Un plan oficial para degradar a la universidad pública

Este jueves 12 de mayo se realizará una gran marcha en defensa de la educación y de la universidad pública, que por primera vez en años reunirá a la casi totalidad de sindicatos docentes y federaciones estudiantiles. La movilización, a la que concurrirán docentes y estudiantes de todo el país, estuvo promovida por la Asociación Gremial Docente de la UBA y la Federación Universitaria de Buenos Aires, que la semana anterior protagonizamos centenares de clases públicas, asambleas y cortes por el salario docente, el presupuesto y el boleto.

El principal sindicato docente del país, la Conadu Histórica, reclama un 45% de aumento. Se debe tener en cuenta que los docentes universitarios acumulan varios años de paritarias a la baja. Las últimas fueron firmadas por el gobierno de Cristina Kirchner y las burocracias sindicales por 16 meses. Esta política de desvalorización del salario fue ratificada por los funcionarios del gobierno de Macri, que ofertaron un 21% en dos cuotas para todo 2016, cuando la proyección anual de la inflación supera los 40 puntos.

Los 500 millones anunciados por Macri la semana pasada contentaron a varios rectores pero están muy lejos de resolver los problemas de la universidad. A duras penas se debate si alcanzarán o no para pagar la luz. La cifra, celebrada con bombos y platillos, es inferior al 1% del presupuesto universitario. Los aumentos de precios y tarifas sirvieron para hacer estallar una situación que era ya de por sí crítica. El presupuesto diseñado por Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que ahora aplica el macrismo, no contempla, por ejemplo, el pago para los miles docentes ad honorem, que solo en la UBA son más de 20.000.

Las autoridades hacen frente a esta realidad con una política de “auto-ajuste” hacia el interior de las universidades. El famoso “presupuesto 0″ aprobado por el rector Alberto Barbieri ya está implicando la paralización de las obras, el congelamiento de becas y la reducción del financiamiento para investigación. Barbieri, que se mostró “esperanzado” por los anuncios de Macri, fue candidato a ministro de Educación de Daniel Scioli. Existe un acuerdo de fondo para aplicar el ajuste y desarrollar, en contrapartida, el negocio de los llamados “recursos propios”, apelando al aumento de los posgrados y la firma de convenios con empresas.

Por el lado de los estudiantes, los aumentos de alquileres, de materiales de estudio y transporte son un cóctel expulsivo, que promueve directamente la deserción. A eso apunta el reclamo, histórico, de un boleto gratuito, que ahora se expande por todas las provincias del país. La suspensión del tarifazo en el subte de la Ciudad, por parte de la justicia, evidenció el carácter arbitrario de los aumentos. El viernes pasado, una movilización multitudinaria reclamó a la gobernadora Vidal que implemente el boleto en la provincia, cumpliendo con una ley ya aprobada por la Legislatura. La negativa oficial, como antes de la de los gobiernos kirchneristas, se funda en la defensa irrestricta de los intereses de las empresas privatizadas del transporte.

En resumen, el plan oficial es la degradación de la universidad pública, a través de la precarización de la docencia, el sometimiento del desarrollo científico a las necesidades empresariales y del impulso a una mayor deserción. Esto incluye a los rectores, que son parte del problema y no de la solución. La respuesta de docentes y estudiantes es la lucha y la movilización, que se expande de universidad en universidad. En estos días, las asambleas y clases públicas recorren los claustros universitarios. El jueves 12 una inmensa movilización llevará los reclamos al centro de poder político. La apuesta de la FUBA es unir a estudiantes y trabajadores, docentes y no docentes, para derrotar la ofensiva oficial y conquistar todas las reivindicaciones de la universidad pública.