No faltan quienes consideran superfluas estas celebraciones, a veces por el pueril argumento de su costo, otros, por la resignada comprobación de que la muchachada ni se entera o bien por la superficialidad novelera muy de moda de que miremos el presente, porque lo otro ya pasó. Más importantes, en cambio, son otros argumentos.

Hay toda una corriente historiográfica que, con la idea de superar a los héroes de bronce, se pasa al extremo de ignorar la relevancia de esos acontecimientos que lideraron. Así les fue a los historiadores que intentaron explicar la historia europea sin Napoleón o la Revolución rusa sin Lenin. En todo caso, es una visión trasnochada, cuando hace ya muchos años que la visión social y económica ha enriquecido los estudios del pasado, para superar el relato heroico de grandes gestas militares y teatrales episodios políticos.

Por otro lado, ha ocurrido que hemos sufrido en toda América latina, y muy especialmente en el Río de la Plata, los abusos de la memoria y aun de la historia. Aquella es un recuerdo, siempre subjetivo, singular, de quienes evocan un hecho del pasado. La historia es un complejo proceso de reconstrucción de ese pasado sobre la base de memorias variadas, normalmente contradictorias, y hechos que ya no están en el recuerdo de nadie, pero que, en el terreno social o científico, fueron relevantes en su tiempo.

A la memoria se la estira como un bandoneón para extraer de ella una presunta legitimación de actos del presente. Así ocurre, como lo recuerda Paul Ricœur, el “abuso” de quienes orientan ese recuerdo para proclamarse a sí mismos voceros oficiosos de víctimas o demandantes de alguna causa de justicia para la que carecen de autoridad. La historia “reciente” ha sido campo propicio para esa tergiversación. En Uruguay, por ejemplo, a cualquier joven que se le pregunte contra quién luchaban los tupamaros normalmente dirá: “Contra la dictadura militar”, cuando el hecho es que ellos intentaron derribar la democracia, fueron juzgados por los jueces de la democracia y ya estaban presos cuando sobrevino la dictadura. Es verdad que esta los maltrató injustamente, pero eso ya es otro tema.

En un terreno aún más amplio, durante el siglo XIX, la mirada nacionalista de los Mitre en la Argentina, los Bauzá en Uruguay o los Amunátegui en Chile fue necesaria para la consolidación de la república y la afirmación de un sentimiento nacional. Pero luego se prestó también a enfoques parciales, producto, a su vez, de la confrontación política: unitarios y federales en la Argentina, colorados y blancos en Uruguay, colorados y liberales en Paraguay. Desgraciadamente, cuando ya deberíamos estar empleando los aportes que han modernizado el estudio del pasado, nos encontramos todavía con versiones que retuercen los hechos para hacerles decir algo en el presente. En la Argentina, es notorio que ha mediado una campaña denigratoria de Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre y Julio A. Roca y de desprecio de todo lo que pudiera considerarse “liberal”; se ignora así la profundidad de este concepto, inspirador de nuestra emancipación, con su idea de la soberanía nacional y la libertad de conciencia. A título de combatir algunas políticas económicas que exageraron su rechazo a la intervención del Estado, se produjo un reduccionismo de la idea liberal a fin de sustentar políticas populistas, violatorias de los límites que el Estado de derecho impone al poder.

Como ejemplo de ese abuso, hace un par de años se pretendió desconocer la declaratoria de la independencia en el Congreso de Tucumán y sostener que la verdadera independencia argentina había sido el Congreso de Oriente, convocado por Artigas en Concepción del Uruguay, y del que participaron, además de la Provincia Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones. El propósito era evidente: el Congreso de Tucumán era “liberal”, “doctoral” y, en consecuencia, merecía más repudio que aplauso, frente a la congregación de las provincias rebeldes. Más allá de simpatías, que en lo personal las tenemos para la asamblea artiguista, el hecho es que nunca pretendió ser una declaratoria de independencia; nadie la ha celebrado como tal en Uruguay y de lo que se trataba era de lograr una negociación con Buenos Aires para estructurar una confederación de provincias soberanas que aún no lograban amalgamarse en una nación.

