Kirchner le dejó por decreto a su sucesor, Mauricio Macri, un cúmulo de transferencias con alto impacto fiscal, a lo que se sumó la sentencia de la Corte que reconoció una cuantiosa deuda del Estado nacional con tres provincias por la distribución de fondos coparticipables entre 2006 y 2015.

Por una parte, Argentina profundizó el déficit primario (previo al pago de deuda) por cuarto año consecutivo, y extendió el déficit financiero (que contabiliza el pago de títulos) por noveno año seguido. Con datos a octubre, las cuentas públicas acumularon en diez meses de 2015 un rojo financiero de $270.00 millones y un rojo primario de $180 mil millones, si a ambos resultados se les descuentan las “Rentas de propiedad” tomadas al BCRA, la ANSES y el PAMI. Con estos datos se refuerzan las estimaciones de economistas que proyectan un déficit fiscal financiero por encima de los $350.000 millones para el cierre del año, equivalente a casi 7% del PBI, debido a que por estacionalidad el desequilibrio se profundiza en diciembre con el pago de salarios, aguinaldo y bonos de fin de año a cargo del erario público.

Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.585 y una decisión administrativa Cristina Kirchner amplió en $141.000 millones los gastos previstos para el corriente año, a lo que añadió otro DNU, el 2635, en el que se atribuye extender a todas las provincias la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que elimina la detracción de 15% sobre fondos coparticipables que benefició la semana pasada a San Luis, Santa Fe y Córdoba. El fallo del máximo tribunal, que exige la devolución de fondos reconocidos en forma retroactiva a esas tres provincias y captados por la administración nacional durante la última década, significará un desembolso de más de 80.000 millones de pesos. Asimismo, y por efecto de dicha sentencia, los ingresos previstos de la ANSES y la AFIP para 2016 serán reducidos en unos $10.000 millones en 2016.

Pero el DNU 2635 de Cristina Kirchner va más allá de la obligación judicial, pues resolvió la devolución a partir de este mes de diciembre de los recursos detraídos a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Así, a la deducción entre $80.000 millones y $90.000 millones que deberá liquidarse en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por el período 2006-2015, se le añadirán no sólo los $10.000 millones previstos por la detracción a esas tres provincias para 2016, sino otros $40.000 millones por el reconocimiento al resto de los distritos. Durante 12 años y medio de gestión del Frente para la Victoria nunca fueron consideradas las reivindicaciones financieras de las provincias, pero a días de entregar el poder a Macri, la jefa de Estado decidió rever esta postura por otra más “federal”.

Es decir, que los cambios definidos en la coparticipación por la Corte y la propia Presidente saliente representan un recorte a los fondos nacionales por unos 140.000 millones de pesos. Si se les suman los $141.000 millones por el DNU 2.585 y la decisión administrativa rubricados por Cristina esta semana, suman una quita de recursos por un total de $280.000 millones que hasta hace 10 días estaban contabilizados en el presupuesto del próximo Gobierno y a los que ahora la próxima gestión no podrá recurrir.

Esta reducción de fondos es prácticamente el 5% del PBI y en los papeles duplicará el déficit fiscal (previsto en 7% del PBI en 2015 según el resultado financiero) hasta los 630.000 millones de pesos, que le “hereda” la mandataria a su sucesor y que le impone a éste una férrea limitación presupuestaria antes de asumir.

En consistencia con este cálculo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que “el creciente déficit de las finanzas públicas, generado por un gasto poco flexible, ha llevado al gobierno nacional a poner fin a su ‘política de desendeudamiento’”. Entre enero y septiembre, el endeudamiento bruto del Estado nacional (en moneda local y extranjera) alcanzó los 470.000 millones de pesos.  Para entender esta magnitud de pasivos, IARAF detalló que en los primeros nueve meses de 2015 el Gobierno tomó deuda a razón de $1.723 millones por día, $71,8 millones por hora o 1,2 millones de pesos por minuto.

La deuda en pesos, una bomba a desactivar

El Gobierno celebra que la deuda pública en dólares no aumenta respecto del PBI, pero no significa que la prédica de “desendeudamiento” sea real. Por un lado, con un claro atraso cambiario hoy es aventurado sostener que la deuda pública total se mantiene en un 43% del PBI como indicó el Ministerio de Economía para el cierre del ejercicio 2014, su informe más reciente. Por otra parte la deuda en pesos crece a un ritmo alarmante que coloca en zona de riesgo la ejecución del plan económico del próximo Presidente.

El extraordinario cúmulo de pasivos en pesos que distintos entes públicos dejarán de regalo a los funcionarios que asumirán el mes que viene restringirá la libertad de acción para impulsar medidas que ataquen los desequilibrios financieros. Con un déficit fiscal que costará revertir el año que viene, esos vencimientos representarán una emisión cercana a 400.000 millones de pesos, un 70% de la actual Base Monetaria, próxima a 550.000 millones. Renovar esos vencimientos demandará pagar más adelante una tasa superior a la presente, ya próxima al 30% anual; cancelarlos implicará una potente presión inflacionaria por la inundación de liquidez que abarcará a toda la economía.

