Culminando el proceso de inconsecuencias y contradicciones que le ha caracterizado, el Frente Amplio está imponiendo, en forma abusiva, su proyecto de ley de medios. Han pasado más de cuatro años desde aquel ya lejano setiembre de 2010 en que el Presidente Mujica cosechó el aplauso de toda América Latina cuando le dijo a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Ahora vemos cómo avanza de modo incontenible una ley de 186 artículos que es un modelo pernicioso de intervencionismo estatal, llevado al máximo de los particularismos y detalles.

Nadie hubiera objetado un breve texto que regulara las adjudicaciones de ondas de radio y televisión, estableciendo un procedimiento del que se carecía. Pero avanzar de este modo sobre todo un sistema que ha sido puntal de la democracia uruguaya, es realmente preocupante, tanto como lo es el oblicuo trámite, que se escondió durante la campaña electoral y ahora se resucita de modo abrupto, en la rebatiña de un final de gobierno. El actual oficialismo, igual que el kirchnerista, agita el fantasma de presuntos monopolios privados que no existen ni se avizoran, cuando nadie se ha beneficiado más de la pluralidad de nuestros medios que el Frente Amplio en los largos años en que era sistemática oposición a los gobiernos colorados y blancos.

Una ley con tantos controles, tantas posibilidades de sanción y la vigilancia de órganos políticos, opera psicológicamente como una pistola en la nuca del periodismo nacional. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, o sea, prácticamente todo el día, hay que proteger al menor de cualquier “truculencia” y en ningún momento un medio puede incurrir en “discriminación política”, conceptos —entre otros— de tan elástica interpretación que son una latente amenaza. Aplicados de buena fe, pueden ser inocuos, criterios orientadores, pero usados por un gobierno autoritario para amenazar, es un pernicioso mecanismo de censura o autocensura.

Las habilitaciones de servicios de radio o televisión quedan limitadas a un plazo de 10 y 15 años respectivamente, con lo que serán un freno a la inversión tecnológica en un mundo en cambio acelerado. A ellos, por otra parte, se les prohíbe la trasmisión de datos, que pasa a ser un nuevo monopolio estatal en manos de Antel y también cualquier acuerdo con empresas de telefonía, a las que se impide participar en radio y televisión. En un mundo en que la tendencia, para sobrevivir, es abrir justamente esas posibilidades de convergencia de servicios, se reducen posibilidades de expansión tecnológica que, en cambio, se le atribuyen graciosamente y en exclusividad a Antel.

En cuanto al fútbol, hay una bomba de tiempo, porque por un lado la Asociación Uruguaya de Fútbol está vendiendo la exclusividad de los derechos de la selección en cifras millonarias y, por otro, se habla de trasmisiones gratuitas. ¿Cómo se va a financiar la selección si el “producto” se regala? Son misterios del populismo de —una vez más— clara inspiración kirchnerista.

El oficialismo, para justificarse, por un lado agita fantasmas de inexistentes monopolios y, por otro, ensalza al sector audiovisual al establecer que un 60% de la programación emitida deberá ser nacional y un porcentaje debe ser producción independiente, siempre que ninguna empresa concentre más del 40%. En términos generales, no se está lejos del porcentaje general pero esa introducción particularizada en los contenidos ya se verá que no beneficiará al progreso del sector. Cuando se fuerzan las cosas —y esto lo hemos vivido desde el primer gobierno de Perón— lo que se gana es que esos espacios se llenen con producciones de bajo costo y calidad. Estamos de acuerdo en apoyar ese dinámico sector de creación, pero ello debe hacerse, como ya ocurre, con subvenciones y créditos, para que puedan desarrollarse programas de calidad, aunque no tengan una real virtualidad comercial.

Malo el procedimiento político, malo el contenido, peor este modo de actuar en un tema que es de libertades públicas, que hace a la esencia de la vida democrática y no puede quedar subordinado a interpretaciones capciosas de órganos políticos o la amenaza constante de sanciones definidas de modo impreciso.