El proyecto da una solución colectiva al reconocer legítimos derechos a jubilados y pensionados, hayan ejercido o no un reclamo judicial. Además, establece mecanismos para hacer posible el aumento de las jubilaciones y el pago de los retroactivos; propone el recálculo del haber inicial para todos los jubilados, en concordancia con los fallos judiciales y la aplicación del fallo Badaro a las jubilaciones a las que les correspondiera.

Asimismo, el programa contempla una pensión universal como un nuevo derecho para nuestros mayores, que les dará una base de sustento hasta completar los años de aportes necesarios para obtener una jubilación plena.

La ley tiene puntos que abren la polémica, específicamente el blanqueo de bienes omitidos en las presentaciones juradas impositivas. Los blanqueos impositivos no son de mi agrado, porque premian a los que incumplen. En este caso hay detrás un fin loable, como es pagarles a los jubilados, pero debe estar acompañado de estímulos a los que sí cumplieron. Espero que este sistema sea la última oportunidad para que se incluyan en el sistema y que las inversiones lleguen por la confianza que despierta el país y no por este tipo de planes.

Estamos dando vuelta una página en la historia previsional argentina, poniendo en valor la relación del Estado —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses— y los ciudadanos y estableciendo nuevos derechos para quienes hoy se encuentran excluidos. El Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados debe contar con el máximo apoyo político, porque todos los sectores tenemos responsabilidades en esta falta y todos debemos ser parte de la solución. Está en manos del Congreso Nacional transformar en ley esta reparación histórica y dar a nuestros abuelos lo que siempre debieron tener.

La importancia de que esta iniciativa haya logrado consenso entre los legisladores radica en la necesidad de crear instrumentos que permitan recuperar la cultura del ahorro. El trabajo, el ahorro, la constancia y el compromiso que requiere la compra de una vivienda es gratificante cuando es el resultado del esfuerzo propio y el Estado tiene que estar ahí donde es necesario, para dar las garantías y las condiciones para el acceso al crédito hipotecario, pero para lograr créditos a largo plazo primero necesitamos el ahorro a largo plazo.

El ahorro

El ahorro en metros cuadrados da estabilidad y mantiene el valor de los ahorros en el tiempo, lo que garantiza al ahorrista el valor del metro cuadrado de construcción. Esto se logra a partir de la creación de la Unidad de Vivienda (UVI), que se actualiza a partir del Índice Cámara de la Construcción (ICC). Además de conservar el valor de lo ahorrado, las UVI tienen otras ventajas: exención en bienes personales, mecanismos de ahorro gratuitos (cajas de ahorro), sistema de inversiones sin pagos de impuestos para dar valor a ese capital mientras se está acumulando (exenciones en el impuesto a las ganancias) y la posibilidad de invertirlas para generar más capital (plazos fijos).

Los créditos

Los préstamos en UVI están diseñados para mejorar significativamente las condiciones de la oferta de créditos hipotecarios para la adquisición, la construcción y la ampliación de viviendas para aquellos que hoy están marginados de los créditos hipotecarios. Esto se realiza a través de subsidios, sea en la tasa de interés o en el capital prestado, o en los gastos de la operatoria, de modo tal que el sueño de la vivienda propia sea posible. Una vez realizado el préstamo se ajusta de modo tal que la cuota no se escape al salario a una variación mayor al diez por ciento. De suceder, el deudor puede redefinir la cantidad de cuotas faltantes. También incluye la posibilidad de un seguro que proteja al deudor en caso de mora por desempleo.

La flexibilidad de Casa de Ahorro hace que el sistema de créditos se adapte a la política de vivienda planificada por el Gobierno nacional y el de las provincias. Conforme al diagnóstico que realicen de la demanda de vivienda, responderán con el sistema de crédito correspondiente, subsidiándolo para darle accesibilidad y garantizar el cumplimiento de sus montos y sus plazos.

