Son muchos los estudios que demuestran la relación entre los niveles de educación y de pobreza: a mayor nivel educativo alcanzado disminuyen notoriamente las posibilidades de ser pobres y estar marginados de la sociedad, que genera un círculo vicioso en las futuras generaciones.

Cada política que se ocupe de que los niños estén en las escuelas nunca estará de más, desde la asignación universal que les permita desarrollarse en plenitud, la obligatoriedad de sala de 4 años, entre tantas otras.

Pero todos nuestros esfuerzos comienzan con nuestros hijos en las escuelas, para eso deberemos saber dónde están, por qué faltaron. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que eso ocurra? Es oportuno poner en marcha la cédula escolar nacional para que nos ayude a identificar el problema desde la individualización de cada niño, con un registro detallado de su vida escolar, actualizado y de cada rincón de la república. Más allá de conocer la realidad, nos posibilitará actuar a tiempo y solucionar dificultades. No puede haber educación sin chicos en las escuelas, con niños trabajando o pidiendo en las calles. El Estado está obligado a trabajar en eso para garantizar todos los derechos que como persona nos corresponden.

La cédula escolar federal es un instrumento que alcanzará a cada niño, garantizará el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar (artículo 16 de la ley 26206). Primero debemos resolver la carencia de datos de quienes nunca ingresaron en el sistema educativo, es decir, de aquellos por escolarizar. Si bien existe información sobre escolarización que permite hacer estimaciones acerca de la cobertura, la deserción, la repitencia y la promoción, esta no posibilita individualizar al niño que no ingresó o no permanece en el sistema.

La cédula escolar consiste en llevar un registro con el nombre del niño, su documento y su trayectoria escolar. Permite saber quién abandona la escuela o cambia de escuela o de jurisdicción y monitorear la trayectoria escolar. Para esto, es necesario que todas las jurisdicciones del país cuenten con un soporte informático unificado, que nos indique la trayectoria escolar de niños y adolescentes en todo el país.

Siendo el Consejo Federal de Educación el organismo ideal para poner en funcionamiento el programa, en articulación con otras reparticiones, como el Registro Civil, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los juzgados de familia y las dependencias nacionales, provinciales y municipales correspondientes. El Registro Civil permite cruzar datos para identificar con certeza a los niños en edad escolar que están fuera del sistema e iniciar acciones con el juzgado de familia para reinsertarlos, para descomprimir su trabajo. Sería conveniente la creación de tribunales escolares que abordaran la problemática específica. Los responsables de este programa deberán arbitrar los medios para garantizar el habeas data, y los datos podrán ser utilizados únicamente por funcionarios especialmente designados, sólo con fines sociales o educativos.

Este instrumento nos permitirá ampliar su registro a las áreas de salud, nutrición, vacunación y lo que refiera al abordaje integral de cada persona.

No es posible y no debemos permitirnos como sociedad naturalizar que un niño esté en la calle pidiendo o trabajando. Pierde así su derecho a la igualdad.

La cédula escolar ayudará a conocer esa situación y a actuar sobre las causas para llegar a tiempo al encuentro de una solución oportuna y efectiva. Siempre —está comprobando— es mejor prevenir que curar. Estoy convencido de que este es el medio para lograrlo.

A veces, este horizonte temporal acotado nos impide dimensionar los tiempos de los procesos sociales. Estamos siempre pensando en el corto plazo, en la coyuntura, dificultándonos extender la mirada en el futuro. ¿Somos capaces de pensar el país para las próximas décadas?

Argentina necesita de acuerdos, de consensos, de políticas a largo plazo. Nuestro país requiere poner la mirada en el porvenir. En este sentido la conformación de un Frente entre fuerzas políticas de diferentes partidos, que comparten principios, líneas de acción y objetivos constituye una gran esperanza para nuestra República devaluada por el deterioro de sus instituciones señeras.

