A un año de su muerte, lo primero que me vino a la memoria fueron las dos frases que utilicé días posteriores a aquel triste 18 de enero de 2015: “Prudencia en los dichos” y “ser cuidadosos en la investigación”. Así como sucedió con la Embajada de Israel y la AMIA, la sombra de la impunidad no debía golpear, una vez más, la democracia argentina. La sensación de la historia repetida se hizo presente y por esa razón, ante la muerte de Alberto Nisman, hice referencia a la incapacidad y la desidia del poder de turno a la hora de proteger a un fiscal de la nación y advertí, con aquellas frases sobre el decir y el hacer, sobre un hecho de esta gravedad institucional. El resultado, un año después, es que la demanda de justicia y verdad sigue intacta.
A un año de este acontecimiento nos encontramos sin certezas de cuáles fueron las causales de su muerte. La investigación exhibió siempre irregularidades, deficiencias y omisiones que no sólo ponen en riesgo el descubrimiento de la verdad, sino que afectan derechos humanos de rango constitucional y ponen en evidencia la ineficacia de un sistema arcaico y selectivo. La intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida en la Constitución, atenta contra la división y la independencia de los poderes de la República.
Una vez más, se mostró la negligencia del Estado para cumplir con una función esencial que el contrato social le asigna, de garantizar la vida de los ciudadanos y buscar la verdad para procurar justicia. Que se haya cometido un magnicidio de esta naturaleza y que no haya luz sobre lo sucedido revela un sistema infiltrado por la corrupción y un Gobierno de turno cómplice. Continuar leyendo