Casa de Ahorro busca generar certidumbre, previsibilidad y confianza a los ahorristas y a los tomadores de crédito, por eso, además de estabilidad en las variables económicas, necesitamos un cambio cultural que permita una mirada a largo plazo. Casa de Ahorro quiere volver a la cultura del ahorro, salir del dólar, con la mirada en el logro de una vivienda que dignifique a la familia y nos haga construir juntos, ahorristas, entidades, Estado y demandantes de vivienda; los cimientos de un sistema donde el ahorro seguro y la casa propia dejen de ser una utopía.

El ahorro. Somos una sociedad marcada por la historia. Hijos de inmigrantes que padecieron las consecuencias de las grandes guerras y se aferraron a la cultura del ahorro. La desazón de la historia, las grandes devaluaciones, las crisis y la poca previsibilidad fomentaron la desconfianza, y con ella el desconcierto de dónde colocar los ahorros. En los últimos años y por la pérdida del valor de la moneda nacional, quienes querían ahorrar en la Argentina se volcaron o bien a la compra de divisas extrajeras (dólar) o bien a la compra de inmuebles como forma de capitalizarse ante la devaluación sostenida del peso. Con este proyecto queremos romper esta inercia y recuperar esa cultura del ahorro.

La vivienda. El déficit habitacional en Argentina es estructural y resolverlo por medio de mecanismos tradicionales se hace imposible. Sin ahorro no hay crédito a largo plazo y sin crédito no hay vivienda. Por eso, en primer lugar hay que avanzar con un sistema de ahorro con muchos cinturones de seguridad y dejar en el olvido el recuerdo del corralito; como así también en un sistema de crédito previsible, accesible y al alcance de todos los sectores de la sociedad, sin cometer los mismos errores del pasado, como la tristemente recordada circular 1050. Debemos romper con la mentalidad del ahorro en moneda extranjera, que además no está bancarizada y ofrecer a los argentinos el atesoramiento en algo tangible y allegado a nuestros valores culturales como es la inversión en ladrillos, es este el espíritu de la Unidad de Vivienda (UVI).

La UVI. La Unidad de Vivienda es el valor mínimo establecido para ahorrar en metros cuadrados. El valor de una UVI es cercano a diez pesos y mil UVI representa el valor del metro cuadrado de vivienda. Esto promoverá el ahorro de todos los sectores sociales y de todas las edades, pero fundamentalmente permitirá captar el ahorro de los que tienen para disponerlo, en créditos accesibles para los que no lo tienen. Se debe volver a promover la cultura del ahorro en las escuelas, de aquí que el valor de una UVI sea accesible para todos. Ahorrar implica dar previsibilidad, estabilidad y confianza. Para atesorar en una unidad de medida que mantenga su valor a lo largo del tiempo, la UVI se actualizará constantemente por la variación del costo de la construcción. Si hoy se adquieren diez metros cuadrados, en cinco, diez, veinte años, por ejemplo, se sigue teniendo diez metros cuadrados. El ahorro no se desvaloriza.

Garantías del sistema de ahorro. Una vez sancionada la ley, el Ministerio de Hacienda queda autorizado para crear el Bono Metro Cuadrado Argentino, con cincuenta mil millones de pesos para el presente año y también contará con la asignación presupuestaria en los años siguientes. Una segunda garantía será el Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad de aplicación del sistema.

Créditos para la vivienda. Son muchas las familias sin techo propio y limitadas a adquirirlo por medios de créditos con tasas inalcanzables. La UVI crea un sistema flexible, que facilita a gobiernos y entidades correspondientes a otorgar créditos con tasas accesibles y para todos los sectores sociales. Los municipios, las provincias y la Secretaría de Vivienda de la Nación serán los responsables de absorber la diferencia entre las tasas y el valor del metro cuadrado y no los ahorristas.

Fuerza de ley. Dada la importancia de este proyecto, avanzamos para que se establezca por ley, siendo esta la garantía real que proteja los créditos y los ahorros de quienes depositen su confianza en el sistema. Por eso y gracias a la política de diálogo establecida en el Senado, el proyecto de creación de la UVI se presentó con el acompañamiento de senadores de diferentes espacios, a quienes agradezco.