Nuestra primera meta, es consolidar un espacio socialdemócrata que privilegie la igualdad, no solo ante la ley sino en el acceso al bienestar y al conocimiento. Estamos convencidos que esto se logra con más democracia, más república, más federalismo y más política.

Este horizonte temporal acotado al que me refería anteriormente hace que algunos desconfíen de estos acuerdos, alianzas, concertaciones, frentes electorales. El fracaso de experiencias anteriores no debe ser un impedimento; los tiempos sociales son diferentes a los personales. Y si una experiencia fracasa, si un camino se torna inviable, hará que buscar otro, o quizás otros.

¿Pensaron nuestros constituyentes en el 53´ que la independencia no tenía sentido, ya que habían pasado tantos años? ¿Cuántos pactos preexistentes hubo? ¿Renunció el General San Martín a la Campaña Libertadora, por la derrota de Cancha Rayada? ¿Cuántos años transcurrieron desde la Revolución del 90´ hasta la Ley Sanz Peña?

Por eso, porque la historia lo avala, hoy nos sentimos capaces de ofrecerle a la sociedad una alternativa, una propuesta superadora. Contamos con experiencias exitosas como la de la provincia de Santa Fe o la de Ciudad de Buenos Aires en la última elección. En mi provincia en las últimas elecciones, trabajamos juntos el radicalismo mendocino y Libres del  Sur.

Somos conscientes de que en algunas cosas pensamos diferente -de otra forma no sería un Frente de distintas fuerzas políticas-, pero también sabemos que podemos ofrecerle a la sociedad una propuesta electoral basada en coincidencias respecto a la superación de la pobreza, a la solución de problemas vinculados a un desarrollo económico integral en lo regional, a la crisis energética, a nuestra devaluada educación, entre otros aspectos que afectan a la sociedad. Podemos ofrecer un programa de gobierno consensuado y una oferta electoral que se definirá con la participación ciudadana en las PASO.

Las fuerzas políticas que constituimos el Frente Amplio UNEN, asumimos una ideología basada en principios y valores comunes, pero también pensamos que, superada la contienda electoral, serán necesarios acuerdos con fuerzas de distinta ideología y con otros actores sociales para de definir las grandes políticas de Estado que el país necesita.

Los acuerdos de gobernabilidad y desarrollo, se basan en objetivos comunes y principios heterogéneos, el Pacto de la Moncloa no fue producto de pensamientos afines sino de objetivos comunes. Sigamos el ejemplo. Unidos.

Claves

1. El narcotráfico es un delito de proyección internacional que no reconoce fronteras; y menos aún cuando los controles que, son responsabilidad de cada Estado, tampoco se las impone claramente.

2. El producto que cultiva, produce, promueve, trafica y vende –la droga en sus distintas variantes-, se fracciona en diferentes fases hasta alcanzar pequeñas dosis para llegar al consumidor en la etapa de comercialización final; en todo el proceso es maleable, incluso en grandes cantidades, y relativamente fácil de transportar, esconder, enmascarar y simular.

3. Es un negocio ilícito de una enorme rentabilidad; por lo tanto, sus ejecutores, cuentan con grandes cantidades de dinero. En este sentido, su capacidad de comprar voluntades y corromper instituciones es enorme.

4. Al ser sustancias que producen adicción, también facilita a los delincuentes operar sobre la voluntad de las victimas e incorporarlas al circuito delictivo de diferentes maneras, a cambio de la propia sustancia.

5. El narcotráfico ejerce sus actividades en forma territorial. Es decir que necesita hacer pie y adueñarse del territorio de su interés. Necesita disponer de una logística adecuada y de impunidad territorial. Se involucra y trata de apropiarse, por lo tanto, del gobierno, la seguridad y la justicia del lugar donde ejerce sus actividades. Funciona como una empresa con un gran sentido de la eficacia y la eficiencia pero también con un supuesto sentido social y, como tal, no es ajeno el asistencialismo como marketing, que realiza en las comunidades.

6. Es un flagelo que no distingue clases sociales ni diferencias culturales. Todos los estamentos de la sociedad son vulnerables, desde las clases más humildes hasta las más pudientes.

