Da la impresión de que él ni idea tenía de lo que iba a ocurrir cuando vino con un pasaje marcado de retorno para dos días después de la presentación de su libro. El hecho, sin embargo, es que sus viejos compañeros, hoy en el poder, lanzaron su andanada contra él y la Justicia resolvió ubicarse entre la espada y la pared.

Lamentablemente, el país sigue enredado en las ominosas historias de aquellos años en que un grupo mesiánico intentó, por medio de la violencia, derribar las instituciones del país. Entraron a la cárcel repudiados por la gente y salieron bendecidos por los malos tratos que les infligió arbitrariamente la dictadura. Es uno de los peores legados del nefasto período de facto. Lo malo es que la voluntad pacificadora que el país tuvo al salir de él (y que tanto éxito tuvo, como que hemos vivido en paz y democracia estos años) se cuestiona todos los días. Ahora circulan las venganzas como moneda corriente y se sigue manteniendo vivo lo que solo debería ser materia de análisis histórico.

Como ya hemos explicado, en principio, los delitos de los que se habla están amnistiados, como lo están “todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1.º de enero de 1962” al amparo de la ley 15.737 aprobada y promulgada el 8 de marzo de 1985. La intención era clara: amnistiar -o por lo menos liberar- a todos los guerrilleros que en la época habían actuado contra la Constitución. Hubieran estado presos o no, quedaron amnistiados. Y en esa condición quedaron liberados quienes después llegaron hasta la Presidencia (caso José Mujica) u ocupan hoy cargos en el gabinete (Fernández Huidobro, Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez).

Fue una ley generosa y pacificadora, que se aplicó con amplitud. En ella se exceptuaban, sin embargo, a los militares y los policías (art. 5.º) o a los civiles que actuando con móviles políticos cometieran esos delitos “amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de Gobierno”. También fue clara la alusión para los civiles que integraban el régimen militar. Por allí aparece entonces la figura de Héctor Amodio Pérez como eventual colaborador de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, incriminarlo supone probar que actuó con un móvil político. ¿Cuál era? Además, ¿actuaba con la conciencia y la voluntad de perseguir, dolosamente, que esas detenidas fueran torturadas? Luce como absurda presunción en alguien que está preso y sometido a la arbitrariedad de sus captores. Simplemente es alguien que, con la voluntad enajenada por la prisión, trata de salvarse él y punto. Ahora bien, si es colaborar denunciar a compañeros de su errática causa, en ese caso debería caer una hilera, porque no fue solo el tal Amodio el que lo hizo.

Por supuesto, el protagonista del episodio miente tanto como los otros y también dice verdades en la misma medida que los demás. Todo es media verdad y media mentira, pero nadie asume que fueron responsables de una tragedia, por la que no solo deberían pedir perdón sino llamarse a silencio. Han pasado 52 años desde que comenzaron su locura guerrilla. Hace 30 años que estamos en paz. ¿No deberíamos terminar? ¿No está todo prescrito, jurídica y, sobre todo, moralmente? Como explica con total claridad el Dr. Hebert Gatto en su artículo de El País del lunes pasado, es un error judicial decir que no corrió el plazo de la prescripción durante la vigencia de la ley de caducidad, porque una ley por definición no es una “fuerza mayor”, o sea, un terremoto o un incendio, una causa grave e imprevista que impide ejercer un derecho. ¿Cómo puede decirse que no corre la prescripción cuando el derecho a denunciar un delito había caducado por imperio de una ley?

En lo personal, no tengo la menor simpatía por el señor Héctor Amodio Pérez, comando de la mayor fuerza operativa del Movimiento de Liberación Nacional. Pero no es él quien está en juego. Lo están los principios del derecho y la voluntad pacificadora del país, una y otra vez expuesta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir envenenando a las nuevas generaciones y transmitiéndoles imágenes distorsionadas de ese pasado que debiéramos librar al análisis sereno de la historia?

Por esa razón es que planteamos la necesidad de establecer, desde el principio, que la bienvenida inmigración siria, bienvenida como toda inmigración, ha de vivir un doble proceso: el de adaptarse a las leyes y los hábitos de nuestra sociedad, así como esta, a la inversa, debe procurar, con amplitud de criterio, integrarla a la matriz nacional. Esa matriz hoy felizmente consolidada sobre la base de gente proveniente de los más diversos orígenes, mayoritariamente de España e Italia, pero también de Líbano, de los barrios judíos de Europa y Medio Oriente, de Armenia, de Croacia, de Lituania, de Grecia y por supuesto de nuestros vecinos.

El debate desatado ha servido para identificar equívocos que es muy bueno comenzar a despejar. Sin las intemperancias que también han salido a luz.

Se ha dicho que no aceptar el velo en las escuelas puede herir la libertad religiosa. Rotundamente no es así: ella debe resplandecer en todas sus dimensiones. En la calle, en los templos, donde sea, hay libertad para creer y orar. En la escuela pública, en cambio, todos nos debemos despojar de nuestras creencias, para identificarnos en el saber universal y nuestra formación cívica uruguaya. Nuestra escuela es laica, porque el Estado es neutral ante los fenómenos religiosos, que solo deben ser expuestos, académicamente, en las clases de historia o filosofía. Sus controversias o sus identificaciones no pueden jugar en ese espacio de neutralidad.

Con inmenso error, un legislador ha dicho que hasta puede alguien ir con una camiseta que diga “Viva Jesús”, actitud de ostentación propagandística, que mañana podrá ser contestada con otra camiseta que diga “Viva Alá y mueran los infieles” o “La religión es el opio de los pueblos”. Justamente eso es lo que nuestra laicidad no tolera en los ámbitos de la educación pública. Ella está para unir, conciliar, respetar todas las diversidades, igualadas ante la ley republicana. No para dividir y enconar.

