Alberto Nisman, presente

A un año de su muerte, lo primero que me vino a la memoria fueron las dos frases que utilicé días posteriores a aquel triste 18 de enero de 2015: “Prudencia en los dichos” y “ser cuidadosos en la investigación”. Así como sucedió con la Embajada de Israel y la AMIA, la sombra de la impunidad no debía golpear, una vez más, la democracia argentina. La sensación de la historia repetida se hizo presente y por esa razón, ante la muerte de Alberto Nisman, hice referencia a la incapacidad y la desidia del poder de turno a la hora de proteger a un fiscal de la nación y advertí, con aquellas frases sobre el decir y el hacer, sobre un hecho de esta gravedad institucional. El resultado, un año después, es que la demanda de justicia y verdad sigue intacta.

A un año de este acontecimiento nos encontramos sin certezas de cuáles fueron las causales de su muerte. La investigación exhibió siempre irregularidades, deficiencias y omisiones que no sólo ponen en riesgo el descubrimiento de la verdad, sino que afectan derechos humanos de rango constitucional y ponen en evidencia la ineficacia de un sistema arcaico y selectivo. La intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida en la Constitución, atenta contra la división y la independencia de los poderes de la República.

Una vez más, se mostró la negligencia del Estado para cumplir con una función esencial que el contrato social le asigna, de garantizar la vida de los ciudadanos y buscar la verdad para procurar justicia. Que se haya cometido un magnicidio de esta naturaleza y que no haya luz sobre lo sucedido revela un sistema infiltrado por la corrupción y un Gobierno de turno cómplice. Continuar leyendo

También es el pueblo, Presidenta

En las últimas horas se difundió una carta de la Presidenta de la Nación analizando la marcha del miércoles pasado en homenaje al Fiscal Alberto Nisman, carta que no puedo decir que me haya sorprendido por su tono porque lamentablemente es el que la nos tiene acostumbrados, pero sobre la cual sí me gustaría hacer algunas consideraciones dado que fui uno más de los miles de argentinos que se movilizaron en todo el país.

En primer término, la Presidenta niega el homenaje al Fiscal Nisman, colocándose en el lugar de portadora de la verdad -una vez más- y conocedora de las motivaciones que nos llevaron a miles de argentinos a concurrir a las marchas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que en esa ciudad haya sido el epicentro. Es decir, nos dice a cada uno de nosotros por qué fuimos.

La Sra. Presidenta habla de un respaldo masivo pero no popular a la marcha. Indudablemente habla de otra movilización, en la que yo estuve vi a miles de trabajadores, jóvenes, familias, jubilados, y por qué no, empresarios, que concurrían por distintas motivaciones de acuerdo a las consignas que podían escucharse o leerse. La mayoría de ellos en un respetuoso homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman, y muchos otros, también de manera respetuosa y democrática reclamando mayoritariamente justicia. Una cosa no excluyente de la otra. Porque, les guste o no, el que piensa distinto también es parte del pueblo.

Es decir, fue una marcha que atravesó a toda la sociedad argentina, no solo a los sectores de mayores ingresos, a los que inmediatamente la Presidenta quiere hacer ver como conservadores y reaccionarios, como si tener dinero fuera un sinónimo de ser golpista. Indudablemente la Sra. Presidenta no recordó la situación económica de varios funcionarios, ya que siguiendo este razonamiento absurdo entonces ellos también serían “conservadores” y “golpistas”.

También hace referencia a los funcionarios del Poder Judicial como miembros de un complot destituyente del Gobierno, vinculando a algunos de ellos en actividades ilícitas con el crimen organizado y con las barras bravas. Le recuerdo a Cristina Fernández que si tenía información de ese tipo debía haberlo denunciado, no a través de una carta, sino en sede judicial, ya que de no hacerlo estaría incumpliendo los deberes de funcionario público, lo cual es un delito.

