En las cuentas del Central, el rojo comercial por energía ascendió a u$s8.131 millones, producto de exportaciones por u$s5.292 millones –con una caída interanual de 11%- e importaciones por u$s13.423 millones, un 8,1% más que en 2013. En un contexto de restricciones para operar divisas en el país, esta cifra cobra mayor magnitud cuando se recuerda que hasta 2010 Argentina tuvo superávit energético.

Con precios internacionales más elevados, en 2013 el déficit sectorial fue de u$s6.478 millones, según el ente monetario. La Argentina no pudo capitalizar plenamente la debacle de los hidrocarburos: desde los u$s107,26 por barril que cotizó el petróleo de Texas el 20 de junio de 2014, su valor se redujo prácticamente a la mitad en el segundo semestre. Este viernes el barril finalizó a u$s50,34 en Nueva York y a u$s60,22 en Londres para la variedad Brent.

En el saldo final del año, esta caída no fue suficiente para equilibrar las cuentas comerciales de la Argentina en este ítem y, probablemente, será recién en 2015 cuando la economía local podrá beneficiarse de los bajos precios del crudo, en tanto éstos se conserven estables. Sin embargo este abaratamiento de la energía es el principal escollo para reducir el déficit, pues desactiva los planes de inversión para desarrollar campos de gas y petróleo en el país, en particular del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

La baja del crudo se percibió levemente en el tercer trimestre del año pasado (-7% interanual) y con más contundencia en el período octubre-diciembre, pues “durante el cuarto trimestre de 2014 las distintas empresas vinculadas al sector energético registraron pagos de importaciones 20% menores a las realizadas el mismo trimestre del año anterior”, indica el documento del BCRA.

En 2014 la energía consumió el 22% de las divisas demandadas para las importaciones nacionales, que totalizaron u$s60.635 millones, según el Banco Central. Esto significa que hidrocarburos y electricidad se llevaron uno de cada cinco dólares destinados a compras en el exterior. “A excepción de los sectores vinculados al sector energético que registraron un aumento por unos u$s1.000 millones, el resto de los principales sectores registraron bajas interanuales en el total de pagos de importaciones”, subrayó el BCRA. Así, el peso del rojo energético se evidencia en otro dato: de las diez primeras empresas con mayores pagos de importaciones en 2014, seis correspondieron a la industria automotriz y tres al sector energía: dos petroleras y una del rubro eléctrico.

Por efecto del “impuestazo” a los autos premium y la leve recesión económica de 2014, resalta el recorte en u$s7.500 millones en compras del sector automotriz por insumos, piezas y unidades terminadas. De esta forma, el rubro energía, al contabilizar hidrocarburos y electricidad adquiridos en el exterior, desplazó a la industria automotriz como principal complejo importador de la Argentina. Las terminales locales acumularon compras por unos u$s12.000 millones el año pasado, frente a u$s19.579 millones en 2013.

El BCRA detalló que “los mayores pagos de importaciones del sector energía en 2014 se dieron en un contexto de mayores niveles de demanda. Según la información disponible en la síntesis del mercado eléctrico mayorista, informe publicado por la Secretaría de Energía, la energía demandada del sistema creció alrededor de 2% interanual en los primeros once meses de 2014. Dicho incremento se observó particularmente en el periodo marzo-julio”.

Divergencias con el INDEC

Las cifras del rojo energético registrado por el BCRA son holgadamente mayores que las difundidas por el INDEC, con una diferencia de 30,2% o 1.888 millones de dólares. El cuestionado ente estadístico informó un déficit sectorial de u$s6.243 millones en la balanza comercial energética en el acumulado de los doce meses de 2014.

Esta divergencia puede surgir por el momento en que se asientan las transacciones con el exterior, que en algunos casos se efectúan al contado y en otros se cancelan por adelantado o a plazo, aunque no deja de ser llamativa, pues en el ejercicio 2013 la brecha entre las cifras del BCRA y el INDEC no superó el 12%, entonces unos 800 millones de dólares.

El país norteamericano aportó un año atrás la noticia más relevante para las finanzas internacionales: el restablecimiento del superávit energético en su suelo después de dos décadas. Ahora ese reequilibrio en la balanza comercial del rubro petrolero se observa con toda su fuerza: en cinco meses el barril perdió un tercio de su valor. El crudo ligero de Texas recortó un 36% desde los u$s107,26 del 20 de junio a los u$s66,15, en la actualidad, el precio más bajo desde septiembre de 2009.

