Debe seguirse profundizando la reflexión y por eso ha resultado particularmente oportuno el planteo que realizara el diputado Ope Pasquet en la Cámara de Diputados. Con racionalidad y sin fanatismos, el país entero debe mirar con serenidad esta cuestión que, como veremos, ha adquirido una relevancia formidable.

En nuestro medio ya no se discute que el Estado laico no es contrario a las religiones, sino neutral ante ellas, imparcial. La libertad de la actividad religiosa es amplia y garantizada para todos dentro del cuadro general de libertades del país. El Estado los exonera de impuestos sobre sus propiedades o sus actividades educativas, como expresión de una actitud de reconocimiento. Incluso se han dado avances significativos hacia una laicidad más amplia, como fue la instalación de la cruz conmemorativa de la visita del papa Juan Pablo II y de la Universidad Católica.

Es oportuno precisar que la tan mentada cruz se estableció por ley. O sea que, tratándose de derechos fundamentales de base constitucional, es la ley quien debe establecer cualquier regulación. No son simplemente los municipios. Esa autorización, además, definió que la cruz era un “monumento conmemorativo” de la primera visita de un papa a Uruguay. No se trata entones de un lugar de culto que usurpe un espacio público sino de una traza histórica, una recordación cívica. Lo opuesto, justamente, a la propuesta que ha motivado estos debates.

En los tiempos que corren, los desencuentros entre religión y Estado han llegado a un punto en que estamos viviendo, a escala universal, una verdadera guerra de religión. Los variados grupos fanáticos del islamismo (no sólo el Estado Islámico) le han declarado la guerra a la civilización occidental y sustentan la destrucción de sus valores básicos. Hoy está a la vista que la cuestión no puede reducirse a la simplificación del conflicto que enfrenta a los palestinos de Gaza con el Estado de Israel. Hasta ha pasado a un segundo plano frente a los atentados violentos que han sacudido a Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y aun nuestra vecina Argentina. Los episodios de Siria e Irak, y ahora de Libia, añaden un intento de expansión territorial que pone al mundo entero en jaque ante la amenaza de una guerra permanente.

Pensar que todo está lejos de nosotros es una ingenuidad política, pero supone algo peor, una deserción moral. Si algo faltaba para entenderlo, el reciente asesinato de un ciudadano uruguayo por su condición de judío lo revela dramáticamente. Reaparece, sin embargo, la actitud complaciente, temerosa, que trata de reducir el episodio a la patología de un individuo. No es así. Ese “loquito” pudo haber actuado por su cuenta, pero respondió a la campaña de satanización de Israel y el pueblo judío que en los últimos años se ha desatado en el mundo. Esa prédica ha logrado que jóvenes europeos, hijos o nietos de inmigrantes islámicos, se lanzaran a la sangrienta operación terrorista. Los radicales islámicos preconizan, por otra parte, que cada musulmán, esté donde esté, tiene que matar a un judío y la campaña de acuchillamientos en Israel responde a esa exhortación. Por esa misma vía es que llegó también al Uruguay, en la persona de una mente poco equilibrada, sin duda, pero un maestro, no un ignorante primitivo, sin conciencia del bien y el mal.

Este hecho revelador nos convoca, más que nunca, a prevenir que esta maligna prédica no siga avanzando, especialmente en gente frustrada, que invoca ese sentimiento de discriminación, de humillación, para pretender la justificación de su actitud criminal. Por eso la clara regla de nuestra democracia se aplica con generalidad y pone a todos en la misma condición. Si hoy es, en la rambla, una virgen católica, ¿por qué mañana no será un sitio musulmán?

Esto nos lleva a que la neutralidad del Estado debe preservarse, más que nunca, para que nadie pueda invocar preferencias o discriminaciones. Al mismo tiempo que, en nombre de nuestra democracia y nuestras leyes, la autoridad pública está obligada a la persecución de todo acto de intolerancia, toda prédica —religiosa o política, da lo mismo— que exalte la violencia o la discriminación.

