Las primeras señales de definiciones del nuevo Gobierno generan profundos interrogantes sobre el perfil de su gestión y el modo de toma de decisiones con respecto a la relación del Poder Ejecutivo con los otros poderes y fundamentalmente con el Poder Judicial. En su discurso de jura de asunción como presidente de la nación del pasado 10 de diciembre, Mauricio Macri estableció como prioridad de su gestión tres ejes trascendentales que implican la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la unidad de los argentinos.
Nada en ese discurso hizo prever la decisión de designar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, a lo largo de toda su campaña Macri enfatizó que iba a bregar por una Justicia independiente y que en su Gobierno no habría jueces macristas. Es más, una de las críticas permanentes del macrismo al kirchnerismo mientras fue gobierno consistía justamente en intentar promover una supuesta democratización de la Justicia sin ningún tipo de debate y en tiempo récord, sobre todo tomando una medida antidemocrática como son las designaciones de jueces por decreto. Criticaban el modus operandi del Ejecutivo kirchnerista de apelar a los decretos de necesidad y urgencia, pasando por encima del debate y de los mecanismos del Congreso Nacional. Tal es así que la diputada Laura Alonso, su principal vocera en la Cámara de Diputados mientras formaban parte de la oposición, publicaba tuits con ese tipo de críticas: “Reformaría la Constitución sólo p eliminar los DNU y el veto”. Continuar leyendo