El extraordinario cúmulo de pasivos en pesos que distintos entes públicos dejarán de regalo a los funcionarios que asumirán el mes que viene restringirá la libertad de acción para impulsar medidas que ataquen los desequilibrios financieros. Con un déficit fiscal que costará revertir el año que viene, esos vencimientos representarán una emisión cercana a 400.000 millones de pesos, un 70% de la actual Base Monetaria, próxima a 550.000 millones. Renovar esos vencimientos demandará pagar más adelante una tasa superior a la presente, ya próxima al 30% anual; cancelarlos implicará una potente presión inflacionaria por la inundación de liquidez que abarcará a toda la economía.

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado destacó “el menor ratio de deuda pública” respecto del PBI alcanzado a partir de los canjes de deuda , el pago al FMI y la cancelación de vencimientos en moneda extranjera, aunque explicó que esta mejora se obtuvo “con ciertos matices, ya que el desendeudamiento del Tesoro se hizo a expensas del asalto al balance del BCRA, que en algún momento habrá que reponer”.

A la par de ese auxilio al Tesoro, la entidad monetaria debió equilibrar su contabilidad con un profundo endeudamiento. Las emisiones de Letras y Notas del BCRA (LEBAC y NOBAC) que vencen entre el 16 de diciembre de 2015 y el 6 de julio 2016 suman un monto efectivo de colocación por 210.771 millones de pesos. Si se computan los intereses, los vencimientos totales alcanzan los 250.000 millones de pesos en poco más de un semestre. Semejante compromiso obligará al organismo a renovar la deuda, es decir, diferir vencimientos y acopiar más pasivos con la oferta de tasas elevadas.

A su vez, el Tesoro nacional emitió entre enero y octubre de 2015 títulos por $161.000 millones, al sumar deuda por $71.687 millones y USD 9.433 millones (bonos en moneda extranjera y en pesos “dollar linked”). Estos bonos también concentran los vencimientos en 2016 y 2017. Muchas de esas colocaciones se realizan entre organismos públicos, con alta posibilidad de “roll over”, pero en otros casos es más difícil, como las cuatro emisiones de Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) que vencerán entre marzo y septiembre de 2016. Son colocaciones efectivas por 48.980 millones de pesos, que ofrecen una tasa de interés en torno al 27% anual. El 60% de los cupones se pagarán luego del 10 de diciembre, por lo que implicarán desembolsos totales para la próxima administración por unos 57.000 millones de pesos.

Con este panorama la estabilidad de la deuda pública es una ilusión, pues el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y su costo, trasladado a toda la sociedad con inflación o diferido con nuevas colocaciones a corto plazo. El rojo financiero proyectado para este año, posterior al pago de deuda, se ubica en un rango del 6 al 8 por ciento del PBI, según se contemple o no la emisión de títulos del Banco Central.

En las últimas semanas el BCRA redobló las ventas de dólares a futuro, para darle la señal al mercado de que el precio oficial de la divisa no se alejará de los 10 pesos. En estos contratos en pesos se fijan valores como si se tratara de un seguro de cambio. Bancos y empresas que demandan dólar a futuro pagan hoy el precio ofrecido por la autoridad monetaria como referencia para los próximos meses. Al momento del vencimiento la entidad se compromete a pagar en pesos la diferencia, si es que el valor del dólar oficial supera el estipulado. Si el precio es menor al acordado, la diferencia queda para la entidad, en perjuicio del privado.

Los contratos de dólar a futuro son una muralla infranqueable para el próximo Gobierno si prevé aplicar una fuerte devaluación del peso en el primer semestre. Por ejemplo, si el dólar oficial sube de 10 a 15 pesos, el Estado deberá desembolsar unos $60.000 millones para cubrir la diferencia por ventas a futuro del orden de los 12.000 millones de dólares.