Debemos entonces, como sociedades, como repúblicas, preservarnos de esos abusos, pero también, y muy especialmente, de los que se alejan con indiferencia de la mirada histórica. Como decía Marc Bloch: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”. Difícilmente avanzaremos, y más en estos tiempos de globalización, si no entendemos el trabajoso proceso de construcción de las instituciones que nos rigen, si no distinguimos lo coyuntural de lo estructural (a veces de remotos orígenes) o si no asumimos que todos somos partes de una evolución; caeremos en el recurrente mito adánico que hace creer a muchos regímenes que parten de la nada e intentan refundar nuestras repúblicas. Como pasa en la Argentina, que hoy tiene que normalizarse sobre los escombros del último y abusivo intento refundacional del kirchnerismo.

Los hechos nos hablan de una crisis global en Venezuela, con un Parlamento electo por el pueblo con dos tercios de opositores; un terremoto judicial en Brasil, donde el tema de corrupción hace tambalear a la Presidente y al ex Presidente; un kirchnerismo derrotado en las urnas y ya en dispersión; un Evo Morales al que el pueblo le paró su intento de re-reelección indefinida y un Rafael Correa que anuncia que se va, porque teme que las derrotas municipales que ha sufrido se lo lleven como correntada…

Esos hechos políticos incuestionables dan cuenta del fracaso de los viejos eslóganes, así como del vaciamiento ideológico y moral de movimientos que se soñaron revolucionarios, que creyeron inaugurar un tiempo histórico, que hablaban contra el imperialismo norteamericano y proclamaban la construcción del hombre nuevo del Che Guevara, soñaban con una economía colectivista y una sociedad arrasadoramente igualitaria, al estilo cubano.

Todo eso era profundamente equivocado, pero expresaba una convicción y partía de una doctrina marxista llamada a sustituir a la democracia liberal y la economía de mercado. El error de toda esa visión, con el correr del tiempo, se ha hecho incuestionable y el único lugar donde se ha implantado de verdad la doctrina, Cuba, es una organización totalitaria, socialmente deprimida y económicamente estancada.

Los movimientos que señalamos y que se consideran la izquierda de hecho han renunciado vagamente al marxismo desde que aceptan jugar dentro de las reglas de la democracia. La revolución armada hoy no es el método, pero la vieja ideología sigue poblando el discurso.

El hecho es que la invocada pureza del revolucionario se ha hundido en episodios escandalosos de corrupción, en que Brasil lleva la medalla de oro, con una crisis que ha puesto en duda hasta la estabilidad del Gobierno. En Venezuela, en Argentina, los episodios de corrupción han sido escandalosos por su tamaño y sus características.

La economía colectivista, por su parte, no apareció. Todo el mundo siguió con el mercado y la propiedad privada, aunque aceptados a regañadientes y aplicados con arbitrariedad. Quien más los atropelló fue Venezuela, pero a través de un autoritarismo torpe y contradictorio, que a fuerza de confiscaciones e intervenciones en los precios ha terminado con caos de inflación, caída de reservas y desabastecimiento generalizado. El resto no se apartó del capitalismo, lo odia, pero se resigna. El sueño de las nacionalizaciones se diluyó. Han vivido adentro del sistema repudiado, pero lo han aplicado horrorosamente, a fuerza de voluntarismo.

La sociedad igualitaria tampoco se construyó, pese a que se proclama una caída de la pobreza que fue el resultado de un crecimiento sustentado en los elevados precios de las materias primas que, entre 2003 y 2012, generaron una bonanza internacional sin precedentes. Tanto es así que, desde 2012, la pobreza está estancada y se corre el riesgo de que vuelva a crecer, porque su presunta superación se basó fundamentalmente en transferencias de dinero que, de quitarse, retrotraen a sus beneficiarios a la situación anterior. O sea que estadísticamente superaron el umbral de pobreza, pero tampoco son clase media, porque no tienen cómo sustentarse individualmente con su trabajo. Lo peor, además, es que la mala aplicación de esas políticas de subvención en dinero ha diluido la ética del esfuerzo personal. Ya hay generaciones nuevas que no han visto trabajar a sus padres y se han acostumbrado a vivir del Estado.

