No faltan quienes consideran superfluas estas celebraciones, a veces por el pueril argumento de su costo, otros, por la resignada comprobación de que la muchachada ni se entera o bien por la superficialidad novelera muy de moda de que miremos el presente, porque lo otro ya pasó. Más importantes, en cambio, son otros argumentos.

Hay toda una corriente historiográfica que, con la idea de superar a los héroes de bronce, se pasa al extremo de ignorar la relevancia de esos acontecimientos que lideraron. Así les fue a los historiadores que intentaron explicar la historia europea sin Napoleón o la Revolución rusa sin Lenin. En todo caso, es una visión trasnochada, cuando hace ya muchos años que la visión social y económica ha enriquecido los estudios del pasado, para superar el relato heroico de grandes gestas militares y teatrales episodios políticos.

Por otro lado, ha ocurrido que hemos sufrido en toda América latina, y muy especialmente en el Río de la Plata, los abusos de la memoria y aun de la historia. Aquella es un recuerdo, siempre subjetivo, singular, de quienes evocan un hecho del pasado. La historia es un complejo proceso de reconstrucción de ese pasado sobre la base de memorias variadas, normalmente contradictorias, y hechos que ya no están en el recuerdo de nadie, pero que, en el terreno social o científico, fueron relevantes en su tiempo.

A la memoria se la estira como un bandoneón para extraer de ella una presunta legitimación de actos del presente. Así ocurre, como lo recuerda Paul Ricœur, el “abuso” de quienes orientan ese recuerdo para proclamarse a sí mismos voceros oficiosos de víctimas o demandantes de alguna causa de justicia para la que carecen de autoridad. La historia “reciente” ha sido campo propicio para esa tergiversación. En Uruguay, por ejemplo, a cualquier joven que se le pregunte contra quién luchaban los tupamaros normalmente dirá: “Contra la dictadura militar”, cuando el hecho es que ellos intentaron derribar la democracia, fueron juzgados por los jueces de la democracia y ya estaban presos cuando sobrevino la dictadura. Es verdad que esta los maltrató injustamente, pero eso ya es otro tema.

En un terreno aún más amplio, durante el siglo XIX, la mirada nacionalista de los Mitre en la Argentina, los Bauzá en Uruguay o los Amunátegui en Chile fue necesaria para la consolidación de la república y la afirmación de un sentimiento nacional. Pero luego se prestó también a enfoques parciales, producto, a su vez, de la confrontación política: unitarios y federales en la Argentina, colorados y blancos en Uruguay, colorados y liberales en Paraguay. Desgraciadamente, cuando ya deberíamos estar empleando los aportes que han modernizado el estudio del pasado, nos encontramos todavía con versiones que retuercen los hechos para hacerles decir algo en el presente. En la Argentina, es notorio que ha mediado una campaña denigratoria de Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre y Julio A. Roca y de desprecio de todo lo que pudiera considerarse “liberal”; se ignora así la profundidad de este concepto, inspirador de nuestra emancipación, con su idea de la soberanía nacional y la libertad de conciencia. A título de combatir algunas políticas económicas que exageraron su rechazo a la intervención del Estado, se produjo un reduccionismo de la idea liberal a fin de sustentar políticas populistas, violatorias de los límites que el Estado de derecho impone al poder.

Como ejemplo de ese abuso, hace un par de años se pretendió desconocer la declaratoria de la independencia en el Congreso de Tucumán y sostener que la verdadera independencia argentina había sido el Congreso de Oriente, convocado por Artigas en Concepción del Uruguay, y del que participaron, además de la Provincia Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones. El propósito era evidente: el Congreso de Tucumán era “liberal”, “doctoral” y, en consecuencia, merecía más repudio que aplauso, frente a la congregación de las provincias rebeldes. Más allá de simpatías, que en lo personal las tenemos para la asamblea artiguista, el hecho es que nunca pretendió ser una declaratoria de independencia; nadie la ha celebrado como tal en Uruguay y de lo que se trataba era de lograr una negociación con Buenos Aires para estructurar una confederación de provincias soberanas que aún no lograban amalgamarse en una nación.

Debemos entonces, como sociedades, como repúblicas, preservarnos de esos abusos, pero también, y muy especialmente, de los que se alejan con indiferencia de la mirada histórica. Como decía Marc Bloch: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”. Difícilmente avanzaremos, y más en estos tiempos de globalización, si no entendemos el trabajoso proceso de construcción de las instituciones que nos rigen, si no distinguimos lo coyuntural de lo estructural (a veces de remotos orígenes) o si no asumimos que todos somos partes de una evolución; caeremos en el recurrente mito adánico que hace creer a muchos regímenes que parten de la nada e intentan refundar nuestras repúblicas. Como pasa en la Argentina, que hoy tiene que normalizarse sobre los escombros del último y abusivo intento refundacional del kirchnerismo.

En la seguridad ciudadana, todo el mundo es responsable, salvo quienes tienen que asegurarla. Y lo peor es que esta tesis ha llegado hasta la Justicia, porque un tribunal ha establecido la corresponsabilidad de la sociedad en un delito de rapiña. O sea que los delincuentes no son los exclusivos responsables de sus actos. Aparentemente, seríamos todos, la gente que trabaja de sol a sol, los maestros que no pudieron encausarlos, todos…

El Ministerio del Interior ha resuelto que no entra más a los estadios de fútbol. No hay duda de que el Estado es el responsable del orden público, y en un espectáculo público masivo, más que nunca. Desde hace años, sin embargo, se instaló la práctica viciosa de pagar por la presencia de la Policía. Ahora se la aleja de esa responsabilidad y se les impone a los clubes el elevadísimo costo de una seguridad privada que carece de facultades para detener a alguien o “cachearlo”. Se observó en el reciente partido clásico, donde un grupo trepó un alambrado y se fue a otra tribuna. El episodio fue menor, pero si hubiera sido mayor, se miraría impasible la situación, sin que nadie haga nada. Es más: la ausencia de policías es todo un estímulo para los grupos de inadaptados —pequeños grupos, por otra parte— que toman el deporte como escenario para su psicología enferma.

