Con el tiempo, todos maduramos y ese ya era el caso. Aquel joven de discurso radical que conocimos entonces daba paso a un dirigente que comprendía por dónde pasaba el fondo del interés del trabajador.

Desde entonces, cada tanto, Read se desmarcaba del oficialismo sindical, notoriamente alineado con la orientación comunista y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Comenzó a hablar de “productividad”, una mala palabra para esa conducción, considerada una expresión típicamente capitalista. Bajo ese rubro, sin embargo, Read logró un acuerdo en su ramo, en que -en ciertos sectores- se bajó la jornada laboral a 6 horas sobre la base de un aumento en la producción.

Llegó a plantear la aspiración de que su gremio pudiera liderar la fundación de un liceo privado, que recibió el sonoro rechazo de sus colegas de la educación.

Estaba chocando una y otra vez con las reacciones corporativas: los gremios que no aceptaban razonamientos de interés general y ponían la defensa acérrima y sin fisuras de todos y cada uno de sus dirigentes, hubiera ocurrido lo que fuere. Así vino el ominoso episodio de la salud, en que su principal dirigente había armado una estructura corrupta que obtenía contratos de prestación de servicios en los hospitales públicos para empresas constituidas por sus familiares o allegados. Y luego el del plan de vivienda sindical, un escándalo hoy silenciado, en que se les pidieron coimas enormes a empresarios de la construcción, a quienes se les prometía la adjudicación de millonarias obras. En todos esos casos, Read venía quedando solo y llegó a decir que el movimiento sindical corría el riesgo de “peronizarse”.

Esa expresión hizo calle, porque resultó evidente que nuestro sindicalismo, progresivamente, había pasado a ocupar un lugar muy similar al argentino: Tenía un lugar central en el ejercicio del poder público, manejando fondos del Estado (caso de la vivienda) o compartiendo la conducción (caso de la educación y de la salud). La consecuencia de esa posición fue también parecida a la de la Argentina: la difusión de una corrupción que fue avanzando, al amparo de ese manejo económico y de poder público.

Ahora, la gota que desbordó el vaso fue la actitud del sindicalismo en defensa del dirigente del INAU Joselo López, vicepresidente del PIT-CNT, sometido a la Justicia, junto con una veintena de sus colegas, protagonistas de una golpiza en perjuicio de menores internados.

La cuestión, entonces, ha pasado a ser una cuestión nacional. No es un tema lejano a la vida democrática. Desde que el sindicalismo es ya parte del ejercicio del poder del Estado, nos hemos aproximado peligrosamente al peronismo. Seguramente no se pensó en ese modelo cuando se dictaron las leyes de fuero sindical y educación, pero la consecuencia ha sido esa. Quienes han sido electos por el pueblo están condicionados por estas dirigencias gremiales que se votan en la intimidad de un mundo corporativo. Dirigentes que no solo negocian mejoras para el bienestar de los trabajadores; son dirigentes que mandan en el Estado, que imponen, que sabotean, que si es necesario extorsionan cívicamente a los gobernantes.

En medio del ruido de estos días, estamos ante un episodio que es más que la renuncia de un dirigente. Su lugar será ocupado por otro, como han dicho despectivamente algunos de sus colegas. Pero ese vacío tiene el valor de una denuncia muy fuerte sobre una fractura en la estructura democrática de nuestra república.

Dejándose llevar por una prédica que viene realizando el Frente Amplio desde hace algún tiempo, algunos calificados periodistas han establecido un paralelo entre el Batllismo y el Frente Amplio, a partir de que éste se ha convertido en un partido cuasi hegemónico, que ha logrado ganar tres elecciones seguidas. El éxito electoral del Frente Amplio es obvio y, en ese sentido, puede entenderse que se establezca una comparación con lo que fueron los tiempos de mayoría batllista, antes y después de la dictadura. Si vamos a la sustancia, en cambio, nada tiene que ver el Frente Amplio con lo que fue —y sigue siendo— el Batllismo, sustantivamente distinto al corporativismo de raíz peronista hacia el cual se ha deslizado el oficialismo uruguayo.

Ante todo, el Batllismo es “democracia liberal” y el Frente Amplio no puede decirlo cuando su Presidente acuñó ya el siniestro concepto de que “la política predomina sobre lo jurídico”, ampliamente publicitado cuando el Mercosur suspendió arbitrariamente al Paraguay y habilitó el ingreso de Venezuela. Como ha dicho el Dr. Hebert Gatto en reciente artículo, “está claro que pese a las mutaciones ideológicas que atravesó la izquierda, es su fuerte antiliberalismo el que aún la domina”, lo que pone “en juego diferentes valoraciones sobre el individuo, las clases sociales, el constitucionalismo, las garantías de los derechos y las formas futuras de convivencia económico-social”. 

La catarata de leyes inconstitucionales, votadas deliberadamente bajo esa condición, ratifica la idea de que el Estado de Derecho no es un valor a cuidar para el frentismo. Nada debería sorprender cuando, al lado de dirigentes demócratas, militan comunistas y tupamaros, que si bien hoy actúan bajo los códigos, lo hacen por interesada resignación y no por una convicción claramente asumida. El modo abusivo en cómo han empleado su mayoría parlamentaria es reveladora de esa estirpe autoritaria que alienta en vastos sectores frentistas.