En nuestro país se advierte también un agotamiento del Frente Amplio. Su gente de mayor nivel intelectual lo está expresando: Esteban Valenti con sus duras críticas por el tema Ancap; el economista Gabriel Oddone al renunciar al Partido Socialista; el sociólogo Fernando Filgueira derrotado en su intento de cambiar en algo el estancamiento educativo; el historiador Gerardo Caetano diciendo que el comunicado del tema Raúl Sendic acusando a la prensa y a la oposición de desestabilizadores es el peor momento del Frente Amplio…

La iniciativa política está, entonces, en la oposición democrática. De allí tiene que salir la alternativa válida para un tiempo nuevo. La coyuntura mundial no es la mejor y eso está también en la base del desencanto actual. Mientras hubo dinero para todo, se diluyeron las contradicciones, los errores y las claudicaciones. Ahora hay que gobernar y está claro que lo que dijeron toda la vida, aquello en que creyeron, era un gigantesco error y aparece desnudo de respuestas. Con Barack Obama en Cuba, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos bendecida y el Fondo Monetario Internacional aceptado, el mundo se les ha cambiado. El ejercicio del gobierno, además, les ha mostrado el sinsentido de su prédica histórica. Sólo les quedaba la invocación a la justicia social, sostenida únicamente a fuerza de dinero. Ahora que este se limita ya no queda nada. Ni el honor, cuando sus socios de aventura se derrumban en el descrédito.

Recientemente, en el prestigioso Liceo Juan XXIII se realizó un acto público presidido por numerosas autoridades religiosas y de la educación para presentar un libro titulado La ignorancia de la ley no sirve de excusa, escrito por un profesor y un grupo de alumnos de la institución. Es una obra amplia, de más de seiscientas páginas, que se define como un “texto de estudio para la asignatura Derecho y Ciencia Política”.

Es muy importante partir de esa base. No se trata de un ensayo, producido en el vasto espacio de la libertad de expresión del pensamiento, sino de un texto dirigido a alumnos, a los que debe respetarse en su formación moral y cívica. La imparcialidad debe presidir, entonces, la exposición de los temas a partir, naturalmente, de la asunción inequívoca de los principios liberales que consagra nuestra Constitución de la República.

Es un trabajo serio, doctrinario, cuyos autores merecen todo el respeto a su esfuerzo. Por lo mismo es que nos permitimos establecer algunos puntos de vista discrepantes que, a nuestro juicio, hieren la necesaria imparcialidad del manual de estudio, lo que podríamos denominar laicidad en un sentido amplio, más allá de lo religioso. Se dice en el texto, con razón: “Un país laico debe garantizar el acceso a esos derechos básicos sin hacer distinciones entre creencias políticas, religiosas o filosóficas”. Sin embargo, se asume la peligrosa tesis de que ese respeto a opiniones diversas “no significa que el docente entre en una neutralidad ideológica, es decir, en no tomar partido por ideas o valores determinados. Lo que debe hacer es respetar el derecho del otro de pensar diferente”.

El docente está ubicado en un rol social e institucional preponderante frente al alumno. Respetar su posible pensamiento diferente empieza por no asumir posiciones parciales y ser realmente “neutral”. Lo único dogmático son las definiciones fundamentales de nuestro Estado de derecho. Allí sí no hay neutralidad, porque es obligatoria la formación cívica en aquellos principios básicos de nuestra organización. Explicar que existen otros, de acuerdo, pero siempre desde la base de asumir como propios los de nuestro sistema.

Esta definición presupone una actitud de mucho equilibrio. Por ejemplo, al explicar los mecanismos de la democracia directa, se ejemplifican los plebiscitos con el de la baja de la imputabilidad. Se emplean unas tres páginas y queda claro que los únicos argumentos calificados como “sustantivos” son los del “no”. En cambio, cuando se describe el fenómeno del referéndum, no se emplean ejemplos: bien podría ubicarse el de la ley de caducidad, fundamental en la transición uruguaya. Lo que ocurre es que los autores claramente se inclinan en contra de esa ley y por eso mismo ese pronunciamiento pacificador, tan pacificador como la amnistía a los tupamaros —de la que no se habla— queda desvanecido. Es un modo sutil, pero rotundo, de influir sobre el alumno.

