Una de las herencias más pesadas que recibirá la nueva administración a partir de 2016 es un déficit fiscal de 6 % del PIB, sin contar el gasto cuasi fiscal que son los intereses de las Letras del Banco Central, que agregan no menos de otro 1.5 %.

No es solo un déficit muy elevado. Detrás del mismo hay una presión tributaria récord e impuestos distorsivos, que asfixian la actividad económica y los presupuestos familiares.

Y hay un nivel también record de gasto público que coexiste con una insuficiencia total en la cantidad y calidad de los bienes públicos -e ineficiencias en su producción-, y con falta de racionalidad económica y transparencia en la distribución de los subsidios económicos y sociales

Y, finalmente, ese déficit se está cubriendo con emisión monetaria, generando inflación y exacción de impuesto inflacionario, con el resultado de que Argentina es un país sin moneda y sin crédito, y con un sistema financiero y un mercado de capitales raquíticos.

La verdadera presión tributaria, cuando hay déficit,  no está dada por la recaudación impositiva, sino por el nivel del gasto, ya que se financie con inflación o con deuda – y además de corto plazo-, antes o después lo paga también la población.

La nueva administración tendrá como prioridad eliminar el déficit y discontinuar el financiamiento inflacionario. Pero también es imprescindible reducir la presión tributaria. La acción esencial debe recaer sobre el gasto. La corrección necesaria es no menor a 10 % del PIB (actual), antes o  después.

La licuación nominal  provocada por la inflación remanente –por la inevitable devaluación y el ajuste de precios relativos- y la licuación real dada por el crecimiento pueden ayudar en 3-4 % del PIB a lo largo del nuevo período presidencial. Pero sería insuficiente y mediocre solo esperar esos efectos. Como también sería mediocre eliminar el déficit y bajar el gasto sin introducir un cambio en la forma de gestión. De otro modo habrá cuentas públicas equilibradas y gasto contenido, pero de baja eficiencia y pésimo delivery de bienes públicos, como ahora.

Por culpa de las malas políticas, millones de argentinos pagan impuestos cuatro veces. Pagan los impuestos determinados por ley, que deberían proveer bienes públicos. Pero como son provistos deficientemente, deben también  adquirir esos bienes públicos en el mercado. En tercer término, todos pagan el impuesto inflacionario. Y finalmente pagan el impuesto que representa el exceso de riesgo país incorporado en las tasas de interés de los créditos.

Estas duplicaciones e ineficiencias dan la oportunidad de rápidos aumentos de productividad, ahorros en el gasto y mejoras en el ingreso disponible. Pero tampoco eso será suficiente. La población en su conjunto cede al sector público casi el 40 % de sus ingresos, y es inaceptable que el Estado administre esos recursos con total discrecionalidad

Los presidenciables deben proponer un pacto a los contribuyentes donde se comprometan, como cualquier compañía, a administrar los recursos públicos con excelencia en  la gestión, prometiendo transparencia y responsabilidad en los resultados. El ejemplo debe ser seguido por todas las otras jurisdicciones. Y el pacto debe asumir una forma concreta, a través de cuatro obligaciones autoimpuestas.

En primer término, terminar con los presupuestos, aprobados en el Congreso, que no representan la realidad, y con cualquier forma de poderes especiales, que permiten manejar discrecionalmente grandes volúmenes de recursos.

Segundo, evitar el asalto al Estado por parte del partido que gana las elecciones, que pasa a manejar el gasto de manera discrecional y genera sobreempleo público de origen político.

En tercer lugar, debe haber una señalización cuantitativa de metas detalladas tanto en la provisión de bienes públicos –eficiencia y oferta- como en el diseño e implementación de cualquier política de subsidios que decida mantenerse, redefinirse o implementarse desde cero. Las partidas presupuestarias de carácter amplio o agregado son un caldo para la discrecionalidad y no permiten medir la efectividad de la gestión.

En cuarto lugar, toda la gestión pública, en todos los niveles jurisdiccinales, nación, provincias y municipios, debe estar sujeta a auditorías privadas. Y en todos los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Manteniendo e incluso realzando la auditoría pública. Y las auditorías privadas no deben ser solo auditorías contables –importantes como son- sino también auditorías de gestión. Sus resultados deben ser accesibles a toda la Nación –no solo al Congreso-, de modo que los ciudadanos puedan conocer el éxito de la gestión o sus deficiencias, y votar en consecuencia.

Y por supuesto a aumentar la productividad y el ingreso, y reducir los episodios de crisis de la economía argentina, tan ligados siempre  a los excesos de gasto público,  la inflación y el endeudamiento.

Los candidatos que adopten estos compromisos tendrán mayor credibilidad