La economía real está directamente afectada por estos desmanejos financieros y por los ajustes que exigirán más adelante. Un informe de Invecq Consultora Económica explica que “para que un plan cambiario tenga éxito en alcanzar un nivel de tipo de cambio real más competitivo, sería decisivo que un plan anti-inflacionario logre actuar suficientemente rápido como para frenar la aceleración de precios”. La consultora considera imprescindible avanzar en la reducción del déficit fiscal y emisión, y el aumento de la tasa de interés real, pero no descarta ”costos significativos -aunque quizás transitorios- en términos de actividad y empleo“.  Concluye que “sin un acceso rápido al financiamiento externo que logre amortiguar tales cambios y alargarlos en el tiempo, los cambios no tendrán más opción que sucederse a gran velocidad”.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.

El llamado desendeudamiento fue uno de los lemas oficiales más utilizados para defender el modelo económico establecido después de la devaluación de 2002. Transcurrida una década, la deuda no disminuyó en términos nominales: es mayor que los u$s145 millones del tramo final del 2001 y casi igual que los u$s190 mil millones de comienzos de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner y antes de la reestructuración.

Respecto del PBI, que creció con fuerza desde mediados de 2002 hasta fines de 2011, cayó a niveles inferiores al 50%, una relación mucho mejor que en varios países desarrollados, que adeudan más de un año de su Producto. Sin embargo la Argentina no mejoró mucho frente a sí misma: hoy su deuda representa el mismo 48% del PBI que a mediados de 2001, antes del default.

El único desendeudamiento concreto es en dólares: se pesificaron gran parte de los pasivos y la mitad de los títulos soberanos quedaron en las carteras de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. En este cálculo no se contemplan los bonos en manos de los holdouts que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y las acreencias del Club de París, que incrementarían el pasivo del Estado en más de 10 mil millones de dólares.

La deuda externa fue un lastre para el crecimiento de la Argentina en las décadas del ‘80 y el ’90. Esa experiencia amarga llevó al Gobierno a insistir en monetizar los pasivos y evitar la emisión de nueva deuda en dólares, aun cuando las actuales tasas internacionales, históricamente bajas, permitirían renovar los actuales bonos por otros de rendimiento mucho menor, siempre que el país normalizara su estatus financiero.

El lastre del crecimiento de hoy es la falta de dólares para inversión. La reciente tragedia por las inundaciones en La Plata y en el área metropolitana y el choque de la formación ferroviaria en Once en febrero de 2012 son ejemplos extremos de una infraestructura en crisis, resultado de esa renuencia a captar fondos en el exterior. Por el contrario, la presión tributaria en Argentina se aproxima al 50% del PBI y de todos modos se requiere el financiar al sector público con reservas del Banco Central.

La política social y las asignaciones a los sectores postergados deben mantenerse en esta gestión y la que la suceda, pero carece de sentido destinar el 4% del PBI a subsidios al transporte y la electricidad en estas condiciones, dos claros ejemplos de estructuras de servicios al borde del colapso.

Tomar deuda en el exterior tiene coherencia como una forma de extender el plazo de pago de créditos que se transformarán en obras que perdurarán en el tiempo. En cierto modo, se distribuye entre varias generaciones el costo de esa infraestructura que será utilizada en el futuro, incluso más que en el tiempo presente. ¿Por qué una generación debe solventar el total del costo de esos proyectos? En el caso de los subterráneos, se extendieron rápidamente en la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial y debieron pasar 50 años para que se retomara el desarrollo de la red, ya en estado crítico hasta hoy.

En ese sentido, que la ANSeS brinde fondeo con dinero de los jubilados -presentes y futuros- a obras destinadas para el largo plazo, mientras la inflación carcome los haberes, es poco eficiente y cuestionable desde lo ético.

Se precisa un equilibrio sensato entre el acceso a fondos del exterior a tasas razonables y una relación deuda/PBI manejable, para construir rutas y ferrocarriles acordes al desarrollo que pretendemos para el país; servicios de salud, educación y seguridad; autoabastecimiento de energía, entre tantas otras necesidades que son la verdadera deuda, la de los gobiernos con los ciudadanos.