Esta caída también se registró en otras materias primas, como la soja, que desde los u$s451,23 por tonelada que cotizaba el 29 de junio pasado cedió un 17%, a 373,32 dólares. Desde el máximo del año, a u$s558 por tonelada el 16 de abril pasado, la caída de la soja se amplía a 33 por ciento. Este comportamiento se rige por el avance del dólar frente a otras monedas y las expectativas porque la Reserva Federal decida un incremento de las tasas de referencia en 2015. La visión de un fortalecimiento más pronunciado del billete verde se descuenta en las plazas financieras.

Por eso se erige un frente de tormenta para las materias primas. Los países que integran el club de los grandes exportadores de petróleo, la OPEP, discutieron el futuro de un sector que es la matriz de sus respectivas economías. En los extremos se encuentran Arabia Saudita y Venezuela. El primero es el principal abastecedor global de crudo y apoya el sostenimiento de la oferta aún con precios en baja, para desalentar las explotaciones no convencionales, “shale oil” y “shale gas”, que asoman como una competencia peligrosa. El segundo padece una vital pérdida de ingresos, en un presente recesivo de elevada inflación, caída de reservas y necesidad de divisas para sostener las importaciones. Los árabes ganaron el debate e impusieron su postura: mantener la hegemonía del mercado a cambio de perder rentabilidad.

Germán Fermo, experto de MacroFinance, refiere que “la historia para mercados emergentes sigue siendo razonablemente favorable, pero ya no vamos a ver los máximos que vimos en el lustro anterior en commodities y por lo tanto un gran motor de crecimiento y auge, de a poco, se está empezando a apagar”. Anticipa además que “los próximos años van a ser más desafiantes para estas economías. Lo bueno sería que este cambio de precios relativos sea lento, de forma que le dé al equilibrio general la chance de ajustarse”.

Con este esquema de precios, la Argentina tiene un diagnóstico ambiguo: en el corto plazo se beneficia de una energía más barata, por su déficit comercial en este segmento; a largo plazo, queda comprometida la rentabilidad de futuras inversiones en el megayacimiento no convencional de Vaca Muerta, debido a que el proceso de “fracking” es mucho más caro que la explotación de hidrocarburos convencionales. Los analistas sitúan en u$s80 por barril de crudo el umbral que hace rentable al “shale”.

El jefe de Gabinete Jorge Capitanich negó que la baja en el valor del petróleo afecte la inversión en Vaca Muerta: “YPF, en forma directa o asociada, ha generado una eficiencia y productividad de cada peso invertido, con el objeto de disminuir el costo de explotación de cada pozo”. Pero la realidad marca que los fundamentos técnicos son ajenos a la voluntad política.

Ariel Squeo, analista de ICB Argentina, indica que “de forma análoga, el precio en baja complica los planes de YPF en Vaca Muerta. Sin embargo, la diferencia con lo anterior es que en Argentina la estrategia de mediano y largo plazo se ve opacada con las necesidades inmediatas, es decir, necesidades de dólares, inversiones y un Gobierno controlante que enfrenta el año que viene elecciones a nivel nacional”.

Por ahora, las acciones de YPF soportaron con bastante dignidad los avatares de la economía local y las vapuleadas cotizaciones internacionales. En Nueva York, los ADR de la compañía insignia de la Argentina en el exterior se sostienen en los u$s33 con que empezaron el 2014 y ceden solo 1,4% desde que el crudo inició su desliz bajista el 20 de junio.

“Para la proyección del precio del petróleo hacia delante, sugiero observar el comportamiento entre el rango de 70 y 65 dólares. En principio, podría resultar como un soporte y piso de corto plazo en función al nivel de precio que operó durante mitad del año 2009 y 2010; desde ahí, armar una estrategia ‘long’ en el commodity, como así también en acciones correlacionadas, como Tenaris. En el caso contrario, el quiebre del nivel anterior generaría un evento bastante negativo, dejando abierta la puerta a una caída sin pisos concretos y habilitando incluso la zona de 50 dólares”, advierte Ariel Squeo.

A dos años vista, cuando la estatización ya era anticipada por los operadores bursátiles, el deterioro de valor fue parejo para ambas petroleras: Repsol cotiza aún 10% menos que en febrero de 2012 e YPF perdió 14%, cuando el promedio Dow Jones de Industriales despegó un 24% en ese lapso. Este martes, una vez conocidos los detalles del convenio, el mercado financiero dio su veredicto: mientras que las acciones de Repsol en Wall Street treparon un 3,3%, las de YPF resignaron 3,5 por ciento.

