La noticia sobresaliente del pago en efectivo a los holdouts, que permitió a la Argentina salir en forma definitiva del default después de 14 años, acaparó la atención de los analistas económicos. Días antes la exitosa colocación de nueva deuda en dólares por USD 16.500 millones, aún con una elevada tasa promedio de 7,2% anual, abonó el sendero de renovado optimismo que transita la gestión de Mauricio Macri, con el destacado protagonismo del ministro Alfonso Prat Gay.

El frente internacional es por lejos más generoso en indicadores positivos para la Argentina que el ámbito local. El Gobierno tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento externo para este año y gana aire para enfrentar el presente recesivo de la actividad.

Fronteras adentro, la suba inflacionaria es el dato económico más fuerte para los ciudadanos y, por lo tanto, un dato de peso para la política. El propio Gobierno admitió, a través de los índices alternativos de la Ciudad de Buenos Aires y San Luis, un incremento de precios minoristas en marzo de 3,3 y 3 por ciento respectivamente. En el acumulado de 12 meses, la inflación según estos registros fue de 35% en Capital y 37,7% en el distrito puntano. A la vez, para abril los estudios privados ponen un piso de 6% de aumento solo para el corriente mes.

De los factores que dan impulso a la inflación en la Argentina en los últimos meses -alza de las tarifas, devaluación del peso y emisión monetaria-, es esta última la más compleja de controlar, pues no puede mitigarse mientras persista el acuciante déficit fiscal que exige al Banco Central financiar al Tesoro nacional con copiosos fajos de billetes recién impresos.

Y el déficit no cede. Es una materia pendiente y seguramente la más difícil de aprobar para la gestión de Macri, pero, a la vez, la “madre de los problemas” que pusieron en jaque a la economía argentina. Demandará una profunda reestructuración del sector público que probablemente implicará un recorte de puestos de trabajo mayor al ya aplicado desde diciembre. En un marco de debilidad de la economía doméstica, con restringida oferta de empleo privado, un ajuste más profundo en las dependencias del Estado (nacional, provinciales y municipales) traería consecuencias sociales desastrosas y un costo político que el Gobierno entiende que hoy no está en condiciones de afrontar.

El rojo primario (previo al pago de vencimientos de deuda) del primer trimestre fue de $49.644,8 millones, unos $5.407,9 millones o 12,2% más que en el mismo período del año pasado ($44.236 millones). Es una tasa de aumento inferior a la de la inflación del período, que a primera vista permite concluir que se están manejando los fondos públicos con más responsabilidad.

Pero este resultado se alcanzó gracias a las cifras moderadas en enero y febrero, pues el resultado de marzo deshizo el camino de prudencia fiscal esbozado en el arranque de 2016 y abrió un gran interrogante. Queda la sensación de que en el primer bimestre del año se difirieron pagos para mostrar números más alentadores en los reportes de Base Caja de la nueva administración.

En el tercer mes del año el rojo primario fue de 31.719,5 millones de pesos. A diferencia de lo que ocurría durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Ministerio de Hacienda y Finanzas no computa en su haber el ítem de rentas de la propiedad, es decir, el auxilio financiero del Banco Central y la ANSeS, entre otros organismos descentralizados.

En esa comparación, el desequilibrio de marzo no se redujo, sino que acompañó la marcha inflacionaria: fue 35,1% más grande que en marzo de 2015, cuando el déficit primario sin rentas de propiedad ascendió a 23.478,3 millones de pesos.

Por otra parte, en marzo el ítem que más aumentó fue el déficit de las empresas públicas, un 115% mayor que en el mismo mes de 2015, a 10.067 millones de pesos. En la comparación del primer trimestre, también fue el que más creció, un 43,1%, hasta los 17.922,3 millones, unos 5.399,5 millones más que entre enero y marzo de 2015.