Hasta se ha llegado a recordar -como supremo argumento- que José Pedro Varela hacía impartir cursos de religión católica en horarios especiales, olvidando que esa era una imposición nacida de la Constitución de 1830, vigente hasta 1917, cuando se separó la Iglesia del Estado.

El velo no es una medallita discreta. Es un fuerte signo de ostentación, que podrá estar en un cine o en una plaza, pero no en alumnos de una escuela pública. Simplemente porque la laicidad escolar impone neutralidad, que nadie pretenda identificarse y exhibir su identificación religiosa o política. No olvidemos lo último, porque tolerar a unos significará tolerar a otros que deseen proclamar su condición.

En otro orden de razonamientos, se niega que el velo islámico sea un símbolo de subordinación femenina. Entendámonos: nadie de buena fe puede negar que en el mundo islámico se poseen hábitos claramente discriminatorios de la mujer. Es notorio que mujeres y hombres se separan en el espacio familiar, que los padres se sienten con derecho a elegir marido para sus hijas, que por cierto se consideran autorizados a castigarlas tanto a ellas como a sus esposas. Es público y notorio. Hemos visto en la televisión episodios horrorosos de lapidación de mujeres acusadas por su marido por meras sospechas; y tremendas agresiones en espacios públicos en contra de mujeres vestidas a la usanza occidental. Se dice que el Corán no contiene esos draconianos procedimientos y no lo entramos a discutir. Pero que, en los hechos, el mundo musulmán practica universalmente la subordinación femenina es indiscutible. Hasta en Uruguay, en las pocas semanas que han vivido entre nosotros las familias sirias, ha quedado en evidencia; a los padres, incluso, les cuesta entender que no son los dictadores omnímodos de sus familias. Ese velo, entonces, en cualquier modalidad que sea, simboliza la identificación con una religión que practica esa discriminación. No se lo puede ignorar. Como dijo Mario Vargas Llosa hace más de diez años, cuando el debate comenzaba en Francia, “no se necesita ser demasiado zahorí para entender que el velo islámico es apenas la punta de un iceberg y que lo que está en juego, en este debate, son dos maneras distintas de entender los derechos humanos y el funcionamiento de una democracia”.

Quienes están a cargo de esta inmigración deberían ser los primeros en atender esta situación y prevenir la semilla de los enfrentamientos. Su tarea es ardua, pero la tolerante sociedad uruguaya les asegura que, con el correr del tiempo, tendrán éxito. Pero él pasa porque no importemos a esta república laica y pluralista la semilla de una actitud intolerante, que -el mundo entero es hoy testigo-no está dispuesta a ceder en nada.

Podremos concordar o no con esos movimientos, pero, en el contexto político de cada momento, respondían a una necesidad, al reclamo de sectores importantes de la sociedad o la vida política. Hoy se lanza la idea de la reforma constitucional sin ton ni son, como un ejercicio gimnástico que procura arrastrar el debate hacia sus vericuetos y aliviar la presión de los hechos sobre el Gobierno. No se sabe para qué.

El país está enfrentado a un cambio de situación internacional. Sus desafíos de competitividad se han hecho acuciantes y ya tenemos a la lechería en crisis, con el cierre incluso de plantas industriales, que se suman a las del sector automotor. Para mejorar esa competitividad, el Gobierno recurre a la suba del dólar, que a su vez presiona a la inflación y genera reclamos salariales. Esto podría manejarse si no hubiera necesidad de emitir moneda nacional, pero los agujeros financieros son colosales, en Ancap, en el Fonasa, en el propio Poder Ejecutivo, en situaciones de crisis como la ex Pluna y así sucesivamente.

El Ejecutivo está enviando mensajes fuerte, como la suspensión de la obra del Antel Arena o una pauta salarial que el sindicalismo acusa de “neoliberal” por desindexar las remuneraciones a la inflación pasada. Está teniendo que administrar su propio legado, las consecuencias de una administración frentista anterior que, en lo económico, fue manejada por el mismo equipo que hoy nos gobierna.

Ya el Frente Amplio no puede mirar hacia atrás o hacia el costado. Tiene que lidiar con su propia realidad. Como todo le resulta incómodo, entonces nada mejor que inventar un tema artificial y ponerse a trabajar sobre él para llenar el debate público.

¿Para qué la Constitución reformada? Nadie sabe. Unos, vagamente hablan de que el sistema electoral supone mucho esfuerzo, lo que llevaría a reducir elecciones. Otros, increíblemente, la emprenden contra el derecho de propiedad, pero no saben cómo y para qué, respondiendo apenas a un reflejo anárquico, anticiudadano, que ve en ese derecho algo conservador, cuando es el que liberó el monopolio feudal de los inmuebles. Algo solapadamente también se habla de salir del balotaje, porque el Frente Amplio advierte que difícilmente conserve su mayoría absoluta y no quiere que el poder se le aleje. También se habla de reformas menores, como el voto consular, que es materia de ley y no de Constitución.

Como se advierte, todo es circunstancial, particular, respuesta a pequeños intereses o, en términos generales, a la idea de que la gran cortina de humo nos envuelva con su nube e impida que el país se enfrente a su nueva realidad. Hay que decirlo con toda claridad y en voz bien fuerte. Nada haría peor la oposición que dejarse enredar en este engendro y quedar atrapada en su laberinto. Lanzarse al mar sin saber cuál es el puerto de destino no es por cierto buena regla de navegación.