El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.