La UVI se sostiene en la necesidad de un profundo cambio cultural. Por eso continuaremos a pie firme con nuestra hoja de ruta para darle tratamiento legislativo y generar un programa para las generaciones futuras surgido del diálogo, el respeto y el consenso, que responda a los que quieren y pueden ahorrar y en simultáneo otorgue créditos accesibles a quienes buscan el sueño de la casa propia.

Son muchos los casos que nos ilustran la necesidad de ese Estado Presente y que reclamamos como sociedad; niños en riesgo de vida por desnutrición, alarmante deserción escolar,  niveles académicos magros, situaciones de vulnerabilidad social y de maltrato infantil, entre otros.

Con la Cédula Escolar nos proponemos dar un paso, no solo en conocer la situación real de nuestro país sino en ir más allá de la simple verificación estadística de esa realidad, buscando cambios concretos y efectivos que permitan poner en marcha acciones preventivas que eviten esa vulnerabilidad. La cédula escolar tiene una finalidad resolutoria, integral y no persecutoria, permitiendo primero diagnosticar el sistema (algo indispensable) y luego brindar soluciones en materia de políticas públicas.

Los niños y jóvenes del sistema educativo deben ser prioridad del Estado. Un Estado presente para actuar, debe conocer y contar con información actualizada que  permita individualizar causas, asistir a cada individuo en su realidad y proponer soluciones concretas tales como uso efectivo de los servicios sanitarios, mejorar programas sociales, el entorno físico y social del niño y lograr mayor eficiencia en la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

La cédula permite integrar en forma precisa datos preexistentes sociales, educacionales y de salud; a través de un soporte informático o digital unificado en todas las jurisdicciones. Por su carácter estatal  se brindan las garantías necesarias como apoyo fundamental para el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado, que no son más que velar por la seguridad, salud y educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan con legajo o registro digitalizado de alumnos (SINIDE) pero al no estar centralizados ni integrados entre sí ni con otros organismos,  se desaprovechan datos e informes importantes que garantizarían el trabajo en conjunto de las distintas aéreas.

La cédula escolar responden al reconocimiento de los derechos a la educación y a la salud consagrados en tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional-Declaración Universal DDHH; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre los Derechos del Niño etc.- como así lo consigna nuestra Carta Magna; legislando y  promoviendo  medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos.

El proyecto contempla el derecho a la intimidad y se legisla para no poner en riesgo la privacidad de nuestro niños, y así establece el deber de resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de los datos y el uso sólo para fines sociales y/o educativos de los responsables de dicho programa; como así también sus fundamentos limitan la utilización de los mismos a funcionarios especialmente designados; no debemos olvidar que los fundamentos de nuestras leyes, establecen el espíritu.

Para el resguardo de esta información, nuestro sistema cuenta con la ley 25.326  y con la Dirección de Protección de Datos Personales como principal ente de control, para garantizar el correcto funcionamiento de estos registros. La ley de protección de datos personales establece que es posible la recolección y tratamiento de datos sensibles cuando median razones de interés general autorizadas por ley, que es justamente lo que pretende este proyecto procurando el bien común; describe a los datos sensibles como aquellos que revelan origen racial y ético, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referentes  a la vida sexual o a la salud, siendo el Estado el principal tutor de los mismo.

Considero que es un avance para nuestro sistema educativo, permitiéndonos un salto cuantitativo y cualitativo en el diagnóstico del mismo, permitiendo generar políticas al Estado Nacional que sean soportes para cada provincia, brindando medios y recursos necesarios, en pos a la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes de todo el país.

A un año de este acontecimiento nos encontramos sin certezas de cuáles fueron las causales de su muerte. La investigación exhibió siempre irregularidades, deficiencias y omisiones que no sólo ponen en riesgo el descubrimiento de la verdad, sino que afectan derechos humanos de rango constitucional y ponen en evidencia la ineficacia de un sistema arcaico y selectivo. La intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida en la Constitución, atenta contra la división y la independencia de los poderes de la República.

Una vez más, se mostró la negligencia del Estado para cumplir con una función esencial que el contrato social le asigna, de garantizar la vida de los ciudadanos y buscar la verdad para procurar justicia. Que se haya cometido un magnicidio de esta naturaleza y que no haya luz sobre lo sucedido revela un sistema infiltrado por la corrupción y un Gobierno de turno cómplice.