Estos días han salido a la palestra centros islámicos a reclamar su pacifismo. No hay duda de que no todos los musulmanes son terroristas. Pero —a la inversa— todos los terroristas son musulmanes. Del entorno de esa religión es que nace la difusión del odio y ante ella no puede haber indiferencia. Hace un tiempo impugnamos que en la escuela pública uruguaya se aceptara que algunas niñas de familias sirias concurrieran con el velo, símbolo de una subordinación femenina que caracteriza al islamismo. No tuvimos eco, desgraciadamente, y por tratarse de uno o dos casos, allí quedó el tema. Pero de eso se trata, justamente, de principios, que si no se hacen valer en toda su dimensión, claramente, luego habremos de lamentar el avance de estas corrientes intolerantes que hoy pretenden destruir nuestra civilización.

Recientemente, en el prestigioso Liceo Juan XXIII se realizó un acto público presidido por numerosas autoridades religiosas y de la educación para presentar un libro titulado La ignorancia de la ley no sirve de excusa, escrito por un profesor y un grupo de alumnos de la institución. Es una obra amplia, de más de seiscientas páginas, que se define como un “texto de estudio para la asignatura Derecho y Ciencia Política”.

Es muy importante partir de esa base. No se trata de un ensayo, producido en el vasto espacio de la libertad de expresión del pensamiento, sino de un texto dirigido a alumnos, a los que debe respetarse en su formación moral y cívica. La imparcialidad debe presidir, entonces, la exposición de los temas a partir, naturalmente, de la asunción inequívoca de los principios liberales que consagra nuestra Constitución de la República.

Es un trabajo serio, doctrinario, cuyos autores merecen todo el respeto a su esfuerzo. Por lo mismo es que nos permitimos establecer algunos puntos de vista discrepantes que, a nuestro juicio, hieren la necesaria imparcialidad del manual de estudio, lo que podríamos denominar laicidad en un sentido amplio, más allá de lo religioso. Se dice en el texto, con razón: “Un país laico debe garantizar el acceso a esos derechos básicos sin hacer distinciones entre creencias políticas, religiosas o filosóficas”. Sin embargo, se asume la peligrosa tesis de que ese respeto a opiniones diversas “no significa que el docente entre en una neutralidad ideológica, es decir, en no tomar partido por ideas o valores determinados. Lo que debe hacer es respetar el derecho del otro de pensar diferente”.

El docente está ubicado en un rol social e institucional preponderante frente al alumno. Respetar su posible pensamiento diferente empieza por no asumir posiciones parciales y ser realmente “neutral”. Lo único dogmático son las definiciones fundamentales de nuestro Estado de derecho. Allí sí no hay neutralidad, porque es obligatoria la formación cívica en aquellos principios básicos de nuestra organización. Explicar que existen otros, de acuerdo, pero siempre desde la base de asumir como propios los de nuestro sistema.

Esta definición presupone una actitud de mucho equilibrio. Por ejemplo, al explicar los mecanismos de la democracia directa, se ejemplifican los plebiscitos con el de la baja de la imputabilidad. Se emplean unas tres páginas y queda claro que los únicos argumentos calificados como “sustantivos” son los del “no”. En cambio, cuando se describe el fenómeno del referéndum, no se emplean ejemplos: bien podría ubicarse el de la ley de caducidad, fundamental en la transición uruguaya. Lo que ocurre es que los autores claramente se inclinan en contra de esa ley y por eso mismo ese pronunciamiento pacificador, tan pacificador como la amnistía a los tupamaros —de la que no se habla— queda desvanecido. Es un modo sutil, pero rotundo, de influir sobre el alumno.

En el tema de los medios de comunicación, se sostiene abiertamente una posición reguladora de estos sobre la base de que detentan un poder dominante. Se describe que, según la concepción marxista, los medios suponen la posibilidad de una construcción hegemónica y se menciona una investigación nacional que abonaría esa tesis. Esto es muy peligroso y especialmente está reñido con la pluralidad enorme de nuestro sistema de comunicación. La cantidad de diarios, radios y canales de televisión al alcance del ciudadano es multitudinaria. Hoy día, incluso, es muy difícil su subsistencia por esa enorme competencia. Que la legislación prevenga abusos y sancione delitos cometidos en el empleo de esos medios nadie puede discutirlo, pero ir más allá terminará comprometiendo libertades que son esenciales. Es lo que ha pasado en los regímenes socialistas, populistas o fascistas.