¿Qué evaluaron los agentes financieros? En principio, Repsol contabilizará en su activo los u$s5.000 millones en bonos, que transformará en líquidos en el corto plazo. Aunque estas ventas inundarán la plaza de títulos soberanos argentinos y deprimirán sus precios, la española obtuvo garantías para que el Estado argentino entregue, de ser necesario, más bonos y que el total del resarcimiento no sea menor a los u$s4.670 millones al hacerse efectivos.

Según trascendió desde la propia Repsol, estos fondos liberados por el acuerdo se destinarán a comprar nuevos activos, preferentemente en América del Norte, que permitirán incrementar la producción y las reservas de hidrocarburos de la compañía, todavía impactada por la pérdida de su filial argentina. Un enorme espaldarazo, en el que también podrían sumarse en el futuro otros u$s6.800 millones por el 12% de acciones que aún conserva en YPF y el 30% que participa en la española Gas Natural Fenosa. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, no ahorró calificativos para referirse a la “solución amigable” con el gobierno argentino, que dejó a accionistas y directivos “muy satisfechos” y a la petrolera que representa frente a “una nueva etapa más potente desde un punto de vista financiero”.

Del lado argentino, los operadores de mercado advierten que los bonos Bonar X, Discount 33 y Bonar 2024 podrían sufrir un cuantioso descuento por la liquidación de Repsol. En el caso del Bonar 2024, se trata de una nueva emisión por u$s3.250 millones, que podría ampliarse en otros u$s300 millones, que integran el paquete complementario por hasta u$s1.000 millones ofrecido a la petrolera europea como garantía.

Esta nueva deuda en dólares a diez años por unos 3.500 millones saldrá al mercado con una tasa de 8,75% anual, por lo tanto, las amortizaciones por capital y vencimientos ascenderán a casi u$s7.000 millones pagaderos a lo largo de la próxima década. Todo el paquete de títulos públicos completará un desembolso cercano a los u$s10.000 millones en 20 años. El acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso argentino para que quede asentado el reconocimiento oficial del pasivo y su garantía de pago. “Dados los extensos plazos de los bonos que se van a emitir, ya que algunos se pagarán hasta 2033, su impacto trascenderá por mucho al actual gobierno”, apuntó el diputado de la UCR Mario Negri.

En el Gobierno enfatizan el saldo positivo que deja la solución de esta controversia. Se abrirá la compañía a más capitales privados, como los de Chevron, sin temor a los litigios internacionales con que había amenazado Repsol. “Las inversiones en hidrocarburos están paralizadas a la espera de un cambio en el frente político a partir de 2015. Lo único que se mueve es YPF, por el respaldo del Estado y la voluntad del Gobierno para su desarrollo”, comentó un ingeniero de una petrolera norteamericana que opera en el país.

En junio de 2012, el CEO de YPF, Miguel Galluccio, anunció un plan de desarrollo de u$s35.000 millones hasta 2017, a razón de u$s7.000 millones al año. Con el transcurrir de los meses, aquel plan prometedor se fue diluyendo con la misma velocidad con la que descendió el nivel de reservas del Banco Central, cuyas divisas se utilizan para pagar las importaciones de energía. El déficit en esta materia continuará en los próximos años, pero al destrabarse inversiones de las petroleras extranjeras -en una actividad de alto riesgo que demanda miles de millones de dólares al año y tecnología de punta de los que Argentina carece-, la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, clave para el futuro energético nacional, empezará a ser una realidad.

El fin de este capítulo también cierra un frente de conflicto externo y da una señal muy fuerte para encarar otros, como los que se mantienen con el Club de París y los “holdouts”, los principales obstáculos para que Argentina regrese al mercado internacionales de crédito a tasas razonables y solucione la restricción de dólares que ahoga el crecimiento de la economía.

El Gobierno se garantizó antes de las elecciones la aprobación del Presupuesto 2014 y la ley de emergencia económica. El resultado de los comicios pudo ser analizado desde los despachos oficiales con la perspectiva del “vaso medio lleno”: el Frente para la Victoria conserva la mayoría en ambas cámaras del Congreso y todavía mantiene un núcleo duro de un tercio de los votantes. En el mismo aspecto puede interpretarse que continuará la aversión al cambio y el estilo heterodoxo y desarticulado para abordar los conflictos de la economía.

Sin embargo, ya no es ajena para el Gobierno la urgencia de conseguir dólares. El intrascendente blanqueo de capitales a través de los CEDIN y BAADE ideado por Guillermo Moreno cedió el paso a otras alternativas, más amigables con el mercado financiero que con el discurso kirchnerista. Por ejemplo, el acuerdo con cinco empresas con demandas ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que liberará créditos por unos u$s3.000 millones, o el cuestionado acuerdo con Chevron para desarrollar el megacampo de Vaca Muerta.

