Oficialismo y oposición manifestaron su solidaridad sin fisuras hacia la jefa de Estado, que en un escenario óptimo podrá estar en plenitud de funciones días después de las elecciones legislativas, para completar el mandato hasta 2015, con toda la legitimidad del 54% de votos obtenido en 2011. La operación es seria, aunque de bajo riesgo, como definieron varios especialistas en las últimas horas. Sin embargo, no deja de preocupar que el post-operatorio se estire a 90 días y que el Gobierno deambule por un período de intrascendencia, a cargo de un vicepresidente desprestigiado, investigado por la Justicia y sin margen de maniobra para encarar iniciativas impostergables.

En el plano económico corre tiempo de descuento. El crecimiento de la actividad sostenido en base a emisión sin respaldo -que a la vez alimenta la inflación-, la pérdida de los fundamentos que hasta 2011 le dieron brío a esta expansión y la imposición de un Presupuesto 2014 inconsistente desde todo aspecto, votado a las apuradas a falta de un trimestre para que concluya el año, son muestras de un esquema agotado y que además dejó de ofrecer réditos electorales para el oficialismo.

Las cuentas públicas transitan por el déficit fiscal primario, si se descuenta el auxilio financiero de los préstamos del BCRA, ANSeS y el PAMI al Tesoro nacional. Insistir a la vez con un creciente déficit energético, atraso cambiario, declive de reservas en el Banco Central y aislamiento financiero internacional es exponerse a factores de riesgo para la estabilidad económica en un contexto de mayor debilidad política para el Gobierno. Las medidas para corregir estas deficiencias se esperaban para después de octubre, pero la enfermedad de la Presidente arrasa con estas expectativas inmediatas.

Cualquier decisión trascendente en estos aspectos no puede tomarse sin la aprobación de Cristina Kirchner. Como la mayoría de sus antecesores en la primera magistratura, ella se caracteriza por su personalismo. No es su culpa: la ciudadanía siempre avaló esta representación por un sistema híper-presidencialista. A la hora de votar los argentinos consagramos jefes de Estado con imagen fuerte, los caudillos, la concentración del poder en una mano. Esta impronta no es ajena a muchos de los problemas de salud de aquejaron nuestros máximos dirigentes.

En el mejor de los casos, la actual es una oportunidad para poner a prueba los distintos mecanismos de la República, que el país no se paralice y transite por un sendero de estabilidad institucional, aún con elecciones de por medio. Será una muestra de adultez de nuestra democracia, que superó sin perder la línea de sucesión constitucional un trance mucho más grave, de profunda crisis social, política y económica en diciembre de 2001, después de la renuncia de Fernando de la Rúa y aquella semana con cinco presidentes, que dejó muertos y heridos por la represión a las manifestaciones y un default cuyas consecuencias todavía marcan la agenda del Gobierno.

El cambio del régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios altera la única política de transparencia pública que se había mantenido en los últimos años, si bien la ley, sancionada en 1999 en las ocaso de la gestión de Carlos Menem, nunca contó en 14 años con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa desidia del poder político que se mantuvo en los sucesivos gobiernos facilitó que ahora esa institución haya sido suprimida.

La Oficina Anticorrupción pasa a tener un rol de simple acopiadora de datos, virtualmente privada de funciones para actuar contra estos delitos cometidos en el ámbito público, como una suerte de escribanía o dependencia administrativa. No es así el caso de la AFIP, que concentrará la información reservada de los bienes de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los datos de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados.

El ente recaudador pasa a tener una función central al manejar los listados de los funcionarios y candidatos a ocupar cargos y define quiénes deberán presentar declaraciones juradas a ser publicadas en forma sintética y quiénes no. El organismo que conduce Ricardo Echegaray va a ejercer un mayor control, con la presión extra que significa sobre los demás poderes del Estado, en medio de la disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema por el proyecto oficial de “democratización” de la Justicia.