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado destacó “el menor ratio de deuda pública” respecto del PBI alcanzado a partir de los canjes de deuda , el pago al FMI y la cancelación de vencimientos en moneda extranjera, aunque explicó que esta mejora se obtuvo “con ciertos matices, ya que el desendeudamiento del Tesoro se hizo a expensas del asalto al balance del BCRA, que en algún momento habrá que reponer”.

A la par de ese auxilio al Tesoro, la entidad monetaria debió equilibrar su contabilidad con un profundo endeudamiento. Las emisiones de Letras y Notas del BCRA (LEBAC y NOBAC) que vencen entre el 16 de diciembre de 2015 y el 6 de julio 2016 suman un monto efectivo de colocación por 210.771 millones de pesos. Si se computan los intereses, los vencimientos totales alcanzan los 250.000 millones de pesos en poco más de un semestre. Semejante compromiso obligará al organismo a renovar la deuda, es decir, diferir vencimientos y acopiar más pasivos con la oferta de tasas elevadas.

A su vez, el Tesoro nacional emitió entre enero y octubre de 2015 títulos por $161.000 millones, al sumar deuda por $71.687 millones y USD 9.433 millones (bonos en moneda extranjera y en pesos “dollar linked”). Estos bonos también concentran los vencimientos en 2016 y 2017. Muchas de esas colocaciones se realizan entre organismos públicos, con alta posibilidad de “roll over”, pero en otros casos es más difícil, como las cuatro emisiones de Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) que vencerán entre marzo y septiembre de 2016. Son colocaciones efectivas por 48.980 millones de pesos, que ofrecen una tasa de interés en torno al 27% anual. El 60% de los cupones se pagarán luego del 10 de diciembre, por lo que implicarán desembolsos totales para la próxima administración por unos 57.000 millones de pesos.

Con este panorama la estabilidad de la deuda pública es una ilusión, pues el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y su costo, trasladado a toda la sociedad con inflación o diferido con nuevas colocaciones a corto plazo. El rojo financiero proyectado para este año, posterior al pago de deuda, se ubica en un rango del 6 al 8 por ciento del PBI, según se contemple o no la emisión de títulos del Banco Central.

En las últimas semanas el BCRA redobló las ventas de dólares a futuro, para darle la señal al mercado de que el precio oficial de la divisa no se alejará de los 10 pesos. En estos contratos en pesos se fijan valores como si se tratara de un seguro de cambio. Bancos y empresas que demandan dólar a futuro pagan hoy el precio ofrecido por la autoridad monetaria como referencia para los próximos meses. Al momento del vencimiento la entidad se compromete a pagar en pesos la diferencia, si es que el valor del dólar oficial supera el estipulado. Si el precio es menor al acordado, la diferencia queda para la entidad, en perjuicio del privado.

Los contratos de dólar a futuro son una muralla infranqueable para el próximo Gobierno si prevé aplicar una fuerte devaluación del peso en el primer semestre. Por ejemplo, si el dólar oficial sube de 10 a 15 pesos, el Estado deberá desembolsar unos $60.000 millones para cubrir la diferencia por ventas a futuro del orden de los 12.000 millones de dólares.

La economía real está directamente afectada por estos desmanejos financieros y por los ajustes que exigirán más adelante. Un informe de Invecq Consultora Económica explica que “para que un plan cambiario tenga éxito en alcanzar un nivel de tipo de cambio real más competitivo, sería decisivo que un plan anti-inflacionario logre actuar suficientemente rápido como para frenar la aceleración de precios”. La consultora considera imprescindible avanzar en la reducción del déficit fiscal y emisión, y el aumento de la tasa de interés real, pero no descarta ”costos significativos -aunque quizás transitorios- en términos de actividad y empleo“.  Concluye que “sin un acceso rápido al financiamiento externo que logre amortiguar tales cambios y alargarlos en el tiempo, los cambios no tendrán más opción que sucederse a gran velocidad”.

Más endeudamiento que desendeudamiento

Argentina se encuentra en default selectivo producto de los fallos judiciales en EEUU y el limbo en el que quedaron algunos títulos reestructurados y aquellos que no entraron al canje. No obstante, el gobierno de Cristina Kirchner cumplió puntualmente con la mayor parte de las obligaciones y la cancelación total del Boden 2015 por USD 5.900 millones es una prueba de esa voluntad oficial.

Distinto es hablar de “desendeudamiento”, como pregonan los funcionarios de Economía, pues a la par de los pagos, el Gobierno activa distintos mecanismos para emitir más deuda o bien trasladar esos pasivos a los balances de organismos públicos.

Con las recientes emisiones de títulos Bonar y Bonad la semana pasada, la colocación de deuda pública en 2015 alcanza a unos 161 mil millones de pesos. Si a este monto se le suman pasivos asumidos por el Banco Central, principal asistente financiero de un Tesoro nacional en franco déficit, el endeudamiento del sector público se aproxima a los 350 mil millones de pesos en lo que va del año.