En el tema de los medios de comunicación, se sostiene abiertamente una posición reguladora de estos sobre la base de que detentan un poder dominante. Se describe que, según la concepción marxista, los medios suponen la posibilidad de una construcción hegemónica y se menciona una investigación nacional que abonaría esa tesis. Esto es muy peligroso y especialmente está reñido con la pluralidad enorme de nuestro sistema de comunicación. La cantidad de diarios, radios y canales de televisión al alcance del ciudadano es multitudinaria. Hoy día, incluso, es muy difícil su subsistencia por esa enorme competencia. Que la legislación prevenga abusos y sancione delitos cometidos en el empleo de esos medios nadie puede discutirlo, pero ir más allá terminará comprometiendo libertades que son esenciales. Es lo que ha pasado en los regímenes socialistas, populistas o fascistas.

Se considera un error conceptual “librar la regulación de medios a la [ley] del mercado”. Es un modo falaz de plantear el tema, porque no se trata simplemente del mercado, sino de la libertad de expresión del pensamiento y de la libre opción de la gente. Últimamente, se ha visto claramente en Argentina cómo el Gobierno kirchnerista intentó dominar los medios induciendo a que la mayoría de estos fuera adquirida por empresarios amigos y de qué manera la audiencia se corrió a los pocos espacios independientes, que, pese a ser escasos, tuvieron una enorme acogida.

Se afilia luego el texto a la tesis del derecho a votar de los uruguayos residentes en el exterior. En ese contexto se pregunta: “¿Qué está pasando en nuestro país que cuesta tanto avanzar en este sentido?”. Pues bien, lo que está pasando es que la “República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” (artículo 1º de la Constitución). La integran quienes, aun sin ser ciudadanos, viven aquí y gozan de las garantías de la Constitución. No la integran, según el código magno, quienes no están en nuestro territorio. Cosa que incluso se le exige al ciudadano, hijo de padre o madre uruguayos, que sólo adquiere su condición de ciudadano natural por el hecho de “avecinarse” en el país. Podrá discutirse, pero ese es nuestro derecho y se basa en una realidad: los ciudadanos en el exterior votan, normalmente, de un modo diferente, pues responden a un ambiente distinto.

En el tratamiento de la transición hacia la democracia es donde claramente este texto asume una posición militante, desde un punto de vista absolutamente parcial, incompatible con su condición de texto curricular. Se asume, con razón, que la dictadura cometió horrendos ataques a los derechos humanos. No se menciona por ningún lado que ellos fueron precedidos de otros crímenes, en muchos casos de idéntica naturaleza, por “organizaciones políticas”, como las que en Uruguay intentaron, por medio de la violencia, derribar sus instituciones democráticas y arrastraron al país al conflicto. Ese es un escamoteo de hechos sin los cuales el proceso histórico es incomprensible. Las invocaciones a la memoria que se hacen son absolutamente parcializadas, tanto que sólo se repudia el terrorismo de Estado y no el de “organizaciones políticas” que también pueden ser responsables de delitos de lesa humanidad, conforme a la norma internacional. ¿Secuestrar a embajadores y extorsionar a una república independiente no es terrorismo? Con ese criterio, ¿la ETA no fue una organización terrorista?

Se sostiene que las leyes pueden ser retroactivas cuando se trata de derechos humanos, lo que es aberrante. Se sostiene con razón que no hay justificación alguna para ruptura del orden internacional, pero no se dice que esa ruptura fue primero intentada por la guerrilla inspirada en Cuba, que pretendía imponer una tiranía y luego, desgraciadamente, consumada por militares que, naturalmente, carecen de todo eximente para su atropello.

