El Norte Grande, que es la suma del Noroeste y el Nordeste argentinos (NOA y NEA) comprende 10 provincias en las que vive algo más del 20% de la población del país. En términos del padrón electoral 2011 (que no es lo mismo que el Censo) representan el 20,5%. Me refiero a Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, en el este, y Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, en el oeste. El Norte Grande es la región de mayor crecimiento demográfico, y de continuar su tendencia ascendente, en algunos años se convertirá en el hogar de la cuarta parte de los votantes argentinos.

Para el FPV-PJ se trata, además, de la región en la que obtiene sus mejores resultados en las elecciones nacionales. Se trata, no casualmente, de una región que recibió importantes inversiones públicas y transferencias en la etapa kirchnerista, y ello generó una notoria lealtad electoral al oficialismo, al tiempo que cerró las puertas a la penetración opositora. En 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 54,1% de los votos a nivel nacional, en estas diez provincias norteñas logró el 65,1%. O sea, 11 puntos más. Solo en La Rioja estuvo por debajo del promedio, mientras que en todas las demás superó el 60% y en algunas muy holgadamente, como Formosa (79,3%) o Santiago del Estero (82,1%).

Esta brecha favorable explica por qué el Norte Grande es clave para el oficialismo. En las presidenciales de 2007 y 2011 el FPV-PJ obtuvo dos de cada tres votos en la suma de la provincia de Buenos Aires y las provincias del norte. Ello le ha permitido compensar sus desempeños más débiles en la Curva de la Muerte kirchnerista, que es la zona electoral conformada por la Capital y las tres provincias de la región centro (fundamentalmente Santa Fe y Córdoba, ya que en Entre Ríos en general hizo elecciones aceptables). Esos cuatro distritos representan, sumados, el 29% del padrón nacional, pero de ellos proviene sólo el 20% del total de los votos kirchneristas. En esa franja geográfica desfavorable, el kirchnerismo pierde votos.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires y el Norte Grande obtiene ganancias. Como podemos ver en la tabla adjunta, en 2011 el 40,8% de los votos kirchneristas provino del territorio bonaerense, y el 25% de las provincias del norte. En estas últimas estuvo su mayor rédito, pero no se vio tan claramente por tratarse de una elección caracterizada por el gran caudal de votos obtenidos en la provincia madre: nada menos que el 56,4% obtuvo el FPV-PJ en Buenos Aires.

Mientras tanto, en 2007 el kirchnerismo también ganó cómodamente la elección nacional en primera vuelta, habiendo obtenido 45,3% de los votos en el agregado nacional. Unos nueve puntos menos que en la elección excepcional, difícilmente repetible, de 2011. Y en esa oportunidad, el peso del Norte Grande se hizo sentir aún más: la provincia de Buenos Aires aportó el 37,9% de los votos oficialistas -casi tanto como lo que representa del padrón-, y las provincias norteñas el 27,1%.

¿Qué pasó, entonces, entre 2007 y 2011? Que el bastión electoral peronista del Norte Grande se mantuvo casi constante entre ambas elecciones (62% de esos votos fueron para el FPV-PJ en 2007, 65% en 2011) pero el voto bonaerense aumentó en más de diez puntos en ocasión de la reelección de CFK, explicando el crecimiento electoral total.

La elección del FPV en 2015 se parecerá más a la de 2007 que a la de 2011. Porque pese al declive que viene mostrando en las últimas semanas, el massismo bonaerense dividió parcialmente el voto peronista en el distrito más grande. Ello quiere decir que, mientras Sergio Massa esté afuera de la coalición kirchnerista, el candidato presidencial del oficialismo puede eventualmente llegar a hacer una muy buena elección en la provincia, pero no repetirá el desempeño de 2011.

Al mismo tiempo, todos los datos que llegan del Norte Grande -las dos elecciones a gobernador que ya se realizaron este año, y las tendencias que pronostican las encuestas- anticipan que el oficialismo mantendrá su predominio indiscutivo en esas 10 provincias, con lo que la incidencia norteña en la presidencial podría inclusive superar el 27,1% de 2007. Acercándose, de a poco, al 30%.

De estos escenarios, se desprende que para ganar en primera vuelta, el FPV-PJ tiene que lograr el mejor desempeño posible en las dos regiones electorales claves. Seguramente, quienes diseñan su oferta electoral hacen estas mismas cuentas y saben que ambas, la provincia y el Norte Grande, tienen que estar representadas en la fórmula presidencial. Scioli y Randazzo son bonaerenses, con lo que una parte del recorrido ya se hizo; falta, ahora, el nombre del Vice norteño.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que es un “mamarracho” el Indice Congreso (IC), relevado por fuentes privadas y difundido por la oposición (la vocera del informe fue la diputada Patricia Bullrich). El IC, presentado un día antes que el IPCNU, sostiene que la inflación de enero fue del 4,6%, casi un punto más. Sin embargo, este IC se asemeja bastante a la inflación relevada en la CABA por la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad, que fue del 4,7%. Pero no hay contradicción: los tres se aproximan a la verdad. Tanto el IC como el IPC viejo, están basados en el área metropolitana. Y en el distrito porteño la inflación fue más alta que en el promedio del país, fundamentalmente por los aumentos en el transporte público.