Se considera un error conceptual “librar la regulación de medios a la [ley] del mercado”. Es un modo falaz de plantear el tema, porque no se trata simplemente del mercado, sino de la libertad de expresión del pensamiento y de la libre opción de la gente. Últimamente, se ha visto claramente en Argentina cómo el Gobierno kirchnerista intentó dominar los medios induciendo a que la mayoría de estos fuera adquirida por empresarios amigos y de qué manera la audiencia se corrió a los pocos espacios independientes, que, pese a ser escasos, tuvieron una enorme acogida.

Se afilia luego el texto a la tesis del derecho a votar de los uruguayos residentes en el exterior. En ese contexto se pregunta: “¿Qué está pasando en nuestro país que cuesta tanto avanzar en este sentido?”. Pues bien, lo que está pasando es que la “República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” (artículo 1º de la Constitución). La integran quienes, aun sin ser ciudadanos, viven aquí y gozan de las garantías de la Constitución. No la integran, según el código magno, quienes no están en nuestro territorio. Cosa que incluso se le exige al ciudadano, hijo de padre o madre uruguayos, que sólo adquiere su condición de ciudadano natural por el hecho de “avecinarse” en el país. Podrá discutirse, pero ese es nuestro derecho y se basa en una realidad: los ciudadanos en el exterior votan, normalmente, de un modo diferente, pues responden a un ambiente distinto.

En el tratamiento de la transición hacia la democracia es donde claramente este texto asume una posición militante, desde un punto de vista absolutamente parcial, incompatible con su condición de texto curricular. Se asume, con razón, que la dictadura cometió horrendos ataques a los derechos humanos. No se menciona por ningún lado que ellos fueron precedidos de otros crímenes, en muchos casos de idéntica naturaleza, por “organizaciones políticas”, como las que en Uruguay intentaron, por medio de la violencia, derribar sus instituciones democráticas y arrastraron al país al conflicto. Ese es un escamoteo de hechos sin los cuales el proceso histórico es incomprensible. Las invocaciones a la memoria que se hacen son absolutamente parcializadas, tanto que sólo se repudia el terrorismo de Estado y no el de “organizaciones políticas” que también pueden ser responsables de delitos de lesa humanidad, conforme a la norma internacional. ¿Secuestrar a embajadores y extorsionar a una república independiente no es terrorismo? Con ese criterio, ¿la ETA no fue una organización terrorista?

Se sostiene que las leyes pueden ser retroactivas cuando se trata de derechos humanos, lo que es aberrante. Se sostiene con razón que no hay justificación alguna para ruptura del orden internacional, pero no se dice que esa ruptura fue primero intentada por la guerrilla inspirada en Cuba, que pretendía imponer una tiranía y luego, desgraciadamente, consumada por militares que, naturalmente, carecen de todo eximente para su atropello.

Nos preocupa, honestamente, que a jóvenes liceales se les esté inculcando una visión torcida de un proceso de transición notable, que nos permitió vivir en paz y libertad desde el 1º de marzo de 1985 hasta hoy. Que no sufrimos rebrotes de violencia como vivió la Argentina ni tuvimos que soportar la convivencia con el dictador como pasó en Chile. Nadie ha sostenido que no haya que buscar la verdad ni borrar la memoria. Lo que sí sostenemos —y así lo ha dicho la mayoría de este país— es que el perdón generoso y amplio suele ser el camino para reencontrarse con la paz y gozar plenamente de los derechos humanos. Los traicionan quienes reclaman justicia para unas violaciones y olvido para otras, quienes clasifican muertos según ideología. En el terreno filosófico todo es discutible, pero en el de nuestra historia hay dos cosas incuestionables: que las amnistías fueron eficaces y evitaron toda recaída de las agresiones a la institucionalidad, y que ello fue aprobado por una ciudadanía que ratificó por dos veces con su voto la ley de caducidad. Golpearse el pecho cuando nada se hizo para reconquistar los derechos humanos y condenar sólo a una parte de sus enemigos es el modo más perverso de agraviarlos.

Si hay algo que caracteriza a la concepción republicana del Uruguay, es su clara definición laica. Asumida ya en 1876 por la reforma vareliana con la escuela laica, gratuita y obligatoria (aún en tiempos en que la Constitución establecía a la católica como religión del Estado), esa concepción se fue progresivamente afianzando hasta que, en 1917, el texto magno separó Iglesia y Estado.

