Un mes de bruscos sobresaltos financieros

En el plano económico, la novedad sobresaliente del pasado octubre fue el reemplazo de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli en la conducción del Banco Central. Este nombramiento tuvo decisivas derivaciones: el ajuste de los controles sobre el mercado y los gestos contundentes para disuadir a los referentes de la plaza financiera que buscaban el refugio del dólar. Éstos últimos optaron por desarmar posiciones, con relativo éxito para frenar la escalada del precio de la divisa. Si esta presión permite un forzado triunfo al Gobierno, trae duras consecuencias, como el exacerbado el “cepo” a las importaciones y una continuidad sin plazo para la recesión. El propio INDEC reconoció que la producción industrial acumuló 14 meses de retroceso interanual.

Inspecciones rigurosas, como el publicitado allanamiento a la sociedad de bolsa Arpenta, y la advertencia del titular del BCRA acerca de que se investigará si hay maniobras de lavado de dinero en las operaciones de “contado con liquidación” fueron ejemplos de las movidas oficiales que desactivaron la dolarización de carteras a través de operaciones bursátiles formales. Cayó el volumen negociado en la Bolsa y el índice Merval perdió en promedio un 12,2% en octubre.

En el mismo sentido, también se recortó con fuerza el precio implícito del dólar en transacciones financieras, al dividir las cotizaciones en pesos en la Bolsa porteña por los precios en dólares en Wall Street. El “contado con liqui” se desplomó 12% (de $14,93 a $13,14), el dólar MEP cayó 12,6% (de $15,26 a $13,34) y el dólar “blue” perdió 9,1% (de $15,72 a $14,28).

El descenso del dólar informal tuvo cierto sustento si se observa la relación de “convertibilidad” entre la Base Monetaria ($396.113 millones) y las reservas (u$s27.402 millones), con datos actualizados por el BCRA al 23 de octubre, que resulta en un dólar teórico de $14,45, más cercano al valor actual del “blue” que de los casi 16 pesos del 24 de septiembre pasado. El atraso cambiario parece ser un baluarte del esquema económico: el dólar mayorista terminó el mes en $8,5025, con una suba de apenas 0,9%, la mitad que la inflación real, desde los $8,4275 del final de septiembre.

Sobre el cierre del mes, el Banco Central activó el swap con China y sumó unos u$s800 millones a las reservas, a las que hay que añadir unos u$s200 millones adquiridos en el mercado mayorista, donde la autoridad monetaria monopoliza las compras, a expensas de los importadores. Así, el ente emisor logró un modesto éxito: terminar octubre con un saldo positivo de u$s237 millones para los activos internacionales, en u$s28.103 millones, aún con la efectivización récord de divisas para atesoramiento y turismo por un total de 485 millones de dólares. Hay que recordar que por el default “selectivo”, el BCRA todavía contabiliza u$s700 millones de intereses de bonos Discount y Par, cuyo desembolso fue bloqueado por el juez Thomas Griesa.

De todos modos, hay que resaltar las muy buenas noticias desde el frente externo. Por una parte, los precios de la soja rebotaron desde sus pisos del año y recuperaron un 14% en el mes. Los granos y sus derivados aportan más de un tercio de las exportaciones argentinas y las mejores cotizaciones en el exterior alientan mayores liquidaciones de divisas.

A la vez, se consolidó el descenso del precio del petróleo, que permitirá a la Argentina estabilizar en 2014 el déficit en materia energética, que había trepado en todo 2013 a unos 6.500 millones de dólares. El barril de crudo de Texas se situó apenas sobre u$s80 el barril y desde enero cedió 18%, mientras que la variedad Brent, que se negocia en Londres, perdió alrededor de 25% en el año.

Según el Balance Cambiario del BCRA correspondiente al tercer trimestre del año, en el lapso julio-septiembre los pagos de importaciones de las empresas vinculadas al sector energético bajaron un 7% o u$s258 millones frente al mismo período de 2013. Si bien entre enero y septiembre las compras de energía al exterior se mantuvieron por encima del año anterior (u$s10.800 millones frente a u$s9.722 millones), la tendencia es declinante por el efecto conjunto de la recesión local y la baja de precios internacionales.

La conclusión que dejó octubre es la de una cierta tregua financiera en un país aquejado por el estancamiento, el default y la carencia de crédito. Es un poco de aire fresco para una política económica agotada, que tiene como único objetivo pagar el menor costo político posible para llegar al cambio de mando en diciembre de 2015, a costa de postergar esfuerzos contra los problemas de base acumulados desde la intervención del INDEC para encubrir la inflación, el atraso cambiario que nació a la sombra de “crisis del campo” de 2008 y el camino sin retorno a la recesión que significó el “cepo” al dólar desde 2011.

Ya compromete al próximo gobierno la deuda en dólares

El acuerdo con el Club de París anunciado el jueves implica un avance en el reconocimiento de parte de los pasivos que la Argentina estuvo eludiendo desde la declaración del default en diciembre de 2001. También muestra el camino de creciente endeudamiento en dólares que tomará la economía argentina, obligado por la pérdida de reservas y el retroceso de la actividad económica. En esta misma línea hay que incluir la compensación a Repsol por la estatización de acciones de YPF, con nueva emisión de títulos, y no debe dejarse de lado la deuda con los bonistas que no aceptaron los canjes y que tarde o temprano se deberá contabilizar.

