Por esa razón es que planteamos la necesidad de establecer, desde el principio, que la bienvenida inmigración siria, bienvenida como toda inmigración, ha de vivir un doble proceso: el de adaptarse a las leyes y los hábitos de nuestra sociedad, así como esta, a la inversa, debe procurar, con amplitud de criterio, integrarla a la matriz nacional. Esa matriz hoy felizmente consolidada sobre la base de gente proveniente de los más diversos orígenes, mayoritariamente de España e Italia, pero también de Líbano, de los barrios judíos de Europa y Medio Oriente, de Armenia, de Croacia, de Lituania, de Grecia y por supuesto de nuestros vecinos.

El debate desatado ha servido para identificar equívocos que es muy bueno comenzar a despejar. Sin las intemperancias que también han salido a luz.

Se ha dicho que no aceptar el velo en las escuelas puede herir la libertad religiosa. Rotundamente no es así: ella debe resplandecer en todas sus dimensiones. En la calle, en los templos, donde sea, hay libertad para creer y orar. En la escuela pública, en cambio, todos nos debemos despojar de nuestras creencias, para identificarnos en el saber universal y nuestra formación cívica uruguaya. Nuestra escuela es laica, porque el Estado es neutral ante los fenómenos religiosos, que solo deben ser expuestos, académicamente, en las clases de historia o filosofía. Sus controversias o sus identificaciones no pueden jugar en ese espacio de neutralidad.

Con inmenso error, un legislador ha dicho que hasta puede alguien ir con una camiseta que diga “Viva Jesús”, actitud de ostentación propagandística, que mañana podrá ser contestada con otra camiseta que diga “Viva Alá y mueran los infieles” o “La religión es el opio de los pueblos”. Justamente eso es lo que nuestra laicidad no tolera en los ámbitos de la educación pública. Ella está para unir, conciliar, respetar todas las diversidades, igualadas ante la ley republicana. No para dividir y enconar.

Hasta se ha llegado a recordar -como supremo argumento- que José Pedro Varela hacía impartir cursos de religión católica en horarios especiales, olvidando que esa era una imposición nacida de la Constitución de 1830, vigente hasta 1917, cuando se separó la Iglesia del Estado.

El velo no es una medallita discreta. Es un fuerte signo de ostentación, que podrá estar en un cine o en una plaza, pero no en alumnos de una escuela pública. Simplemente porque la laicidad escolar impone neutralidad, que nadie pretenda identificarse y exhibir su identificación religiosa o política. No olvidemos lo último, porque tolerar a unos significará tolerar a otros que deseen proclamar su condición.

En otro orden de razonamientos, se niega que el velo islámico sea un símbolo de subordinación femenina. Entendámonos: nadie de buena fe puede negar que en el mundo islámico se poseen hábitos claramente discriminatorios de la mujer. Es notorio que mujeres y hombres se separan en el espacio familiar, que los padres se sienten con derecho a elegir marido para sus hijas, que por cierto se consideran autorizados a castigarlas tanto a ellas como a sus esposas. Es público y notorio. Hemos visto en la televisión episodios horrorosos de lapidación de mujeres acusadas por su marido por meras sospechas; y tremendas agresiones en espacios públicos en contra de mujeres vestidas a la usanza occidental. Se dice que el Corán no contiene esos draconianos procedimientos y no lo entramos a discutir. Pero que, en los hechos, el mundo musulmán practica universalmente la subordinación femenina es indiscutible. Hasta en Uruguay, en las pocas semanas que han vivido entre nosotros las familias sirias, ha quedado en evidencia; a los padres, incluso, les cuesta entender que no son los dictadores omnímodos de sus familias. Ese velo, entonces, en cualquier modalidad que sea, simboliza la identificación con una religión que practica esa discriminación. No se lo puede ignorar. Como dijo Mario Vargas Llosa hace más de diez años, cuando el debate comenzaba en Francia, “no se necesita ser demasiado zahorí para entender que el velo islámico es apenas la punta de un iceberg y que lo que está en juego, en este debate, son dos maneras distintas de entender los derechos humanos y el funcionamiento de una democracia”.