Naturalmente, ese proceso fue el resultado de encendidos debates. Una iglesia dominante, que incluso apostrofó del modo más feroz aquella reforma escolar fundamental para nuestra democracia, era enfrentada por un movimiento laico que exhibía el inevitable radicalismo que imponía el debate con aquella hegemonía. El anticlericalismo era la respuesta natural ante un clericalismo que hasta se oponía a que niños y niñas convivieran en las mismas aulas, por temor al pecado.

Los tiempos han cambiado, los debates se han ido acallando, un clima de mayor tolerancia permitió una exitosa convivencia y quienes defendemos como fundamental la laicidad del Estado, hemos asumido la concepción que nuestro liberalismo impone. Por eso mismo, en lo personal, puedo recordar que, en su momento, en el ejercicio de la Presidencia, propusimos la permanencia de la cruz erigida en ocasión de la visita de Juan Pablo II. O algo tan trascendente como legalizar la presencia de la Universidad Católica, nacida de un modo discutible en el final de la dictadura. Este proceso se registra con precisión en el libro El Uruguay laico, que dirigió el historiador Gerardo Caetano.

En nombre de esa concepción estrictamente liberal, hemos cuestionado, sin embargo, intentos reiterados de la Iglesia Católica por avanzar en terrenos reñidos con nuestro sistema. En ese terreno se ubica la propuesta de erigir una estatua de la Virgen María en la Aduana de Oribe. La propia Iglesia ha explicado que su iniciativa responde a una práctica religiosa, el rezo colectivo de un rosario, que se viene realizando una vez al año en ese lugar. Al principio era poca gente, luego ha sido más y se ha instaurado pacíficamente esa práctica. En nombre de su libertad, un grupo de católicos va allí a rezar y nadie puede objetarlo. Instalar allí, en cambio, una imagen religiosa es transformar ese espacio público en un ámbito religioso, transformarlo prácticamente en una iglesia al aire libre. Esto sin duda hiere la neutralidad del Estado, su imparcialidad ante las diversas concepciones religiosas.

La llamada Cruz del Papa es otra cosa muy distinta. La ley 15870, de julio de 1987, dispuso su mantenimiento “en calidad de monumento conmemorativo”. O sea que es un registro histórico: la conservación de una traza material de la primera visita de un papa al Uruguay, jefe de Estado del Estado Vaticano, con el cual tenemos relaciones diplomáticas, y líder espiritual de la religión mayoritaria en el país. No se trató entonces de consagrar a la religión un espacio público, sino de conmemorar un acontecimiento histórico importante para una república liberal, plural y tolerante.

Ahora estamos ante un caso bien distinto y el cardenal Daniel Sturla, que trata de recuperar (y lo comprendemos) el brío algo disminuido de la Iglesia Católica, se equivoca cuando va más allá. Incluso acusa de anticlericalismo a quienes discrepan con su propuesta, sin advertir que justamente él está cayendo en un clericalismo que hiere la concepción republicana de nuestra democracia. Por este camino, en vez de reforzar la visión contemporánea de laicidad que se ha ido desarrollando, marca un retroceso. Incluso quienes hemos ido avanzando en esa dirección reaccionamos ante lo que vemos como una violación de la neutralidad del Estado, como un intento de exhibir un retorno de la Iglesia Católica a un espacio público que no le es propio y que es el más visible de la ciudad capital. Instalar ese monumento no es necesario para la práctica libre de la religión, que el país respeta y respetará siempre; se trata, lisa y llanamente, de transformar, simbólica y hasta políticamente, un terreno del Estado en un espacio que se consagra a la práctica de una religión particular.

Se invoca como precedente una estatua a Iemanjá, que sin duda es discutible, pero que no es un lugar de culto y obviamente no posee la carga simbólica de la Iglesia Católica. Se menciona una estatua a un rabino, como si ya no la hubiera, con justicia, al padre Larrañaga. Se trae a colación a Confucio, que no es una divinidad y ni siquiera un líder religioso, sino un filósofo, un moralista. Ninguno de esos presuntos precedentes impone un cambio en la concepción del país. El cardenal dice que esto pasa porque es la Iglesia Católica y en parte tiene razón, porque ella fue oficial y hegemónica, como no lo fue ninguna otra; cuando ahora se excede en sus propuestas, parece asumir una actitud de revancha frente al largo proceso de secularización que ha vivido el país.