En materia económica ni hablar que durante años se empleó el discurso demagógico y facilongo de que el Frente Amplio tuvo que asumir el gobierno con un país en crisis. Los hechos dicen lo contrario y así lo reconocieron el propio Dr. Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori cuando, en la rendición de cuentas correspondiente al año 2004, con su firma, establecieron que, pasada la crisis, el país estaba en franca recuperación. Lo que es objetivo, porque en 2003 ya había vuelo a crecer un 2,5 y 10,5 en 2004. Luego vino desde el exterior la formidable bonanza de 2004-2012 y el Frente Amplio se ufanó del éxito de su crecimiento: este no era un regalo de los mercados, sino su exclusivo mérito. Ahora estamos estancados y es al revés: nada tiene que ver el Gobierno, sino el exterior.

La verdad es fácil de observar: en la expansión de los años de la bonanza, el mérito fue del exterior. En la caída de ahora hay sin duda una explicación en ese mismo mercado mundial, pero una gigantesca responsabilidad del Frente Amplio por haber despilfarrado los excedentes del buen momento, seguir aumentando su deuda externa y quedar ahora sin instrumentos para enfrentar una bajada de precios, que es importante pero no crítica.

El colmo de la tesis de la irresponsabilidad oficial lo ha aportado estos días el senador Rafael Michelini cuando, a raíz del penosísimo accidente en el hogar de ancianos del barrio Atahualpa, afirmó que era un coletazo de la crisis de 2002. Catorce años después, la responsabilidad de no poder controlar las condiciones de seguridad de los residenciales de adultos mayores es de la crisis y el Gobierno de la época. Sería un buen chiste si no se tratara realmente de una tragedia, que merece otro respeto, como también lo merece una opinión pública a la que no se le puede hablar de ese modo. El Gobierno no controla los hogares y la responsabilidad es de la situación económica de hace catorce años.

Lleva ya mucho tiempo el Frente Amplio queriendo eludir sus responsabilidades con asombradas declaraciones con cara de “yo no fui”. Está en su tercer mandato y su argumentación es cada vez más inconsistente. La opinión pública va comenzando a entenderlo.

La situación de Brasil produce hoy una enorme tristeza. Que el país más grande de América Latina, como territorio, como producción y como población, chapotee en el fangal en que se encuentra nos avergüenza y afecta a todos. No podemos dejar de mirar esta etapa de la vida brasileña sin ese sentimiento, porque un Brasil debilitado y desprestigiado resta credibilidad a nuestra región y, en el caso del Mercosur, quedamos aún más paralizados de lo que ya estábamos. 

Más allá de sentimientos, es de desear que Brasil procese los cambios políticos en curso cuanto antes, dilucide las enormes responsabilidades penales de las principales figuras del PT y pueda reconstituir un gobierno con estabilidad.

En el caso, no hay que perder de vista lo fundamental: toda esta tormenta arranca en una fenomenal corrupción, sin precedentes, que implicó a todo el partido de gobierno con una profundidad y generalidad que asombra. No se trata de un funcionario extraviado o de algunos abusivos favores clientelísticos. Estamos ante una organización, manejada desde la cúspide del gobierno, para sostener la estructura política del PT y asegurar su permanencia en el poder. Como ocurre siempre, el que robó para la Corona también lo hizo para sí y a la maraña destinada a financiar al partido, se le añadió la voracidad personal de los conductores del proceso. En el camino, cayeron también los principales empresarios de construcción del país, cómplices de la gran maniobra, que ahora se declaran víctimas de una situación que se les imponía, devuelven dinero en cantidades enormes para mejorar su posición judicial y juran que el futuro será distinto. No estamos hablando de empresarios medianos; son los más grandes del país, los más tradicionales, además…

Esta situación moral es muy importante a la hora de mirar el proceso político. Hablar de que hay “una maniobra de la derecha” contra el partido “progresista” es una fantasía propagandística de quienes no quieren asumir la corrupción de una izquierda brasileña que fue emblemática para toda América Latina y hoy es un ejemplo cumplido de traición a sus principios y a su prédica histórica.

En medio de ese tsunami, el  Gobierno se hunde en un pozo de descrédito y, a partir de las comprobaciones judiciales, irrumpe el juicio político a la Presidente. Personalmente, hubiéramos preferido que el Supremo Tribunal Electoral anulara toda la elección, al comprobarse que en la campaña de la fórmula presidencial se usaron fondos provenientes de los actos de corrupción. Quizás hubiera sido más claro, porque el fundamento es indiscutible y porque difícilmente el Vicepresidente pueda llenar el enorme vacío político que se abre. Pero el hecho es que, ante un tribunal que no se pronunciaba, se adelantó el juicio político (el clásico “impeachment”) y se vienen cumpliendo, paso a paso, las formas constitucionales.

Es un procedimiento muy garantista, que en cada etapa va exigiendo requisitos formales estrictos y la presencia constante del Supremo Tribunal Judicial, que ha ido controlando lo que se hace. En el caso de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, se escandalizó por la premura del procedimiento, pese a que se había realizado conforme a la Constitución paraguaya. Ese argumento efectista no podrá alegarse en este caso, en que las instituciones vienen funcionando parsimoniosamente dentro de las reglas del Estado de derecho.

Naturalmente, el espectáculo parlamentario del voto del juicio político fue lamentable. Pero lamentable para los dos lados. Esos diputados que votaban y declaraban como ciclistas en la llegada, dedicando su voto a la madre o al Padre Eterno, son —desgraciadamente— el promedio del Brasil político. La democratización de la república tiene esas consecuencias no esperadas: la irrupción de una fauna variopinta y extravagante, salida de las entretelas de una sociedad contradictoria, donde alternan los intelectuales paulistas con los mafiosos cariocas.

Repito: no nos hace feliz el juicio político a un Presidente electo. Pero el fenómeno de corrupción es global e inédito. No es verdad que la Presidente no tenga nada que ver. Si incumplió la ley de ordenamiento financiero, no lo podemos juzgar nosotros a la distancia; lo harán los poderes constituidos  y punto. Pero, aparte de ello, ¿quién puede exonerar de responsabilidad a una Presidente que lleva cinco años en el poder y que en todo el período anterior fue jefe de gabinete y ministro de Minas y Energía de Lula da Silva? ¿No se daba cuenta de nada de lo que ocurría a su alrededor, pensaba que los diputados del “mensalão” votaban por convicción y que los multimillonarios contribuyentes a sus dos campañas presidenciales lo hacían por fervor democrático o porque, súbitamente, se habían vuelto simpatizantes del PT? ¿No fue Presidente del Consejo de Administración de Petrobras de 2003 a 2010 y manejó la empresa a través de funcionarios de su íntima confianza? ¿No sabía nada, no se  enteraba de nada? Es una persona técnicamente capaz como para imaginarla tan distraída y desaprensiva. Que hoy no medien evidencias de enriquecimiento personal no la exonera de la enorme responsabilidad moral que tiene en el escándalo. Moral y política. Además de jurídica.