La normativa establece dos tipos de formularios: las declaraciones juradas públicas, que serán iguales a las que se presentan ante la AFIP con fines impositivos, lo que significa que se brindarán montos globales por inmuebles o automotores, pero no el detalle sobre cada unidad, ni cuándo fueron adquiridos estos bienes ni el origen de los fondos para esas transacciones. Por otro lado, habrá un “anexo reservado”, al que sólo se podrá acceder en caso de una denuncia judicial, difícil de radicar sin aquellos datos precisos. Una muestra de ello es que se eliminan los formularios públicos que existían bajo el amparo de la ley de Ética Pública, para restringir el cotejo con la información presente. Los datos para determinar incompatibilidades o conflictos de intereses también quedan vedados por la nueva reglamentación, que no prevé la inclusión de información sobre empleos anteriores y su eventual injerencia en el actual desempeño público.

Hasta ahora había sido pública la información detallada sobre bienes muebles e inmuebles. De una propiedad, se identificaba la ubicación, superficie, reformas, valor fiscal y de adquisición; en el caso de ganancias, el origen de los fondos. Hoy, la reglamentación dispone informar la valuación total de los bienes, sin discriminación ni particularidad, sesgo que obstruye cualquier tipo de investigación sobre enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, si el funcionario tiene acciones un una empresa, figura el título “acciones”, pero no se asienta el nombre de la firma. Se suprime información esencial para una denuncia: ni siquiera el anexo reservado proveerá detalles sobre ingresos –por ejemplo, si cobra algún tipo de salario, renta u honorarios por tareas en el ámbito privado-, inversiones en sociedades de las cuales es parte, créditos ni las deudas contraídas.

Además, la reglamentación dejó dentro del anexo reservado toda la información referida a cónyuges e hijos menores, con lo cual se simplifica el ocultamiento de bienes que hayan sido registrados a nombre de terceros. Asimismo, ya no habrá que informar ni siquiera en forma reservada sobre acciones o participación en sociedades de cónyuges o convivientes, ni sus ingresos detallados, deudas o créditos.

El costo político de la corrupción

La corrupción se percibe con más fuerza cuando la situación económica es menos favorable. Tal fue el caso de la ley “Banelco”, cuando el líder camionero Hugo Moyano denunció que el gobierno de Fernando de la Rúa pagó sobornos en el Senado para la aprobación de la Reforma Laboral en 2000. Aquel escándalo significó el comienzo del declive político del presidente de la Alianza.

La reglamentación de la ley sobre declaraciones juradas coincide con una etapa de cuestionamiento social sobre el comportamiento ético de quienes se desempeñan en las instituciones públicas. Una encuesta de Transparencia Internacional señala que el 72% de los argentinos cree que la corrupción creció desde 2011, mientras que el 74% piensa que es insuficiente la lucha del Gobierno contra este tipo de delitos.

Por otro lado, el blanqueo de capitales impulsado por el Ejecutivo para atraer dólares de origen dudoso a través del CEDIN y el BAADE justifica esta percepción acerca de la renuencia oficial a investigar los patrimonios que crecieron a la sombra de prebendas obtenidas por el ejercicio de la función pública.

La potestad del Gobierno para equilibrar sus cuentas con los dólares de la entidad emisora, luego de la reforma de la Carta Orgánica a comienzos de 2012, alteró esta variable fundamental para establecer el valor del peso por su respaldo en divisas y, por lo tanto, el del dólar en el mercado local.

Al mismo tiempo, la desconfianza generada por la restricción cambiaria para adquirir divisas en el circuito minorista desde el 31 de octubre de 2011, a la que se sumó la prohibición de las ventas para atesoramiento desde el 5 de julio de 2012, detonó la salida sin pausa de los depósitos en dólares del sistema financiero. Estas colocaciones, que forman parte de las reservas como encajes, explican más de u$s7 mil millones de la merma, mientras que el pago de deuda siguió encabezando la salida de dólares del Central, apenas compensada por las adquisiciones que realizó el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont en el mercado mayorista. En menor medida, incidió este semestre la pérdida de valor del oro, en unos 900 millones de dólares. En el año, las reservas descendieron u$s6.164 millones o 14,2 por ciento. Desde que empezó a aplicarse el cepo cambiario perdieron u$s10.431 millones (-21,9%), y unos u$s15.498 millones desde el récord del 26 de enero de 2011 (-29,4%).