Axel Kicillof admitió que sincerar las cuentas con los acreedores es imprescindible para resucitar el crédito externo, objetivo para el cual hay que contar con el respaldo de las naciones que integran el Club de París. “Una vez que se comience a pagar la deuda, esos países abren las agencias, esas ventanillas, para prestarles a empresas de esos países para invertir en la Argentina”, dijo el ministro de Economía, al tanto de la magnitud de la necesidad de divisas que ya no da margen para afrontar vencimientos con reservas del BCRA.

El origen de esta colección de pasivos, contraídos por sucesivos gobiernos y acumulados como capas geológicas, tiene estrecha relación con el déficit de las cuentas públicas. Aún con el millonario aporte del BCRA y la ANSeS, en el primer trimestre de 2014 el Tesoro Nacional no pudo evitar un déficit primario -previo al pago de deuda- de $1.259,1 millones, rojo que no se producía desde el primer trimestre de 2002, pues aún con cierre negativo en los ejercicios de 2012 y 2013, el período enero-marzo había resultado superavitario. “Dado que la recesión ha comenzado a afectar los ingresos fiscales, esta tendencia de deterioro fiscal se espera que continúe ante la falta de medidas claras para contener el gasto que, por ahora, se limitaron a la reducción de salarios de los empleados públicos y, sobre todo, de las jubilaciones medidas en moneda constante”, explicó Daniel Artana, economista Jefe de la fundación FIEL.

Al contemplar el pago de intereses de la deuda pública, el déficit financiero del trimestre fue de $15.180 millones, un 167% superior al rojo de $5.684,5 millones acumulado entre enero y marzo de 2013, cifras más negativas que lo previsto. “En el primer trimestre del 2014 se dio continuidad a la tendencia que se mantiene sin interrupción desde mediados del 2013, caracterizada por un gasto público que crece a mayor ritmo que los ingresos”, indicó un estudio del IARAF.

Los $17.380 millones que se computaron en los ingresos como “rentas de propiedad”, es decir el auxilio del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, atenuaron el preocupante déficit. “Las rentas de la propiedad han ido adquiriendo con el paso de los años mayor relevancia como componente de los ingresos. Concretamente, en el primer trimestre del 2014 representaron un 8% del total”, subrayó el análisis del IARAF, que estima en $45 mil millones el giro de fondos de estos organismos al Tesoro hasta fin de año. “A partir de la colocación de bonos de YPF y del reciente acuerdo alcanzado con el Club de París, volvería a la mesa la alternativa de obtener nuevo financiamiento externo, y con ello poder lograr que un mayor componente de la emisión de pesos cuente con respaldo genuino”, completa el estudio.

El peso de la deuda

Según el último informe oficial disponible, actualizado al tercer trimestre de 2013, la deuda pública en moneda extranjera ascendía a unos 124.200 millones de dólares. Si se le suman los u$s3.600 millones extra que se le reconocieron al Club de París sobre la deuda original -cifrada en u$s6.100 millones-, los u$s5.300 millones de los bonos entregados a Repsol por la estatización de YPF, los u$s500 millones en Bonar 2017 y Boden 2015 entregados para desactivar demandas en el CIADI, y otros u$s11.600 millones en manos de bonistas que no ingresaron al canje, los pasivos del sector público en divisas aumentan u$s21.000 millones o 17%, a 145 mil millones de dólares.

Junto con el endeudamiento del país en moneda extranjera por este “blanqueo” forzoso, hay que empezar a mirar el perfil de vencimientos del final del kirchnerismo y el que heredará el próximo gobierno.  Los u$s9.700 millones acordados con el Club de París -más que los u$s9.530 millones que se le pagaron al FMI en efectivo en 2006- deberán desembolsarse en su totalidad en los próximos cinco años, por cuanto los pagos se concentrarán en el próximo gobierno, que concluye el 10 de diciembre de 2019. En cuanto a los u$s5.317 millones emitidos para compensar a Repsol, unos u$s3.300 millones en concepto de capital e intereses se cancelarán antes de 2020.

Sobre los u$s11.600 millones en bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, no puede establecerse un período de pago, aunque podrá incidir la definición de la Corte de los EEUU el próximo 12 de junio en el marco de la presentación que hicieron los holdouts contra la Argentina y, sobre todo, la caducidad el 31 de diciembre de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derechos sobre ofertas futuras) que obliga al país a ofrecer a los bonistas que rechazaron la reestructuración las mismas condiciones de pago de quienes sí aceptaron. Esta regulación impidió llegar a un acuerdo extrajudicial con dichos acreedores.

En el período de seis años a transcurrir entre 2014 y 2019 incluido, los vencimientos de capital e intereses en divisas que deberá afrontar el Estado suman unos u$s53.500 millones, sin contabilizar a los holdouts y eventuales pagos del Cupón atado al PBI. Esta suma duplica las actuales reservas internacionales del BCRA y sirve para comprender la urgencia de divisas que atravesará el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner y también el gobierno que la suceda.