En los últimos meses se profundizó el debate sobre cuál política económica deberá aplicar el próximo gobierno para retomar la senda de crecimiento sostenido.

Están quienes pregonan la necesidad de un “shock” que se sintetiza en una fuerte devaluación del peso, con el elevado costo de deprimir los salarios medidos en dólares y soportar en lo inmediato una inflación aún mayor a la actual, a cambio de mejorar la performance exportadora en el corto plazo, liberar el mercado de cambios y facilitar un rápido ingreso de divisas. A su vez, se presume que la devaluación permitiría un atajo fiscal, al licuar el déficit público y la deuda en pesos contraída por el Tesoro con el BCRA, y por éste con los bancos a través de la colocación de Letras y Notas.

Del lado del “gradualismo” apuntan que las condiciones macroeconómicas no son tan frágiles como en crisis de décadas pasadas y que podría optarse por una salida menos traumática, al buscar financiamiento en dólares -previo acuerdo con los holdouts- para amortiguar los efectos de un ajuste fiscal sin provocar un deterioro desmesurado en los salarios y en el valor de la moneda. A diferencia de un “shock”, cuya suerte se juega en el corto plazo, el “gradualismo” se inclina por equilibrar las distorsiones acumulados en la economía en un mediano plazo.

La discusión subyacente de 2016 es de dónde se obtendrán los recursos para volver a crecer. Con alto costo social, la devaluación apela al ingreso de dólares comerciales, en menor grado a deuda externa y, eventualmente, a un rápido ingreso de divisas por inversiones y de los propios ahorristas que atesoran fuera del sistema. Por el contrario, el mayor endeudamiento externo permitirá suavizar el costo social, pero a la vez lo diferirá en los años venideros, con un rebote de actividad probablemente más modesto y a una tasa de interés cara en dólares en comparación a la de bonos de países vecinos.

Hoy la estrategia oficial parece más nítida: llegar a las elecciones con un despliegue de controles que permitan mantener el atraso cambiario sin “corrida” ni fuga de capitales. Una tasa de cambio baja sirve para poner un dique de contención a los precios, al volver más accesibles lo productos importados, y mantener los salarios en un nivel aceptable medidos en dólares, como comprobaron muchos argentinos que en los últimos tiempos viajaron al exterior.

Aún en default “selectivo” por los fallos de Thomas Griesa, se tomó deuda en moneda extranjera a través del “swap” con China y bonos emitidos por el Tesoro Nacional, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como por la estatal YPF. Esas divisas permiten pagos de vencimientos sin resignar reservas. Con deuda en pesos (emisión de Bonac del Tesoro, y Lebac y Nobac del BCRA) se financia el déficit fiscal sin recurrir a recortes de presupuesto.

En este esquema, la economía no crece, pero tampoco el desempleo, gracias a las contrataciones del sector público y planes de asistencia social. A cambio, el Estado se compromete a pagar tasas de interés del 27% anual en pesos y del 9% en dólares. El estancamiento económico es también producto del riguroso equilibrio entre exportaciones e importaciones, pues las divisas obtenidas de las ventas se destinan a las compras y se atrofia el superávit comercial.

El Gobierno “marca la cancha”

A su modo, el gobierno de Cristina Kirchner deja la cancha marcada a la próxima administración, pues el riesgo de impulsar correcciones abruptas o con insuficiente consenso podría generar un efecto contrario si hay rechazo de amplios sectores de la ciudadanía. Dentro de este razonamiento, el humor social podría condicionar al próximo Presidente a definirse por profundizar aún más el endeudamiento en dólares, algo así como un “shock” de deuda, y una devaluación “gradualista” que no implique un salto del tipo de cambio como el de 2002, con el fin de la convertibilidad, pero que necesariamente tendrá que superar a la inflación para hacer converger la cotización del dólar con el resto de los precios de bienes y servicios.

A la par, quedan interrogantes clave para no incurrir en nuevos fracasos, pues, entre otros desafíos, el BCRA tendrá la enorme exigencia de calibrar una política monetaria contractiva para que la inflación no se dispare y, a la vez, no hunda más la actividad, mientras que el Ministerio de Economía tendrá que desatar el nudo de los subsidios cruzados y la pesada carga tributaria que afronta en particular el sector privado. La deuda en default es otro obstáculo que no se puede esquivar y sobre el que los candidatos aún no se pronuncian.

El ministro Axel Kicillof ya experimentó con el “shock” cuando en 2014 apostó por una devaluación en torno al 20%, entre el 21 y el 23 de enero, que fue absorbida rápido por la inflación antes del cierre de aquel año. A partir de octubre de 2014, con el aumento de la deuda en dólares, una devaluación más moderada y acuerdos salariales debajo de la inflación, la iniciativa oficial fue más bien “gradualista” para llegar a las elecciones en leve recesión, pero sin sobresaltos. En ambos casos se postergaron las medidas de fondo: con amplio déficit fiscal e inflación alta se debieron mantener las restricciones cambiarias y la actividad económica, en términos generales, no reaccionó.