Asimismo vincula a los funcionarios del Poder Judicial con una “tarea destructiva y depredadora de lo institucional”. Resulta paradójico que quien encabeza la administración que más deterioro produjo sobre las instituciones de gobierno desde el retorno a la democracia, quien en 2007 en su campaña prometió superar viejas antinomias y trabajar por una mayor calidad institucional, promesa en la que algunos creímos y nos dispusimos a acompañar, aunque rápidamente nos dimos cuenta que esto no iba a ser así, hoy hable de un partido judicial, vinculándolo con el tristemente célebre partido militar. Hubiese sido bueno que en sus años como abogada en la provincia de Santa Cruz, cuando nos gobernaba el partido militar, la Presidenta hubiese presentado algún recurso de amparo como hicieron muchos otros dirigentes políticos como el Dr. Raúl Alfonsín, que pusieron su matrícula de abogados en pos de la defensa de los Derechos Humanos. La Presidenta no lo hizo.

Por último, me gustaría recordarle que este también es el gobierno de la mentira del INDEC sobre los índices de inflación y pobreza, de los chicos que mueren por desnutrición en el Norte, de la baja en la calidad educativa, de los hospitales sin insumos y equipos sin funcionar (como el de Río Gallegos, donde no pudieron hacerle una tomografía), de la mayor inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, de la pérdida de autoabastecimiento petrolero y de la crisis energética, del más trágico incidente ferroviario de la historia argentina, de la mayor cantidad de muertos en una inundación urbana (su ciudad de nacimiento, La Plata en 2013, por si se olvidó) y de la corrupción, y por si fuera poco es el primer gobierno de la historia que tiene un Vicepresidente procesado por coimas y una Presidenta imputada al mismo tiempo.

Sra Presidenta, por favor, en vez de preocuparse en revisar tapas de diarios viejos, dedíquese a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, desarrollada, más justa e igualitaria. Ese es el deseo de millones de argentinos, muchos de los cuáles concurrimos el 18 de febrero a la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.

Una grave ausencia de obras y planes de contingencia

Las lluvias intensas siguen azotando a Buenos Aires -el cambio climático y el Niño han generado que en los últimos  30 años se produzcan más tormentas intensas que en los 70 anteriores- y, sin embargo, la política no da respuesta. Algunas consideraciones sobre este fenómeno:

• Las inundaciones en La Plata del 2013 demostraron la total falta de un plan de contingencia en la Provincia, se empezó a inundar la ciudad y nadie sabía que hacer lo cual implicó más de 50 muertos declarados oficialmente y casi 100 según los privados.

• La ciudad de Buenos Aires no hizo un mejor desempeño, tuvo la suerte que las lluvias fueron sustancialmente menores que en La Plata. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta hoy en el 2014 con un plan de contingencia; una lluvia intensa como la platense implicaría una catástrofe mayúscula si no cambiamos la política.

• La ciudad de Luján resulta el ejemplo extremo; ya se inunda varias veces por año. ¿Por qué? ¿Por cambios naturales? No, debemos analizar también las acciones de los hombres.

• Se debe concientizar que grandes obras contra las inundaciones pueden reducir el nivel de riesgo hídrico, pero no eliminarlo, por lo cual debemos preparar a la población para un posible evento. Muchas inundaciones actuales se dan por las mismas acciones del hombre. La falta de planificación, los usos demagógicos de políticos de turno que repartieron áreas fiscales que eran inundables, los negocios de desarrolladores inmobiliarios que no son bien controlados; nos han llevado a ocupar espacios pertenecientes a los ríos y arroyos.

Veamos el caso del Río Luján, que pasa por la localidad con emprendimientos sobre zonas del río, Pilar con barrios que están sobre zonas que solía ocupar el río en crecidas y luego por el Municipio de Tigre, donde se han construido grandes emprendimientos inmobiliarios privados, con grandes obras de relleno, que fueron tanto autorizados por el Municipio de Tigre, como por la dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires; sin un análisis profundo de las consecuencias permitieron un gran negocio privado. Estos rellenos generan una reducción de zonas bajas que permitían una expansión del río;  y colaboran en gran medida a que el río inunde aguas arriba cuando antes no lo hacía, a eso debemos sumar la falta de mantenimiento del cauce y la basura que por falta de una buena educación ambiental tiramos a los cursos de agua.

