El organismo que vela por “la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios” buscó forzar un desacople entre el precio de los activos y el valor de la cuota parte y, en lugar de proteger, perjudicó a los inversores al obligar a los fondos a desprenderse de los activos en dólares y así bajar las cotizaciones de la divisa en la operatoria bursátil e, indirectamente, en el mercado paralelo.

El ministro Axel Kicillof aseguró que la resolución fue una medida “muy chiquita” y “poco relevante”, y atribuyó el rechazo a la misma a “especuladores políticos tratando de sumar incertidumbre porque creen que se benefician cuando la gente piensa que está todo mal”. El efecto “diminuto” que describió el ministro es una duro ejemplo de cómo la impudencia y la impericia tienen consecuencias: las empresas cotizantes en la Bolsa porteña perdieron $117 mil millones en tres ruedas, según datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

La determinación de la CNV, que se evaluó en los despachos oficiales como un condicionamiento puntual sobre un segmento menor del mercado, golpeó a todos los activos. Fue una paradoja que el principal propósito del Gobierno -bajar la presión sobre el dólar-, se dio a la inversa y dañó más el ya deteriorado ánimo inversor. Un evidente “tiro por la culata” de los ejecutores de la política económica hasta el próximo 10 de diciembre.

En lugar de ceder, el dólar “blue” avanzó otro paso y quedó posicionado sobre los 16 pesos. Las cotizaciones implícitas en operaciones bursátiles, deprimidas en un principio por una ola de ventas de bonos públicos, rebotaron como un resorte y volvieron a situarse en los 14 pesos.

Se verificó así la premisa de que las valuaciones en los circuitos bursátil y cambiario evolucionan por la confianza y las expectativas y no por arbitrio de decretos y resoluciones administrativas. ¿Significa que el mercado se mueve en forma independiente de las decisiones oficiales? De ninguna manera: muchos de los números que hoy aporta el Gobierno son los fundamentos que marcar el pulso de las cotizaciones, como el déficit fiscal, nivel de reservas, emisión monetaria, rojo comercial, atraso cambiario, entre otros puntos débiles de la economía nacional.

Cifras del deterioro

Con los datos fiscales de julio conocidos la semana pasada, el déficit financiero de 2015 -posterior al pago de deuda- ascendió a $108.171 millones, un 181% más que los $38.468 millones del mismo período de 2014. Asimismo, el resultado primario reflejó un desequilibrio de $45.802 millones, cuando el año anterior acumulaba un modesto superávit de 2.970 millones. De enero a julio, los giros adicionales para financiar al Tesoro -provistos por el Banco Central, ANSeS y organismos descentralizados- totalizaron 65.595,8 millones de pesos.

Las reservas internacionales del BCRA, respaldo en divisas de los pesos en la economía, se sostienen en u$s33.300 millones por el aporte contable de yuanes equivalentes a unos u$s10.000 millones, producto del “swap” con el Banco Central de China. Según datos al 22 de septiembre, la Base Monetaria se sitúa en niveles récord de $535.125 millones (+39% interanual). Por cada dólar en reservas hay 16 pesos disponibles y esta relación se ampliará luego del desembolso de unos u$s6.000 millones por la cancelación del Boden 2015 el 3 de octubre.

En cuanto al saldo comercial, la vía casi exclusiva para proveer de divisas a la producción doméstica, el INDEC registró en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) un superávit acumulado a agosto de apenas USD1.487 millones, un 70% menos que en el mismo período de 2014. Sin embargo, el propio ente estadístico reconoció en su Base Usuaria un déficit comercial USD1.250 millones en los primeros ocho meses de 2015, resultado negativo sin precedentes desde 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

El atraso cambiario es el rezago del ritmo de aumento del tipo de cambio respecto de la inflación, que orada la competitividad y el empleo debido al aumento de los costos internos, tanto en pesos como en dólares. En el recorrido de 2015 el dólar oficial subió 10%; el “blue”, un 14,3%; el índice Merval, un 14,2%, mientras que la inflación minorista acumuló un 18,3%, según datos del sitio Inflación Verdadera. En la comparación interanual, el dólar paralelo se incrementó apenas 2% desde los $15,75 del 25 de septiembre de 2014, el dólar oficial aumentó 11,5%, el Merval cayó 19,4%, y la inflación acumulada se aproximó a 27% (26,5% según Inflación Verdadera, 26,6% para la Inflación “Congreso”).

Según datos preliminares de la entidad monetaria, desde el cierre de 2013 las reservas cayeron 8,2%, a 28.100 millones de dólares. Sin embargo, esta pérdida podría ampliarse a un 9%: según el dato consolidado de reservas al 29 de enero -difundido el viernes- éstas se situaron en u$s28.201 millones, unos 320 millones por debajo de la cifra provisoria informada ese día (u$s28.520 millones). Por lo tanto, el martes 4 de febrero se conocerá el número definitivo.

Mucho más que la inflación o el ascenso del dólar blue, es el nivel de activos líquidos en el Banco Central el indicador que moviliza las decisiones de los agentes financieros. Esta percepción de que las reservas se diluyen a un ritmo cada vez más veloz también dio empuje a medidas de política económica impensadas en los más de 10 años de administración kirchnerista, y menos aún con el perfil de un economista como Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda.