Hasta el 8 de octubre, el Tesoro emitió títulos por $71.687 millones y USD 9.433 millones, si en este último tópico se contemplan bonos en dólares y aquellos en pesos atados a la evolución de la divisa norteamericana (dollar linked). Estos bonos, con una tasa de rendimiento en torno al 27% en pesos, vencen a partir de 2016, con lo que añaden un condicionamiento financiero extra a la próxima administración, que de entrada tendrá que afrontar una coyuntura económica comprometida por factores internos –déficit fiscal, inflación, atraso cambiario, escasez de crédito e inversión- y externos –caída de precios de las materias primas, default selectivo, recesión en Brasil-.

En 2015 el Gobierno decidió cargar con una parte del costo de su desequilibrio presupuestario con nuevos títulos soberanos, a diferencia de años anteriores en los que trasladaba el déficit a organismos descentralizados como el Banco Central, la ANSES o el PAMI, a través de la suscripción de letras del Tesoro o adelantos transitorios.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destaca que “el deterioro fiscal evidenciado entre 2009 y 2014 corresponde paradójicamente con el periodo en que adquiere relevancia la asistencia financiera recibida por el Tesoro del ANSES y BCRA para financiar su gasto. Dicha asistencia, que se compone por un lado de la transferencia de utilidades que el BCRA captura básicamente por la devaluación del peso y por el otro de las generadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, se registra actualmente como parte de los ingresos corrientes bajo la denominación ‘Rentas de la propiedad’”, en la Base Caja que informa la Secretaría de Hacienda.

Aunque su uso tiene menor incidencia este año, el Palacio de Hacienda no abandonó ese recurso, pues tomó fondos del BCRA, y también partidas de la ANSES al colocarle letras por unos 16 mil millones de pesos y 502,6 millones de dólares. “Los ingresos bajo este concepto llegaron en el 2014 a representar un 2,7% del PBI, en contraste con su nula participación del 2004”, subraya el IARAF. Las Rentas de la propiedad surgieron en el 2006, en carácter de recursos “extraordinarios”, pero “han ido adquiriendo mayor preponderancia dentro de los ingresos totales, en detrimento de las fuentes tradicionales de fondos, llegando en el 2014 a representar un 12% de los ingresos del Gobierno nacional”.

Deuda “cuasi fiscal”

En el pasivo del Banco Central es notorio en 2015 el incremento de los montos de Letras y Notas (LEBAC y NOBAC) por 86.842,2 millones de pesos. El ítem de bonos del BCRA aumentó 30,8% de $282.135,2 millones al cierre de 2014 a $368.977,5 millones el 30 de septiembre pasado.

También hay que tener en cuenta el endeudamiento con el exterior que significa la activación de todos los tramos del “swap” con el Banco Central de China, en yuanes equivalentes a 11 mil millones de dólares. Entre octubre y diciembre de 2014 se ingresaron a las reservas internacionales USD2.414 millones, mientras que los otros USD 8.586 millones se acreditaron este año.

El ítem “Otros pasivos”, en el que el Central “calza” los yuanes en reservas -además de otros ingresos menores al activo- aumentó entre enero y septiembre unos $98.474 millones, que al tipo de cambio vigente son unos USD 10.462 millones. En el balance de la entidad que preside Alejandro Vanoli, el aumento de los montos por LEBAC, NOBAC y “Otros pasivos” asciende en los primeros nueve meses de 2015 a 185.316 millones de pesos.

Así, entre emisiones del Tesoro ($160.926 millones) y pasivos del BCRA el endeudamiento del sector público se expandió en poco más de nueve meses unos 346.242,2 millones de pesos.

Hay coincidencia entre este endeudamiento y las estimaciones de déficit fiscal para este año, que las consultoras ubican en un rango de 6 a 8 por ciento del PBI. Un estudio elaborado por Lucio Castro y Walter Agosto, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), estima que en 2015 el déficit fiscal totalizará unos $388.000 millones, un 30% más que el desequilibrio previsto en el proyecto de Presupuesto 2016, que establece un rojo financiero de 293.486 millones de pesos.

El Ministerio de Economía informó al cierre del primer semestre de 2015 un PBI en pesos de 5,44 billones ($5.441.469.629.000) o de USD 607.848 millones, según el tipo de cambio oficial de referencia de 8,952 pesos.

Con una estimación optimista de crecimiento de 0,5% del PBI en el tercer trimestre, más una inflación en torno al 6% en el período, el PBI argentino se acerca a 5,8 billones de pesos. Una emisión de deuda del orden de los $346.242,2 millones, por todo concepto, alcanza el 6% del PBI, sin contabilizar aún la expansión de los tres últimos meses del año, que son los que estacionalmente más erogaciones demandan del Estado. La cifra es a la vez un indicador aproximado del nivel de déficit financiero que puede alcanzar el sector público este año.