Los uruguayos vivimos en libertad todas nuestras creencias. Hace mucho tiempo que las pasiones no nublan la visión de estos temas. La Iglesia Católica debe entender que por este camino sólo generará reacciones adversas, alterará el clima de convivencia que la sociedad uruguaya se ha ganado.

Por esa razón es que planteamos la necesidad de establecer, desde el principio, que la bienvenida inmigración siria, bienvenida como toda inmigración, ha de vivir un doble proceso: el de adaptarse a las leyes y los hábitos de nuestra sociedad, así como esta, a la inversa, debe procurar, con amplitud de criterio, integrarla a la matriz nacional. Esa matriz hoy felizmente consolidada sobre la base de gente proveniente de los más diversos orígenes, mayoritariamente de España e Italia, pero también de Líbano, de los barrios judíos de Europa y Medio Oriente, de Armenia, de Croacia, de Lituania, de Grecia y por supuesto de nuestros vecinos.

El debate desatado ha servido para identificar equívocos que es muy bueno comenzar a despejar. Sin las intemperancias que también han salido a luz.

Se ha dicho que no aceptar el velo en las escuelas puede herir la libertad religiosa. Rotundamente no es así: ella debe resplandecer en todas sus dimensiones. En la calle, en los templos, donde sea, hay libertad para creer y orar. En la escuela pública, en cambio, todos nos debemos despojar de nuestras creencias, para identificarnos en el saber universal y nuestra formación cívica uruguaya. Nuestra escuela es laica, porque el Estado es neutral ante los fenómenos religiosos, que solo deben ser expuestos, académicamente, en las clases de historia o filosofía. Sus controversias o sus identificaciones no pueden jugar en ese espacio de neutralidad.

Con inmenso error, un legislador ha dicho que hasta puede alguien ir con una camiseta que diga “Viva Jesús”, actitud de ostentación propagandística, que mañana podrá ser contestada con otra camiseta que diga “Viva Alá y mueran los infieles” o “La religión es el opio de los pueblos”. Justamente eso es lo que nuestra laicidad no tolera en los ámbitos de la educación pública. Ella está para unir, conciliar, respetar todas las diversidades, igualadas ante la ley republicana. No para dividir y enconar.

Hasta se ha llegado a recordar -como supremo argumento- que José Pedro Varela hacía impartir cursos de religión católica en horarios especiales, olvidando que esa era una imposición nacida de la Constitución de 1830, vigente hasta 1917, cuando se separó la Iglesia del Estado.

El velo no es una medallita discreta. Es un fuerte signo de ostentación, que podrá estar en un cine o en una plaza, pero no en alumnos de una escuela pública. Simplemente porque la laicidad escolar impone neutralidad, que nadie pretenda identificarse y exhibir su identificación religiosa o política. No olvidemos lo último, porque tolerar a unos significará tolerar a otros que deseen proclamar su condición.

En otro orden de razonamientos, se niega que el velo islámico sea un símbolo de subordinación femenina. Entendámonos: nadie de buena fe puede negar que en el mundo islámico se poseen hábitos claramente discriminatorios de la mujer. Es notorio que mujeres y hombres se separan en el espacio familiar, que los padres se sienten con derecho a elegir marido para sus hijas, que por cierto se consideran autorizados a castigarlas tanto a ellas como a sus esposas. Es público y notorio. Hemos visto en la televisión episodios horrorosos de lapidación de mujeres acusadas por su marido por meras sospechas; y tremendas agresiones en espacios públicos en contra de mujeres vestidas a la usanza occidental. Se dice que el Corán no contiene esos draconianos procedimientos y no lo entramos a discutir. Pero que, en los hechos, el mundo musulmán practica universalmente la subordinación femenina es indiscutible. Hasta en Uruguay, en las pocas semanas que han vivido entre nosotros las familias sirias, ha quedado en evidencia; a los padres, incluso, les cuesta entender que no son los dictadores omnímodos de sus familias. Ese velo, entonces, en cualquier modalidad que sea, simboliza la identificación con una religión que practica esa discriminación. No se lo puede ignorar. Como dijo Mario Vargas Llosa hace más de diez años, cuando el debate comenzaba en Francia, “no se necesita ser demasiado zahorí para entender que el velo islámico es apenas la punta de un iceberg y que lo que está en juego, en este debate, son dos maneras distintas de entender los derechos humanos y el funcionamiento de una democracia”.

