Hace seis años se concretó al intervención del INDEC, cuando la directora del Índice de Precios al Consumidor, Graciela Bevacqua, fue desplazada de su cargo por Guillermo Moreno, luego de negarse a brindar el listado de los comercios relevados para elaborar el indicador. Desde el desembarco del secretario de Comercio Interior, la distancia entre los precios oficiales y los registrados por estudios privados fue cada vez mayor. Esta brecha se trasladó, luego de cuatro años de fuga de capitales, a otra brecha: la del dólar oficial con el paralelo, por efecto de los controles en el mercado de cambios.
Casi como un paso natural en ese proceso en el que se evita atacar las causas que generan la inflación, se debió apelar a un control de precios, que no se justificaría con un 1,1% de aumento en el IPC, como difundió el INDEC en enero. Los acuerdos -o congelamiento de precios en este caso- constatan que la inflación no es la oficial. En cambio, los controles son coherentes –aunque no eficaces- si se reconoce que la Argentina tiene una de las inflaciones más elevadas del mundo.
América Latina demuestra que no se explica el aumento generalizado y persistente de los precios por la existencia de mercados concentrados ni el encarecimiento de la cotización internacional de las materias primas que el país exporta. En el primer caso, los países vecinos crecen sin inflación, aún con mercados concentrados. En el segundo caso, gran parte de los productos que Argentina vende no se consume a nivel local ni presiona al aumento de los precios internos.
La inflación real en Argentina quintuplica la de la región y erosiona la competitividad. Según relevamientos de precios de estudios privados, cuyo promedio es difundido por legisladores opositores en el Congreso, dio 2,58% en enero. El dato fue el más alto desde que comenzó su difusión, por encima del 2,31% de marzo 2012, para acumular un incremento interanual de 26,28 por ciento.
¿Cuáles son las razones para ocultar la inflación real? Una es que se estima un ahorro de u$s2.500 millones en pagos de deuda en títulos indexados por CER, un coeficiente que fija el Banco Central según el IPC oficial. Como el PBI también se mide en pesos, al considerar que los bienes y servicios que produce Argentina tienen un precio inferior al real, se obtiene como resultado un crecimiento económico sobreestimado, un dato útil al menos en términos políticos.
La inflación es una forma de ajuste fiscal y su consecuencia la pagan los más pobres. El Gobierno licúa sus deudas y aumenta la recaudación en términos nominales. Solapar la inflación es una forma de disimular este mecanismo de transferencia de recursos.
El Gobierno agotó los anuncios de cambios en el organismo estadístico para restablecer la confianza en sus índices. En mayo de 2008, el jefe de Gabinete Alberto Fernández encabezó una Jornada Internacional de Índices de Precios al Consumidor, donde anticipó que con la elaboración de un nuevo IPC se estaba “volviendo a poner las cosas en orden”. En agosto de 2009, el entonces ministro de Economía Amado Boudou creó un Consejo Académico del INDEC, para el que convocó a las universidades de Buenos Aires, Tucumán, Tres de Febrero, Rosario y Mar del Plata como asesoras para implementar cambios que transparenten las mediciones.
En noviembre de 2010 se anunció un sorpresivo e infructuoso acuerdo de cooperación técnica con el FMI con el mismo objetivo. Pasados 14 meses, la entidad de crédito emitió una “moción de censura” por el incumplimiento del artículo VIII de su carta orgánica, que exige a los países miembro a suministrar información “veraz y precisa” de su economía. Como respuesta, el ministro Hernán Lorenzino anunció que en el último cuatrimestre del año habrá un nuevo índice de precios nacional.
Las eventuales sanciones del FMI pueden significar desde la pérdida de la capacidad para recibir préstamos hasta la expulsión del país del organismo, pero negar la inflación tiene otras consecuencias perjudiciales para la economía. La sensación general lleva a descontar que la inflación real es mayor a la oficial, se exacerban las expectativas. Si el INDEC comienza a sincerar la suba de los precios ¿quién va a pensar luego que la inflación no es mayor? Por otro lado, la falta de datos creíbles obliga a negociar paritarias a ciegas y agrega más conflictividad entre empresas y trabajadores. Desde ya, los acuerdos de precios anticipan que el INDEC medirá un IPC inferior en febrero y marzo, meses clave para pactar aumentos salariales.
Por efecto de una inflación no reconocida se discuten aumentos nominales de salarios y no una genuina redistribución del ingreso en un marco de crecimiento. A partir de 2012 se dejó de hablar de puja distributiva: por la desaceleración hay menos para repartir. Más lejos aún quedó el debate acerca de cómo se administra el gasto público: una mejor administración de los recursos del Estado sería una verdadera redistribución. Por eso, el daño mayor de carecer de estadísticas rigurosas y confiables es que se prescinde de un instrumento central para delinear y ejecutar políticas sociales efectivas para quienes más las necesitan.