Por estas razones, es realmente insostenible ese reflejo de los grupos políticos populistas (o de la sedicente izquierda) que engolan la voz hablando de un “golpe de Estado parlamentario”. Ayer una empresa de construcción anunció que devolverá 280 millones de dólares de lo que facturó en sobreprecios ilícitos para sostener la corrupción de los gobernantes del PT. ¿No se sienten cómplices cuando salen a defender ese gobierno y ese partido? ¿No sienten vergüenza alguna? Es verdad que quienes defienden la dictadura de Nicolás Maduro han demostrado ya un rostro hormigonado como el de los viejos soviéticos. Pero aquí ni se discuten atropellos políticos: se trata de ladrones, de un partido que —como lo han demostrado los jueces— se había transformado en una asociación para delinquir y eternizarse en el poder.

En efecto, la definición conceptual responde a un nuevo desvío propagandístico bastante común en los últimos años, creado para esconder justamente el racismo. Importa, por lo tanto, aclarar bien las ideas. El antisemitismo o antijudaísmo es la actitud de rechazo, hostilidad y discriminación a la persona de los judíos. Es la horrorosa actitud persecutoria que comenzó en el ámbito religioso, se profundizó en la Edad Media por la actitud cristiana de acusar al pueblo judío de “haber matado a Jesús” (el deicidio) y ha tenido variantes modernas de tipo racista, como la que cultivaron los nazis.

El antisionismo, por su parte, es tan reaccionario y nefasto como el anterior: niega el derecho de los judíos a existir como nación y constituir un Estado. El primero agravia a la persona, el otro lo hace con toda la comunidad nacional.

El hecho es gravísimo. Hace muy pocos días, el país se vistió de luto con el asesinato de un ciudadano uruguayo, de origen judío, apuñalado por otro ciudadano uruguayo, converso al islamismo. Nunca había ocurrido algo igual. No fue un atentado como el de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), producto de una organización terrorista, pero no era menos: era el atentado terrorista cometido en Uruguay por un terrorista individual, que respondía a una consigna universal de ataque al pueblo judío.

Dijimos entonces que los responsables eran muchos, no sólo el que tomó el arma asesina para responder a la consigna que los seguidores del Estado Islámico han repetido en los últimos tiempos: “Esté donde esté, hay que matar al judío”. También son responsables los que, de un modo u otro, han contribuido a crear la imagen del pueblo palestino sojuzgado por un Israel criminal.

Por supuesto, no dicen que la franja de Gaza (que nunca había sido gobernada por los palestinos, que antes fue territorio egipcio y luego israelí, desde 1967) hoy la tiene en su poder una administración dominada por Hamas, organización radical, terrorista y antijudía. No dicen que ese territorio les fue entregado a los palestinos por Israel, en 2005, en prenda de paz y lo único que logró fue que desde allí se organizara un persistente ataque en su contra. Naturalmente, tampoco dicen que si no hay Estado palestino (como debiera haber), es porque, en 1948, cuando Naciones Unidas creó los dos Estados (el árabe y el judío), los Estados árabes, por su odio a Israel, rechazaron la existencia del otro Estado y generaron el conflicto que dura hasta hoy. Hablan de territorios “ocupados” por Israel, como si antes hubiera sido soberanía palestina, pero ignoran —además— que Israel ha reconocido la existencia de la autoridad palestina en Cisjordania y Gaza, sin lograr que, a la recíproca, se le reconozca su derecho a existir.

Podríamos argumentar mucho más al respecto. Lo que importa es decir que, en este país, hay quienes están alimentando el racismo, el antijudaísmo, antisemitismo, antisionismo o como se le quiera llamar. Que lo están haciendo sistemáticamente. Lo peor es que lo hace gente que se dice de izquierda, asociándose al núcleo religioso y político más reaccionario de los tiempos contemporáneos, el que mantiene la discriminación de la mujer, el que mantiene el predominio de la ley religiosa sobre la civil, el que usa y abusa del poder económico en la expresión más grotesca del capitalismo. Se dicen de izquierda y no se ruborizan cuando se hacen cómplices de estas barbaridades.

Difundo el volante de Fuecys y las declaraciones de su portavoz. El PIT-CNT salió astutamente a desmarcarse del boicot diciendo que no lo promovían, pero que cada sindicato era autónomo y podía realizar lo que quisiera. En el tema de fondo, “reconocen” al Estado Palestino y “al de Israel”, pero “condenan las acciones ofensivas de las fuerzas militares israelíes”. O sea, ignoran olímpicamente la existencia de los ataques constantes que Israel recibe desde hace 68 años. Consideran “acciones ofensivas” lo que son réplicas, en legítima defensa, de la constante agresión de quienes ni siquiera reconocen la existencia de Israel. Porque el gobierno de Cisjordania, que maneja el Al Fatah por lo menos acepta a su vecino, pero Hamas, que gobierna Gaza, lo desconoce. Como ocurre con otros movimientos radicales y aun con Estados, como es el caso de Irán.

La afirmación del PIT-CNT aclara pero no aclara. No asume que la conducta de esos dirigentes de Fuecys es decididamente discriminatoria y antisemita. No se pliega al boicot, pero reconoce la autonomía de cada sindicato y, en el fondo del tema, reitera lo que ha sido su posición, la misma inverosímil posición de una izquierda que se dice progresista y se abraza a un mundo musulmán regresivo y autoritario.

Con toda esta prédica se sataniza a Israel y, al mismo tiempo, al pueblo judío todo. Así es que se construye el clima que termina armando la mano de los asesinos. Nadie tiene derecho a desentenderse de las consecuencias de lo que se sostiene. Estos malabarismos verbales del “antisionismo” y de la “agresión militar” de Israel son los toques publicitarios que desnudan un prejuicio y alientan a quienes, desde la sombra y el odio, anidan rencores, prejuicios y semillas de violencia. En un momento de tanta sensibilidad en el tema, luego del asesinato del señor Fremd, está claro que el grupúsculo sindical está en campaña.