Este auxilio financiero tiene sabor a poco y apenas estira los tiempos para alentar la teoría según la cual el Poder Ejecutivo puede mantener el esquema económico sin variantes hasta la entrega del mando presidencial a otra administración.

El deterioro de variables acota el espacio para insistir con las improvisaciones. Las reservas internacionales del Banco Central se contrajeron casi u$s10.000 millones sólo en 2013. Es un monto es similar a los u$s9.534 millones que el presidente Kirchner le pagó al FMI en enero de 2006 para cancelar la totalidad de la deuda con ese organismo y es muy superior a los cerca de u$s7 mil millones que todavía se le deben al Club de París, entidad que reúne a un grupo de bancos centrales que entregaron al país créditos comerciales que quedaron incumplidos desde 2001.

Esta dinámica sirve para advertir que muchas cosas pueden suceder en dos años. Basta recordar que dos años atrás llegaba la restricción cambiaria. En ese período, el dólar subió de $4,24 a los $9,92 que se pagaron en el mercado libre este martes, un 133% más. En el mismo lapso, los activos líquidos del BCRA disminuyeron u$s13.989 millones (de 47.523 millones a 33.534 millones) o 29,4%, a un ritmo cercano a u$s600 millones por mes.

Durante los 24 meses de vigencia del “cepo” cambiario, las reservas líquidas del BCRA -compuestas por divisas, oro, colocaciones realizables en divisas y convenios multilaterales de crédito, entre otros- pasaron de constituir el 48,5% del activo de la entidad al 29,9%, mientras que se incrementaron en la hoja de balance los adelantos transitorios al Tesoro y los títulos públicos.

¿Por qué se van los dólares?

El arrastre del agro y derivados, y en menor proporción de la minería, permiten todavía que se sostenga el superávit comercial de bienes y servicios -y el ingreso genuino de dólares-, contra la salida de divisas por turismo, energía y rubros industriales, que manifiestan la dimensión de los desequilibrios por un tipo de cambio cada vez menos competitivo. Luego, la cuenta corriente se tiñe de rojo cuando se contabilizan el pago de deuda pública y privada y la remisión de utilidades y dividendos.

La importación de energía este año ascenderá a unos u$s13.000 millones, con un crecimiento del 30% anual, y el déficit sectorial se acercará a los 6.000 millones de dólares. Según datos aportados por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, la producción de crudo cae ininterrumpidamente año tras año desde 1998. Entre 2002 y 2012 retrocedió 24,8% (de 44,1 a 33,2 millones de metros cúbicos) en contraste con el notable crecimiento del PBI argentino en esa década. La producción de gas decreció desde un máximo histórico de 52.385 millones de metros cúbicos en 2004 a 44.124 millones en 2012 (-15,8%).

El déficit de la balanza turística, incentivado por el pago de paquetes en el exterior y pasajes a una tasa de cambio actual de $7,07 ($5,89 más 20% de recargo a cuenta de anticipo de impuestos), superará al de la energía este año, debido a esta distorsión cambiaria que hace más barato a los argentinos viajar fuera del país y dificulta el arribo de turismo internacional.

En cuanto a la industria, su rojo comercial puede contemplarse como una variable más en un sector que contribuye generosamente a la actividad económica, además de crear empleo y valor agregado, sin que por ello deban ignorarse datos preocupantes en materia cambiaria. El rubro autopartista se encamina a un déficit comercial de u$s9.000 millones este año, de la mano de las ventas récord de unidades 0 kilómetro en el mercado interno.

En el último año de administración estatal, la firma deambuló en un limbo donde no logró financiamiento externo a tasas competitivas, señal de la desconfianza a las políticas públicas del sector, ni pudo incrementar la producción de gas y petróleo. A fines de abril de 2013, la petrolera aprobó la ampliación por u$s2.000 millones del monto del programa global de emisión de títulos de deuda anunciado en 2012, hasta situarlo en un total nominal máximo de 5.000 millones de dólares. Para comprender la dimensión de este cálculo, la cifra cubre en un 88% la capitalización bursátil de la compañía en Wall Street: unos 5.660 millones de dólares ($49.020 millones, según el tipo de cambio “contado con liquidación”). La estatización recortó a la mitad el precio de la acción en Nueva York.

El presidente de YPF, Miguel Galluccio, anunció el año pasado un plan de inversiones por unos u$s7.000 millones anuales, para completar obras por u$s37.500 millones para el quinquenio 2013-2017. En 2012, el balance de la compañía arrojó un beneficio neto de $3.902 millones, unos u$s754,7 millones al tipo de cambio oficial, un 12,2% menos que en 2011. Es decir que la petrolera precisa una inversión anual diez veces mayor que sus ganancias, lo que vuelve inviable el autofinanciamiento.