7. Es productor y generador de actividades subrepticias. Crea y maneja su propia red de inteligencia porque necesita de información confiable para su desarrollo.

8. Necesita de facilidades financieras que le permitan transformar el dinero mal habido en dinero limpio y libre de sospecha. Es tal la cantidad de riqueza que produce, que esta metamorfosis del dinero da lugar a otro negocio ilícito de enorme rentabilidad. La corrupción es, por lo tanto, causa y efecto del narcotráfico. Un verdadero círculo vicioso.

Acciones

Conocer estas características nos ayuda a entender la necesidad de soluciones integrales, que respondan a una decisión política del más alto nivel de la conducción del Estado. Estas soluciones deberán estar referidas al corto, mediano y largo plazos, porque las particularidades de este flagelo nos hacen pensar primero en la educación y la salud. Educación, mirando tal vez el mediano y largo plazo, para prevenir; y salud, pensando en el muy corto plazo, para contener y curar a las víctimas.

Al avance del narcotráfico hay que oponerle barreras que detengan o minimicen el ingreso y egreso de la droga, que impidan su circulación en el territorio nacional, que eviten su producción y fraccionamiento, que dificulten el lavado de dinero producto del negocio ilícito.

La prevención del delito es clave, debemos actuar sobre sus causas y no sobre las consecuencias. Es necesario contar con leyes adecuadas, concretas y específicas. Se hace necesario repensar y actualizar las leyes de Seguridad Interior, Defensa Nacional, Inteligencia Nacional; tal vez, las de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y de Extradición, entre otras, y sus respectivas reglamentaciones. Los Códigos, más allá de dar un marco legal para castigar, cumplen un efecto disuasivo. El delito es dinámico y se traslada de un lugar a otro, buscando los contextos más favorables para desarrollarse. Esto es importante de considerar a la hora de plantear modificaciones.

Una tarea que debemos encarar legisladores, juristas y constitucionalistas. Pensar nuevas leyes, normas y procedimientos referidos a la interceptación y al control de vehículos terrestres, aéreos y marítimos,que violen los espacios de jurisdicción nacional.

De manera prioritaria, atacar a la corrupción y al lavado de dinero, que son parte inseparables y condición necesaria para el narcotráfico.

Recuperar el control de aquellos territorios donde ya está presente este delito y evitar que se apodere de otros. El control efectivo del Estado sobre las zonas vulnerables es primordial. Éstas, a veces son áreas puntuales y, otras, extensos territorios: fronteras, vías de comunicación, pistas de aterrizaje, puertos marítimos y fluviales; zonas de producción, transferencia, fraccionamiento, distribución y comercialización.

Al ser un problema global su solución exige de una gran coordinación, no sólo entre las agencias de seguridad involucradas en forma directa, sino también entre los estados nacionales que comparten con el nuestro el comercio internacional y el tránsito de personas, no sólo en la región.

Proteger la información. Los narcotraficantes cuentan con muchos medios técnicos porque disponen de dinero en abundancia.

Proteger a los funcionarios involucrados en la lucha contra el narcotráfico. No sólo a aquellos que hacen el trabajo de campo (las fuerzas de seguridad y policiales) también a los que ejercen la conducción política, estratégica y operativa; a los jueces y fiscales, etc. Debe estar protegida a la confidencialidad de sus dichos y acciones. Estos funcionarios, además, deben contar con una preparación especial y estar sujetos a un estricto control de organismos competentes del Estado.

No basta con el compromiso de un intendente o un gobernador. Éstos poseen recursos materiales y humanos limitados e insuficientes para hacer frente a esta amenaza que los excede y, posiblemente, si la decisión no parte de la autoridad nacional, terminarán fracasando o siendo víctimas de las organizaciones delictivas. Fundamentalmente, es necesario el compromiso político, decidido y enérgico del Estado Nacional, que involucre a todos sus estamentos y con un presupuesto acorde a la prioridad que merece el problema.