Según los datos del último Informe Mundial sobre las Drogas (2015), no se registra un aumento explosivo de los consumidores: se mantiene un número del orden de los 246 millones, pero con unos 187 mil muertos por año. Además, han cambiado las tendencias: ha bajado en algo la cocaína, pero aumentó el consumo de cannabis y de las sintéticas, que además se diversifican constantemente con nuevos productos. En nuestro país, bajó la pasta base y han subido exponencialmente la marihuana y, algo más, las sintéticas.

Mientras en Argentina y Uruguay se lloraban los muertos, la Asamblea de Naciones Unidas estudiaba el tema en una reunión especial, que mostró dos actitudes nítidamente expuestas: Estados Unidos, Rusia, China y en general los asiáticos quieren mantener la actual política, basada en una fuerte represión; México, Colombia y Guatemala sostienen: “El esquema basando esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo”, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario colombiano, por su parte, reclamó que se eliminara la pena de muerte en estos casos (lo que es lógico para todos los delitos), que no se incriminara a los consumidores, se reconociera una responsabilidad compartida y se pusiera el acento en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. “Hay que colocar a las personas en el centro de un nuevo paradigma”, enfocado hacia la salud, expresó.

Nos da la impresión de que estamos ante una especie de perplejidad colectiva, una confusión generalizada y una gran inflación de las palabras, al sostener un conjunto de falsas oposiciones. Que no se incrimine al consumidor es absolutamente lógico. Se lo debe ayudar y tratar. Nadie puede estar en contra de que el perjuicio a la salud es de prioritario enfoque.

Que haya que acentuar la prevención es de sentido común. Si no se logra disminuir la demanda, nunca se reducirá la oferta. Y eso nos lleva al tema de la represión, de la que no se podía esperar razonablemente que terminara con el problema. Si algunos pensaron en algún momento que bastaba con esa guerra, estaban muy desenfocados, pero leyendo los documentos oficiales no se encuentra a nadie en esa actitud, ni aun a los más duros.

También digamos que si no hubiera habido represión y Plan Colombia, no sería Juan Manuel Santos el presidente sino, seguramente, algún candidato apoyado por el narcotráfico, que ya tenía hasta un conjunto grande de diputados a su disposición, cuando Álvaro Uribe y el mismo Santos lanzaron su ataque a la sociedad de guerrilla y narcos.

Hablamos de falsa oposición, porque todos los enfoques tienen su razón de ser y deberían convivir, no oponerse. Si no hay represión, seguirán actuando los narcotraficantes a sus anchas; si no se encara la prevención, todo esfuerzo será inútil; si no hay tratamientos adecuados de rehabilitación, se está cometiendo un verdadero crimen.

Todos los caminos conducen, a nuestro juicio, a la idea de que es imprescindible prevenir, para disminuir la demanda. Y que para prevenir hay que informar, disuadir, convencer, especialmente a los jóvenes, sobre los efectos malignos de las drogas. Ahí es donde evidentemente se está fallando. Los de la línea más acentuada sobre la represión poco hacen (como Estados Unidos) en esta materia; los del otro paradigma terminan convalidando el uso de droga. Eso es lo que pasa en nuestro país: la legalización de la marihuana la ha bendecido, la generalidad no tiene la menor idea de sus efectos malignos, incluso cree que hasta es beneficiosa al escuchar informaciones sobre posibles usos medicinales (lo que es bien probable, como pasa con el opio y otras sustancias psicotrópicas, dentro de un cuadro estricto de industrialización farmacéutica).

La marihuana ha crecido desde un 5% de prevalencia a un 23%, según las encuestas oficiales. En los jóvenes universitarios, un 50% ha consumido, casi un 30% lo hace habitualmente y ya casi un 8% con dependencia. Y esto es criminal, porque los efectos perniciosos de esa droga están comprobados en el mundo entero y se empiezan a ver ya en nuestro país. E irresponsable, además, porque al asumirse esa permisividad ante la marihuana, se está validando la búsqueda de placeres artificiales o de elementos químicos de estimulación psíquica o física.

Aparte de los daños sobre la memoria, la atención y aun el conocimiento, las depresiones y la esquizofrenia claramente se estimulan. Lo dicen aquí en Uruguay quienes trabajen en clínicas de rehabilitación y lo acaba de reconocer públicamente el Dr. João Castel-Branco Goulão, director del programa oficial contra las tóxico-dependencias de Portugal. Este país adoptó un sistema particular, en que no hay legalización pero sí despenalización del consumo personal y un sistema de multas y tratamientos obligatorios de rehabilitación. Este profesional considera que el sistema aplicado ha dado muy buenos resultados, pero ha producido una “enorme complacencia social” al cannabis y un aumento comprobado de psicosis agudas y esquizofrenias producidas por esta droga.

En Uruguay seguimos adelante con una ley de dificilísima aplicación, que lleva dos años y medio sin funcionar debidamente y que, próximamente, abrirá otra puerta a la marihuana en las farmacias. El problema, y grave problema, es que estamos ante la complacencia social de que habla el especialista portugués, porque la desinformación a esta altura es un atentado contra la salud pública. Bajo el manto piadoso de no estigmatizar a los consumidores, se está escondiendo la verdad sobre la marihuana. No lamentemos luego sus consecuencias.

En nuestra generación, el suplemento dominical de El Día y los especiales de El País, despertaban el interés por el pasado, trataban de evocar con estilo periodístico los grandes momentos. Los Cuadernos de Marcha, en su momento, ofrecieron también, en un nivel más académico, enfoques de temas históricos importantes, con autores de plural extracción.

A la actual deserción ha contribuido un conjunto de factores. Por un lado, opera una tendencia historiográfica, que llega a los profesores más jóvenes, con una actitud despectiva para lo que consideran una versión heroica del pasado, en beneficio de los factores sociales y económicos, que no deberían ser contradictorios con la exaltación de los mojones de la construcción nacional. Por otro, hubo tanto abuso de las celebraciones históricas en la época de la dictadura que aún se mantiene viva una cierta reacción. También se advierte una tendencia al “presentismo”, que desprecia la mirada hacia atrás, sin entender, como decía el gran Marc Bloch: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”.