YPF está bajo control del Estado argentino desde el 4 de mayo del año pasado, después de que el Congreso aprobó una ley para expropiar el 51% de las acciones a Repsol, que mantiene una participación del 12% en la petrolera argentina. El Gobierno decidió recuperar para el manejo de este recurso estratégico y con ese fin nombró como presidente a Galuccio, un ingeniero entrerriano de 45 años que tuvo una carrera brillante en la firma Schlumberger, compañía líder en servicios petroleros, en la que llegó a director de Gestión de Producción, una división creada por el propio argentino.

La carta ganadora de YPF está en los 132 pozos de crudo no convencional de la formación de Vaca Muerta, entre Neuquén y Mendoza, que demandará una inversión de 1.500 millones de dólares. Es cierto que la decisión presidencial de tomar el control de la empresa tuvo fuertes argumentos en la baja performance en inversión y desarrollo de Repsol, aunque no puede omitirse la impericia de los organismos de control estatales y las políticas de precios oficiales que desalentaron la actividad de exploración y explotación de todas las petroleras que operan en el país.

Las necesidades financiaras de la empresa más grande de la Argentina exceden la capacidad el Estado para solventarlas e incluso son demasiado grandes para el mercado local. Hasta ahora, está emitiendo obligaciones negociables (ON) a una tasa más ventajosa que la que puede ofrecer la mayoría de las empresas privadas que precisan captar dinero. Por eso, la petrolera es una “aspiradora” de recursos que dejó a muchas compañías locales sin acceso al crédito, o las obligó a pagar tasas muy elevadas, superiores al 19% anual de sus bonos. Estas ON fueron adquiridas en gran parte por la ANSeS, fondos comunes de inversión y aseguradoras, que por disposición del Gobierno deben destinar un porcentaje de sus recursos a financiar proyectos productivos y de infraestructura a largo plazo. Otras ON, por montos muy pequeños, fueron tomadas por ahorristas.

Las inversiones no llegan

El compromiso del Gobierno para apoyar el desarrollo de la empresa es incondicional, al punto de que puede pensarse que la presidente Cristina Kirchner se juega buena parte de prestigio como administradora en lograr el éxito de la empresa confiscada. Más aún cuando la propaganda oficial se esforzó por cargar de simbolismo nacionalista el desembarco en la dirección de la compañía. Pero la realidad es que YPF, con un 57% del mercado de expendio, tiene menos de un tercio de la producción de crudo y gas. Esperar de la estatal que revierta por sí sola el déficit energético, que este año podría superar los u$s6 mil millones (el doble que en 2012) es un error de cálculo inadmisible.

Los resultados del balance del primer trimestre del año no contribuyeron al optimismo. Si bien la petrolera incrementó su facturación, la utilidad neta alcanzó los $1.258, un 2,8% menos que en el período enero-marzo de 2012. La producción de crudo disminuyó un 0,7% interanual y la de gas natural cayó 3,7 por ciento.

La deuda financiera total asciende a $18.538 millones (mitad en pesos y mitad emitida en dólares y contabilizada al tipo de cambio oficial), mientras que el efectivo y equivalentes disminuyeron a 4.315 millones de pesos. Algunos analistas alertan sobre el capital de trabajo negativo (cuando el activo corriente no alcanza para poder devolver las deudas a corto plazo), indicador de que el riesgo de insolvencia está en aumento.

A ello se suman los obstáculos judiciales. Repsol inició un juicio en el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) para obtener unos u$s11.300 millones, que es a consideración de la compañía española lo que le corresponde por las acciones estatizadas, al valorar a YPF en unos 18.000 millones de dólares. Por otra parte, el único principio de acuerdo que parece avanzar por Vaca Muerta, con Chevron, está condicionado un embargo por hasta u$s19.000 millones que dictó la Justicia argentina sobre activos de la filial local de la petrolera norteamericana, en el marco de una causa por contaminación en la amazonia ecuatoriana.

Es apabullante el contraste con Petrobras, la estatal brasileña, que colocó una serie de bonos por u$s11 mil millones, con rendimientos entre el 2,1 y el 4,5 por ciento anual, en la mayor emisión realizada por una empresa de un país emergente. YPF quedó atrapada en una crisis sistémica de la matriz energética argentina, que se puede resolver con empresas privadas, que aporten el know how y un shock de inversiones que la economía nacional no puede proveer.