Con la reasignación de subsidios que anunció el Gobierno se intentan alcanzar varios objetivos simultáneos, a través de una iniciativa racional y que respeta el enunciado progresista que el oficialismo atribuye a sus políticas. Si bien no se traducirá en una reducción del gasto del Estado, la medida aporta una visión más lógica sobre la administración de los fondos públicos, protege la rentabilidad de las industrias en un contexto recesivo, incentiva el ahorro de los particulares en el uso de servicios básicos y, sobre todo, sostiene el verdadero fundamento de los subsidios, que es beneficiar a los sectores postergados de la sociedad.
Por una parte, se intenta reducir el peso de estos beneficios en el total del déficit fiscal, con el menor perjuicio posible sobre la función social que cumplen, es decir, en la contribución a sostener el nivel de consumo de la población más vulnerable en términos económicos, cuya calidad de vida se está deteriorando en un contexto de inflación creciente.
Este redireccionamiento de recursos se completará en tres etapas en los servicios de gas, justamente para que no sean perjudicadas las familias pobres, pero que cuentan con servicio de red. En este aspecto hay que subrayar las excepciones dispuestas, entre las que figuran los usuarios que cobran la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar, aquellos propietarios que están exentos del pago de ABL o quienes tienen certificado de discapacidad, entre otros.
El Gobierno busca también preservar la competitividad de la industria, en una etapa del ciclo económico en el que se percibe un estancamiento en varios sectores productivos. El INDEC informó que la actividad fabril tuvo un retroceso del 1,8% interanual en el primer bimestre del año. Cuidar el empleo es un objetivo indirecto, pero palpable del anuncio. En palabras del ministro de Planificación Julio De Vido, “cuando protegemos las tarifas del sector industrial, estamos protegiendo los seis millones de puestos de trabajo creados” en la última década.
Es claro que el déficit energético que atraviesa la Argentina desde 2011 es una preocupación en el Palacio de Hacienda. En los hechos, las compras de energía lastraron el superávit comercial de enero y febrero. El bimestre registró el saldo positivo más bajo desde el año 2000, unos insignificantes u$s79 millones en el primer bimestre, un 90% menos que en el mismo lapso del año pasado. Por eso otro objetivo central de la iniciativa oficial es la de promover el ahorro en la utilización de estos servicios. “Si la reducción de consumo está entre 5 y el 20 por ciento, la quita del subsidio será del orden de 50 por ciento. Si no hay ninguna mejora, se le quita el subsidio. Queremos que sea un incentivo para usar responsablemente un insumo que es escaso”, apuntó el ministro de Economía, Axel Kicillof.
La reducción del 20% en los subsidios al gas y agua se concretará en abril, junio y agosto. No obstante los usuarios que alcancen una reducción del consumo del 20% no serán alcanzados por esta decisión. Así se busca incentivar el ahorro en el uso de servicios básicos o, al menos, un consumo racional de estos recursos: quien no quiera afrontar la quita, que consuma menos gas, luz y agua corriente.
En principio no se trata de un ahorro para el Estado, aunque sí una prudente “quita con redistribución”, como explicó Kicillof, pues –según sus dichos- “lo que se genere de facturación adicional por la quita de subsidios se va a destinar a cubrir gastos de las distribuidoras, el Programa Progresar y la Asignación Universal por Hijo“. Este punto es de vital importancia, pues estos beneficiarios destinan casi la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no ahorran, y por eso la eventual mejora en sus ingresos que significa la continuidad del subsidio se transformará en consumo pleno, contribuirá en el sostenimiento de ventas minoristas y en la actividad económica general, y mantendrá su aporte en la recaudación, a través del pago de IVA.