A estas razones de fondo se le añade, como en el caso, el traslado de las fechas, que las desdibuja completamente, les quita relevancia, las banaliza a un punto que ya los chicos de las escuelas y los liceos ni saben de lo que se trata.

El asunto es mucho más grave de lo que parece. Si el ciudadano no se forma desde los bancos de la escuela, como quería José Pedro Varela, difícilmente accederá a esa real condición. Podrán las personas haber nacido aquí, tener un documento e identificar su nacionalidad en el fútbol, pero con esos solos ingredientes no se construye la conciencia de los derechos y los deberes de una vida en sociedad y de un ejercicio cívico responsable.

No se propone un culto personalista de los héroes, las estatuas de bronce de valor sobrehumano. Pero esa bajada del bronce, que está tan de moda, no puede llevar a lo contrario: que no haya arquetipos humanos, ni historias ejemplares, ni la conciencia de pertenecer a una corriente de tiempo en que somos un eslabón, con todas sus consecuencias. Por ese camino no se genera el apego entrañable a la propia nación, lo que en Uruguay llamamos “la república”, expresión cargada de significado cualitativo. En la Argentina se invoca siempre a “la nación”. El banco oficial es el “de la Nación”. En nuestro país, es el “de la República”. Esto no es casual ni trivial. Es una definición de valores, que supone libertad, laicidad, igualdad ante la ley, aspiración de justicia, capacidad de gobernarnos. O somos eso o no somos nada. El Uruguay no se desgajó de las provincias rioplatenses para ser simplemente un territorio autónomo, sino que lo hizo en nombre de un pueblo que adhería a esos valores y en nombre de los cuales construyó, justamente, su particularidad nacional.

¿Por qué el éxodo? ¿Por qué las Instrucciones? ¿Por qué la independencia y la Constitución de 1830, cuyas definiciones fundamentales nos llegan hasta hoy? Nada fue casualidad. Hay una línea de pensamiento y acción coherente y sostenida en el tiempo. Eso es lo que debe irse entendiendo desde niños para luego poder comprender nuestras características, las mejores y las no tan placenteras.

En estos días se privilegia el análisis económico o la cotidianidad de la política en nombre de la necesidad. En ocasiones se advierte un cierto desdén por la historia, como si fuera pasado congelado. Nunca hubo un pueblo exitoso que no tuviera clara su misión histórica, desde la Atenas de Pericles a la Inglaterra de la reina Victoria.

Desde esta perspectiva de razonamiento, es triste comprobar que los pobres 33 orientales son, a lo sumo, la foto de un cuadro. No significan la voluntad de independencia, de autodeterminación, el culto a la libertad, la actitud heroica de quien hace fuerza de su propia debilidad. No se registran los avatares de una independencia que se construyó en pugna con las actitudes abusivas de Buenos Aires y de Brasil, por su voluntad de dominio y su confusión en esos grandes valores que reseñamos y que nos definen.

Los pobres 33 ya poco “desembarcan” en nuestras aulas y en la experiencia cotidiana. Es malo para todos. Especialmente para la conciencia ciudadana.

Aun una sociedad laica y tolerante, como la nuestra, alberga en su seno islotes de ese maligno sentimiento, que si no se expresa con más virulencia es porque la institucionalidad cívica y la prensa no lo permiten. Sin embargo, en los últimos años el prejuicio se ha disfrazado, se ha mimetizado y opera públicamente de otro modo.

En la ocasión, realizó una interesantísima exposición el escritor Marcos Israel, que historió el recorrido del prejuicio antisemita, desde sus orígenes medievales en el cristianismo, pasando por el comunismo y finalmente el islamismo.

Eduardo Kohn, por su parte, trazó un panorama del tema en América Latina, con sus altibajos. Especialmente, mostró cómo los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos Libres (ALBA: Venezuela, Bolivia, etcétera) asumieron estos años una actitud antiisraelí que esconde un real prejuicio. Destacó el retroceso que marcó en Argentina el acuerdo con Irán, felizmente hoy echado atrás por el nuevo Gobierno, así como la valiente actitud asumida por el Gobierno del presidente Horacio Cartes en Paraguay.

Fue una muy importante jornada de esclarecimiento, porque en nuestro país nadie se atreve a hablar de antisemitismo, pero sí de anti-sionismo o, por lo menos, de asumir una postura crítica del Estado de Israel más allá de lo que puedan ser las naturales discrepancias sobre sus políticas en temas tan espinosos como su convivencia con los vecinos.

Hay gente en el Uruguay, y desde las alturas de los Gobiernos frentistas, que hasta han llegado a calificar de “genocidio” la política israelí sobre Gaza, cuando es Israel quien renunció a ese territorio voluntariamente y sólo ha logrado a cambio la constante agresión desde ese vecindario. Los ricos países árabes no ayudan a desarrollar Gaza con inversiones productivas; a la inversa, proveen de armas al Gobierno de Hamas, que allí domina y realimenta el histórico conflicto.

El prejuicio funciona de otro modo y responde a otros resortes. El más tradicional es el antiyanquismo. Luego de que Israel fuera creado por Naciones Unidas en los primeros años de la posguerra en que la Unión Soviética y Estados Unidos aún se entendía, bastó que apareciera la Guerra Fría para que, instantáneamente, buena parte de los movimientos de izquierda en el mundo asumieran una actitud de sospecha, o aun hostilidad, contra Israel. Ser aliado de Estados Unidos producía ese alineamiento lamentable, que por cierto ocurrió también en nuestro país.

El correr de la vida hizo, además, que el pequeño David, sobreviviente a los ataques del nazismo, primero y del reaccionario mundo árabe, más tarde, comenzara a ser mirado de otro modo. Su fuerza, su capacidad de resistencia, sus victorias militares lo ubicaron ya en la posición del poderoso Goliat, que abusaba de algunos enemigos más débiles. Esto ocurrió con los palestinos, ignorando que en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, también se creó el Estado Árabe que rechazaron sus vecinos. El pecado fue no dejarse derrotar y destruir por quienes aun hoy proclaman su destrucción.