La inoperancia de una fiscal carente de compromiso social, imprudente y con un claro desinterés de dar luz a la causa de este avergonzante hecho y la actitud de un Gobierno encaprichado en confundir, dilatar y desviar la atención (implementando recursos insuficientes, impericia, intereses parciales, operaciones de prensa y maniobras deliberadas destinadas a perder el tiempo, enfocados incluso en la vida personal de Nisman) revelan la complicidad de los poderes para no llegar a la verdad, no sólo de la muerte del fiscal, sino en especial de la causa que investigó por más de diez años.

Alberto Nisman tuvo el coraje de poner blanco sobre negro en el caso más enigmático y grave de la historia argentina, como fue el atentado de la AMIA y le costó su vida. Ese ejemplo de pasión y lucha por llegar a la verdad debe iluminar el espíritu de hombres y mujeres que tienen el valor para seguir adelante, a pesar de las adversidades. Es nuestro deber como representantes de esta joven democracia tomar su ejemplo y rescatarlo del olvido siempre, aun después de que la verdad y la justicia se hagan presentes.

Saber qué fue lo que ocurrió con este magnicidio nos permitirá consolidar los pilares fundamentales para recuperar la confianza en el Estado y continuar la investigación que Nisman llevaba adelante, procurando dar respuestas tanto a la familia del fiscal como a todas las víctimas del atentado de la AMIA.

Son muchos los estudios que demuestran la relación entre los niveles de educación y de pobreza: a mayor nivel educativo alcanzado disminuyen notoriamente las posibilidades de ser pobres y estar marginados de la sociedad, que genera un círculo vicioso en las futuras generaciones.

Cada política que se ocupe de que los niños estén en las escuelas nunca estará de más, desde la asignación universal que les permita desarrollarse en plenitud, la obligatoriedad de sala de 4 años, entre tantas otras.

Pero todos nuestros esfuerzos comienzan con nuestros hijos en las escuelas, para eso deberemos saber dónde están, por qué faltaron. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que eso ocurra? Es oportuno poner en marcha la cédula escolar nacional para que nos ayude a identificar el problema desde la individualización de cada niño, con un registro detallado de su vida escolar, actualizado y de cada rincón de la república. Más allá de conocer la realidad, nos posibilitará actuar a tiempo y solucionar dificultades. No puede haber educación sin chicos en las escuelas, con niños trabajando o pidiendo en las calles. El Estado está obligado a trabajar en eso para garantizar todos los derechos que como persona nos corresponden.

La cédula escolar federal es un instrumento que alcanzará a cada niño, garantizará el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar (artículo 16 de la ley 26206). Primero debemos resolver la carencia de datos de quienes nunca ingresaron en el sistema educativo, es decir, de aquellos por escolarizar. Si bien existe información sobre escolarización que permite hacer estimaciones acerca de la cobertura, la deserción, la repitencia y la promoción, esta no posibilita individualizar al niño que no ingresó o no permanece en el sistema.

La cédula escolar consiste en llevar un registro con el nombre del niño, su documento y su trayectoria escolar. Permite saber quién abandona la escuela o cambia de escuela o de jurisdicción y monitorear la trayectoria escolar. Para esto, es necesario que todas las jurisdicciones del país cuenten con un soporte informático unificado, que nos indique la trayectoria escolar de niños y adolescentes en todo el país.

Siendo el Consejo Federal de Educación el organismo ideal para poner en funcionamiento el programa, en articulación con otras reparticiones, como el Registro Civil, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los juzgados de familia y las dependencias nacionales, provinciales y municipales correspondientes. El Registro Civil permite cruzar datos para identificar con certeza a los niños en edad escolar que están fuera del sistema e iniciar acciones con el juzgado de familia para reinsertarlos, para descomprimir su trabajo. Sería conveniente la creación de tribunales escolares que abordaran la problemática específica. Los responsables de este programa deberán arbitrar los medios para garantizar el habeas data, y los datos podrán ser utilizados únicamente por funcionarios especialmente designados, sólo con fines sociales o educativos.

