Con el tiempo, todos maduramos y ese ya era el caso. Aquel joven de discurso radical que conocimos entonces daba paso a un dirigente que comprendía por dónde pasaba el fondo del interés del trabajador.

Desde entonces, cada tanto, Read se desmarcaba del oficialismo sindical, notoriamente alineado con la orientación comunista y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Comenzó a hablar de “productividad”, una mala palabra para esa conducción, considerada una expresión típicamente capitalista. Bajo ese rubro, sin embargo, Read logró un acuerdo en su ramo, en que -en ciertos sectores- se bajó la jornada laboral a 6 horas sobre la base de un aumento en la producción.

Llegó a plantear la aspiración de que su gremio pudiera liderar la fundación de un liceo privado, que recibió el sonoro rechazo de sus colegas de la educación.

Estaba chocando una y otra vez con las reacciones corporativas: los gremios que no aceptaban razonamientos de interés general y ponían la defensa acérrima y sin fisuras de todos y cada uno de sus dirigentes, hubiera ocurrido lo que fuere. Así vino el ominoso episodio de la salud, en que su principal dirigente había armado una estructura corrupta que obtenía contratos de prestación de servicios en los hospitales públicos para empresas constituidas por sus familiares o allegados. Y luego el del plan de vivienda sindical, un escándalo hoy silenciado, en que se les pidieron coimas enormes a empresarios de la construcción, a quienes se les prometía la adjudicación de millonarias obras. En todos esos casos, Read venía quedando solo y llegó a decir que el movimiento sindical corría el riesgo de “peronizarse”.

Esa expresión hizo calle, porque resultó evidente que nuestro sindicalismo, progresivamente, había pasado a ocupar un lugar muy similar al argentino: Tenía un lugar central en el ejercicio del poder público, manejando fondos del Estado (caso de la vivienda) o compartiendo la conducción (caso de la educación y de la salud). La consecuencia de esa posición fue también parecida a la de la Argentina: la difusión de una corrupción que fue avanzando, al amparo de ese manejo económico y de poder público.

Ahora, la gota que desbordó el vaso fue la actitud del sindicalismo en defensa del dirigente del INAU Joselo López, vicepresidente del PIT-CNT, sometido a la Justicia, junto con una veintena de sus colegas, protagonistas de una golpiza en perjuicio de menores internados.

La cuestión, entonces, ha pasado a ser una cuestión nacional. No es un tema lejano a la vida democrática. Desde que el sindicalismo es ya parte del ejercicio del poder del Estado, nos hemos aproximado peligrosamente al peronismo. Seguramente no se pensó en ese modelo cuando se dictaron las leyes de fuero sindical y educación, pero la consecuencia ha sido esa. Quienes han sido electos por el pueblo están condicionados por estas dirigencias gremiales que se votan en la intimidad de un mundo corporativo. Dirigentes que no solo negocian mejoras para el bienestar de los trabajadores; son dirigentes que mandan en el Estado, que imponen, que sabotean, que si es necesario extorsionan cívicamente a los gobernantes.

En medio del ruido de estos días, estamos ante un episodio que es más que la renuncia de un dirigente. Su lugar será ocupado por otro, como han dicho despectivamente algunos de sus colegas. Pero ese vacío tiene el valor de una denuncia muy fuerte sobre una fractura en la estructura democrática de nuestra república.

El tema es gravísimo. Tan grave como las drogas -y desgraciadamente desde hace ya tiempo-, se viene insistiendo en un proyecto que pretende crear un “superente” regulador, con facultades para regular el juego y dar permisos a voluntad, incluyendo a las “maquinitas” o slots, que pululan por todo un país transformado en un peligroso casino. Se habla de que existen 15 mil máquinas y sus propietarios hasta han constituido una sociedad gremial que pretende legalizar su actividad bajo el eslogan absurdo de “democratizar” el juego.

La realidad es que, desde 1911, todo el juego es monopolio del Estado. Solo él puede otorgar, como lo ha hecho, autorizaciones de casinos, a los que se le ha impuesto condiciones fundamentales como construir un hotel o refaccionar uno abandonado (caso del Hotel Carrasco). Dado el vicio, el Estado asume así su control absoluto a fin de que las ganancias tengan, por lo menos, un retorno social importante. Es lo mismo que hace con la lotería, la quiniela y sus aledaños.

Suele repetirse que no hay ley que prohíba el juego. No es verdad. La hay y, como consecuencia, la actividad es ilícita, tal cual lo ha dicho recientemente el fiscal de Corte. Es ilícita desde 1911.

Otra cosa, bien distinta, es si el Estado tiene el derecho de “requisar” las máquinas y esto es lo que la Justicia ha negado por violar el derecho de propiedad. Lo que es entendible: nada impide que alguien pueda tener una maquinita para jugar él y divertirse. Lo que no puede hacer es explotarla para organizar un juego de apuestas.

Así lo entendió siempre, por otra parte, la Dirección de Casinos. Y así debe ser.

Como dijo en su tiempo el Dr. Gonzalo Fernández, evacuando una consulta de padres preocupados, esas máquinas “son una poderosa oferta de incitación al juego y hasta poseen efectos adictivos en el jugador, tanto más si se trata de jóvenes adolescentes capaces de instalar en el apostador el primer paso de un proceso de ludopatía”.

Paralelamente, está la presión -aun más difícil de controlar- del juego por internet. En los EEUU, sin embargo, en los estados en que se ha prohibido ese contralor, éste se hace a través de las tarjetas de crédito que se usan para ese ejercicio que se practica desde la propias casa.

La prensa ha informado que el viejo proyecto del gobierno anterior está de nuevo a estudio. Se insinúa que el presidente Vázquez estaría en contra. Sería muy deseable que así se expresara y que se procediera en consecuencia.

Comprendemos que hoy por hoy hay cientos de pequeños comercios, acosados por impuestos y otros gravámenes, que encuentran en los slots un ingreso adicional, la pequeña parte que les conceden los dueños de las máquinas, verdaderos beneficiarios del sistema. El hecho es que más allá de ese interés particular, media un poderoso interés general. El de la salud psíquica de los adolescentes y el de los recursos del Estado, hoy disminuidos por esta oferta ilegal de juego que se ha ido expandiendo como unas lenta marea. Parece llegada la hora de terminar con ella.