A ello se fue añadiendo más tarde la inmigración musulmana a Europa, que por su magnitud instaló el temor de que pudiera ser un foco de rebelión. Eso hoy es ya evidente, cuando vemos cientos, miles de hijos de sirios, iraquíes, paquistaníes, palestinos, nacidos en Europa, al amparo de sus leyes sociales y su excelente educación pública, que han pasado a ser crueles combatientes en contra de la sociedad occidental que acogió a sus padres y a ellos mismos. Cuesta aceptarlo, pero es así: la prédica del encono, la difusión de un odio irracional, a través de escuelas islámicas y predicadores radicales está instalada en vastos sectores de esa inmigración. Naturalmente, en Francia hay seiscientos mil judíos y seis millones de musulmanes, desbalance numérico que pesa seriamente en los gobiernos y en la opinión pública.

La oleada actual de atentados en Occidente y la persecución de cristianos en países musulmanes ha vuelto a producir un revelador viraje en el tema. Nadie podría hoy dudar de que el ataque radical es contra todo Occidente y sus valores, y que el tema no es la disputa Israel-Palestina, presentada en ocasiones como la base del encono. El desafío es mucho más profundo y no cesaría aunque hubiera paz en toda Palestina. Nos lo están gritando en todos los tonos y de todas las maneras. Desgraciadamente, hay todavía quienes no asumen que le han declarado la guerra a todo el Occidente y que ya no hay arreglo posible. Asumamos también que esa guerra está llegando al Uruguay, del mismo modo que llegó a la Argentina con todas sus maldades.

Es muy triste decirlo, pero —una vez más— se nos ha impuesto la lucha. Y ella empieza por el esclarecimiento constante, por la difusión de la verdad, por la batalla contra el prejuicio y el odio que se expanden desde las escuelas musulmanas.

Debe seguirse profundizando la reflexión y por eso ha resultado particularmente oportuno el planteo que realizara el diputado Ope Pasquet en la Cámara de Diputados. Con racionalidad y sin fanatismos, el país entero debe mirar con serenidad esta cuestión que, como veremos, ha adquirido una relevancia formidable.

En nuestro medio ya no se discute que el Estado laico no es contrario a las religiones, sino neutral ante ellas, imparcial. La libertad de la actividad religiosa es amplia y garantizada para todos dentro del cuadro general de libertades del país. El Estado los exonera de impuestos sobre sus propiedades o sus actividades educativas, como expresión de una actitud de reconocimiento. Incluso se han dado avances significativos hacia una laicidad más amplia, como fue la instalación de la cruz conmemorativa de la visita del papa Juan Pablo II y de la Universidad Católica.

Es oportuno precisar que la tan mentada cruz se estableció por ley. O sea que, tratándose de derechos fundamentales de base constitucional, es la ley quien debe establecer cualquier regulación. No son simplemente los municipios. Esa autorización, además, definió que la cruz era un “monumento conmemorativo” de la primera visita de un papa a Uruguay. No se trata entones de un lugar de culto que usurpe un espacio público sino de una traza histórica, una recordación cívica. Lo opuesto, justamente, a la propuesta que ha motivado estos debates.

En los tiempos que corren, los desencuentros entre religión y Estado han llegado a un punto en que estamos viviendo, a escala universal, una verdadera guerra de religión. Los variados grupos fanáticos del islamismo (no sólo el Estado Islámico) le han declarado la guerra a la civilización occidental y sustentan la destrucción de sus valores básicos. Hoy está a la vista que la cuestión no puede reducirse a la simplificación del conflicto que enfrenta a los palestinos de Gaza con el Estado de Israel. Hasta ha pasado a un segundo plano frente a los atentados violentos que han sacudido a Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y aun nuestra vecina Argentina. Los episodios de Siria e Irak, y ahora de Libia, añaden un intento de expansión territorial que pone al mundo entero en jaque ante la amenaza de una guerra permanente.

Pensar que todo está lejos de nosotros es una ingenuidad política, pero supone algo peor, una deserción moral. Si algo faltaba para entenderlo, el reciente asesinato de un ciudadano uruguayo por su condición de judío lo revela dramáticamente. Reaparece, sin embargo, la actitud complaciente, temerosa, que trata de reducir el episodio a la patología de un individuo. No es así. Ese “loquito” pudo haber actuado por su cuenta, pero respondió a la campaña de satanización de Israel y el pueblo judío que en los últimos años se ha desatado en el mundo. Esa prédica ha logrado que jóvenes europeos, hijos o nietos de inmigrantes islámicos, se lanzaran a la sangrienta operación terrorista. Los radicales islámicos preconizan, por otra parte, que cada musulmán, esté donde esté, tiene que matar a un judío y la campaña de acuchillamientos en Israel responde a esa exhortación. Por esa misma vía es que llegó también al Uruguay, en la persona de una mente poco equilibrada, sin duda, pero un maestro, no un ignorante primitivo, sin conciencia del bien y el mal.

Este hecho revelador nos convoca, más que nunca, a prevenir que esta maligna prédica no siga avanzando, especialmente en gente frustrada, que invoca ese sentimiento de discriminación, de humillación, para pretender la justificación de su actitud criminal. Por eso la clara regla de nuestra democracia se aplica con generalidad y pone a todos en la misma condición. Si hoy es, en la rambla, una virgen católica, ¿por qué mañana no será un sitio musulmán?

Esto nos lleva a que la neutralidad del Estado debe preservarse, más que nunca, para que nadie pueda invocar preferencias o discriminaciones. Al mismo tiempo que, en nombre de nuestra democracia y nuestras leyes, la autoridad pública está obligada a la persecución de todo acto de intolerancia, toda prédica —religiosa o política, da lo mismo— que exalte la violencia o la discriminación.

Estos días han salido a la palestra centros islámicos a reclamar su pacifismo. No hay duda de que no todos los musulmanes son terroristas. Pero —a la inversa— todos los terroristas son musulmanes. Del entorno de esa religión es que nace la difusión del odio y ante ella no puede haber indiferencia. Hace un tiempo impugnamos que en la escuela pública uruguaya se aceptara que algunas niñas de familias sirias concurrieran con el velo, símbolo de una subordinación femenina que caracteriza al islamismo. No tuvimos eco, desgraciadamente, y por tratarse de uno o dos casos, allí quedó el tema. Pero de eso se trata, justamente, de principios, que si no se hacen valer en toda su dimensión, claramente, luego habremos de lamentar el avance de estas corrientes intolerantes que hoy pretenden destruir nuestra civilización.