A diferencia de la etapa de la convertibilidad, cuando el financiamiento externo originó una voluminosa deuda que arrasó con el gobierno de Fernando de la Rúa, las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner optaron por financiarse con los dólares acumulados en el Central, ante un renacido superávit comercial. En el primer caso, se produjo la salida traumática del “1 a 1”, con estallido social y una devaluación del peso del 67 por ciento. En el segundo, se advierte un deterioro gradual y menos dramático de los indicadores económicos -entre ellos, las reservas- ante un contexto internacional muy favorable. En ambos casos, el creciente déficit fiscal es un denominador común.

El récord de reservas en poder del Banco Central durante la convertibilidad se registró el 18 de enero de 2001, tan sólo once meses antes del estallido social que representó el punto álgido de la recesión más extensa de la historia argentina (desde fines de 1998 al primer cuatrimestre de 2002), cuando alcanzaron los u$s37.380 millones, Megacanje de por medio. Hace doce años, las reservas sumaban más del 80% de los activos totales; los títulos públicos, sólo el 4,1 por ciento. La incontenible fuga de capitales de aquel 2001 hizo retroceder a los activos líquidos del BCRA unos u$s19.000 millones (desde los u$s34.234 millones del cierre de 2000 a los u$s15.232 millones del 31 de diciembre de 2001). Cuando Carlos Menem entregó el mando el 10 de diciembre de 1999 se situaban en 34.169 millones.

Al asumir Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002 las reservas contabilizaban u$s15.164 millones. Ya instaurado el “corralito” sobre los depósitos bancarios y con una acuciante situación social -que llegó al 22% de desempleo y 53% de pobreza-, el 12 de junio de aquel año quebraron el piso de los 10 mil millones de dólares. Basta advertir que pocos días después, el dólar en casas de cambio alcanzó los 3,80 pesos. El gobierno del dirigente bonaerense quedó condenado cuando el 26 de junio fueron asesinados en Avellaneda los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de policías que reprimieron una protesta.

El mínimo de reservas post-convertibilidad fue de u$s8.245 millones, el 24 de enero de 2003. Al tomar la Presidencia Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, se situaban apenas en 11.045 millones. Al finalizar su mandato, los activos habían trepado un formidable 312,5%, cuatro veces más, a u$s45.566 millones, el 10 de diciembre de 2007. El 12 de abril de ese año, las reservas superaron el récord anterior de enero de 2001, incluso luego del pago al FMI.

Fue la sucesora y esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, quien pudo reafirmar este ponderable récord de reservas, hasta el máximo histórico del 26 de enero de 2011, en 52.654 millones de dólares. Sin embargo, una nueva fuga de capitales, que saltó a u$s21.504 millones aquel año, desembocó en una rígida veda para la comercialización minorista de la divisa que sigue hasta hoy y amenaza profundizarse.

En los últimos años también se observó un deterioro en la composición de los activos de la autoridad monetaria. En 2011, las reservas internacionales representaban el 51,7% del activo total, mientras que un 39,3% correspondían a títulos públicos y adelantos transitorios al Tesoro nacional. En la actualidad, el 57,8% del activo consiste en títulos públicos y adelantos al Tesoro y sólo 35% del total de activos son reservas líquidas. Estos títulos intransferibles no pueden ser dispuestos por el BCRA hasta su cancelación y restringen la capacidad de la entidad para intervenir en la plaza.

A ello hay que sumarle la presión por la fuerte emisión de pesos a un ritmo superior al 30% anual, sin que las reservas se incrementen en la misma proporción, dato que alienta la preocupación por una devaluación de la moneda argentina cada vez más intensa hasta las elecciones de octubre. De hecho, quedan fuertes vencimientos de deuda en 2013, con la amortización del Bonar VII por unos u$s2.000 millones en septiembre. Para reflexionar al respecto, esta semana se autorizó la impresión de pesos con la Doble A: al Banco Central se le acabaron las letras del abecedario.