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El acuerdo por YPF se festeja más en Madrid

Tanto el Gobierno argentino como la española Repsol presentaron como un éxito el acuerdo de compensación por la estatización del 51% de las acciones de YPF, después de dos años de desgastadora pulseada por la valuación y forma de pago de los activos de la empresa más grande de la Argentina.

A dos años vista, cuando la estatización ya era anticipada por los operadores bursátiles, el deterioro de valor fue parejo para ambas petroleras: Repsol cotiza aún 10% menos que en febrero de 2012 e YPF perdió 14%, cuando el promedio Dow Jones de Industriales despegó un 24% en ese lapso. Este martes, una vez conocidos los detalles del convenio, el mercado financiero dio su veredicto: mientras que las acciones de Repsol en Wall Street treparon un 3,3%, las de YPF resignaron 3,5 por ciento.

¿Qué evaluaron los agentes financieros? En principio, Repsol contabilizará en su activo los u$s5.000 millones en bonos, que transformará en líquidos en el corto plazo. Aunque estas ventas inundarán la plaza de títulos soberanos argentinos y deprimirán sus precios, la española obtuvo garantías para que el Estado argentino entregue, de ser necesario, más bonos y que el total del resarcimiento no sea menor a los u$s4.670 millones al hacerse efectivos.

Según trascendió desde la propia Repsol, estos fondos liberados por el acuerdo se destinarán a comprar nuevos activos, preferentemente en América del Norte, que permitirán incrementar la producción y las reservas de hidrocarburos de la compañía, todavía impactada por la pérdida de su filial argentina. Un enorme espaldarazo, en el que también podrían sumarse en el futuro otros u$s6.800 millones por el 12% de acciones que aún conserva en YPF y el 30% que participa en la española Gas Natural Fenosa. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, no ahorró calificativos para referirse a la “solución amigable” con el gobierno argentino, que dejó a accionistas y directivos “muy satisfechos” y a la petrolera que representa frente a “una nueva etapa más potente desde un punto de vista financiero”.

Del lado argentino, los operadores de mercado advierten que los bonos Bonar X, Discount 33 y Bonar 2024 podrían sufrir un cuantioso descuento por la liquidación de Repsol. En el caso del Bonar 2024, se trata de una nueva emisión por u$s3.250 millones, que podría ampliarse en otros u$s300 millones, que integran el paquete complementario por hasta u$s1.000 millones ofrecido a la petrolera europea como garantía.

Esta nueva deuda en dólares a diez años por unos 3.500 millones saldrá al mercado con una tasa de 8,75% anual, por lo tanto, las amortizaciones por capital y vencimientos ascenderán a casi u$s7.000 millones pagaderos a lo largo de la próxima década. Todo el paquete de títulos públicos completará un desembolso cercano a los u$s10.000 millones en 20 años. El acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso argentino para que quede asentado el reconocimiento oficial del pasivo y su garantía de pago. “Dados los extensos plazos de los bonos que se van a emitir, ya que algunos se pagarán hasta 2033, su impacto trascenderá por mucho al actual gobierno”, apuntó el diputado de la UCR Mario Negri.

En el Gobierno enfatizan el saldo positivo que deja la solución de esta controversia. Se abrirá la compañía a más capitales privados, como los de Chevron, sin temor a los litigios internacionales con que había amenazado Repsol. “Las inversiones en hidrocarburos están paralizadas a la espera de un cambio en el frente político a partir de 2015. Lo único que se mueve es YPF, por el respaldo del Estado y la voluntad del Gobierno para su desarrollo”, comentó un ingeniero de una petrolera norteamericana que opera en el país.

En junio de 2012, el CEO de YPF, Miguel Galluccio, anunció un plan de desarrollo de u$s35.000 millones hasta 2017, a razón de u$s7.000 millones al año. Con el transcurrir de los meses, aquel plan prometedor se fue diluyendo con la misma velocidad con la que descendió el nivel de reservas del Banco Central, cuyas divisas se utilizan para pagar las importaciones de energía. El déficit en esta materia continuará en los próximos años, pero al destrabarse inversiones de las petroleras extranjeras -en una actividad de alto riesgo que demanda miles de millones de dólares al año y tecnología de punta de los que Argentina carece-, la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, clave para el futuro energético nacional, empezará a ser una realidad.

El fin de este capítulo también cierra un frente de conflicto externo y da una señal muy fuerte para encarar otros, como los que se mantienen con el Club de París y los “holdouts”, los principales obstáculos para que Argentina regrese al mercado internacionales de crédito a tasas razonables y solucione la restricción de dólares que ahoga el crecimiento de la economía.

La deuda también crece respecto del PBI

Esta semana, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública ascendió a u$s196.143 millones al cierre del primer semestre de 2013. Este monto significa que en términos interanuales, las acreencias netas del Estado Nacional equivalen al 43,6% del PBI de Argentina, desde el 41,5% que representaban en junio de 2012. En un año, la deuda argentina aumentó u$s13.402 millones, desde los u$s182.741 millones de junio del año pasado.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.