Nos preocupa, honestamente, que a jóvenes liceales se les esté inculcando una visión torcida de un proceso de transición notable, que nos permitió vivir en paz y libertad desde el 1º de marzo de 1985 hasta hoy. Que no sufrimos rebrotes de violencia como vivió la Argentina ni tuvimos que soportar la convivencia con el dictador como pasó en Chile. Nadie ha sostenido que no haya que buscar la verdad ni borrar la memoria. Lo que sí sostenemos —y así lo ha dicho la mayoría de este país— es que el perdón generoso y amplio suele ser el camino para reencontrarse con la paz y gozar plenamente de los derechos humanos. Los traicionan quienes reclaman justicia para unas violaciones y olvido para otras, quienes clasifican muertos según ideología. En el terreno filosófico todo es discutible, pero en el de nuestra historia hay dos cosas incuestionables: que las amnistías fueron eficaces y evitaron toda recaída de las agresiones a la institucionalidad, y que ello fue aprobado por una ciudadanía que ratificó por dos veces con su voto la ley de caducidad. Golpearse el pecho cuando nada se hizo para reconquistar los derechos humanos y condenar sólo a una parte de sus enemigos es el modo más perverso de agraviarlos.

En el espectro opositor se ha puesto de moda hablar de espacios políticos, más allá de los partidos. Se dice, con algo de razón, que por qué no sumarnos aquellos que pensamos más o menos parecido. Justamente, para eso nació la doble vuelta, que permitió sumar los segmentos más parecidos de la opinión en una u otra opción.

Está claro que la oposición al Frente Amplio tiene que ofrecer una alternativa viable, capaz de generar confianza. En el comienzo de este tercer gobierno del Frente Amplio se advierten ya desgastes importantes y todo hace pensar que estos continuarán, porque su incoherencia ideológica ya hoy es insoslayable. Está claro que de un lado están los que creen que el desastre educativo merece un tratamiento y quienes piensan que estamos en el mejor de los mundos. Así como hay quienes creen que el Uruguay debe estar en el mundo comercial y quienes pararon la negociación preliminar del TISA, aun sin saber su contenido, por simple rechazo a la globalización.

Lo ocurrido en Venezuela y en Argentina alienta a la oposición y con razón. Pero la lección hay que entenderla en toda su dimensión.

En Venezuela la oposición ganó cuando se unió, pero ello ocurrió porque la dictadura chavista, con sus arbitrariedades, prácticamente se lo impuso. Acorralados por el chavismo, lucharon juntos, acallaron diferencias y de ahí el resultado. Pero no puede olvidarse que el problema de Venezuela fue —justamente— la pérdida de sus dos grandes partidos; no fue Hugo Chávez quien los debilitó, sino que, a la inversa, él fue un hijo de esa claudicación.

El caso argentino es diferente y la elección de Mauricio Macri muestra, precisamente, un buen ejemplo de construcción de una alternativa. Él formó el PRO con gente nueva, que le aportó a la vida política argentina. No nació de dividir a los otros, sino de promover valores nuevos como lo son la vicepresidente Gabriela Michetti, la gobernadora María Eugenia Vidal (que era su vice en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires) o el ministro Rogelio Frigerio. Ganó dos veces la capital, hizo un buen gobierno y eso lo proyectó. Llegó tarde a la política, pero luchó diez años para llegar, ofreció la garantía de quien incluso gobernó con la hostilidad de un gobierno kirchnerista que ofreció la peor versión del peronismo.

Estas reflexiones importan porque nuestro país podrá orquestar un cambio en la medida en que los dirigentes de la oposición generen esa credibilidad, esa expectativa, esa confianza.

Lo que está claro es que, si se quiere unir, lo peor es comenzar dividiendo. Fraccionar aún más a la opinión pública es un camino contradictorio con lo que se busca. Refrescar a los partidos políticos es necesario, pero ha de hacerse adentro de ellos y no desde afuera, debilitándolos, como pasó en Venezuela aun antes de Chávez, durante el gobierno del Dr. Rafael Caldera, que llegó al poder expulsado de su propio partido.

