A dos años de introducidas las restricciones cambiarias, muchos economistas coinciden en que estas medidas contribuyeron más a desacelerar la economía que a fortalecerla. En principio, el “cepo” fue pensado para detener la fuga de capitales, un objetivo que claramente no cumplió. Los dólares dejaron de ingresar al sistema financiero, la caída de depósitos por unos u$s7.000 millones redujo estas colocaciones a la mitad, las inversiones en dólares se retrajeron y, en cambio, se aceleró la cancelación de deuda en divisas (privada y pública) sin que se renovaran créditos y se incentivó el consumo suntuario de bienes y servicios del exterior.
La brecha entre el dólar oficial y el blue cercana al 70% es un escollo insalvable para unificar el mercado de cambios y recuperar las condiciones anteriores al 31 de octubre de 2011, cuando nació el “cepo”. En realidad, el atraso cambiario ya existía entonces, pero el ancla de un dólar oficial efectivamente libre lo aferraba a un precio bajo. El dólar “atrasado” comenzó a percibirse en forma moderada después de la disputa con los productores del campo por la resolución 125, pero se fue profundizando con el transcurso de los meses. El billete verde subió a un ritmo menor que la inflación y fue el dólar paralelo, muy a pesar de las intenciones del Palacio de Hacienda, el que llegó para emparejar el precio de la divisa con el del resto de los bienes.
La pregunta, a pocas horas del retorno de Cristina Kirchner al ejercicio pleno de sus funciones, es cómo el Gobierno piensa administrar el déficit fiscal en los próximos dos años. Una opción es mantener las restricciones al dólar, los controles a las importaciones, el financiamiento del Tesoro con reservas y su contracara: la sobreemisión de pesos. Una salida ortodoxa pasa por buscar crédito internacional, como esbozó el principio de acuerdo con el Banco Mundial por unos u$s3.000 millones, el reconocimiento de sentencias en el CIADI, el trabajo conjunto con el FMI por las estadísticas oficiales y el diálogo con los holdouts. Una tercera vía sería un indeseable ajuste.
Si la percepción oficial es que un recorte del gasto para equilibrar las finanzas públicas o una devaluación contradicen las virtudes del “modelo económico” actual, el “cepo” será inevitable hasta que asuma otra administración y revise esa tesis. En este sentido se interpretan las declaraciones de la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien aseguró que la caída de reservas responde a “los pagos de deuda pública en moneda extranjera”.
Según la funcionaria, un 75% de la caída de reservas este año (cerca de u$s11.000 millones) corresponde al “desendeudamiento” en moneda extranjera, hasta reducir estos pasivos a un monto que representa apenas un 8,5% del PBI. No obstante, la deuda pública total aumenta, lo que significa que se cancelan esas obligaciones con nueva deuda, colocada a organismos del Estado como la ANSeS y el propio BCRA.
Según los datos aportados por Marcó del Pont, este año ya se pagaron unos u$s8.000 millones por capital e intereses, una cifra similar al déficit comercial del sector automotriz o el del sector industrial radicado en Tierra del Fuego. También es equiparable al rojo por turismo y pagos con tarjeta en el exterior, y algo mayor al déficit de la factura energética. Todos estos ítems son parcialmente compensados por las exportaciones del agro y en menor grado por la minería. La diferencia en la balanza de pagos se cristaliza en la pérdida de reservas, por tanto, limitarla sólo al cumplimiento de las obligaciones soberanas es una verdad a medias que oculta otras distorsiones, exacerbadas por el “cepo” cambiario y la convivencia de un dólar oficial a seis pesos y otro blue a diez.
Ejemplo de esto es el auge de ventas de autos 0 kilómetro, con elevado componente importado o directamente unidades terminadas procedentes del exterior; el éxodo turístico fronteras afuera; los tours de compras a Chile, Uruguay o Miami, y el irrefrenable consumo “hormiga” con tarjeta a través de sitios web extranjeros, que explica la mitad de la sangría de dólares que se computa por turismo.