Este instrumento nos permitirá ampliar su registro a las áreas de salud, nutrición, vacunación y lo que refiera al abordaje integral de cada persona.

No es posible y no debemos permitirnos como sociedad naturalizar que un niño esté en la calle pidiendo o trabajando. Pierde así su derecho a la igualdad.

La cédula escolar ayudará a conocer esa situación y a actuar sobre las causas para llegar a tiempo al encuentro de una solución oportuna y efectiva. Siempre —está comprobando— es mejor prevenir que curar. Estoy convencido de que este es el medio para lograrlo.

El desarrollo energético es fundamental para un país como el nuestro, que está lejos de los mercados mundiales. Se debe volver al autoabastecimiento petrolero y a la posibilidad de exportación de gas, favorecer la exploración y la explotación de recursos convencionales y no convencionales. Por otra parte, es imprescindible para un proyecto de desarrollo generar aproximadamente 1.200 MW nuevos por año, utilizando especialmente fuentes renovables de energía eléctrica no contaminantes, como centrales hidráulicas, eólicas y solares.

Es imposible desarrollar un país sin vías de comunicación internas y regionales adecuadas, para eso se debe trabajar en ejes de transporte, mediante un nuevo sistema ferroviario a partir del Belgrano Cargas que comunique la producción del interior con los puertos de exportación en forma eficiente y tender a un sistema regional que permita el transporte ferroviario internacional con Brasil y Chile. Con este último es importante la reactivación del Ferrocarril Central San Martín y la construcción de un nuevo túnel que posibilite una salida de nuestra producción más económica al Pacífico, que hoy es el mercado de mayor crecimiento mundial. Por otra parte, se deberán disminuir las víctimas de accidentes viales y mejorar la seguridad construyendo una red de autopistas y autovías que permita el transporte de pasajeros y de cargas en forma más segura y rápida, para alcanzar en pocos años un ritmo de mil kilómetros de autovías por año, hasta interconectar las principales ciudades del país.

Tampoco se puede hablar de desarrollo sólo desde el punto de vista productivo, si no se cumple con brindar buena calidad de vida a nuestra población. Para ello es importante fijar como objetivos abastecer al 95% de la población con agua potable y a, por lo menos, un 80% con servicio cloacal en los próximos 10 años. Hoy estos valores no llegan al 80% y al 50% de la población, respectivamente. Eso implica malas condiciones de vida y mortalidad, especialmente infantil. También se debe plantear un plan integral de prevención de inundaciones con medidas estructurales de defensa y medidas no estructurales como planes de contingencia, tanto en las zonas urbanas como rurales. No se puede aceptar que se repitan muertos en una inundación como ocurrió en La Plata en 2013.

Finalmente, uno de los principales problemas que debe enfrentar la Argentina es el crónico déficit habitacional. Es nuestra obligación desarrollar un plan de vivienda social con un sistema de ahorro y crédito que permita reducir el déficit en la próxima década. Para ello, se deberá construir a un ritmo de como mínimo 150 mil viviendas sociales nuevas por año, lo que implica no sólo un importante salto en los volúmenes de construcción, sino también en la industria proveedora de materiales para la construcción, con muchos nuevos puestos de trabajo.

Iniciamos una época promisoria que debemos aprovechar para trabajar con consensos a favor de una Argentina que retome una senda de libertad, igualdad, desarrollo y seguridad para alcanzar la calidad de vida que nos merecemos.

Si observamos la evolución de la recaudación en estos seis meses del último año del gobierno de Cristina Fernández, nos encontramos con datos que no nos sorprenden a quienes sostenemos desde hace tiempo que hay dos graves problemas que son fiel reflejo de la economía: la profundización de la crisis energética y el aumento de la presión impositiva.

En primer término, es notable cómo desde el 2011 a esta parte la situación energética ha complicado y condicionado la economía argentina. Este déficit estructural recibió como respuesta decisiones políticas erróneas como la restricción a las importaciones y el cepo al dólar. Esto provocó un notable desequilibro en las cuentas, desalentó inversiones y generó la pérdida de competitividad en el mercado mundial, producto de los incrementos en los costos de producción y afectó seriamente la balanza comercial argentina.