Ello se refleja también, inequívocamente, en nuestra política exterior, arrastrada hacia la devoción a la dictadura cubana y a la cripto-dictadura venezolana, que todos los días pisotea las más fundamentales libertades. Por cierto, el Uruguay mantuvo siempre relaciones diplomáticas con regímenes contrarios a su sistema, en una línea de pluralismo ideológico que no contaminó los vínculos formales de nuestra República. Con Cuba y Venezuela, nuestro gobierno ha actuado, más allá de ese rumbo, adhiriéndose a sus prédicas liberticidas; se han declarado hermanados y han defendido aun las disparatadas disposiciones del Presidente Nicolás Maduro. En esa misma línea, se ha enterrado la clásica defensa de la existencia del Estado de Israel para sumarse del peor modo al coro de sus enemigos.

En otro terreno fundamental, es evidente que las corporaciones sindicales ejercen el verdadero poder en la estructura frentista. Los episodios en la administración de la salud, la vivienda, la educación o el voto parlamentario impuesto a sus legisladores por el SUNCA en la conocida ley de responsabilidad empresarial, son testimonio irrefutable de esa subordinación política a la imposición gremial. La actitud del Batllismo fue históricamente distinta, porque respetó el valor del sindicalismo sin que desde el gobierno se le contaminara políticamente. En los tiempos en que el Batllismo estaba en el gobierno y manejaba los resortes de la política social, siempre consideró que el Estado debía ser el árbitro entre el capital y el trabajo y que éticamente el partido de gobierno debía abstenerse de cooptar a la dirección gremial. No hay duda de que Batlle y Ordóñez podía haberlo hecho en su tiempo, pero su política fue explícitamente la de no interferir en la vida gremial.

Por esta razón, el gobierno frentista es perfectamente comparable con el peronismo histórico y el kirchnerismo actual, que asientan su poder en el manejo de una poderosa estructura gremial que ejerce un poder de hecho y es administradora de fondos públicos. Si algo faltara, como definición, basten las recientes expresiones de la Senadora Topolanski, que afirmó en reportaje a Brecha que “las mayorías que no se consiguen en el Parlamento, se consiguen con la gente en la calle”.

En el ámbito de la concepción democrática, el Batllismo rechazó la lucha de clases como motor de la historia y sostuvo siempre que la democracia, con el voto ciudadano, era el camino para que los más pudieran influir en el rumbo del país. Por el contrario, el Frente Amplio se ha alejado de esa línea de conciliación social y ha estimulado con rencores la división de la sociedad. En ese sentido, son ejemplares las palabras del Presidente Mujica en su reciente audición, llamando al odio entre pobres y ricos, como si nuestra sociedad no fuera una gran congregación de clases medias, con minoritarios extremos a sus dos puntas, que no desfiguran la igualdad ante la ley que es código histórico de nuestra nacionalidad.

Son demasiado profundas estas diferencias para deslizarse hacia esa comparación equivocada. El Frente Amplio es cada día más peronismo y menos socialdemocracia y, más allá de la retórica, así lo dicen los hechos.

El frangollo, entrevero, enchastre, o como queramos llamar al episodio referido, agrega ahora otro capítulo: el Presidente que dijo que él y sólo él resolvería cuándo vendrían los presos de Guantánamo, él que consultaría solo con la almohada, él que se indignaba porque las demoras le comprometían otras negociaciones, resolvió ahora esperar y consultar al gobierno electo. En una palabra reculó y en chancletas. No bien advirtió el viento en contra que había levantado, y en campaña como está, se dio vuelta en el aire y sacó el tema del escenario. ¿Cómo lo explicará al Departamento de Estado la pobre Embajadora?

Ocurre algo revelador con los dirigentes políticos. Antes se les pedían trámites jubilatorios o teléfonos, ahora les piden ayuda —con algún amigo— para conseguir hora con los especialistas… Desde que se instaló el glorioso Fonasa, pobre del que tenga un problema urgente, porque en la emergencia le atienden como pueden médicos abrumados y en la consulta a fondo le imponen un mes de demora. No es un tema pequeño.

El papelón de las enormes empresas de encuestas en Brasil (Ibope, Data Folha, etc.) resuena en el mundo. Ofrecen explicaciones, pero nadie pide disculpas ni reconoce la falibilidad del método. Ese es el tema. Hay quien discute prioritariamente la honestidad de los resultados. Sin entrar en ello, la cuestión es que las encuestas tienen metodológicamente muchos problemas que no se reconocen y que luego explican los errores de los resultados.

Pedro Bordaberry sigue afirmando su candidatura. Sus presentaciones últimas —ADM, radio Espectador, Canal 4— han tenido un eco ampliamente favorable. Le empieza a pasar lo mismo que a Aecio en Brasil. Se reconoce que son los más preparados, pero las encuestas…. Hasta que éstas se dan vuelta y se ajustan a la realidad. Esperemos, entonces.

Al revés de lo que se suele decir, se discute demasiado sobre propuestas y programas, que en ningún caso son radicales (por eso hasta se habla de plagios entre uno y otro) y, en cambio, no se lo hace sobre dos fenómenos fundamentales. Uno, la inflación, que supera el 8%, la mayorista excede el 10%, y cuando pasen los dibujitos electorales de la estadística, quedará en evidencia el gravamen irracional que establece sobre sueldos, salarios y pasividades. En segundo lugar, si vamos a seguir con una democracia liberal o —como el peor peronismo— los sindicatos seguirán comandando, como ha ocurrido en salud, vivienda, educación y hasta en el Parlamento. Mucha gente ingenua vota a Astori y no advierte que quienes deciden son los muchachos del SUNCA o de la Federación de la Salud, a los que la ciudadanía no votó. Esta es una realidad fundamental. No se trata de negar valor a los sindicatos en cuanto legítima representación de intereses gremiales, pero sí de establecer claramente que no ejercerán el poder público ni manejarán dineros del Estado.