Frente a un déficit primario que se multiplicó por cinco en 2013, a la par del ascenso de los precios minoristas, el Gobierno optó por la receta ortodoxa, no sin antes acusar a “grupos económicos poderosos” por incentivar la inflación, y a productores agropecuarios por “amarrocar” stocks de soja por un monto entre 27.000 y 30.000 millones de dólares, tal como declaró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En ese presente, desde Economía y el Banco Central avanzaron en la mayor devaluación del peso en 12 años y en una suba de tasas hasta acercarlas a la inflación real, que apunta a captar pesos e, inevitablemente, encarecer el crédito y enfriar la economía.

Sin embargo, las reservas del BCRA ceden en forma más veloz que los efectos concretos de las medidas implementadas. El dólar oficial a ocho pesos todavía no conmueve a los exportadores del complejo cerealero-oleaginoso, que activan ventas a menor ritmo que en 2013 y 2012. Fruto de este conflicto es que el dólar informal apenas cede y se sostiene entre los 12 y 13 pesos, un valor insospechado hace apenas un mes atrás.

En el sector financiero dieron su veredicto: el riesgo país aumentó 36% y se arrimó a los 1.100 puntos básicos, sobretasa que aleja al Estado y a las empresas argentinas de la opción de obtener financiamiento en los mercados internacionales. El Credit Default Swap o seguro contra una eventual cesación de pagos subió 60%, hasta los 2.700 puntos, como síntoma de desconfianza sobre la futura capacidad de cumplimiento de las deudas públicas y privadas. La cotización de las empresas argentinas cayeron en torno al 20% en dólares y el valor bursátil de YPF recortó un tercio desde el arranque del año.

La flexibilización del “cepo” al dólar, que permite las compras de particulares para atesoramiento es, en este caso, un modesto gesto político y un dato anecdótico más que una referencia útil para desentrañar el futuro económico de 2014. En cinco jornadas operativas, las ventas minoristas concretadas -previa autorización de la AFIP- ascendieron a u$s95 millones, cuando en el período, las reservas cedieron diez veces más: 963 millones. No obstante, habrá que estar atentos a lo que ocurra durante febrero con esta apertura, una vez cobrados los sueldos, porque es de prever que aumentará la demanda de divisas muy por encima del nivel de enero.

Desde todo punto de vista, ya asoma un ajuste que se extenderá a toda la ciudadanía, tanto en el ámbito privado como en el gubernamental, producto de la licuación de salarios y deudas en pesos por efecto de la inflación, el encarecimiento del crédito en dólares, la pérdida de poder adquisitivo a la que contribuirá la devaluación y una restringida posibilidad de mejorar los ingresos por una actividad económica previsiblemente recesiva.

Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.

Los requisitos para incorporar divisas procedentes de actividades irregulares se redujeron a la mínima expresión: no se solicitaron precisiones sobre el origen de los fondos ni cuándo se obtuvieron. Sólo hubo que firmar una planilla para declarar que el dinero no provino de actividades ilícitas. Ni siquiera un control tan laxo, con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos, tentó a los furtivos tenedores de dólares.

Los ahorristas deben optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), destinado a los sectores de la construcción e inmobiliario, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), con vencimiento en 2016 y una tasa de interés del 4% anual. Con la rígida restricción cambiaria mediante, los actores económicos no creyeron que iban a recuperar las divisas o que podían estar exentos de una inminente inspección de la AFIP.

Desde cualquier punto de vista, el blanqueo no alcanza sus objetivos de impulsar el agonizante mercado inmobiliario, reforzar temporariamente las reservas del Banco Central, mejorar la performance de recaudación a partir de 2014 y crear un instrumento financiero en reemplazo del dólar como moneda de cambio y atesoramiento. Por el contrario, causa un inoportuno “costo político” para el Gobierno y deja la sensación de un nuevo maltrato a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones con el fisco.

La indiferencia que produjo el blanqueo expuso la falta de una conducción firme de la política económica, cuyas decisiones están dispersas en un racimo de dependencias (Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, ministerios de Industria y Agricultura) y organismos descentralizados (AFIP, Banco Central), bajo la tutela presidencial.

Para otorgarles algo de credibilidad a los funcionarios del Palacio de Hacienda, la sociedad urge otros blanqueos más importantes, que el Gobierno se esfuerza en aplazar: un índice de precios al consumidor verdadero y datos reales de crecimiento económico, pobreza e indigencia. O un blanqueo que involucre la reducción del empleo y la producción “en negro”, que representan cerca del 40% de la actividad económica y dejan en situación vulnerable a buena parte de la población ante eventuales crisis.

La pérdida de reservas en este trimestre de vigencia del blanqueo no se revirtió: fue de u$s2.310 millones (a u$s34.846 millones), por los cuantiosos vencimientos de deuda de septiembre afrontados con dólares del Banco Central. Hacia fin de año, la posible evolución de los activos de la entidad no genera ningún optimismo: sólo este mes habrá que cancelar intereses de Boden 2015 (u$s204 millones el 3 de octubre) y de Bonar X (u$s224 millones, el 17). Mientras, la entidad emisora está obligada a vender más dólares que los que compra en el mercado mayorista, para abastecer la demanda para importaciones, cancelación de créditos privados y turismo en el exterior, que no llega a cubrirse con las liquidaciones de los exportadores.