El IPCNU, mientras tanto, releva la inflación de las 23 provincias (agrupadas en seis regiones), pero no incluye a la Capital. Y lo cierto es que la Ciudad hoy tiene una inflación diferenciada del agregado nacional, y la seguirá teniendo. La inflación, como sabemos, ha venido aumentando año a año desde el 2004 (cuando estuvo en el 6,1% anual, que se duplicó en 2005, cuando llegó al 12,3%). Pero cuando Mauricio Macri asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad, aprovechó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos domiciliarios del que gozan los porteños, para realizar una fuerte actualización de las tasas, impuestos y tarifas de recaudación municipal, que solo habían sufrido aumentos menores durante las gestiones de Ibarra. Cabe preguntarse si los subsidios nacionales no contribuyeron a que los fuertes aumentos municipales pasasen poco más que desapercibidos para el electorado porteño, que siguió percibiendo aumentos salariales… y reeligió al gobierno del PRO.

La separación de la Ciudad del IPCNU puede tener otro impacto diferenciado, en caso de que el gobierno nacional se decida a llevar adelante la medida que más le vienen pidiendo desde las tribunas especializadas: que elimine los subsidios del gas, la luz y otros servicios que usufructúan, básicamente, quienes habitan y trabajan en la ciudad más rica del país. Las tarifas representan alrededor de un tercio de la canasta de consumo, con lo que su supresión crearía una escalada inflacionaria particular porteña, de la que el IPCNU no dará cuenta en forma directa.

En tal caso, el registro más alto del IPCBA 2014 aún estaría por verse, mientras que si el tipo de cambio se mantiene estable, el IPCNU podría haber llegado a su techo entre los meses de enero y febrero, que sufrirán el impacto de la devaluación. Esto es importante para los ansiados “niveles razonables” de las paritarias: si para el mes de marzo la política económica logra contener los aumentos de precios, y baja claramente la inflación de los dos primeros meses del año, no es impensable que se llegue a proponer una hipótesis de inflación anualizada algo menos alta que las expectativas actuales, y por ende una pauta más “razonable” para negociar. Algo que, como vemos, no sucederá con la incierta inflación metropolitana.

Aunque algunas voces del oficialismo sigan sosteniendo que el cimbronazo del tipo de cambio fue provocada por “los mercados”, el debate tiende a saldarse: fue el gobierno quien, en el vacacional mes de enero, buscó un valor de equilibrio del dólar de alrededor de los 8 pesos, “enfría” la economía de los próximos meses vía tasas de interés, y trata de contener el traslado a precios de la devaluación.

El lanzamiento del plan ProgResAr y el anuncio del aumento en las jubilaciones -en rigor, algo que dispone la ley vigente- buscan atemperar los costos de la corrección macro sobre los sectores más vulnerables. Pero el timing de la devaluación -el anteúltimo verano del gobierno- y la trama política que la rodeó sugieren que la decisión pudo estar originada en un Ajuste Solidario Intertemporal Peronista (ASIP), motivada en dejar la situación un poco mejor para el próximo gobierno.

Hay tres elementos claves en este proceso político. El primero de ellos, al que nos hemos referido en varios informes anteriores, es que la expectativa de que el peronismo (fundamentalmente, nos referimos al conjunto de los peronismos provinciales y municipales) participe del próximo período de gobierno (sea éste una continuidad del kirchnerismo, o un postkirchnerismo de tonalidad peronista) es bastante alta, y esto se respira tanto dentro como fuera del oficialismo. El segundo, es que con la llegada de Capitanich a la Jefatura de Gabinete se abrió la puerta a un diálogo más fluido entre la Nación y las provincias. Y el tercero es que los principales aliados con que cuenta el gobierno para gestionar el ajuste provienen del interior de la coalición socio-política gobernante, y son los sindicalistas y los gobernadores.

Nos detenemos sobre este último punto, ya que se trata de los actores centrales para contener el traslado a inflación de la devaluación. Los grandes sindicatos aliados al gobierno, interesados en mantener los niveles de empleo, son clave para poder sostener una pauta salarial razonable en los términos de esta coyuntura. Y los gobiernos subnacionales son muy necesarios para lograr la mentada morigeración de la tendencia ascendente del gasto público. El gobernador Scioli, durante los días más calurosos del mes de enero, conversó con diferentes mandatarios provinciales para coordinar metas de aumentos salariales y niveles de gasto, portando el mensaje de Capitanich de que no hay lugar para ayudas del gobierno nacional.

“Sólo el peronismo puede gobernar la Argentina”, es el último de los grandes apotegmas justicialistas, y fue elaborado en los últimos años. Pues bien: si el gobierno argentino sale airoso de esta coyuntura crítica, estabilizando las expectativas devaluatorias y preparando gradualmente las condiciones para traspasar sin crisis la presidencia, entonces el apotegma estará cerca de confirmarse. Porque gobernar bien no es diseñar un buen plan, ni uno excelente, sino estar en condiciones de implementarlo. Si gobierno nacional, sindicatos, gobernadores y grandes formadores de precios coordinan decisiones mínimamente razonables, ¿estaremos asistiendo a un mini Pacto de la Moncloa, uno que en lugar de estar protagonizado por los diferentes actores políticos y sociales del país plural, se está cocinado dentro de la gobernabilidad peronista? Veremos.