Quienes están a cargo de esta inmigración deberían ser los primeros en atender esta situación y prevenir la semilla de los enfrentamientos. Su tarea es ardua, pero la tolerante sociedad uruguaya les asegura que, con el correr del tiempo, tendrán éxito. Pero él pasa porque no importemos a esta república laica y pluralista la semilla de una actitud intolerante, que -el mundo entero es hoy testigo-no está dispuesta a ceder en nada.

Al margen del indudable valor humanitario de ese proceso, nos importa llamar la atención sobre un sesgo que hace a valores fundamentales de nuestra sociedad, configurada en su tiempo con aluviones inmigratorios que están en su base. La diferencia con aquella inmigración es que ella respondía a nuestros mismos valores de convivencia y esta, en cambio, responde a concepciones totalmente distintas de los derechos humanos y las libertades esenciales.

Días pasados, el Dr. Javier Miranda, responsable gubernamental del tema, narró en el ámbito parlamentario una conversación con un ciudadano sirio que no entendía que no podía castigar físicamente a su hija. “En mi casa yo soy rey”, le dijo, y no se convenció de que ni su mujer ni su hija estaban sometidos a una autoridad sin límites.

La situación narrada es clara, conforme a nuestras leyes y por ello desde el principio es necesario ejercer una pedagogía inequívoca dirigida a enfrentar ese sometimiento femenino. Dejar sentados, claramente, los códigos a los que ajustamos nuestra conducta.

No aparecen tan claros otros aspectos que desde la óptica del Estado laico merecerían desde ya una consideración seria, porque al amparo de nuestra libertad de cultos se pueden herir conceptos que hacen al orden público.

No hace mucho, el Dr. Miguel Ángel Semino cuestionó la idea de que se pudiera enterrar sin ataúd, como lo habrían solicitado algunos ciudadanos musulmanes, en contradicción con las normas que, por razones sanitarias de orden público, imponen ciertos procedimientos. No tenemos noticia de que se hayan producido aclaraciones al respecto.

Se nos ha informado también que a los efectos de los documentos de identidad, las mujeres musulmanas han sido fotografiadas con su clásico velo. A los ciudadanos del país no se les permite aparecer en esos documentos con lentes, sombreros u otros objetos que incidan en su rostro. ¿Puede aceptarse esa actitud discriminatoria? ¿Puede aceptarse, además, cuando ese velo no solo es un simple símbolo de pertenencia religiosa, sino la exhibición pública de la subordinación femenina?

En un país que hace un siglo quitó los crucifijos de los hospitales públicos, ¿puede aceptarse que en los establecimientos públicos de enseñanza las adolescentes luzcan ese velo? El crucifijo o cualquier otro símbolo análogo es una pertenencia que se desea dejar fuera del ámbito del Estado, pese a que puede ser un simple testimonio de espiritualidad. El velo es otra cosa: simboliza esa subordinación que el ciudadano sirio que habló con el Dr. Miranda no podía entender que en nuestra sociedad es delito.

El país hace muchos años zanjó sus debates sobre el ámbito del Estado y el de la religión. En los últimos tiempos, incluso, el concepto de laicidad se ha desprendido de todo toque de intolerancia o rechazo a lo religioso para definirse por su neutralidad ante las diversas opciones filosóficas. ¿No es necesario aclarar todos estos aspectos antes de que se transformen en un problema?

El tema podría parecer teórico hasta hace poco tiempo. Ya no lo es. Entre nosotros conviven personas que responden a valores civilizatorios diferentes. Hay que precisar, entonces, cuál es el ámbito de su libertad y cuáles son sus límites, a los efectos de una convivencia pacífica en un Estado, como el nuestro, abiertamente liberal y pluralista. De lo contrario, podemos encontrarnos con la mala noticia de que nos hemos inventado un problema que habíamos largamente superado.