Se deberán gastar un montón de recursos del Estado en hacer obras en Luján y en todo el cauce inferior del Río, a consecuencia de negocios de privados, pero no podemos decir que es culpa de ellos, es la falla del Estado como planificador del Desarrollo que lo autorizó en su momento. Por otra parte, como el Municipio de Luján no es gobernado por el FPV, sino por fuerzas caratuladas como oposición, no es una prioridad hacer obras allí. A veces parecería que se quiere castigar al votante por no haber apoyado al oficialismo de turno.

Debemos cambiar el rol del Estado, dejar de lado el capitalismo de amigos, la falta de transparencia en la gestión y el favoritismo hacia los intendentes adictos. El Estado debe profesionalizarse, capacitando funcionarios y fijando reglas estrictas anticorrupción. Es necesario hacer una planificación técnica fijando prioridades según las necesidades más básicas de cada población y no en base a la subordinación políticas de las autoridades locales como ocurre actualmente.

Debemos generar no solo un plan de obras para las inundaciones sino también planes de contingencia para la población que permita concientizar que hacer en caso de un evento extraordinario de lluvias. Tenemos en nuestro país el único ejemplo positivo de Plan de contingencia es el de la ciudad de Santa Fe, el cual se hizo a consecuencia de la gran inundación del 2003. La ciudad de Buenos Aires y los distintos municipios del Gran Buenos Aires deben armar programas de contingencia públicos y una gran campaña de concientización para saber qué hacer en la emergencia. Las cuencas de los Ríos y Arroyos no reconocen los límites políticos que les queremos imponer, debemos trabajar en conjunto en toda el área metropolitana, sin importar qué partido gobierna cada municipio.

Claves para entender el problema y acciones para combatirlo

El problema del narcotráfico es complejo y para alcanzar una solución adecuada debemos conocer y comprender de qué se trata. Necesitamos conocer, para discernir sobre las capacidades de las distintas instituciones que intervengan, y determinar la competencia que les cabe a cada una de ellos. Estas tres “C” (Conocimiento, Capacidad y Competencia), son fundamentales si se quiere lograr un verdadero efecto de disuasión sustentado en códigos claros y efectivos. Leyes y reglas de juego adecuadas para enfrentar este flagelo que amenaza a la salud, la vida y la estabilidad de los argentinos, y atender a su prevención. Es un problema urgente que no admite dilaciones, trasciende a la política partidaria y exige el compromiso patriótico y desinteresado de todos.

Claves

1. El narcotráfico es un delito de proyección internacional que no reconoce fronteras; y menos aún cuando los controles que, son responsabilidad de cada Estado, tampoco se las impone claramente.

2. El producto que cultiva, produce, promueve, trafica y vende –la droga en sus distintas variantes-, se fracciona en diferentes fases hasta alcanzar pequeñas dosis para llegar al consumidor en la etapa de comercialización final; en todo el proceso es maleable, incluso en grandes cantidades, y relativamente fácil de transportar, esconder, enmascarar y simular.

3. Es un negocio ilícito de una enorme rentabilidad; por lo tanto, sus ejecutores, cuentan con grandes cantidades de dinero. En este sentido, su capacidad de comprar voluntades y corromper instituciones es enorme.

4. Al ser sustancias que producen adicción, también facilita a los delincuentes operar sobre la voluntad de las victimas e incorporarlas al circuito delictivo de diferentes maneras, a cambio de la propia sustancia.

5. El narcotráfico ejerce sus actividades en forma territorial. Es decir que necesita hacer pie y adueñarse del territorio de su interés. Necesita disponer de una logística adecuada y de impunidad territorial. Se involucra y trata de apropiarse, por lo tanto, del gobierno, la seguridad y la justicia del lugar donde ejerce sus actividades. Funciona como una empresa con un gran sentido de la eficacia y la eficiencia pero también con un supuesto sentido social y, como tal, no es ajeno el asistencialismo como marketing, que realiza en las comunidades.

