Si observamos la evolución de la recaudación en estos seis meses del último año del gobierno de Cristina Fernández, nos encontramos con datos que no nos sorprenden a quienes sostenemos desde hace tiempo que hay dos graves problemas que son fiel reflejo de la economía: la profundización de la crisis energética y el aumento de la presión impositiva.

En primer término, es notable cómo desde el 2011 a esta parte la situación energética ha complicado y condicionado la economía argentina. Este déficit estructural recibió como respuesta decisiones políticas erróneas como la restricción a las importaciones y el cepo al dólar. Esto provocó un notable desequilibro en las cuentas, desalentó inversiones y generó la pérdida de competitividad en el mercado mundial, producto de los incrementos en los costos de producción y afectó seriamente la balanza comercial argentina.

En segundo lugar, debemos analizar la presión impositiva del modelo económico actual. El impuesto a las ganancias, desvirtuado en su espíritu, se ha transformado no solo en un impuesto al trabajo, sino también en un impuesto a la pérdida del valor adquisitivo. La misma distorsión se aplica al impuesto a los bienes personales.

De la totalidad de los ingresos recaudados en el primer semestre de este año -791.435 millones de pesos-, 201.229 millones corresponden a ingresos por IVA. Esto es un 27,4 % más respecto a igual período del año anterior. En cambio, 181.273 millones corresponden al impuesto a las ganancias, lo que provoca un incremento mayor al 44 %. En tanto que los recursos aduaneros han registrado una merma del 5,3 % respecto al año anterior, lo que totaliza 60.069 millones de pesos, es decir, 3370 millones de pesos menos. Aumenta la presión impositiva, disminuye la recaudación por producción.

De mantenerse esta situación dentro de lo que el Gobierno llama continuidad del modelo, seguramente a fin de año se recaudará más de impuesto a las ganancias que de IVA y los recursos aduaneros seguirán decreciendo producto de las medidas erróneas que ha tomado el Gobierno. Esto, agravado por la falta de articulación con un sector clave en el desarrollo del país: el sector agropecuario. Han transcurrido siete años desde el conflicto con el campo sin que a la fecha se haya abierto una sola puerta para el diálogo que permita corregir el rumbo de este sector fundamental de nuestra economía.

Cambio y continuidad. Evidentemente si queremos una economía de producción, de generación de empleo, de inversión, necesitamos estabilidad económica y esto se logra con una inflación menor a un dígito, superávit en nuestras cuentas públicas, balanza comercial positiva, eliminación de restricciones comerciales, tipo de cambio único, reforma tributaria que incluya ganancias, bienes personales y retenciones a los productos de exportación.

Necesitamos cambiar para que los recursos que genera el Estado sean producto de la actividad económica y el desarrollo de los sectores productivos y no la continuidad del modelo impositivo actual, sustentado por los trabajadores.

En primer término, la Presidenta niega el homenaje al Fiscal Nisman, colocándose en el lugar de portadora de la verdad -una vez más- y conocedora de las motivaciones que nos llevaron a miles de argentinos a concurrir a las marchas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que en esa ciudad haya sido el epicentro. Es decir, nos dice a cada uno de nosotros por qué fuimos.

La Sra. Presidenta habla de un respaldo masivo pero no popular a la marcha. Indudablemente habla de otra movilización, en la que yo estuve vi a miles de trabajadores, jóvenes, familias, jubilados, y por qué no, empresarios, que concurrían por distintas motivaciones de acuerdo a las consignas que podían escucharse o leerse. La mayoría de ellos en un respetuoso homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman, y muchos otros, también de manera respetuosa y democrática reclamando mayoritariamente justicia. Una cosa no excluyente de la otra. Porque, les guste o no, el que piensa distinto también es parte del pueblo.

Es decir, fue una marcha que atravesó a toda la sociedad argentina, no solo a los sectores de mayores ingresos, a los que inmediatamente la Presidenta quiere hacer ver como conservadores y reaccionarios, como si tener dinero fuera un sinónimo de ser golpista. Indudablemente la Sra. Presidenta no recordó la situación económica de varios funcionarios, ya que siguiendo este razonamiento absurdo entonces ellos también serían “conservadores” y “golpistas”.

También hace referencia a los funcionarios del Poder Judicial como miembros de un complot destituyente del Gobierno, vinculando a algunos de ellos en actividades ilícitas con el crimen organizado y con las barras bravas. Le recuerdo a Cristina Fernández que si tenía información de ese tipo debía haberlo denunciado, no a través de una carta, sino en sede judicial, ya que de no hacerlo estaría incumpliendo los deberes de funcionario público, lo cual es un delito.

Asimismo vincula a los funcionarios del Poder Judicial con una “tarea destructiva y depredadora de lo institucional”. Resulta paradójico que quien encabeza la administración que más deterioro produjo sobre las instituciones de gobierno desde el retorno a la democracia, quien en 2007 en su campaña prometió superar viejas antinomias y trabajar por una mayor calidad institucional, promesa en la que algunos creímos y nos dispusimos a acompañar, aunque rápidamente nos dimos cuenta que esto no iba a ser así, hoy hable de un partido judicial, vinculándolo con el tristemente célebre partido militar. Hubiese sido bueno que en sus años como abogada en la provincia de Santa Cruz, cuando nos gobernaba el partido militar, la Presidenta hubiese presentado algún recurso de amparo como hicieron muchos otros dirigentes políticos como el Dr. Raúl Alfonsín, que pusieron su matrícula de abogados en pos de la defensa de los Derechos Humanos. La Presidenta no lo hizo.

Por último, me gustaría recordarle que este también es el gobierno de la mentira del INDEC sobre los índices de inflación y pobreza, de los chicos que mueren por desnutrición en el Norte, de la baja en la calidad educativa, de los hospitales sin insumos y equipos sin funcionar (como el de Río Gallegos, donde no pudieron hacerle una tomografía), de la mayor inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, de la pérdida de autoabastecimiento petrolero y de la crisis energética, del más trágico incidente ferroviario de la historia argentina, de la mayor cantidad de muertos en una inundación urbana (su ciudad de nacimiento, La Plata en 2013, por si se olvidó) y de la corrupción, y por si fuera poco es el primer gobierno de la historia que tiene un Vicepresidente procesado por coimas y una Presidenta imputada al mismo tiempo.

Sra Presidenta, por favor, en vez de preocuparse en revisar tapas de diarios viejos, dedíquese a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, desarrollada, más justa e igualitaria. Ese es el deseo de millones de argentinos, muchos de los cuáles concurrimos el 18 de febrero a la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.