Hoy la Justicia porteña puede honrarse de llamarse Justicia. Actuó correctamente respecto a los abortos no punibles y amplió los derechos efectivos de las mujeres en la ciudad. Con el fallo del juez Gallardo, se garantiza uno de los derechos que Mauricio Macri nos niega todos los días, y por los cuales el movimiento de mujeres lucha y se organiza cotidianamente. Fue necesaria la intervención de la Justicia para que comience a cumplirse sin restricciones lo que el Código Penal establece desde 1921 como casos de aborto no punibles.
Al declarar inconstitucional el veto de Macri a la ley sobre abortos no punibles, se dio lugar a un protocolo que garantiza el derecho de las mujeres a realizarse, en los casos que establece el Código Penal, la interrupción de un embarazo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del año pasado fue, sin duda, un gran paso en este sentido, dando por tierra con las interpretaciones restrictivas que en todo el país venían ralentizando el acceso al derecho, sometiendo a las mujeres a intervenciones judiciales que en muchos casos terminaban impidiendo, por los tiempos, la realización del aborto. El protocolo vigente ahora va a garantizar en la CABA que toda mujer que haya quedado embarazada producto de una violación, o que su salud o su propia vida corran riesgo en caso de sostener el embarazo, pueda interrumpir, en condiciones de legalidad y salubridad su embarazo.