6. Es un flagelo que no distingue clases sociales ni diferencias culturales. Todos los estamentos de la sociedad son vulnerables, desde las clases más humildes hasta las más pudientes.

7. Es productor y generador de actividades subrepticias. Crea y maneja su propia red de inteligencia porque necesita de información confiable para su desarrollo.

8. Necesita de facilidades financieras que le permitan transformar el dinero mal habido en dinero limpio y libre de sospecha. Es tal la cantidad de riqueza que produce, que esta metamorfosis del dinero da lugar a otro negocio ilícito de enorme rentabilidad. La corrupción es, por lo tanto, causa y efecto del narcotráfico. Un verdadero círculo vicioso.

Acciones

Conocer estas características nos ayuda a entender la necesidad de soluciones integrales, que respondan a una decisión política del más alto nivel de la conducción del Estado. Estas soluciones deberán estar referidas al corto, mediano y largo plazos, porque las particularidades de este flagelo nos hacen pensar primero en la educación y la salud. Educación, mirando tal vez el mediano y largo plazo, para prevenir; y salud, pensando en el muy corto plazo, para contener y curar a las víctimas.

Al avance del narcotráfico hay que oponerle barreras que detengan o minimicen el ingreso y egreso de la droga, que impidan su circulación en el territorio nacional, que eviten su producción y fraccionamiento, que dificulten el lavado de dinero producto del negocio ilícito.

La prevención del delito es clave, debemos actuar sobre sus causas y no sobre las consecuencias. Es necesario contar con leyes adecuadas, concretas y específicas. Se hace necesario repensar y actualizar las leyes de Seguridad Interior, Defensa Nacional, Inteligencia Nacional; tal vez, las de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y de Extradición, entre otras, y sus respectivas reglamentaciones. Los Códigos, más allá de dar un marco legal para castigar, cumplen un efecto disuasivo. El delito es dinámico y se traslada de un lugar a otro, buscando los contextos más favorables para desarrollarse. Esto es importante de considerar a la hora de plantear modificaciones.

Una tarea que debemos encarar legisladores, juristas y constitucionalistas. Pensar nuevas leyes, normas y procedimientos referidos a la interceptación y al control de vehículos terrestres, aéreos y marítimos,que violen los espacios de jurisdicción nacional.

De manera prioritaria, atacar a la corrupción y al lavado de dinero, que son parte inseparables y condición necesaria para el narcotráfico.

Recuperar el control de aquellos territorios donde ya está presente este delito y evitar que se apodere de otros. El control efectivo del Estado sobre las zonas vulnerables es primordial. Éstas, a veces son áreas puntuales y, otras, extensos territorios: fronteras, vías de comunicación, pistas de aterrizaje, puertos marítimos y fluviales; zonas de producción, transferencia, fraccionamiento, distribución y comercialización.

Al ser un problema global su solución exige de una gran coordinación, no sólo entre las agencias de seguridad involucradas en forma directa, sino también entre los estados nacionales que comparten con el nuestro el comercio internacional y el tránsito de personas, no sólo en la región.

Proteger la información. Los narcotraficantes cuentan con muchos medios técnicos porque disponen de dinero en abundancia.

Proteger a los funcionarios involucrados en la lucha contra el narcotráfico. No sólo a aquellos que hacen el trabajo de campo (las fuerzas de seguridad y policiales) también a los que ejercen la conducción política, estratégica y operativa; a los jueces y fiscales, etc. Debe estar protegida a la confidencialidad de sus dichos y acciones. Estos funcionarios, además, deben contar con una preparación especial y estar sujetos a un estricto control de organismos competentes del Estado.

No basta con el compromiso de un intendente o un gobernador. Éstos poseen recursos materiales y humanos limitados e insuficientes para hacer frente a esta amenaza que los excede y, posiblemente, si la decisión no parte de la autoridad nacional, terminarán fracasando o siendo víctimas de las organizaciones delictivas. Fundamentalmente, es necesario el compromiso político, decidido y enérgico del Estado Nacional, que involucre a todos sus estamentos y con un presupuesto acorde a la prioridad que merece el problema.