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El rojo fiscal que hereda Macri se duplicó en 10 días

El Ministerio de Economía dio a conocer esta semana las cifras de fiscales de octubre, con un déficit que alcanza proporciones para el asombro. Además, a una semana de entregar el poder la presidente Cristina Kirchner le dejó por decreto a su sucesor, Mauricio Macri, un cúmulo de transferencias con alto impacto fiscal, a lo que se sumó la sentencia de la Corte que reconoció una cuantiosa deuda del Estado nacional con tres provincias por la distribución de fondos coparticipables entre 2006 y 2015.

Por una parte, Argentina profundizó el déficit primario (previo al pago de deuda) por cuarto año consecutivo, y extendió el déficit financiero (que contabiliza el pago de títulos) por noveno año seguido. Con datos a octubre, las cuentas públicas acumularon en diez meses de 2015 un rojo financiero de $270.00 millones y un rojo primario de $180 mil millones, si a ambos resultados se les descuentan las “Rentas de propiedad” tomadas al BCRA, la ANSES y el PAMI. Con estos datos se refuerzan las estimaciones de economistas que proyectan un déficit fiscal financiero por encima de los $350.000 millones para el cierre del año, equivalente a casi 7% del PBI, debido a que por estacionalidad el desequilibrio se profundiza en diciembre con el pago de salarios, aguinaldo y bonos de fin de año a cargo del erario público.

Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.585 y una decisión administrativa Cristina Kirchner amplió en $141.000 millones los gastos previstos para el corriente año, a lo que añadió otro DNU, el 2635, en el que se atribuye extender a todas las provincias la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que elimina la detracción de 15% sobre fondos coparticipables que benefició la semana pasada a San Luis, Santa Fe y Córdoba. El fallo del máximo tribunal, que exige la devolución de fondos reconocidos en forma retroactiva a esas tres provincias y captados por la administración nacional durante la última década, significará un desembolso de más de 80.000 millones de pesos. Asimismo, y por efecto de dicha sentencia, los ingresos previstos de la ANSES y la AFIP para 2016 serán reducidos en unos $10.000 millones en 2016.

Pero el DNU 2635 de Cristina Kirchner va más allá de la obligación judicial, pues resolvió la devolución a partir de este mes de diciembre de los recursos detraídos a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Así, a la deducción entre $80.000 millones y $90.000 millones que deberá liquidarse en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por el período 2006-2015, se le añadirán no sólo los $10.000 millones previstos por la detracción a esas tres provincias para 2016, sino otros $40.000 millones por el reconocimiento al resto de los distritos. Durante 12 años y medio de gestión del Frente para la Victoria nunca fueron consideradas las reivindicaciones financieras de las provincias, pero a días de entregar el poder a Macri, la jefa de Estado decidió rever esta postura por otra más “federal”.

Es decir, que los cambios definidos en la coparticipación por la Corte y la propia Presidente saliente representan un recorte a los fondos nacionales por unos 140.000 millones de pesos. Si se les suman los $141.000 millones por el DNU 2.585 y la decisión administrativa rubricados por Cristina esta semana, suman una quita de recursos por un total de $280.000 millones que hasta hace 10 días estaban contabilizados en el presupuesto del próximo Gobierno y a los que ahora la próxima gestión no podrá recurrir.

Esta reducción de fondos es prácticamente el 5% del PBI y en los papeles duplicará el déficit fiscal (previsto en 7% del PBI en 2015 según el resultado financiero) hasta los 630.000 millones de pesos, que le “hereda” la mandataria a su sucesor y que le impone a éste una férrea limitación presupuestaria antes de asumir.

En consistencia con este cálculo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que “el creciente déficit de las finanzas públicas, generado por un gasto poco flexible, ha llevado al gobierno nacional a poner fin a su ‘política de desendeudamiento’”. Entre enero y septiembre, el endeudamiento bruto del Estado nacional (en moneda local y extranjera) alcanzó los 470.000 millones de pesos.  Para entender esta magnitud de pasivos, IARAF detalló que en los primeros nueve meses de 2015 el Gobierno tomó deuda a razón de $1.723 millones por día, $71,8 millones por hora o 1,2 millones de pesos por minuto.

El déficit fiscal alcanza el 7% del PBI en 2014

En una semana en la que el dólar paralelo mantuvo su tendencia bajista y las reservas se acomodaron sobre los u$s28.000 millones, el Gobierno asumió, a través de una nueva ampliación presupuestaria, un déficit financiero que los analistas estiman en un 5% del PBI para todo 2014, en torno a los 200 mil millones de pesos.

El Ministerio de Economía informó que entre enero y septiembre, el déficit financiero –tras pago de deuda- subió a $53.629,6 millones, un 143% más que en el mismo período del año pasado. Según este resultado de la “base caja”, Argentina también se encamina a su tercer año consecutivo con déficit primario, al acumular en el mismo lapso un saldo negativo de 419 millones de pesos.

También la semana pasada se publicaron en el Boletín Oficial dos ampliaciones presupuestarias: una partida por $39.952,5 millones acreditada por decreto de necesidad y urgencia, más otros $8.876,4 millones dispuestos por decisión administrativa del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración financiera Pública (ASAP) indicó que al contabilizar estas remesas, el déficit financiero asciende a 195.372,7 millones de pesos.

Gran parte del rojo fiscal es atenuado por los Adelantos Transitorios que le gira el Banco Central al Tesoro nacional. En el transcurso de 2014, estos préstamos se expandieron 27% ó 50 mil millones de pesos.  Los Adelantos Transitorios, en $232.450 millones al 15 de noviembre último, según el último reporte de la entidad se aproximan a los $250.844 millones que el BCRA emitió en Letras en pesos (LEBAC), la llamada deuda “cuasi fiscal”.

La emisión de estos títulos, que en el año se duplicaron (+127%), significó una activa absorción de liquidez por parte del Banco Central, que contuvo la mayor expansión de pesos circulantes y redujo su presión inflacionaria. Con este procedimiento para financiarse a través del Banco Central, el Gobierno transfiere su déficit a la autoridad monetaria que, a la vez, debe endeudarse en la misma proporción. Se aplica la particular interpretación dl dinero como “bien fungible” a la que adhieren los funcionarios nacionales.

Un déficit insostenible

Junto con el giro de “utilidades”, por efecto de la devaluación, el BCRA le envió al Tesoro entre enero y septiembre unos 64.900 millones de pesos. Las rentas de la Administración de la Seguridad Social (ANSeS) con el mismo destino crecieron en el ese lapso un 85%, a $30.000 millones de pesos. Al sumar los aportes de otros organismos –como el PAMI- son más de $96.000 millones los girados por entes descentralizados para sostener el gasto público en los primeros nueve meses del año.

Con un PBI que el INDEC calculó en 3,3 billones de pesos al cierre de 2013, este año (con actividad económica estancada e inflación superior a 35% anual) la producción de bienes y servicios de la Argentina podría cifrarse en unos 4,5 billones de pesos.

En esta aproximación, al sumar a un déficit fiscal de $195.372,7 millones los $96.000 millones en concepto de “Rentas de la Propiedad” que el Ministerio de Economía contempla como ingresos corrientes en su esquema de ahorro, el rojo de las cuentas públicas se acerca a los $300 mil millones ó casi 7,5% del PBI. Se trata de una tasa difícil de sostener y que atenta contra la intensión oficial de evitar una nueva devaluación del peso, el camino más rápido –y con serias contraindicaciones -para licuar el desbalance presupuestario.