Un siglo de experiencia democrática en el mundo nos dice que la presencia de partidos organizados es fundamental para tener gobiernos estables. Inglaterra y Estados Unidos son buenos ejemplos. Italia también es un ejemplo de lo contrario, porque el fraccionamiento partidario llevó a la constante debilidad institucional. Hoy España parece encaminarse a ese mismo destino, cuando además del Partido Popular (PP) y el Partido Obrero Socialista Español (POSE) (y los partidos nacionalistas catalán y vasco), ahora están también Ciudadanos y Podemos, horadando a los dos primeros, lo que probablemente lleve a que quien gane la elección pierda el Gobierno a manos de una coalición de minorías relativas.

Nuestro país tiene, en su base democrática, un conjunto de partidos que han sido su historia y que siguen siendo su presente. Los dos partidos tradicionales han vivido renovándose y lo volverán a hacer ahora, esperemos que con éxito. El propio Frente Amplio, que ya es un partido histórico, sumó cosas muy diferentes, pero llegó justamente porque sumó y electoralmente consolidó su coalición, la misma que hoy cruje en el Gobierno por esa incoherencia ideológica.

Toda esta reflexión conduce a señalar que son bienvenidas las aproximaciones, porque la democracia es diálogo. Del mismo modo que hay que asumir que esos espacios deben ser instancias de coordinación de partidos y no de sustitución de ellos. Todo lo que sea dividirlos, fraccionarlos o desdibujarlos a la corta o a la larga no será bueno, porque se contradice con el gran propósito de ofrecer una oposición responsable y coherente, capaz de sustituir con éxito a este Frente Amplio que comienza a decaer.

La Argentina kirchnerista es un modelo de ese estilo. Nuestro gobierno frenteamplista, que no tendría porqué sucumbir a las fantasías de ciertos grupos radicales de revolucionarios frustrados, se deja, sin embargo, arrastrar a ese territorio de la mitología que le hace un enorme daño al país.

En el pedregoso territorio de nuestra historia reciente, nos encontramos en estos días con una atrocidad histórica, que alienta una desorbitada campaña que —bajo el manto del esclarecimiento de las agresiones a derechos humanos en tiempos de la dictadura— se embiste contra valores democráticos que debieran estar más allá de pasiones.

El decreto de 19 de mayo de 2015 sobre la base de que “están presentes aun las consecuencias de la acción de la acción ilegitima y terrorismo de Estado sufrido por nuestro país”, retrotrae la investigación hasta el 13 de junio de 1968, cuando el gobierno legítimo de Jorge Pacheco Areco adoptó, dentro de la Constitución, unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, “dueño de las medidas”.

Como es notorio, aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública. Eran los tiempos en que la revolución cubana inspiraba a vastos sectores de la población y mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino. Había un país democrático y un país revolucionario, en parte armado y en parte no, pero revolucionario. El gobierno de entonces, con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró, llegando a unas elecciones en que, además, obtuvo la mayoría.

En ese momento de prueba, la democracia mostró su capacidad de resistencia y así lo dijo el General Seregni, líder y fundador del Frente Amplio, refiriéndose al Presidente Pacheco Areco: “Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.

Es por lo tanto una aberración histórica hablar de “terrorismo de Estado” bajo un gobierno democrático, con libertad de prensa y separación de poderes. El presidente, por otra parte, obtuvo 439 mil votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en que el Partido Colorado resultó triunfador. O sea que poseía, además de la legitimidad jurídica, un apoyo popular que le robustecía.

Jurídicamente, estamos ante otra aberración. Se pretende considerar ilegítima la adopción de medidas prontas de seguridad que decretó el Poder Ejecutivo y mantuvo el Poder Legislativo. El único encargado de juzgar esas medidas fue el Poder Legislativo. No se puede hoy, medio siglo después, intentar un juicio totalmente fuera de la ley. Se suele decir que el gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero —en todo caso— el Poder Legislativo fue quien —por acción u omisión— resolvió. Y como algunos pensaron que eso le hacía pasible del juicio político, también se intentó y fracasó.