Los hechos nos hablan de una crisis global en Venezuela, con un Parlamento electo por el pueblo con dos tercios de opositores; un terremoto judicial en Brasil, donde el tema de corrupción hace tambalear a la Presidente y al ex Presidente; un kirchnerismo derrotado en las urnas y ya en dispersión; un Evo Morales al que el pueblo le paró su intento de re-reelección indefinida y un Rafael Correa que anuncia que se va, porque teme que las derrotas municipales que ha sufrido se lo lleven como correntada…

Esos hechos políticos incuestionables dan cuenta del fracaso de los viejos eslóganes, así como del vaciamiento ideológico y moral de movimientos que se soñaron revolucionarios, que creyeron inaugurar un tiempo histórico, que hablaban contra el imperialismo norteamericano y proclamaban la construcción del hombre nuevo del Che Guevara, soñaban con una economía colectivista y una sociedad arrasadoramente igualitaria, al estilo cubano.

Todo eso era profundamente equivocado, pero expresaba una convicción y partía de una doctrina marxista llamada a sustituir a la democracia liberal y la economía de mercado. El error de toda esa visión, con el correr del tiempo, se ha hecho incuestionable y el único lugar donde se ha implantado de verdad la doctrina, Cuba, es una organización totalitaria, socialmente deprimida y económicamente estancada.

Los movimientos que señalamos y que se consideran la izquierda de hecho han renunciado vagamente al marxismo desde que aceptan jugar dentro de las reglas de la democracia. La revolución armada hoy no es el método, pero la vieja ideología sigue poblando el discurso.

El hecho es que la invocada pureza del revolucionario se ha hundido en episodios escandalosos de corrupción, en que Brasil lleva la medalla de oro, con una crisis que ha puesto en duda hasta la estabilidad del Gobierno. En Venezuela, en Argentina, los episodios de corrupción han sido escandalosos por su tamaño y sus características.

La economía colectivista, por su parte, no apareció. Todo el mundo siguió con el mercado y la propiedad privada, aunque aceptados a regañadientes y aplicados con arbitrariedad. Quien más los atropelló fue Venezuela, pero a través de un autoritarismo torpe y contradictorio, que a fuerza de confiscaciones e intervenciones en los precios ha terminado con caos de inflación, caída de reservas y desabastecimiento generalizado. El resto no se apartó del capitalismo, lo odia, pero se resigna. El sueño de las nacionalizaciones se diluyó. Han vivido adentro del sistema repudiado, pero lo han aplicado horrorosamente, a fuerza de voluntarismo.

La sociedad igualitaria tampoco se construyó, pese a que se proclama una caída de la pobreza que fue el resultado de un crecimiento sustentado en los elevados precios de las materias primas que, entre 2003 y 2012, generaron una bonanza internacional sin precedentes. Tanto es así que, desde 2012, la pobreza está estancada y se corre el riesgo de que vuelva a crecer, porque su presunta superación se basó fundamentalmente en transferencias de dinero que, de quitarse, retrotraen a sus beneficiarios a la situación anterior. O sea que estadísticamente superaron el umbral de pobreza, pero tampoco son clase media, porque no tienen cómo sustentarse individualmente con su trabajo. Lo peor, además, es que la mala aplicación de esas políticas de subvención en dinero ha diluido la ética del esfuerzo personal. Ya hay generaciones nuevas que no han visto trabajar a sus padres y se han acostumbrado a vivir del Estado.

En nuestro país se advierte también un agotamiento del Frente Amplio. Su gente de mayor nivel intelectual lo está expresando: Esteban Valenti con sus duras críticas por el tema Ancap; el economista Gabriel Oddone al renunciar al Partido Socialista; el sociólogo Fernando Filgueira derrotado en su intento de cambiar en algo el estancamiento educativo; el historiador Gerardo Caetano diciendo que el comunicado del tema Raúl Sendic acusando a la prensa y a la oposición de desestabilizadores es el peor momento del Frente Amplio…

La iniciativa política está, entonces, en la oposición democrática. De allí tiene que salir la alternativa válida para un tiempo nuevo. La coyuntura mundial no es la mejor y eso está también en la base del desencanto actual. Mientras hubo dinero para todo, se diluyeron las contradicciones, los errores y las claudicaciones. Ahora hay que gobernar y está claro que lo que dijeron toda la vida, aquello en que creyeron, era un gigantesco error y aparece desnudo de respuestas. Con Barack Obama en Cuba, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos bendecida y el Fondo Monetario Internacional aceptado, el mundo se les ha cambiado. El ejercicio del gobierno, además, les ha mostrado el sinsentido de su prédica histórica. Sólo les quedaba la invocación a la justicia social, sostenida únicamente a fuerza de dinero. Ahora que este se limita ya no queda nada. Ni el honor, cuando sus socios de aventura se derrumban en el descrédito.

Recientemente, en el prestigioso Liceo Juan XXIII se realizó un acto público presidido por numerosas autoridades religiosas y de la educación para presentar un libro titulado La ignorancia de la ley no sirve de excusa, escrito por un profesor y un grupo de alumnos de la institución. Es una obra amplia, de más de seiscientas páginas, que se define como un “texto de estudio para la asignatura Derecho y Ciencia Política”.

Es muy importante partir de esa base. No se trata de un ensayo, producido en el vasto espacio de la libertad de expresión del pensamiento, sino de un texto dirigido a alumnos, a los que debe respetarse en su formación moral y cívica. La imparcialidad debe presidir, entonces, la exposición de los temas a partir, naturalmente, de la asunción inequívoca de los principios liberales que consagra nuestra Constitución de la República.

Es un trabajo serio, doctrinario, cuyos autores merecen todo el respeto a su esfuerzo. Por lo mismo es que nos permitimos establecer algunos puntos de vista discrepantes que, a nuestro juicio, hieren la necesaria imparcialidad del manual de estudio, lo que podríamos denominar laicidad en un sentido amplio, más allá de lo religioso. Se dice en el texto, con razón: “Un país laico debe garantizar el acceso a esos derechos básicos sin hacer distinciones entre creencias políticas, religiosas o filosóficas”. Sin embargo, se asume la peligrosa tesis de que ese respeto a opiniones diversas “no significa que el docente entre en una neutralidad ideológica, es decir, en no tomar partido por ideas o valores determinados. Lo que debe hacer es respetar el derecho del otro de pensar diferente”.

