El gobierno nacional promovió a finales de diciembre pasado la sanción de la Ley 26.929, que aumentó a 30% la alícuota de impuestos internos para los autos con un precio de fábrica superior a $170 mil y a 50% para aquellos con un precio mayor que $210 mil. El objetivo inicial era evitar la fuga de divisas pero las consecuencias han sido otras y graves. Este impuesto pone en peligro la continuidad laboral de miles de empleados del sector automotriz por lo que debemos derogarlo inmediatamente antes de que los problemas sean mayores.
Veamos algunas de las consecuencias de la aplicación de esta política. Durante el primer cuatrimestre del 2014 y en relación a igual período del año anterior, las ventas de 0 km bajaron un 18%, la producción disminuyó un 18% y las exportaciones un 18,6%. El cuadro empeora cuando analizamos la situación que se presenta a los trabajadores de las automotrices. Se han informado más de 12 mil suspensiones y hablamos de un sector que contempla al rededor de 165 mil empleos. Entonces, ¿priorizamos la recaudación o la protección del empleo?
Otra arista a tener en cuenta es el impacto de la inflación en el precio de los rodados. En algunos casos, el impuesto se tradujo en aumentos de 100% en los precios finales, abarcando cada vez a más autos, incluso los nacionales. Existen en la actualidad autos sedanes medianos afectados por el tributo y la ley no contempla ningún mecanismo de actualización de los valores. La actual administración aumenta constantemente la presión fiscal cuando en su lugar debería buscar alternativas para aumentar el desarrollo productivo y la creación de empleo genuino. Es una contradicción que por un lado promuevan la ley de protección de trabajadores y por el otro desatiendan la situación de los trabajadores de las automotrices.
Además, se le quita otra alternativa de ahorro a la sociedad. Si bien un auto no es la mejor inversión, en el contexto actual se encuentran acotadas las posibilidades de ahorrar en dólares o en ladrillos y la inflación hace que no sea rentables los plazos fijos. Este impuesto desalienta la compra de vehículos y limita las alternativas de inversión.
Esta medida que perjudica al sector automotriz es un eslabón más de la cadena de errores que ha cometido el gobierno nacional. Cadena formada por el límite a las importaciones que afectó los costos de producción, el espiral inflacionario no reconocido ni manejado, el posterior cepo al dólar con consecuencias negativas para el mercado inmobiliario y la construcción. Se pueden remediar esos errores y el primer paso es reconocerlos. Deroguemos el impuesto y protejamos el empleo de miles de trabajadores.