Corolario de un vergonzoso entramado corrupto del poder K

La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, fue en estos años la muestra más dolorosa de la sociedad argentina de que la corrupción mata.

Los familiares de las victimas cumplieron un rol clave en el reclamo de justicia por la muerte de 52 personas y los 789 heridos. Hubo muchos avisos de que una tragedia podía ocurrir, tanto de parte de usuarios como de los propios trabajadores y delegados de la línea Sarmiento, quienes en varias ocasiones presentaron denuncias y colaboraron en las investigaciones que llevó adelante la Auditoría General de la Nación. Pero los funcionarios decidieron no escuchar y continuar tejiendo un entramado de corrupción y desvío de subsidios en donde Ricardo Jaime (Secretario de Transporte kirchnerista entre 2003 y 2009), Juan Pablo Schiavi (Secretario de Transporte del Gobierno de Cristina Kirchner entre 2009 y 2012) y los hermanos Claudio y Roque Cirigliano (responsables y directivos de Trenes de Buenos Aires), tenían un rol clave.

La tragedia no debió haber ocurrido, los subsidios debieron haber ido a la mejora del servicio y fundamentalmente a la puesta a punto y supervisión de los frenos de las formaciones. Inversiones millonarias que en vez de garantizar la calidad y la seguridad de los trenes públicos fueron desviadas en muchas ocasiones a paraísos fiscales para engrosar las cunetas de funcionarios corruptos. Por eso la expectativa de que este juicio tuviera un fallo ejemplar para aquellos funcionarios y empresarios que predominaron sus intereses particulares y su ambición y corrupción por sobre la vida humana.

En la tarde de ayer en Cómdoro Py se conoció la sentencia final para 21 condenados. Algunos familiares manifestaban su indignación al sentir que las penas fueron leves respecto de la magnitud de la tragedia y de las 52 vidas que se perdieron, por lo que continuaban reclamando que se les debió otorgar las penas máximas a los “funcionarios asesinos”. Otros señalaban de que era un hecho histórico y un gran avance que se hubiese adjudicado la responsabilidad del hecho a dichos funcionarios y que la lucha sirvió para que no quedaran impunes. Claudio Cirigliano recibió la condena de 9 años de prisión; Roque Cirigliano 5 años; Juan Pablo Schiavi 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua; Ricardo Jaime 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Como señaló Edgardo Reynoso, delegado ferroviario de la línea Sarmiento, queda un sabor amargo por la absolución de Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro integrantes de la Comisión Nacional de Transporte. Por otro lado el tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad de Julio De Vido, ex Ministro de Planificación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que por su parte Paolo Menghini señaló “la justicia le dio una lección a la corrupción” y los familiares “le ganamos a los asesinos y a los corruptos”. Y agregó que “no iba a haber impunidad para los que encubrieron a los delincuentes y para el poder político que mira desde Santa Cruz”.

El primer error de Macri

Las primeras señales de definiciones del nuevo Gobierno generan profundos interrogantes sobre el perfil de su gestión y el modo de toma de decisiones con respecto a la relación del Poder Ejecutivo con los otros poderes y fundamentalmente con el Poder Judicial. En su discurso de jura de asunción como presidente de la nación del pasado 10 de diciembre, Mauricio Macri estableció como prioridad de su gestión tres ejes trascendentales que implican la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la unidad de los argentinos.

Nada en ese discurso hizo prever la decisión de designar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, a lo largo de toda su campaña Macri enfatizó que iba a bregar por una Justicia independiente y que en su Gobierno no habría jueces macristas. Es más, una de las críticas permanentes del macrismo al kirchnerismo mientras fue gobierno consistía justamente en intentar promover una supuesta democratización de la Justicia sin ningún tipo de debate y en tiempo récord, sobre todo tomando una medida antidemocrática como son las designaciones de jueces por decreto. Criticaban el modus operandi del Ejecutivo kirchnerista de apelar a los decretos de necesidad y urgencia, pasando por encima del debate y de los mecanismos del Congreso Nacional. Tal es así que la diputada Laura Alonso, su principal vocera en la Cámara de Diputados mientras formaban parte de la oposición, publicaba tuits con ese tipo de críticas: “Reformaría la Constitución sólo p eliminar los DNU y el veto”. Continuar leyendo