El docente está ubicado en un rol social e institucional preponderante frente al alumno. Respetar su posible pensamiento diferente empieza por no asumir posiciones parciales y ser realmente “neutral”. Lo único dogmático son las definiciones fundamentales de nuestro Estado de derecho. Allí sí no hay neutralidad, porque es obligatoria la formación cívica en aquellos principios básicos de nuestra organización. Explicar que existen otros, de acuerdo, pero siempre desde la base de asumir como propios los de nuestro sistema.

Esta definición presupone una actitud de mucho equilibrio. Por ejemplo, al explicar los mecanismos de la democracia directa, se ejemplifican los plebiscitos con el de la baja de la imputabilidad. Se emplean unas tres páginas y queda claro que los únicos argumentos calificados como “sustantivos” son los del “no”. En cambio, cuando se describe el fenómeno del referéndum, no se emplean ejemplos: bien podría ubicarse el de la ley de caducidad, fundamental en la transición uruguaya. Lo que ocurre es que los autores claramente se inclinan en contra de esa ley y por eso mismo ese pronunciamiento pacificador, tan pacificador como la amnistía a los tupamaros —de la que no se habla— queda desvanecido. Es un modo sutil, pero rotundo, de influir sobre el alumno.

En el tema de los medios de comunicación, se sostiene abiertamente una posición reguladora de estos sobre la base de que detentan un poder dominante. Se describe que, según la concepción marxista, los medios suponen la posibilidad de una construcción hegemónica y se menciona una investigación nacional que abonaría esa tesis. Esto es muy peligroso y especialmente está reñido con la pluralidad enorme de nuestro sistema de comunicación. La cantidad de diarios, radios y canales de televisión al alcance del ciudadano es multitudinaria. Hoy día, incluso, es muy difícil su subsistencia por esa enorme competencia. Que la legislación prevenga abusos y sancione delitos cometidos en el empleo de esos medios nadie puede discutirlo, pero ir más allá terminará comprometiendo libertades que son esenciales. Es lo que ha pasado en los regímenes socialistas, populistas o fascistas.

Se considera un error conceptual “librar la regulación de medios a la [ley] del mercado”. Es un modo falaz de plantear el tema, porque no se trata simplemente del mercado, sino de la libertad de expresión del pensamiento y de la libre opción de la gente. Últimamente, se ha visto claramente en Argentina cómo el Gobierno kirchnerista intentó dominar los medios induciendo a que la mayoría de estos fuera adquirida por empresarios amigos y de qué manera la audiencia se corrió a los pocos espacios independientes, que, pese a ser escasos, tuvieron una enorme acogida.

Se afilia luego el texto a la tesis del derecho a votar de los uruguayos residentes en el exterior. En ese contexto se pregunta: “¿Qué está pasando en nuestro país que cuesta tanto avanzar en este sentido?”. Pues bien, lo que está pasando es que la “República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” (artículo 1º de la Constitución). La integran quienes, aun sin ser ciudadanos, viven aquí y gozan de las garantías de la Constitución. No la integran, según el código magno, quienes no están en nuestro territorio. Cosa que incluso se le exige al ciudadano, hijo de padre o madre uruguayos, que sólo adquiere su condición de ciudadano natural por el hecho de “avecinarse” en el país. Podrá discutirse, pero ese es nuestro derecho y se basa en una realidad: los ciudadanos en el exterior votan, normalmente, de un modo diferente, pues responden a un ambiente distinto.

En el tratamiento de la transición hacia la democracia es donde claramente este texto asume una posición militante, desde un punto de vista absolutamente parcial, incompatible con su condición de texto curricular. Se asume, con razón, que la dictadura cometió horrendos ataques a los derechos humanos. No se menciona por ningún lado que ellos fueron precedidos de otros crímenes, en muchos casos de idéntica naturaleza, por “organizaciones políticas”, como las que en Uruguay intentaron, por medio de la violencia, derribar sus instituciones democráticas y arrastraron al país al conflicto. Ese es un escamoteo de hechos sin los cuales el proceso histórico es incomprensible. Las invocaciones a la memoria que se hacen son absolutamente parcializadas, tanto que sólo se repudia el terrorismo de Estado y no el de “organizaciones políticas” que también pueden ser responsables de delitos de lesa humanidad, conforme a la norma internacional. ¿Secuestrar a embajadores y extorsionar a una república independiente no es terrorismo? Con ese criterio, ¿la ETA no fue una organización terrorista?

Se sostiene que las leyes pueden ser retroactivas cuando se trata de derechos humanos, lo que es aberrante. Se sostiene con razón que no hay justificación alguna para ruptura del orden internacional, pero no se dice que esa ruptura fue primero intentada por la guerrilla inspirada en Cuba, que pretendía imponer una tiranía y luego, desgraciadamente, consumada por militares que, naturalmente, carecen de todo eximente para su atropello.

Nos preocupa, honestamente, que a jóvenes liceales se les esté inculcando una visión torcida de un proceso de transición notable, que nos permitió vivir en paz y libertad desde el 1º de marzo de 1985 hasta hoy. Que no sufrimos rebrotes de violencia como vivió la Argentina ni tuvimos que soportar la convivencia con el dictador como pasó en Chile. Nadie ha sostenido que no haya que buscar la verdad ni borrar la memoria. Lo que sí sostenemos —y así lo ha dicho la mayoría de este país— es que el perdón generoso y amplio suele ser el camino para reencontrarse con la paz y gozar plenamente de los derechos humanos. Los traicionan quienes reclaman justicia para unas violaciones y olvido para otras, quienes clasifican muertos según ideología. En el terreno filosófico todo es discutible, pero en el de nuestra historia hay dos cosas incuestionables: que las amnistías fueron eficaces y evitaron toda recaída de las agresiones a la institucionalidad, y que ello fue aprobado por una ciudadanía que ratificó por dos veces con su voto la ley de caducidad. Golpearse el pecho cuando nada se hizo para reconquistar los derechos humanos y condenar sólo a una parte de sus enemigos es el modo más perverso de agraviarlos.