En segundo lugar, debemos analizar la presión impositiva del modelo económico actual. El impuesto a las ganancias, desvirtuado en su espíritu, se ha transformado no solo en un impuesto al trabajo, sino también en un impuesto a la pérdida del valor adquisitivo. La misma distorsión se aplica al impuesto a los bienes personales.

De la totalidad de los ingresos recaudados en el primer semestre de este año -791.435 millones de pesos-, 201.229 millones corresponden a ingresos por IVA. Esto es un 27,4 % más respecto a igual período del año anterior. En cambio, 181.273 millones corresponden al impuesto a las ganancias, lo que provoca un incremento mayor al 44 %. En tanto que los recursos aduaneros han registrado una merma del 5,3 % respecto al año anterior, lo que totaliza 60.069 millones de pesos, es decir, 3370 millones de pesos menos. Aumenta la presión impositiva, disminuye la recaudación por producción.

De mantenerse esta situación dentro de lo que el Gobierno llama continuidad del modelo, seguramente a fin de año se recaudará más de impuesto a las ganancias que de IVA y los recursos aduaneros seguirán decreciendo producto de las medidas erróneas que ha tomado el Gobierno. Esto, agravado por la falta de articulación con un sector clave en el desarrollo del país: el sector agropecuario. Han transcurrido siete años desde el conflicto con el campo sin que a la fecha se haya abierto una sola puerta para el diálogo que permita corregir el rumbo de este sector fundamental de nuestra economía.

Cambio y continuidad. Evidentemente si queremos una economía de producción, de generación de empleo, de inversión, necesitamos estabilidad económica y esto se logra con una inflación menor a un dígito, superávit en nuestras cuentas públicas, balanza comercial positiva, eliminación de restricciones comerciales, tipo de cambio único, reforma tributaria que incluya ganancias, bienes personales y retenciones a los productos de exportación.

Necesitamos cambiar para que los recursos que genera el Estado sean producto de la actividad económica y el desarrollo de los sectores productivos y no la continuidad del modelo impositivo actual, sustentado por los trabajadores.

En primer término, la Presidenta niega el homenaje al Fiscal Nisman, colocándose en el lugar de portadora de la verdad -una vez más- y conocedora de las motivaciones que nos llevaron a miles de argentinos a concurrir a las marchas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que en esa ciudad haya sido el epicentro. Es decir, nos dice a cada uno de nosotros por qué fuimos.

La Sra. Presidenta habla de un respaldo masivo pero no popular a la marcha. Indudablemente habla de otra movilización, en la que yo estuve vi a miles de trabajadores, jóvenes, familias, jubilados, y por qué no, empresarios, que concurrían por distintas motivaciones de acuerdo a las consignas que podían escucharse o leerse. La mayoría de ellos en un respetuoso homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman, y muchos otros, también de manera respetuosa y democrática reclamando mayoritariamente justicia. Una cosa no excluyente de la otra. Porque, les guste o no, el que piensa distinto también es parte del pueblo.

Es decir, fue una marcha que atravesó a toda la sociedad argentina, no solo a los sectores de mayores ingresos, a los que inmediatamente la Presidenta quiere hacer ver como conservadores y reaccionarios, como si tener dinero fuera un sinónimo de ser golpista. Indudablemente la Sra. Presidenta no recordó la situación económica de varios funcionarios, ya que siguiendo este razonamiento absurdo entonces ellos también serían “conservadores” y “golpistas”.

También hace referencia a los funcionarios del Poder Judicial como miembros de un complot destituyente del Gobierno, vinculando a algunos de ellos en actividades ilícitas con el crimen organizado y con las barras bravas. Le recuerdo a Cristina Fernández que si tenía información de ese tipo debía haberlo denunciado, no a través de una carta, sino en sede judicial, ya que de no hacerlo estaría incumpliendo los deberes de funcionario público, lo cual es un delito.