Estamos, entonces, ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso. Es realmente preocupante querer imponer una historia por decreto y hacer de ella bandera de lucha de una causa cuya legitimidad se degrada. Que los familiares de los desaparecidos procuren saber la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos, es un derecho sagrado, que nadie ha negado (y que todos los gobiernos y la Justicia han tratado de atender). Desgraciadamente, los resultados han sido escasos, pero aún así permanece intacto el derecho a seguir procurando esa verdad. Sin embargo, es degradante transformar ese derecho legítimo en una bandera política de revancha contra la institución militar, en una proclama divisoria de la sociedad uruguaya donde todo aquel que discrepe será apostrofado y descalificado, en una peligrosa fantasía que insufla en las nuevas generaciones la idea de que hay un ocultamiento conspirativo de verdades escondidas y —lo peor de todo— en la pretensión de legitimar aquellos movimientos que en los años 60, en plena democracia, le declararon la guerra a las instituciones.

Nadie hubiera objetado un breve texto que regulara las adjudicaciones de ondas de radio y televisión, estableciendo un procedimiento del que se carecía. Pero avanzar de este modo sobre todo un sistema que ha sido puntal de la democracia uruguaya, es realmente preocupante, tanto como lo es el oblicuo trámite, que se escondió durante la campaña electoral y ahora se resucita de modo abrupto, en la rebatiña de un final de gobierno. El actual oficialismo, igual que el kirchnerista, agita el fantasma de presuntos monopolios privados que no existen ni se avizoran, cuando nadie se ha beneficiado más de la pluralidad de nuestros medios que el Frente Amplio en los largos años en que era sistemática oposición a los gobiernos colorados y blancos.

Una ley con tantos controles, tantas posibilidades de sanción y la vigilancia de órganos políticos, opera psicológicamente como una pistola en la nuca del periodismo nacional. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, o sea, prácticamente todo el día, hay que proteger al menor de cualquier “truculencia” y en ningún momento un medio puede incurrir en “discriminación política”, conceptos —entre otros— de tan elástica interpretación que son una latente amenaza. Aplicados de buena fe, pueden ser inocuos, criterios orientadores, pero usados por un gobierno autoritario para amenazar, es un pernicioso mecanismo de censura o autocensura.

Las habilitaciones de servicios de radio o televisión quedan limitadas a un plazo de 10 y 15 años respectivamente, con lo que serán un freno a la inversión tecnológica en un mundo en cambio acelerado. A ellos, por otra parte, se les prohíbe la trasmisión de datos, que pasa a ser un nuevo monopolio estatal en manos de Antel y también cualquier acuerdo con empresas de telefonía, a las que se impide participar en radio y televisión. En un mundo en que la tendencia, para sobrevivir, es abrir justamente esas posibilidades de convergencia de servicios, se reducen posibilidades de expansión tecnológica que, en cambio, se le atribuyen graciosamente y en exclusividad a Antel.

En cuanto al fútbol, hay una bomba de tiempo, porque por un lado la Asociación Uruguaya de Fútbol está vendiendo la exclusividad de los derechos de la selección en cifras millonarias y, por otro, se habla de trasmisiones gratuitas. ¿Cómo se va a financiar la selección si el “producto” se regala? Son misterios del populismo de —una vez más— clara inspiración kirchnerista.

El oficialismo, para justificarse, por un lado agita fantasmas de inexistentes monopolios y, por otro, ensalza al sector audiovisual al establecer que un 60% de la programación emitida deberá ser nacional y un porcentaje debe ser producción independiente, siempre que ninguna empresa concentre más del 40%. En términos generales, no se está lejos del porcentaje general pero esa introducción particularizada en los contenidos ya se verá que no beneficiará al progreso del sector. Cuando se fuerzan las cosas —y esto lo hemos vivido desde el primer gobierno de Perón— lo que se gana es que esos espacios se llenen con producciones de bajo costo y calidad. Estamos de acuerdo en apoyar ese dinámico sector de creación, pero ello debe hacerse, como ya ocurre, con subvenciones y créditos, para que puedan desarrollarse programas de calidad, aunque no tengan una real virtualidad comercial.

Malo el procedimiento político, malo el contenido, peor este modo de actuar en un tema que es de libertades públicas, que hace a la esencia de la vida democrática y no puede quedar subordinado a interpretaciones capciosas de órganos políticos o la amenaza constante de sanciones definidas de modo impreciso.