Quienes están a cargo de esta inmigración deberían ser los primeros en atender esta situación y prevenir la semilla de los enfrentamientos. Su tarea es ardua, pero la tolerante sociedad uruguaya les asegura que, con el correr del tiempo, tendrán éxito. Pero él pasa porque no importemos a esta república laica y pluralista la semilla de una actitud intolerante, que -el mundo entero es hoy testigo-no está dispuesta a ceder en nada.

Al margen del indudable valor humanitario de ese proceso, nos importa llamar la atención sobre un sesgo que hace a valores fundamentales de nuestra sociedad, configurada en su tiempo con aluviones inmigratorios que están en su base. La diferencia con aquella inmigración es que ella respondía a nuestros mismos valores de convivencia y esta, en cambio, responde a concepciones totalmente distintas de los derechos humanos y las libertades esenciales.

Días pasados, el Dr. Javier Miranda, responsable gubernamental del tema, narró en el ámbito parlamentario una conversación con un ciudadano sirio que no entendía que no podía castigar físicamente a su hija. “En mi casa yo soy rey”, le dijo, y no se convenció de que ni su mujer ni su hija estaban sometidos a una autoridad sin límites.

La situación narrada es clara, conforme a nuestras leyes y por ello desde el principio es necesario ejercer una pedagogía inequívoca dirigida a enfrentar ese sometimiento femenino. Dejar sentados, claramente, los códigos a los que ajustamos nuestra conducta.

No aparecen tan claros otros aspectos que desde la óptica del Estado laico merecerían desde ya una consideración seria, porque al amparo de nuestra libertad de cultos se pueden herir conceptos que hacen al orden público.

No hace mucho, el Dr. Miguel Ángel Semino cuestionó la idea de que se pudiera enterrar sin ataúd, como lo habrían solicitado algunos ciudadanos musulmanes, en contradicción con las normas que, por razones sanitarias de orden público, imponen ciertos procedimientos. No tenemos noticia de que se hayan producido aclaraciones al respecto.

Se nos ha informado también que a los efectos de los documentos de identidad, las mujeres musulmanas han sido fotografiadas con su clásico velo. A los ciudadanos del país no se les permite aparecer en esos documentos con lentes, sombreros u otros objetos que incidan en su rostro. ¿Puede aceptarse esa actitud discriminatoria? ¿Puede aceptarse, además, cuando ese velo no solo es un simple símbolo de pertenencia religiosa, sino la exhibición pública de la subordinación femenina?

En un país que hace un siglo quitó los crucifijos de los hospitales públicos, ¿puede aceptarse que en los establecimientos públicos de enseñanza las adolescentes luzcan ese velo? El crucifijo o cualquier otro símbolo análogo es una pertenencia que se desea dejar fuera del ámbito del Estado, pese a que puede ser un simple testimonio de espiritualidad. El velo es otra cosa: simboliza esa subordinación que el ciudadano sirio que habló con el Dr. Miranda no podía entender que en nuestra sociedad es delito.

El país hace muchos años zanjó sus debates sobre el ámbito del Estado y el de la religión. En los últimos tiempos, incluso, el concepto de laicidad se ha desprendido de todo toque de intolerancia o rechazo a lo religioso para definirse por su neutralidad ante las diversas opciones filosóficas. ¿No es necesario aclarar todos estos aspectos antes de que se transformen en un problema?

El tema podría parecer teórico hasta hace poco tiempo. Ya no lo es. Entre nosotros conviven personas que responden a valores civilizatorios diferentes. Hay que precisar, entonces, cuál es el ámbito de su libertad y cuáles son sus límites, a los efectos de una convivencia pacífica en un Estado, como el nuestro, abiertamente liberal y pluralista. De lo contrario, podemos encontrarnos con la mala noticia de que nos hemos inventado un problema que habíamos largamente superado.