Asimismo vincula a los funcionarios del Poder Judicial con una “tarea destructiva y depredadora de lo institucional”. Resulta paradójico que quien encabeza la administración que más deterioro produjo sobre las instituciones de gobierno desde el retorno a la democracia, quien en 2007 en su campaña prometió superar viejas antinomias y trabajar por una mayor calidad institucional, promesa en la que algunos creímos y nos dispusimos a acompañar, aunque rápidamente nos dimos cuenta que esto no iba a ser así, hoy hable de un partido judicial, vinculándolo con el tristemente célebre partido militar. Hubiese sido bueno que en sus años como abogada en la provincia de Santa Cruz, cuando nos gobernaba el partido militar, la Presidenta hubiese presentado algún recurso de amparo como hicieron muchos otros dirigentes políticos como el Dr. Raúl Alfonsín, que pusieron su matrícula de abogados en pos de la defensa de los Derechos Humanos. La Presidenta no lo hizo.

Por último, me gustaría recordarle que este también es el gobierno de la mentira del INDEC sobre los índices de inflación y pobreza, de los chicos que mueren por desnutrición en el Norte, de la baja en la calidad educativa, de los hospitales sin insumos y equipos sin funcionar (como el de Río Gallegos, donde no pudieron hacerle una tomografía), de la mayor inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, de la pérdida de autoabastecimiento petrolero y de la crisis energética, del más trágico incidente ferroviario de la historia argentina, de la mayor cantidad de muertos en una inundación urbana (su ciudad de nacimiento, La Plata en 2013, por si se olvidó) y de la corrupción, y por si fuera poco es el primer gobierno de la historia que tiene un Vicepresidente procesado por coimas y una Presidenta imputada al mismo tiempo.

Sra Presidenta, por favor, en vez de preocuparse en revisar tapas de diarios viejos, dedíquese a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, desarrollada, más justa e igualitaria. Ese es el deseo de millones de argentinos, muchos de los cuáles concurrimos el 18 de febrero a la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.

Quedó de manifiesto la incapacidad o la desidia al no haber protegido al Fiscal, más en  momentos previos a su exposición ante el Congreso de la Nación. El comportamiento de la custodia del fiscal es altamente cuestionable.  Uno se pregunta sobre la idoneidad de todos los servicios de inteligencia de la diversas fuerzas que el Gobierno controla.  Todo esto habla de la incapacidad de esta administración para cumplir con la función más elemental que el contrato social le asigna: garantizar la vida de los ciudadanos. Que se haya cometido un magnicidio sobre el que el gobierno no tiene ni idea aún es de una gravedad institucional que no podemos ponderar en su verdadera magnitud.

Tengan en cuenta que esta reflexión esta basada en la hipótesis más benévola para el Gobierno. Simplemente me niego a pensar que sectores del kichnerismo hayan estado detrás de eso aunque no llegar a la verdad dará bases firmas a este terrible hipótesis. 

A su vez, descreo de la iniciativa que el oficialismo lleva adelante en el Congreso en relación a crear una nueva agencia de inteligencia. Da la impresión de ser una nueva improvisación a las que nos tienen acostumbrado y que salvo algo cosmético, no termina cambiando absolutamente nada. Esta es una tarea que merece un profundo debate y consenso y debe ampliarse al conjunto de organismos de seguridad federales.

El Gobierno no parece estar interesado en este enfoque y pretende sancionar “su reforma”. Por lo tanto, será tarea del próximo encontrar una solución. Este debate profundo y el posterior proceso de cambios es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que pretenden ser alternativas para gobernar. La verdadera reforma de las fuerzas federales de seguridad y los servicios de informaciones es una tarea urgente, quizás la primera de una verdadera política de Estado que debemos asumir las fuerzas democráticas de nuestro país.

Finalmente. hay una enseñanza del caso Nisman: el coraje y valor de un hombre para investigar el corazón del poder justamente en el caso más enigmático y grave de los últimos años: el atentado de la AMIA. Vaya su vida de ejemplo y bandera para los fiscales y jueces que hoy tienen la responsabilidad de esclarecer numerosos casos de los cuales el pueblo argentino espera conocer la verdad. Esperemos que se conozca.